Resulta realmente increíble cómo gobiernos de cualquier signo político pueden utilizar, o servirse, del dinero ajeno para sostener determinadas políticas, trasladando el costo de sus decisiones directamente a los ciudadanos
Que la inflación haya descendido en los últimos años de niveles cercanos del 250% anual al 21% es un hecho positivo y necesario. Pero la pregunta inevitable es: ¿cuál es el costo de esa reducción y quiénes están soportándolo?
Mientras los servicios públicos se incrementan exponencialmente y, en muchos casos, sus tarifas aumentan día tras día, los ingresos de una enorme parte de la población permanecen prácticamente estancados. Esta situación coloca a más del 70% de los argentinos frente a una realidad cada vez más preocupante: menor capacidad de consumo, pérdida del poder adquisitivo, crecimiento de la pobreza y desaparición progresiva de la clase media.
El ciudadano común se ve obligado a consumir sus pocos ahorros o a endeudarse para llegar a fin de mes. Y cuando recurre a préstamos o créditos, muchas veces lo hace simplemente para cubrir necesidades básicas, llegando incluso a utilizar el crédito para poder afrontar los gastos y sobrevivir hasta el día 20 de cada mes.
Es cierto que bajar la inflación es necesario, pero tiene un costo y ese costo debe ser asumido, pero resulta imprescindible preguntarnos si ese esfuerzo está siendo distribuido de manera justa. Un Estado que pretende ordenar la economía no puede hacerlo únicamente liberando los precios de los servicios públicos y dejando que el bolsillo de un porcentaje muy alto de los argentinos absorba el impacto. La estabilización económica no debería convertirse en una transferencia permanente de recursos desde los ciudadanos hacia determinados sectores de la economía.
Y aquí aparece una situación particularmente preocupante: El Estado toma fondos del Fondo de Sustentabilidad de ANSES, dinero que pertenece al sistema previsional, y los coloca a disposición de los bancos, que pagan una tasa del 2,5% más UVA, para que posteriormente otorguen créditos hipotecarios a una tasa que puede superar el 7,5% más UVA.
Dicho de otra manera: el dinero sale de un fondo público, los bancos lo reciben a una determinada tasa y luego lo prestan a los ciudadanos a una tasa considerablemente mayor. La diferencia queda en el sistema financiero.
Mediante estas licitaciones se destinan dos billones de pesos del Fondo de Sustentabilidad para que los bancos obtengan liquidez y otorguen préstamos hipotecarios destinados a la compra, refacción o construcción de una primera vivienda, con plazos que pueden extenderse entre 15 y 20 años.
La pregunta vuelve a ser inevitable: ¿A quiénes están realmente destinados estos créditos? Para acceder a un préstamo hipotecario de aproximadamente US$100.000, se requiere un ingreso familiar cercano a $3.500.000 y además aportar como mínimo el interesado el 30% del valor solicitado, es decir, unos US$30.000.
Entonces: ¿Cuántas familias de las provincias del NOA tienen ingresos de ese nivel y, además, disponen de US$30.000 para entregar como anticipo y pueden cumplir con los requisitos bancarios (scoring)? Y si a esta situación se le suma el UVA, que en otro tiempo causo la perdida de vivienda a miles de argentinos, crea una indecisión muy grande especialmente teniendo en cuenta la historia financiara de nuestro país, donde se establece hoy una ley y mañana por un DNU se la modifica. Esto nos lleva a comprender y exigir seguridad jurídica para que la confianza regrese al inversor.
La respuesta parece sencilla y clara. El crédito hipotecario termina quedando fuera del alcance de una enorme cantidad de familias que verdaderamente necesitan una vivienda. Familias que no tienen techo propio, que viven hacinadas o que necesitan mejorar su vivienda quedan excluidas porque no alcanzan los ingresos requeridos, no cuentan con los ahorros suficientes o no superan el scoring crediticio.
Se estima que existe un déficit habitacional de alrededor de 4.000.000 de viviendas. Frente a esa realidad, esos dos billones de pesos alcanzaran, según este planteo del Estado, para financiar apenas unas 18.000 unidades habitacionales. ¿Mueve esto el mercado inmobiliario? Claramente que no, parecería que es solo un anuncio más en proximidades de las elecciones del año próximo.
Entonces debemos hacernos una pregunta más profunda: ¿Estamos realmente solucionando el problema habitacional o simplemente utilizando dinero público para darle liquidez al sistema bancario? Porque si los recursos pertenecen a los argentinos jubilados, ese beneficio también debería llegar a todos ellos mediante actualizaciones prudentes y viables.
No parece razonable utilizar fondos destinados a garantizar la sustentabilidad del sistema previsional para generar un mecanismo en el que el principal beneficiario termine siendo el sistema financiero y no quien aporto tantos años para disfrutar de una asignación digna.
La vivienda propia no puede ser un privilegio reservado para quienes ya tienen capacidad de ahorro e ingresos elevados. Si el Estado pretende utilizar recursos públicos para impulsar el crédito hipotecario, debería garantizar que esos recursos lleguen, en primer lugar, a quienes realmente necesitan una vivienda y no simplemente a quienes ya están en condiciones de acceder al sistema bancario. En definitiva, la pregunta que queda flotando es sencilla:
¿PLATITA AJENA PARA QUIÉN? ¿PARA LOS QUE NECESITAN UNA VIVIENDA O PARA QUE LOS BANCOS SOBREVIVAN? – CPI. MP.054
Por Carlos María Borges - Corredor Público Inmobiliario MP.054
Más Leídas
