El Gobierno nacional impulsa una nueva reforma laboral que promete “modernizar” el mercado de trabajo argentino. Sin embargo, las medidas propuestas podrían tener efectos significativos sobre los derechos laborales conquistados durante décadas.
En medio de una economía que sigue tambaleando, el mercado laboral argentino vuelve a ser el centro del debate. Desde la Presidencia de la Nación han anunciado un ambicioso plan de modificaciones al régimen laboral. Pero, ¿qué tan profundos son los cambios que se avecinan y cuáles serán sus efectos reales para los trabajadores y la economía?
El gobierno nacional avanza con una reforma laboral que promete “modernizar” el empleo y aumentar la productividad. Pero detrás de esa idea se esconden cambios profundos que podrían modificar derechos históricos de los trabajadores argentinos.
Existen propuestas serias que contemplan medidas duras, pero aún no está claro su alcance. Entre ellas la eliminación de la indemnización por despido, que sería reemplazada por un fondo de cese laboral, y la creación de un “banco de horas” para compensar con días de descanso horas extras en lugar de un pago. También se impulsa la posibilidad de realizar contratos en cualquier moneda y de vincular los aumentos salariales directamente con la productividad.
Incluso uno de los borradores, inspirado en el denominado “modelo griego”, figura la extensión de la jornada laboral hasta 13 horas por día, con un máximo de 60 horas semanales, aunque con la aclaración de que esto sería “negociable entre empleador y trabajador”
El argumento oficial es que estas medidas permitirán reducir la informalidad, uno de los problemas estructurales del mercado laboral argentino. Según Chequeado, el 43,2 % de las personas ocupadas trabaja en la informalidad, y entre los cuentapropistas la cifra supera el 60 %. En el caso de los jóvenes menores de 29 años, más de la mitad tiene empleos no registrados.
Esto quiere decir que el desafío actual no es solo cuántos puestos se crean, sino cuán estables y protegidos son.
Al interior del sector registrado también se da una mayor precarización laboral. De acuerdo con datos de la Secretaría de Trabajo de la Nación, entre enero de 2012 y junio de 2025 el empleo privado creció un 3,1%, mientras que el monotributo aumentó 64,8% y el empleo estatal, un 33,7%.
Visto de otro modo, de los 2 millones de puestos de trabajo formales creados en ese período, el 42,9% fueron empleos estatales; el 42,5%, monotributistas; y el 9,4%, privado.
Es decir que la creación de trabajo en los últimos años estuvo relacionada con las formas más precarizadas de empleo, en detrimento de los trabajos “de calidad” (por poseer aportes, estabilidad y derechos laborales).
En este contexto, la consultora económica Invecq señaló que el aporte de los trabajadores formales sólo llega a cubrir el 70% de los gastos previsionales (pagos de jubilaciones y pensiones). Y agregó: “Para equiparar los aportes y contribuciones previsionales de un solo trabajador en relación de dependencia se requieren 27 monotributistas”.
Los especialistas coinciden en que la informalidad está relacionada con los altos costos laborales y las dificultades para sostener el empleo formal, sobre todo en las pequeñas empresas. Sin embargo, también advierten que una flexibilización excesiva podría agravar la precarización si no se acompaña de políticas económicas que fortalezcan el mercado interno y la capacidad de consumo.
Por otro lado, el proyecto enfrenta varios límites: la resistencia sindical, la CGT y la CTA ya manifestaron su rechazo e incluso analizaron posibles medidas de fuerza, y la falta de consenso político en el Congreso.
También hay una fuerte desigualdad regional que condiciona el debate: mientras que en la Ciudad de Buenos Aires la informalidad ronda el 30% en provincias del norte supera el 50%. Esta brecha evidencia que no existe una única realidad laboral en el país y que una reforma uniforme podría profundizar desigualdades territoriales.
El proyecto no fue todavía presentado oficialmente ante el Congreso, por lo que se desconocen detalles del texto final. No está claro si afectará a todos los convenios colectivos o solo nuevo contratos. Hay más dudas que certezas.
QUÉ PODRÍA PASAR SI SE APRUEBA
Si el Congreso aprueba una versión similar a los borradores que se conocieron, las consecuencias podrían ser:
- Mayor flexibilidad para las empresas, que podrían modificar horarios, contratos, y pagos con menos restricciones.
- Reducción de la estabilidad laboral, al reemplazar la indemnización por fondos de cese y permitir jornadas más extensas.
- Caída de los salarios reales, si la productividad se convierte en el principal criterio de aumento.
- Pérdida de poder sindical, con menor margen para negociar convenios colectivos.
Argentina llega a esta discusión con un mercado laboral fracturado, el debate no es solo una cuestión técnica o económica, sino profundamente social.
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