Una mujer permanece con pronóstico reservado, tras ser atacada por su pareja con una tijera, quien también le arrojó agua hirviendo. El hecho se suma a los 45 intentos de femicidio relevados en Santiago del Estero, desde el 1° de enero al 30 de septiembre, y a los 10 femicidios ocurridos durante los primeros 9 meses de 2026. La violencia de género no se detiene.
Hay hechos que conmocionan por la brutalidad del ataque. Y hay otros que, además de conmocionar, obligan a detenerse en lo que ocurrió antes. El intento de femicidio registrado durante la mañana del lunes 6 de octubre, en el barrio Villa del Carmen, reúne ambas dimensiones. Miriam Infante, de 54 años, permanece internada en el Hospital Regional, con pronóstico reservado. La mujer habría sido atacada por su pareja, José Marcelo Maldonado, de 60 años, con una tijera y agua hirviendo.
El hombre fue detenido y quedó a disposición de la Justicia, acusado provisoriamente de tentativa de femicidio.
Pero detrás de la violencia extrema de ese episodio aparece un dato que vuelve todavía más inquietante el caso, pues una semana antes, la víctima había denunciado amenazas de muerte.
Según la información policial, el 28 de septiembre la mujer se había presentado en la Comisaría de la Mujer y la Familia para denunciar a su pareja. De acuerdo con esa denuncia, el hombre le habría manifestado: “Te voy a matar”.
Tras tomar conocimiento de las actuaciones policiales, la Dra. Silvia Jaime Luna, fiscal de Género interviniente, resolvió una medida de cese de violencia entre las partes, pero sin disponer en ese momento la exclusión del hogar, ni tampoco la detención del hombre.
Siete días después, la mujer terminó huyendo de la vivienda herida y con importantes quemaduras, buscando auxilio en una garita policial.
La secuencia plantea interrogantes sobre los mecanismos de evaluación y protección frente a situaciones de violencia denunciadas previamente, pero será la Justicia la que deberá determinar las circunstancias concretas del caso, las medidas adoptadas y si existió algún incumplimiento en la intervención previa. Serán las autoridades correspondientes quienes deberán determinar responsabilidades y el alcance de las medidas que se habían dispuesto. Pero el caso vuelve a colocar sobre la mesa una cuestión que excede ampliamente a una investigación penal, y es qué sucede con las mujeres que denuncian, advierten que están en peligro y continúan expuestas a la violencia. Y los números permiten dimensionar que no se trata de un episodio aislado.
45 INTENTOS DE FEMICIDIO EN NUEVE MESES
El último informe del Observatorio de Femicidios en Argentina “Adriana Marisel Zambrano”, coordinado por la Asociación Civil La Casa del Encuentro, contabilizó 401 intentos de femicidio en todo el país entre el 1° de enero y el 30 de septiembre de 2026. De ese total, 392 correspondieron a mujeres y adolescentes y nueve fueron casos vinculados.
Dentro de ese mapa nacional, Santiago del Estero aparece con 45 intentos de femicidio, solo por detrás de la provincia de Buenos Aires, que registra 106. Le siguen Santa Fe, con 28; Salta, con 23; y Chaco, con 20.
El número santiagueño representa alrededor del 11% de todos los intentos relevados a nivel nacional en los primeros nueve meses del año.
No se trata de una estadística menor. Tampoco puede ser leída únicamente como una sucesión de episodios policiales. Cada uno de esos 45 casos representa una situación de violencia que llegó a un nivel en el que la vida de una mujer estuvo en riesgo. Y detrás de cada episodio existen historias familiares, hijos, hijas, redes de contención, denuncias, medidas de protección y, en algunos casos, antecedentes de violencia que precedieron al ataque.
El propio informe permite observar algunas características de estos episodios.
CUANDO LA VIOLEN CIA ESCALA
En los 401 intentos registrados en el país, el principal vínculo entre víctima y agresor corresponde a parejas, con 207 casos, seguidas por las exparejas, con 172. Es decir, la enorme mayoría de los ataques se produjo dentro de relaciones afectivas actuales o finalizadas.
La modalidad más frecuente fueron las lesiones por golpes, con 183 casos. Luego aparecen las amenazas de muerte, con 120; las lesiones por apuñalamiento, con 47; los intentos de quemar viva a la víctima, con 23; y los intentos de asfixia, con 17. También se registraron ocho casos con heridas de bala.
El caso de Villa del Carmen vuelve a reunir algunas de esas formas de violencia: una amenaza previa de muerte, una agresión con un elemento cortante y un ataque que provocó quemaduras.
Si bien no se puede establecer automáticamente una relación entre las estadísticas nacionales y el expediente particular que investiga la Justicia santiagueña. Pero sí resulta inevitable observar que este hecho concreto se inscribe dentro de patrones de violencia que aparecen reiteradamente en los registros.
EL HOGAR,. EL LUGAR MÁS INSEGURO
Hay otro dato que atraviesa tanto los femicidios consumados como sus tentativas: la vivienda continúa siendo uno de los principales escenarios de la violencia extrema.
De los 401 intentos relevados en todo el país, 166 ocurrieron en la vivienda de la mujer o adolescente y 116 en una vivienda compartida con el agresor. Otros 19 tuvieron lugar en la vivienda del agresor.
En conjunto, esos tres ámbitos concentran la enorme mayoría de los casos en los que el lugar del hecho pudo ser determinado.
En los femicidios consumados, la tendencia es similar: 59 víctimas fueron asesinadas en su propia vivienda y otras 58 en una vivienda compartida con el femicida.
El dato obliga a revisar una idea profundamente instalada: que el peligro siempre está afuera. Para muchas mujeres atravesadas por situaciones de violencia, el espacio doméstico puede convertirse precisamente en el lugar donde la agresión se vuelve más difícil de evitar, pedir ayuda o interrumpir.
10 FEMICIDIOS EN SANTIAGO
El problema no termina en las tentativas. Entre el 1° de enero y el 30 de septiembre, el Observatorio contabilizó 192 víctimas fatales por violencia de género en la Argentina. El informe incluye 164 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, nueve transfemicidios y 19 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
Dentro de los femicidios y vinculados de mujeres y niñas, Santiago del Estero registra 10 casos, detrás de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba en valores absolutos.
El número representa aproximadamente el 5,8% de los casos nacionales de esa categoría registrados por el Observatorio durante los primeros nueve meses del año. Sin embargo, cada cifra representa una historia que dejó de ser estadística.
El informe contabiliza además 226 hijas e hijos que quedaron sin madre, de los cuales 126 son menores de edad, 91 son adultos y en nueve casos no se consignó la edad. La violencia de género, por eso, no termina en la víctima directa. Sus consecuencias atraviesan familias enteras y pueden extenderse durante generaciones.
DENUNCIAS PREVIAS
Uno de los datos más delicados del informe nacional sobre intentos de femicidio es que 59 mujeres o adolescentes habían realizado una denuncia previa, mientras que 44 agresores tenían dictada una medida cautelar de prevención.
En los femicidios consumados, el informe señala que 22 víctimas habían realizado una denuncia y que 11 femicidas tenían dictada una medida cautelar de prevención.
Por supuesto que no todos los casos son comparables, ni una denuncia previa implica necesariamente que una muerte pudiera haberse evitado. Tampoco esos datos permiten, por sí solos, atribuir responsabilidades individuales a funcionarios o instituciones. Pero sí muestran una cuestión que merece ser analizada: la existencia de una denuncia no siempre significa que la situación de riesgo haya desaparecido.
El caso de Miriam Infante, en Villa del Carmen, vuelve a plantear ese interrogante de manera particularmente dolorosa. La mujer había denunciado una amenaza de muerte. Una semana más tarde sufrió un ataque que puso en riesgo su vida.
La pregunta que queda abierta no es solo qué ocurrió durante esos siete días. También es qué mecanismos existen para evaluar el riesgo, qué medidas de protección se adoptan, cómo se controla su cumplimiento y qué sucede cuando una mujer regresa al mismo espacio que comparte con quien la amenaza.
LOS HIJOS
La dimensión de la violencia tampoco se limita a quienes reciben directamente la agresión. El informe de tentativas señala que 103 niñas, niños y adolescentes estaban presentes en el lugar de los ataques registrados durante los primeros nueve meses del año. El Observatorio advierte que, además de las agresiones físicas o de haber presenciado el episodio, el impacto de la violencia psicológica alcanza a esos niños y adolescentes.
La cifra introduce otra dimensión del problema: crecer o vivir dentro de un hogar atravesado por violencia también deja marcas.
Los menores pueden convertirse en testigos de amenazas, golpes, persecuciones o ataques; pueden intentar defender a sus madres; pueden pedir ayuda; y también pueden quedar expuestos a situaciones de enorme tensión emocional.
En los casos de femicidio, esa violencia tiene una consecuencia definitiva, pues pierden a su mamá. En este sentido, el informe revela que 226 hijas/hijos quedaron sin madre, el 55% de ellos son menores de edad,
EL DATO DETRÁS DEL DATO
Los números del Observatorio muestran también otras características que ayudan a comprender la complejidad del fenómeno. Entre los intentos de femicidio registrados hasta septiembre, 17 agresores pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad; 16 mujeres o adolescentes presentaban indicios de abuso sexual; 15 estaban embarazadas; 8 agresores se suicidaron y se registraron 3 víctimas colaterales.
En los femicidios consumados, el informe señala que 8 femicidas pertenecían o habían pertenecido a fuerzas de seguridad, 15 víctimas estaban en contextos de narcocriminalidad, 14 presentaban indicios de abuso sexual, 5 estaban embarazadas y 7 eran migrantes. También registra una víctima perteneciente a pueblos originarios y 3 casos con presunción de prostitución o trata.
Son variables diferentes que no pueden reducirse a una única explicación. Pero juntas muestran que la violencia de género se cruza con múltiples situaciones de vulnerabilidad y con distintos contextos sociales.
EL DESAFÍO NO ES SOLO CONTAR
Contabilizar femicidios e intentos de femicidio es indispensable para conocer la dimensión del problema. Pero el número adquiere verdadero sentido cuando permite formular preguntas como: ¿Cuántas mujeres habían pedido ayuda antes? ¿Cuántas habían denunciado? ¿Qué medidas de protección habían recibido? ¿Se evaluó el nivel de riesgo? ¿La mujer tenía una red familiar o institucional de acompañamiento? ¿Qué ocurrió después de la denuncia? ¿Qué mecanismos existían para intervenir antes de que la violencia llegara al extremo?
Son preguntas que no pueden responderse únicamente desde una estadística nacional. Requieren información judicial, policial, sanitaria y social, además del seguimiento de cada caso. Y requieren también mirar el territorio, porque detrás de los 45 intentos de femicidio registrados en Santiago del Estero hay 45 historias diferentes. Algunas pueden compartir patrones; otras no. Algunas tendrán denuncias previas; otras no. Algunas estarán atravesadas por separaciones recientes, otras por años de convivencia violenta. Cada expediente tiene su propia historia.
Uno de los desafíos más complejos para abordar la violencia de género consiste en comprender que el episodio que finalmente llega a una comisaría, un hospital o una página policial suele ser el punto más visible de una historia mucho más larga.
Amenazas, control, hostigamiento, aislamiento, agresiones físicas, violencia económica, persecución y otras formas de violencia pueden aparecer antes de que la situación llegue a un intento de femicidio.
La propia legislación argentina reconoce distintos tipos y modalidades de violencia contra las mujeres. La Ley 26.485 establece un marco integral para la prevención, sanción y erradicación de la violencia de género. Por eso, mirar solamente el momento del ataque significa observar el final de una cadena y no necesariamente todo lo que ocurrió antes.
El caso de Villa del Carmen vuelve a poner ese recorrido en discusión.
UNA PROBLEMÁTICA QUE EXIGE PREVENCIÓN
Los datos del Observatorio no permiten afirmar por sí solos cuáles son las causas específicas de la cantidad de tentativas registradas en Santiago del Estero ni establecer una comparación directa sobre niveles de violencia entre provincias.
Sí permiten afirmar que 10 femicidios y 45 intentos de femicidio en nueve meses constituyen un volumen que merece atención específica, especialmente cuando la provincia aparece segunda en el registro nacional por valores absolutos.
El desafío, entonces, es que las estadísticas no queden encerradas en informes que se actualicen cada tres meses. Cada dato debería servir para fortalecer la prevención, mejorar la evaluación de riesgo, garantizar el acceso a la Justicia, acompañar a las víctimas y revisar qué ocurre después de una denuncia.
Una denuncia no debería ser el punto final de una intervención institucional. Debería ser, en muchos casos, el comienzo de un proceso de protección.
UNA AMENAZA QUE DEJA DE SER AMENAZA
En Villa del Carmen, la investigación deberá determinar exactamente qué ocurrió, cuáles fueron las circunstancias del ataque y qué medidas correspondían tomar frente a los antecedentes denunciados. Hay una secuencia que no puede ser dejada de lado: una mujer denunció una amenaza de muerte; una semana después fue atacada con una tijera y agua hirviendo; logró escapar y pedir ayuda; y actualmente permanece internada con pronóstico reservado.
Si bien es la Justicia quien deberá establecer las responsabilidades correspondientes, tampoco puede obviar que el Ministerio Público Fiscal recibió una denuncia concreta de una mujer que era amenazada de muerte y su resolución no fue la exclusión del hogar del agresor, sino un pedido de “cese de violencia”. Esta medida suena a nada, casi como pedirle, por favor, al agresor que deje de agredir. Algo como: “Señor, deje de amenazar de muerte a su pareja”.
Mientras tanto, a la sociedad le queda la difícil tarea de no naturalizar estos episodios, porque cuando una amenaza aparece, todavía hay tiempo para intervenir. Cuando una mujer pide ayuda, todavía hay tiempo para protegerla. Cuando existen señales de riesgo, todavía hay tiempo para actuar. Y cuando esas señales no son escuchadas, la estadística puede terminar convirtiéndose en una historia irreversible.
Los 10 femicidios y los 45 intentos de femicidio registrados en Santiago del Estero durante los primeros nueve meses de 2026 no son solamente números de un informe. Son una advertencia sobre la magnitud de una violencia que continúa atravesando hogares, parejas, familias y comunidades.
El desafío es lograr que cada uno de esos números sirva para algo más que para ser contado. Que sirva para llegar antes, para proteger y, sobre todo, que sirva para que la próxima historia no tenga que comenzar en una sala de urgencias.
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