Mariano Przybylski Abogado, periodista y miembro de la Red Federal de Derechos Humanos
El Gobierno anunció como uno de sus próximos objetivos, el envío al Congreso de la Nación de un proyecto de ley para bajar la edad de punibilidad y poder aplicar el derecho penal y encerrar en cárceles a niños y niñas de 13, 14 o 15 años.
Previo a analizar algunas cuestiones del anteproyecto que se conoció, debemos preguntarnos: ¿Argentina necesita bajar la edad de punibilidad? ¿Tenemos un problema grave de seguridad con adolescentes cometiendo homicidios o lesiones graves? Los pocos casos que efectivamente existen, ¿se solucionarían encerrando a los pibes en cárceles?
Nos tenemos que hacer estas preguntas porque las políticas públicas deben estar dirigidas a resolver problemas, sobre todo cuando afectan libertades, como es el caso. Argentina tiene una tasa de homicidios dolosos de 4,2 homicidios cada 100 mil habitantes en el 2022 (último dato) y con tendencia a la baja desde hace años. Si bien es cierto que hay 4 homicidios cada 100 mil habitantes y que esas son pérdidas de vidas de personas de carne y hueso y sufrimiento para sus seres queridos, en el ámbito de las políticas públicas se trata de una cifra de las mejores de la región y –se insiste- a la baja, no está creciendo.
Si nos enfocamos ahora en los adolescentes, resulta que, según datos de la Corte Suprema de Justicia, en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires se registraron 1.627 casos con participación de menores de 18 años. Recordemos que entre los 16 y los 18 ya son punibles actualmente. De ese total, 771 fueron cometidos por menores de 16
años.
Ahora bien, de esos 1.627 casos de menores, el 83% fueron por delitos contra la propiedad (robos, hurtos) sin afectar la integridad física de las personas. Sólo el 1,6% de ese total, fueron delitos contra las personas (lesiones, homicidios). Pero si acercamos más la lupa, de ese escueto 1,6%, el 41% fueron lesiones leves... Es decir, chicos o chicas que se pelearon o agredieron a alguien, sin provocar mayores consecuencias dañosas.
En definitiva, sólo el 0,68% de los delitos que involucraron a menores de 18 años en la CABA en el 2023 fueron por homicidio. Y sólo dos casos concretos fueron cometidos por menores de 16 años, a quienes se busca incluir penalmente con el proyecto de ley. Es decir, los homicidios cometidos por menores de 16 años en la Ciudad
de Buenos Aires fueron el 0,25% del total de las causas iniciadas a menores.
Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, en el año 2022 se cometieron 87 homicidios dolosos en la CABA. Si decíamos que en el 2023 hubo 2 homicidios cometidos por menores de 16 en esa jurisdicción y suponiendo que los casos se hayan mantenido estables en el 2023, estamos hablando que los homicidios cometidos por
menores de 16 años representan el 2% del total.
¿Realmente estamos ante una amenaza a la seguridad ciudadana por menores de 16 años que cometen delitos graves? ¿Esa es la preocupación del Ministerio de Seguridad como política pública en un país en donde el narcotráfico está causando estragos justamente con esos pibes y pibas de barrios populares como víctimas?
Para los gobiernos autoritarios que buscan un modelo de país desigual (ya vimos la disparada de la desigualdad en el primer trimestre de Milei presidente), pareciera ser que la única ley que existe y debe ser respetada es el Código Penal.
Pero resulta que leyes hay muchas. Y todas son de cumplimiento obligatorio. Como les gusta decir, “dentro de la ley todo, fuera de la ley nada” o “el que las hace las paga”. Bueno, resulta que de la estadística de causas a menores de edad de la Corte Suprema del 2023, surge que el 54% de los adolescentes encausados en ese año estaban sin ningún tipo de educación obligatoria al momento de los hechos. El 10% sin siquiera haber terminado la primaria y el resto habiendo abandonado el secundario.
La Ley 26.061, de “PROTECCION INTEGRAL DE LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES” también es una Ley y además tiene mayor jerarquía que el Código Penal, porque reglamenta la Convención sobre los Derechos del Niño que tiene jerarquía constitucional.
Mientras las políticas del Gobierno aumentan la pobreza en un país en donde el 70% de los niños, niñas y adolescentes son pobres, la ley (¡La Ley!) exige garantizar a los pibes “disfrute, protección y una buena calidad de vida”; a “dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a “no ser sometidos a trato violento,
discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante”; al “acceso a los servicios de salud”, incluida la salud mental y
adicciones; y el derecho a la educación, entre otros.
¿Fuera de la ley nada? ¿De qué ley?
El proyecto del Gobierno busca que sean punibles los pibes desde los 13 años. No distingue para qué tipos de delitos, por lo que va a regir para todos los delitos, no sólo los graves. Habilita la privación de la libertad, tanto con condenas como con prisión preventiva. Autoriza penas máximas de ¡20 años! de prisión, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos ya condenó a la Argentina por ese tipo de penas a menores.
Además, habilita a que los adolescentes terminen en unidades penitenciarias de adultos, aunque en pabellones separados, aclara. Y más: obliga a que trabajen para costear sus detenciones. Si, obliga a que chicos de 13, 14 o 15 años trabajen “gratis” cuando el trabajo para menores de 16 años es ilegal en la República Argentina.
Es decir, se propone un Estado que quita el trabajo a sus padres (sube la desocupación), baja salarios, desinvierte en las políticas públicas de niñez y cuando todo esto sucede y deja evidentes consecuencias sociales, encierra a los adolescentes y los obliga a trabajar en las cárceles.
Pero, además, ¿cómo se va a combinar esta atrocidad con el régimen de “reiterancia” que se aprobó en la CABA y se busca aprobar a nivel nacional? Allí se dispone que cualquier persona imputada (si, imputada, no condenada), a quien se le impute un nuevo delito, puede ir presa por “reiterancia”, con prisión preventiva, sin condena firme. ¿Esto se aplicaría a los nuevos punibles de 13 años? Sin recorte de delitos por gravedad, ¿una pelea callejera, una tentativa de hurto de un cable y adentro?
Y acá viene otro punto del modelo de país que nos proponen. Con las cárceles ya saturadas, ¿en dónde se van a encerrar a esos pibes y pibas y a los adultos extra que quedarán presos por la “reiterancia”? Lugar no hay. O los hacinan uno arriba del otro (lindo futuro para nuestros jóvenes) o deberían construir nuevas cárceles a montones.
¿Pero cómo? Si “no hay plata” y la obra pública está parada. ¿O pensarán destinar presupuesto para construir cárceles en lugar de caminos, represas, puentes, cloacas, agua potable, gasoductos, etc.?
¿Hacia ahí vamos?
¿Y quiénes van a trabajar en las cárceles para “cuidar” a los presos? Al día de hoy, el Servicio Penitenciario Federal ya tiene más trabajadores (y salarios) que el CONICET, la ANSES, PAMI, AySA, Capital Humano o el Ministerio entero de Salud, por dar algunos ejemplos. ¿Seguirán despidiendo gente en esas áreas para contratar más penitenciarios y fuerzas de seguridad? Porque plata para todos no hay, según parece...
Y después de todo esto, ¿qué habrán solucionado del problema que en realidad no existía? ¿Cómo piensan que saldrán los jóvenes del sistema penitenciario, hacinados, sin salud, con tratos degradantes y mezclados durante años con personas con carreras criminales? ¿Qué van a hacer cuando salgan si el propio Estado les exige no tener antecedentes penales para darles un trabajo decente?
No es muy difícil imaginarlo. Habremos generado el problema que no tenemos. Una sociedad más desigual, más violenta, con jóvenes sin futuro, sin herramientas e iniciados en el mundillo criminal.
Con todos los problemas reales que tiene la Argentina.
¿Es necesario? ¿Queremos esto?
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