El debate sobre el tamaño y el rol del Estado es una cuestión fundamental en la política contemporánea y ha sido especialmente relevante en el contexto de la presidencia de Javier Milei, quien propone una reducción drástica del Estado, con el objetivo de hacerlo más eficiente, menos burocrático y orientado a garantizar solo sus fines esenciales.
Su visión de un "Estado mínimo" ha generado tanto apoyo como controversia.
El interrogante a despejar es ¿si esta visión es viable o equivocada, y qué tipo de Estado es realmente necesario para garantizar los fines esenciales como educación, salud y seguridad?
En teoría, un Estado mínimo tiene como objetivo reducir la intervención estatal a solo aquellas funciones que no pueden ser suplidas por el mercado o por iniciativas privadas.
La idea es que el Estado debería centrarse en sus funciones esenciales: seguridad, justicia, defensa, infraestructura básica y, en algunos casos, educación y salud.
En este modelo, el resto de las actividades, como la gestión empresarial, la intervención en la economía o la redistribución de la riqueza, se consideran tareas que el mercado y la sociedad civil pueden llevar a cabo más eficientemente.
Sin embargo, en la práctica, existen desafíos y riesgos al implementar esta visión, particularmente en un país como Argentina, que tiene una historia de desigualdad estructural, desafíos económicos y problemas en la provisión de servicios públicos.
En relación a la seguridad y justicia, en un Estado mínimo, éstas siguen siendo responsabilidades del Estado, pero si no hay recursos suficientes, pueden surgir ineficiencias o desigualdades en su provisión, especialmente en sectores vulnerables.
Esto puede generar desconfianza y desigualdad en el acceso a la justicia y la seguridad, sobre todo si la privatización de ciertos servicios de seguridad (como empresas de seguridad privada) no es controlada adecuadamente.
En cuanto a la educación, en un Estado mínimo se podría reducir la intervención en educación, pero esto puede afectar la equidad del sistema, ya que el acceso a una educación de calidad se vería condicionado por la capacidad económica de las familias.
El riesgo es que se profundicen las desigualdades y se marginen a los sectores más vulnerables, que no podrían acceder a educación privada de calidad.
Algo que ya se fue dando en estos últimos años donde muchas familias alejan de la educación pública a sus hijos para llevarlos a colegios privados como así también en niveles universitarios.
Un tema crucial es lo que puede pasar en el caso de la salud, si se reducen las inversiones en el sistema público, muchas personas de bajos recursos podrían quedar sin acceso a servicios de salud adecuados.
Aunque el modelo de salud privada puede funcionar bien en economías de altos ingresos, en una economía con grandes desigualdades como la de Argentina, un sistema de salud principalmente privado podría excluir a grandes segmentos de la población.
Esto se ha visto mucho más crudo en estos últimos meses donde las cuotas de la medicina prepaga han subido exponencialmente y muchas familias han resignado esta alternativa a la que habían accedido para, nuevamente, recurrir a la salud pública, donde hay un sistema colapsado y sin los recursos para llevar adelante la cobertura eficiente de toda la población.
El diagnóstico de Milei sobre un Estado ineficiente y sobrecargado de privilegios no es infundado.
En muchos países, y especialmente en Argentina, se ha observado una expansión del aparato estatal que ha resultado en burocracia excesiva, despilfarro de recursos, y clientelismo político.
El gasto público, en muchos casos, no ha estado orientado a garantizar servicios esenciales de calidad, sino que ha estado más vinculado a intereses políticos y económicos particulares.
La idea de un Estado eficiente que elimine privilegios y reduzca gastos innecesarios es atractiva, pero también plantea desafíos.
Un Estado eficiente no debe simplemente recortar, sino también reformar sus estructuras para que los recursos se destinen de manera efectiva a áreas críticas. Además, debe mantenerse presente en aquellos ámbitos donde el mercado no puede asegurar la justicia social o la equidad.
Por lo pronto, la administración pública podría ser más ágil, sin sacrificar la calidad de los servicios. Asimismo, se podrían eliminar los subsidios ineficientes o las exenciones fiscales que benefician a sectores privilegiados, en lugar de recortar los presupuestos destinados a la educación o la salud.
Milei propone que el Estado se desentienda de aquellas áreas donde los privados puedan hacerse cargo, especialmente en lo que respecta a la producción de bienes y servicios, y también aboga por eliminar restricciones, regulaciones y trabas burocráticas.
Este enfoque puede dinamizar la economía, generar mayor competencia y eficiencia. Sin embargo, hay riesgos, especialmente en sectores como el laboral o respecto a ciertos mercados puntuales.
En este sentido, la flexibilización laboral puede beneficiar a las empresas al reducir costos, pero podría generar mayor precarización laboral, afectando la estabilidad económica y los derechos laborales de los trabajadores.
Por otro lado, debemos observar la posibilidad de la regulación de mercados clave, como ser la salud, la educación y los servicios públicos, la falta de regulación puede llevar a abusos por parte de empresas privadas, que pueden priorizar sus intereses comerciales sobre las necesidades sociales. Por lo tanto, es necesario encontrar un equilibrio entre la libertad empresarial y la protección del bienestar social.
Entonces nos queda preguntarnos ¿Qué tipo de Estado necesitamos?
No caben dudas que el tipo de Estado que Argentina necesita debe estar basado en un modelo que combine eficiencia, transparencia, y equidad.
En lugar de una dicotomía entre un Estado grande y un Estado mínimo, se podría abogar por un Estado eficiente y orientado a los fines esenciales, con un enfoque en determinados puntos clave.
En ese sentido abogamos por un Estado que garantice los servicios básicos (salud, educación, seguridad) para todos, sin depender completamente del mercado, y que asegure que los más vulnerables tengan acceso a estos servicios.
Además de un Estado que promueva la competitividad y la innovación empresarial, pero que no permita que sectores clave de la economía, como la salud o la educación, sean relegados al sector privado si esto implica exclusión o inequidad.
Y también un Estado reformado y ágil, que elimine la burocracia innecesaria, la corrupción y los privilegios, pero que mantenga un rol regulador y de control en áreas donde el mercado no puede garantizar el bienestar común.
Y, por último, un modelo de desarrollo económico que fomente la inversión privada y la libertad de mercado, pero que también tenga en cuenta la justicia social, evitando que los más pobres y vulnerables queden marginados del crecimiento económico.
En resumidas cuentas, la propuesta del presidente de reducir el tamaño del Estado y hacerlo más eficiente está basada en una crítica válida a un Estado sobredimensionado y corrupto, pero debe ser cuidadosamente equilibrada.
Y si bien un Estado mínimo que elimine por completo la intervención en áreas clave puede resultar en desigualdad y exclusión social, es por ello necesario alcanzar el formato de un Estado moderado, que garantice los fines esenciales y mantenga un equilibrio entre eficiencia, regulación y protección de los derechos sociales.
Nuevamente pensamos en Aristóteles, la clave está en encontrar el punto medio, ni pecar por defecto ni por exceso, un Estado que sea lo suficientemente fuerte para garantizar los derechos fundamentales, pero lo suficientemente flexible para adaptarse a las necesidades de un mundo globalizado y dinámico.
Julio César Coronel
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