24 de septiembre, 2026
Actualidad

Un informe de Amnistía Internacional alertó sobre el crecimiento de las capacidades de vigilancia del Estado argentino durante los últimos años, a partir de reformas en inteligencia, nuevas tecnologías de monitoreo y sistemas basados en inteligencia artificial. La organización sostiene que la falta de controles y debates públicos podría afectar derechos fundamentales como la privacidad, la libertad de expresión y el derecho a la protesta.

Entre cámaras inteligentes, reconocimiento facial, drones y programas capaces de rastrear información en redes sociales, la tecnología se convirtió en una herramienta cada vez más presente en las políticas de seguridad de distintos países. Sin embargo, el avance de estos sistemas abrió un debate: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en la recolección de datos de la ciudadanía y cuáles son los límites para proteger los derechos humanos?

Este es el interrogante central del informe “Estado de vigilancia: la expansión del uso de tecnologías de vigilancia masiva por el gobierno de Argentina”, elaborado por Amnistía Internacional y publicado en agosto de 2026.

El documento analiza las reformas implementadas entre diciembre de 2023 y diciembre de 2025, período en el que, según la organización, se ampliaron las capacidades estatales de inteligencia y monitoreo mediante decretos y resoluciones administrativas y coinciden con el primer periodo del gobierno de la Libertad Avanza.

La investigación sostiene que estas modificaciones se llevaron adelante sin un debate parlamentario amplio y estuvieron acompañadas por la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas destinadas a la recolección y análisis de información. Entre ellas se encuentran plataformas de monitoreo de redes sociales, software de reconocimiento facial y drones equipados con cámaras térmicas y sistemas de seguimiento automático.

De acuerdo con Amnistía Internacional, entre 2024 y 2025 el Estado nacional adquirió equipamiento y licencias vinculadas a tecnologías de vigilancia por un valor superior a 1,2 millones de dólares. La organización señala que estos sistemas permiten recopilar, cruzar y visualizar grandes volúmenes de información provenientes de redes sociales, sitios web, bases de datos públicas e incluso infraestructura digital.

El informe también menciona la compra de programas de reconocimiento facial y la utilización de drones con transmisión de imágenes en tiempo real. Para Amnistía, el problema no reside únicamente en la existencia de estas herramientas, sino en la ausencia de mecanismos claros de control, transparencia y regulación sobre su uso.

Según la organización, la vigilancia masiva puede tener efectos directos e indirectos sobre el ejercicio de derechos fundamentales. Entre ellos menciona la posibilidad de generar autocensura, reducir la participación en manifestaciones públicas y limitar la libertad de expresión por temor a ser identificado o monitoreado.

El debate sobre privacidad y derechos

La investigación incluyó entrevistas a 21 personas, entre ellas periodistas, creadores de contenido, productores de streaming, defensores de derechos humanos, jóvenes, jubilados y activistas. Algunos testimonios describen cambios en los hábitos de comunicación y en la organización de actividades públicas ante la percepción de una mayor vigilancia estatal.

Uno de los casos citados corresponde a integrantes de organizaciones de jubilados que participan regularmente en movilizaciones frente al Congreso Nacional. Según el informe, algunos manifestantes expresaron preocupación por el uso de drones y otras tecnologías durante las protestas.

Para Amnistía Internacional, este fenómeno no es exclusivo de Argentina, sino parte de una tendencia mundial caracterizada por la incorporación de inteligencia artificial y sistemas automatizados en políticas de seguridad e inteligencia. La organización advierte que estas herramientas pueden reforzar prácticas discriminatorias o afectar de manera desproporcionada a determinados grupos sociales si no existen regulaciones adecuadas.

Las consecuencias pueden ser tanto directas como indirectas. Por un lado, los sistemas de vigilancia permiten recopilar información, identificar personas, elaborar perfiles y realizar seguimientos. Por otro, la percepción de estar bajo vigilancia puede generar un “efecto disuasorio” sobre el ejercicio de determinados derechos, incluso cuando no exista una sanción posterior.

Este es un aspecto clave cuando la vigilancia alcanza espacios relacionados con la participación ciudadana- La libertad de expresión, el derecho de reunión pacífica y la libertad de asociación requieren que las personas puedan manifestarse, organizarse, expresar críticas y participar en actividades colectivas sin temor a represalias.

Los entrevistados modificaron sus comportamientos ante la posibilidad de ser identificados o monitoreados. Incluso, la organización documentó casos de personas que comenzaron a autocensurarse en redes sociales y en espacios públicos, redujeron su participación en protestas o adoptaron mayores precauciones para organizar actividades.

Los resultados obtenidos plantean dudas que exceden el plano tecnológico y se centran en la calidad democrática de estas medidas del sistema de seguridad. ¿Cómo se controla el uso de datos personales? ¿Qué organismos supervisan la utilización de sistemas de vigilancia? ¿Qué información puede almacenar el Estado y durante cuánto tiempo?

Por esta razón, Amnistía Internacional propone la creación de marcos regulatorios específicos para la adquisición y utilización de tecnologías de vigilancia, además de prohibir el uso abusivo o discriminatorio de sistemas de reconocimiento biométrico. También reclama mayores niveles de transparencia y mecanismos independientes de control.

El avance de la inteligencia artificial, el análisis automatizado de datos y las herramientas de monitoreo atraviesa no solo a gobiernos, sino también a empresas y ciudadanos en todo el mundo. La discusión ya no se limita a las posibilidades técnicas de estas herramientas, sino a la necesidad de encontrar un equilibrio entre seguridad, innovación y protección de derechos fundamentales.

 

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