El fiscal Gustavo Gómez habló de dos causas que son investigadas por el fuero federal, tras identificar otros tres delitos. Advierte sobre la posibilidad de que estos sistemas encubran además un entramado de dinero no declarado.
La caída de diversas plataformas de inversión que prometían exorbitantes rendimientos diarios, y no son más que un esquema Ponzi, deriva en causas de lo más complejas para la justicia. Pues, si bien son denunciadas por estafa ante los fueros provinciales, puede que los delitos excedan esa calificativa con asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera no autorizada. En situaciones más graves, hasta podrían esconder un entramado de narcotráfico y corrupción.
Los casos como Peta (Santiago del Estero), RainbowEx (Buenos Aires), Peak Capital Team (Tucumán, San Juan, Santa Fe, Buenos Aires, Chubut y Córdoba), solo por mencionar los más recientes, no dejan de sorprender a la opinión pública por los altos montos de dinero que acumularon, de acuerdo a los planteos de los afectados.
Tras analizar la situación, el Dr. Gustavo Gómez, fiscal general ante la Cámara Federal de Tucumán, Catamarca y Santiago del Estero, señala que “los jueces y fiscales todavía no están muy de acuerdo de cómo encarar este problema” y eso es todo un escollo para recuperar los fondos. Junto a los camaristas federales, considera que hay –por lo pronto- cuatro delitos: asociación ilícita, lavado de dinero e intermediación financiera no autorizada.
“Porque aquí no puede escapar esto de que cuando una persona va a hacer el procedimiento de inversión, lo que hace es sacar plata del país con destino desconocido. En donde interviene en esa cadena el líder local que es el que lo alienta a comprar esa moneda”, detalla.
De ahí que surgen “algunas discrepancias” con el tratamiento de las causas judiciales en las órbitas provinciales. “Con la Cámara Federal de Tucumán le damos un giro distinto a todo esto. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos que si bien arranca con la figura de la estafa, se está transformando en una negociación o en una suerte de acuerdos no autorizado financieramente por la Comisión Nacional de Valores (CNV). Es un delito previsto por el Artículo 310 (Código Penal)”, especifica.
Ante la existencia de un hecho que “atrapa un delito federal y a uno provincial, la Corte Suprema tiene dicho que es competencia federal”, sostiene Gómez. Esto es lo que ocurrió con el caso Adhemar Capital en Catamarca y con Intense Live en Tucumán, que también tiene damnificados en Santiago del Estero.
El fiscal explica que no fue tan complejo obtener certezas en la primera de estas causas. Una vez que determinaron supuestos delitos de índole federal, de inmediato detuvieron a los presuntos responsables y fueron en busca de los bienes. Los hallaron y siguieron el rastro a las cibermonedas para congelar las cuentas con que se administraban.
Eso sí, ese trabajo “fue muy rápido” y “muy secreto”. “Tuvimos que movernos con Gendarmería, secuestrar teléfonos, secuestrar computadoras y tratar de identificar bienes que en ese momento podían llegar a tener ellos. Por ejemplo, habían comprado un gimnasio; en otros casos, una confitería; tenían unos automóviles Ferrari. Salimos a identificar a través de lo que ellos tenían archivado en su computador o los distintos contactos que tenían incluidos en Tucumán y en otros lugares. Todo esto sin declarar”, afirma. Lo positivo del caso, según Gómez, es que el sospechoso “había manejado todo de manera local”. Pues, la investigación se complejiza cuando se transfieren las ganancias al exterior.
A lo Ponzi
Es increíble cómo un método de estafas tan añejo, como el esquema Ponzi, cobró fuerza de la mano de nuevas tecnologías que simplifican transacciones de dinero. De un envío rudimentario a través de cartas, el modelo se aggiorna con aplicaciones de finanzas personales al alcance de cualquiera (incluso menores de edad).
“Ponzi es un polaco que llegó hasta Unidos y se hizo multimillonario creando este sistema que él decía ‘de ahorro’ y que por supuesto es una gran estafa. De 1920 para acá, este sistema siempre estuvo vigente. No con la virulencia que tenemos ahora, pero siempre estuvo vigente”, señala el abogado.
Recuerda que en los ‘90, siendo fiscal federal en Rawson (Chubut) tuvo en sus manos un caso muy particular de esquema Ponzi. Cuenta que “a la gente le llegaba una carta de algún conocido, de algún amigo que le decía que tenía que hacer un giro postal de X cantidad de pesos al que estaba primero en un triángulo (por eso se llaman ‘Piramidales’). Además mandar siete cartas a otras personas conocidas, con lo que él subía un escalón más arriba para que luego de toda la correspondencia puedan recibir la plata que, obviamente nunca recibían”.
Sin embargo, quien administraba ese sistema no ganaba plata, “sino que era una trampa para que los que estaban primero pudieran agarrar a uno de ellos”. “Ese tipo de estafa, cuando explota internet, adquiere distintas variantes. Y las variantes más conocidas son las que tenemos ahora, pero no son todas iguales”, advierte.
Para el caso de las plataformas que terminaron denunciadas en los últimos meses, los novatos acuden a un tercero que es quien le hará la inversión o lo “asesorará” para comprar Bitcoin.
Todo un dilema
El caso de los esquemas Ponzi supone todo un dilema para los actores judiciales. Están los que lo consideran un delito de estafa, los que no y los que creen que excede esta calificativa y deben ser investigados a fondo ya que pueden esconder cuestiones todavía más graves como el narcotráfico o la corrupción.
A propósito de esto, Gómez señala que los rendimientos prometidos por modelos, como Peta, son demasiado evidentes. “Es como si vos agarraras un fajo donde el primero es de 100 dólares y lo de abajo, papel recortado, vos crees que todos son 100 dólares y no lo revisas. ¿Quién puede creer en un interés del uno o dos por ciento diario de dinero?”, se pregunta. Y retoma lo anterior: “Yo sostengo que acá no estamos hablando únicamente estafa. Estamos hablando también de lavado de dinero”.
Al margen de esto, repara en la necesidad de ir a lo profundo de cada caso. “Otro aspecto que muy pocos están mirando es que la gran mayoría del dinero invertido no es proporcional a la cantidad de víctimas”.
“La cantidad de víctimas es gente de pocos recursos, pero la gran mayoría de la masa de dinero pertenece a muy pocos que son los que tienen esa plata por dinero ‘negro’, por narcotráfico, por delitos de corrupción”, alerta el profesional.
Prevención
Para Gómez, el accionar judicial por sí solo no servirá de nada si el estado no resguarda al sistema financiero. “No tendría sentido que haya delitos penales si no hay un interés de preservar la salud del sistema”, considera y hace hincapié en la educación de los ciudadanos.
“Incluso esto puede ayudar a combatir la ludopatía”, pondera. Pues, se sabe que “hoy cualquier chico tiene Mercado Pago y a través de esa cuenta pueda comprar dólares MEP. Y un chico con una cuenta de finanzas necesita tener una capacitación de lo que es un CEDEAR’s, de lo que son los bonos, los bitcoin, las cibermonedas... Eso lo tenemos que empezar a enseñar en la escuela primaria, en la escuela secundaria”, dice.
También considera necesario capacitar en las escuelas de policía para que, ante indicios de una estafa piramidal puedan iniciar una causa de oficio. En cuanto a los ejecutivos, propone que los intendentes o delegados municipales no entreguen habilitaciones comerciales a locales que pretendan establecerse con un sistema Ponzi. Así también, prohibir todo tipo de shows, festivales o encuentros que promocionen las estafas piramidales. Y por último, exigir a los medios de comunicación que no difundan publicidad de estos esquemas.
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