Existen misterios insondables que asombran a la humanidad toda y uno de ellos es la impresionante cantidad de pensiones por invalidez otorgadas sin una justificación clara y precisa en nuestro país.
No sufrimos ni una guerra ni cataclismos naturales que pudieran haber diezmado a la población incapacitándola para trabajar.
Sin embargo, millones son los jubilados por invalidez y parece que esta pandemia se ubicó geográficamente y de manera puntual en el norte.
Este aumento inusual en la cantidad de pensiones por invalidez, concedidas en el país y justamente en el norte y durante los gobiernos Kirchneristas, amerita un estudio concienzudo de la ciencia a nivel global.
Mientras en el mundo este tipo de beneficios son otorgados luego de conflictos bélicos o desastres naturales, acá pareciera haber un virus desconocido que siembra el pánico a las arcas del Estado.
No sabemos si fue la falta de transparencia en el proceso de selección y evaluación de solicitudes de pensiones por invalidez o dolencias inespecíficas de una amplia franja de la población pero lo seguro es que tenemos millones de inválidos.
Habría que investigar los motivos de este aumento indiscriminados de pensiones por incapacidad y si no hay justificación en las que fueron otorgadas debería tomarse la inmediata decisión de cortar con las mismas.
Es que la asignación indiscriminada de pensiones por invalidez sin una justificación clara tiene un impacto significativo en el sistema de seguridad social que como todos sabemos está diezmado.
Nuestros fondos de pensión se mantienen escuálidos porque no hay recursos disponibles y si pagamos pensiones y jubilaciones de manera injustificada, menos recursos habrá y de seguro pondrán en riesgo la sostenibilidad financiera del sistema a largo plazo.
La revisión exhaustiva del sistema de concesión de pensiones por invalidez que se está realizando, a partir de una amplia auditoría ordenada por el Gobierno es el puntapié inicial para el saneamiento de este conjunto de prestaciones sociales. A la par debemos avanzar con la transparencia en el otorgamiento de los beneficios y una evaluación más rigurosa de las solicitudes con la implementación de medidas que garanticen que las pensiones se asignen de manera justa y eficiente, priorizando a quienes realmente necesitan esta protección social.
Lo que sí rogamos es que la actuación del Estado en esta materia no confunda a la casta, es decir a esos vivos de siempre que a diferencia de quiénes sí requieren de la protección del Estado y necesitan la ayuda, no deberían bajarse las pensiones sin acreditar fehacientemente si corresponden o no, y si cumplen con los requisitos o no. Por tanto, es fundamental encontrar un equilibrio entre la protección de las personas con discapacidad y la garantía de la integridad y eficiencia del sistema de pensiones por invalidez en el país.
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