Transcurrieron cinco décadas desde el inicio de la dictadura más sangrienta, sin embargo, las consecuencias de aquel tiempo nefasto aún se mantienen. Las huellas de los años de plomo.
Los almanaques fueron arrancando sus hojas una y otra vez. Los días fueron convirtiéndose en meses, en años, en décadas. Un 24 de marzo de 1976, hace ya 50 años, los comandantes en jefe de las tres fuerzas armadas, en connivencia con sectores de la sociedad civil, dieron un golpe de Estado derrocando al gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón.
Ese día marcaría un antes y un después en la historia contemporánea del país. Secuestros, torturas, abusos sexuales, desapariciones, apropiación de menores y el desapoderamiento de bienes fueron una constante con la que se buscó aniquilar todo vestigio “subversivo” en pos de los “sagrados intereses de la patria”.
Mientras el tiempo fue pasando inexorablemente, borrando historias, olvidándose de nombres, dejando palabras en el tintero y guardando silencios obligados, los desaparecidos argentinos nunca pudieron ser olvidados ni mucho menos arrancados de la historia viva del país.
Los buscaron hasta el cansancio. Los lloraron hasta agotar lágrimas. Pero nunca dejaron de esperarlos. ¿Cuántas madres murieron con la esperanza de ver regresar a sus hijos? ¿Cuántos hijos soñaron con conocer a sus padres? ¿Cuántas mujeres añoraron volver a sentir el abrazo de sus maridos y novios? ¿Cuántos hombres evocaron las caricias de sus compañeras? ¿Cuántos hermanos recordaron en sus sueños a aquellos que nunca regresaron?
Pero como “la memoria puede más que el olvido”, aquella horrorosa experiencia que marcó al país durante 7 años, que intentó ser escondida, a costa de sangre y muerte, no logró ocultarse.
50 años no resultaron suficientes para esconder los peores horrores que impuso aquel terrorismo de Estado.
50 años tampoco bastaron para cerrar las heridas y fueron sumiendo al país con un lastre demasiado pesado, que lo ata al pasado y no le permite avanzar.
EL GOLPE
La madrugada del miércoles 24 de Marzo de 1976, una transmisión en cadena por radio y T.V. hizo saber, con tonos marciales, a la población que el país se encontraba bajo el control operativo de las Fuerzas Armadas, las cuales llevarían a cabo una experiencia denominada: Proceso de Reorganización Nacional.
“Agotadas todas las instancias del mecanismo constitucional, superada la posibilidad de rectificaciones dentro del marco de las instituciones, demostrada en forma irrefutable la posibilidad de la recuperación del proceso por sus vías naturales llega a su término una situación que agravia a la nación y compromete su futuro".
En estos términos y con las firmas de los tres Comandantes en Jefe, Gral. Jorge Rafael Videla, Almirante Emilio Massera, y Brigadier Orlando Agosti, el 24 de Marzo se proclamaba el primer comunicado oficial de la Junta de Comandantes que asumía el poder total de la Nación. Proclama con el que las Fuerzas Armadas justificaban, ante todos los habitantes de la República Argentina, su decisión de desalojar del gobierno a María Estela Martínez de Perón.
Ese mismo día, la Junta tomaba las siguientes medidas: instaló el Estado de sitio; consideró objetivos militares a todos los lugares de trabajo y producción; removió los poderes ejecutivos y legislativos, nacionales y provinciales; cesó en sus funciones a todas las autoridades federales y provinciales como así también a las municipales y las Cortes de Justicia nacionales y provinciales; declaró en comisión a todos los jueces; suspendió la actividad de los partidos políticos; intervino los sindicatos y las confederaciones obreras y empresarias; prohibió el derecho de huelga; anuló las convenciones colectivas de trabajo; instaló la pena de muerte para delitos de orden público e impuso una férrea censura de prensa, entre otras tantas medidas.
El objetivo de la acción antisubversiva de los militares era claro: no sólo se debía exterminar a los guerrilleros, también había que acallar a la sociedad toda, mediante un bombardeo psicológico destinado a romper los lazos de solidaridad que unían a la sociedad para instalar el individualismo y el "sálvese quien pueda".
TERRORISMO DE ESTADO
Entre 1930 y 1983 la Argentina sufrió seis golpes de Estado. Sin embargo, la expresión «terrorismo de Estado» sólo se utiliza para hacer referencia al último de ellos. La violencia política ejercida desde el Estado contra todo actor que fuera considerado una amenaza o desafiara al poder fue una característica recurrente en la historia argentina. Hay muchos ejemplos de esto: la represión contra los obreros en huelga en la Semana Trágica (1919) y en las huelgas de la Patagonia (1921); los fusilamientos de José León Suárez relatados por Rodolfo Walsh en su libro Operación Masacre (1956); la Noche de los Bastones Largos durante la dictadura de Juan Carlos Onganía (1966) y la Masacre de Trelew (1972), entre tantos otros.
La característica de la dictadura de 1976 fue algo que ninguno de los regímenes previos practicó: la desaparición sistemática de personas. Esto es: ciudadanos que resultaron víctimas de secuestros, torturas y muertes en centros clandestinos de detención desplegados a lo largo de todo el país, cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus deudos. La dictadura pretendió borrar el nombre y la historia de sus víctimas, privando a sus familiares y también a toda la comunidad política, de la posibilidad de hacer un duelo frente a la pérdida.
El terrorismo de Estado se caracterizó por el uso de la violencia puesta al servicio de la eliminación de adversarios políticos y del amedrentamiento de toda la población a través de diversos mecanismos represivos. Miles de personas encarceladas y otras tantas forzadas al exilio, persecución, prohibiciones, censura, vigilancia. Y, fundamentalmente, la puesta en marcha de los centros clandestinos de detención.
A la vez, se utilizó el terror como instrumento de disciplinamiento social y político de manera constante, no de manera aislada o excepcional. La violencia, ejercida desde el Estado, se convirtió en práctica recurrente, a tal punto que constituyó la «regla» de dominación política y social. Se trató, entonces, de una política de terror sistemático.
Ese terror sistemático se ejerció con el agravante de ser efectuado por fuera de todo marco legal. Es decir, la violencia ejercida contra quienes eran identificados como los enemigos del régimen operó de manera clandestina. De modo que la dictadura no sólo puso en suspenso los derechos y garantías constitucionales, y la Constitución misma, sino que decidió instrumentar un plan represivo al margen de la ley, desatendiendo los principios legales que instituyen a los estados modernos para el uso de la fuerza.
DESAPARECIDOS
La palabra “desaparecido”, tanto en Argentina como en el exterior, se asocia directamente con la dictadura de 1976, ya que el terror estatal tuvo, como uno de sus principales mecanismos, la desaparición sistemática de personas.
El término “desaparecido” hace referencia, en primer lugar, a aquellas personas que fueron víctimas del dispositivo del terror estatal, que fueron secuestradas, torturadas y, finalmente, asesinadas por razones políticas y cuyos cuerpos nunca fueron entregados a sus deudos y, en su gran mayoría, todavía permanecen desaparecidos.
En 1979, en una entrevista periodística, Jorge Rafael Videla dijo una frase que con el tiempo se volvió tristemente célebre: “Frente al desaparecido, en tanto esté como tal, es una incógnita, mientras sea desaparecido no puede tener tratamiento especial, porque no tiene entidad. No está muerto ni vivo… Está desaparecido”.
Para llevar adelante esta práctica, el terrorismo de Estado implementó en los campos de concentración una metodología específica que consistía en disociar a las personas de sus rasgos identitarios (se las encapuchaba y se les asignaba un número en lugar de su nombre); mantenerlas incomunicadas; sustraerles a sus hijos bajo la idea extrema de que era necesario interrumpir la transmisión de las identidades y, por último, adueñarse hasta de sus propias muertes.
Los captores no sólo se apropiaban de la decisión de acabar con la vida de los cautivos, sino que, al privarlos de la posibilidad del entierro, los estaban privando de la posibilidad de inscribir la muerte dentro de una historia más global que incluyera la historia misma de la persona asesinada, la de sus familiares y la de la comunidad a la que pertenecía.
Por eso, cada acto de los cautivos tendientes a restablecer su propia identidad y a vincularse con los otros en situación de encierro resultó una resistencia fundamental a la política de desaparición. Lo mismo ocurre cada vez que se localiza a un niño apropiado, hoy adulto, y cada vez que se restituye la identidad y la historia de un desaparecido.
El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) se destacó desde muy temprano en la búsqueda e identificación de los cuerpos de los desaparecidos que fueron enterrados como NN.
CENTROS CLANDESTINOS DE DETENCIÓN
Durante los primeros años de la dictadura, las Fuerzas Armadas organizaron el territorio nacional en zonas, subzonas y áreas de control con el objetivo de exterminar a los «subversivos». Allí funcionaron los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio. Se trataba de instalaciones secretas, ilegales, a donde eran llevados y recluidos los detenidos-desaparecidos.
Los centros clandestinos de detención fueron instalados en dependencias militares y policiales, como así también en escuelas, tribunales, fábricas, etc. Durante los años del terrorismo de Estado el eje de la actividad represiva dejó de centrarse en la detención y el encierro en las cárceles –aunque esto seguía existiendo– para pasar a estructurarse en torno al sistema de desaparición de personas en los distintos centros clandestinos.
Se conformaron “Grupos de Tareas” que integraban desde las “patotas” que se dedicaban a los secuestros –en su mayoría, integradas por militares de baja graduación– hasta los encargados de la tortura y los que tenían la más alta autoridad en cada una de las Armas.
El funcionamiento de los centros clandestinos tenía su propia rutina. Las víctimas eran secuestradas en plena vía pública, en sus casas o en sus lugares de trabajo. Antes de ingresar a los centros no pasaban por ninguna forma previa de proceso policial o judicial. Una vez adentro eran sometidas a condiciones extremas de detención: aislamiento, malos tratos, escasos alimentos, poca agua, mínima higiene. La tortura fue el principal método represivo utilizado para obtener información sobre la vida y las actividades de los prisioneros o sus conocidos.
Muchos de los detenidos permanecieron en esta situación durante meses e, incluso, años hasta su traslado definitivo. Ese “traslado” no era más que un eufemismo porque, en general, significaba la muerte.
Las estimaciones oficiales de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP) arrojan la cifra total, provisoria, de 550 centros clandestinos. Algunos centros habían sido creados antes del golpe. En su mayoría estuvieron concentrados en el centro del país. Uno de los más conocidos fue la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).
MAQUINARIA DE TERRORISMO
Sin dudas, la maquinaria del terrorismo de Estado fue una herramienta sistemática para la persecución política que llevó al exilio a millares de personas. La dictadura buscó esconder las atrocidades cometidas, mientras los centros clandestinos se diseminaban por el país y la aparición de cuerpos mutilados o con evidentes signos de torturas comenzaron a multiplicarse, y las denuncias de los familiares de las víctimas buscaban romper el cerco informativo.
Recién en el marco del Mundial de Fútbol de 1978 la dictadura comenzó a quedar al desnudo y el repudio internacional se hizo escuchar. El Estado, que debía velar por la integridad de sus ciudadanos y resguardar sus derechos, era el responsable de diezmar a una generación, mientras las jerarquías eclesiásticas y los medios de comunicación, salvo honrosas excepciones, hacían la vista gorda o negaban lo sucedido.
En medio de esas atrocidades, un puñado de mujeres ocupó la Plaza de Mayo y se metió de lleno en la historia, dando nacimiento a las asociaciones Madres y Abuelas que, implacables en sus denuncias, comenzaron a cambiar el paradigma en la pelea por los derechos humanos. Atrás quedó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su informe demoledor.
Atrás quedaron la derrota de Malvinas y el repliegue de los uniformados que no se cansaban de negar sus crímenes, pero elucubraban una ley de auto-amnistía.
Atrás quedó el retorno de la democracia con Raúl Alfonsín juzgando a las cúpulas, pero exonerando a través de las instrucciones a los fiscales militares y con las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, a los mandos medios.
Atrás quedaron el informe “Nunca Más” y el Juicio a las Juntas, de 1985, que marcaron hitos en los procesos de construcción de paz en Latinoamérica.
Atrás quedaron los indultos “pacificadores” de Carlos Menem.
Y atrás quedó la decisión del Congreso de poner fin a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, lo que permitió reabrir los juicios.
361 SENTENCIAS
Hoy, a medio siglo del golpe de Estado, suman 1231 las personas condenadas por crímenes de lesa humanidad, mientras que otras 250 fueron absueltas en 361 juicios realizados por tribunales de todo el país, desde la reapertura de los juicios en 2006.
En el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, hay 12 juicios en curso.
El relevamiento fue realizado por la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, organismo que señala que actualmente hay 504 personas detenidas por estos crímenes, de las cuales 425 se encuentran en prisión domiciliaria. De las restantes, 61 están alojadas en la Unidad Penitenciaria N°34, que funciona en la guarnición militar de Campo de Mayo, y 18 en diferentes establecimientos carcelarios.
En este contexto, 1.582 personas investigadas permanecen en libertad. La representación gráfica de privados/as de la libertad y libres muestra que, en 2026, la brecha entre ambas cifras es la mayor del registro histórico que lleva la procuraduría desde 2015, provocada por la sostenida reducción de la cantidad de personas detenidas.
Mientras tanto, en la etapa de investigación preliminar se encuentran en trámite 282 causas. Tanto en estas causas, como las que están en debate, la cantidad de personas procesadas es de 292. En los expedientes en investigación hay 517 personas imputadas por fiscales, que aún no han sido intimadas, y otras 76 que fueron indagadas y aguardan la resolución de su situación procesal.
La cantidad de prófugos se mantiene en 33, una cifra estable respecto de registros anteriores.
RECHAZO SOCIAL
A medio siglo del Golpe de Estado en Argentina, la memoria colectiva de los argentinos continúa marcada por una fuerte condena al terrorismo de Estado y un amplio respaldo a las políticas de justicia. Así lo revela un estudio nacional elaborado por el observatorio Pulsar, UBA y el Centro de Estudios Legales y Sociales, según una publicación realizada por Infobae, que muestra que 7 de cada 10 argentinos rechazan la dictadura militar y apoyan la continuidad de los juicios por crímenes de lesa humanidad.
La investigación, titulada “Miradas retrospectivas sobre la dictadura argentina: 50 años después”, combina una encuesta a nivel nacional con 1.136 casos y grupos focales en distintas regiones del país. Entre sus principales conclusiones, se destaca que el 71% de la población tiene una visión negativa del período que se extendió entre 1976 y 1983. De ese total, un 45% califica a la dictadura como “muy mala” y un 26% como “mala”, mientras que solo una minoría sostiene valoraciones positivas o neutrales.
El rechazo social también se refleja en la percepción de las causas del quiebre institucional: el 63% de los encuestados considera que no existieron motivos que justificaran la intervención militar. En cuanto a las responsabilidades, un 39% señala directamente a la Junta encabezada por Jorge Rafael Videla, Emilio Massera y Orlando Agosti como principal responsable del golpe.
Sin embargo, el estudio también evidencia que, aunque la condena es mayoritaria, las interpretaciones históricas no son completamente homogéneas. El 61% de los encuestados define al período como una dictadura que implementó un plan sistemático de desaparición de personas y violaciones a los derechos humanos, mientras que un 32% lo interpreta como una lucha contra el terrorismo en la que hubo “excesos”. Esta diferencia refleja que el sentido histórico de aquellos años aún es objeto de debate en la sociedad argentina.
MEMORIA SOCIAL
Uno de los aspectos más significativos del informe es la persistencia de ciertos símbolos en la memoria social. Ante la consulta sobre qué es lo primero que surge al pensar en la dictadura, las respuestas se concentraron en términos como “desaparecidos”, “represión”, “violencia” y “tortura”. Estos conceptos continúan siendo el eje central del recuerdo colectivo sobre el período.
El nivel de conocimiento sobre lo ocurrido entre 1976 y 1983 también se mantiene alto: 7 de cada 10 argentinos aseguran saber “mucho” o “algo” sobre la dictadura. No obstante, ese conocimiento ya no proviene mayoritariamente de la experiencia directa.
Con el paso del tiempo, la transmisión de la memoria se ha desplazado hacia el ámbito educativo: la escuela y la universidad aparecen como las principales fuentes de información, seguidas por los relatos familiares y las conversaciones cotidianas.
En este sentido, el estudio marca una transformación generacional. A medida que se aleja en el tiempo, la dictadura deja de ser una vivencia directa para convertirse en un proceso aprendido, transmitido a través de la educación formal, los contenidos culturales y la memoria familiar. Solo tres de cada diez encuestados afirman tener un familiar, amigo o conocido que fue desaparecido, detenido o perseguido durante esos años.
Ese vínculo personal, sin embargo, sigue siendo determinante. Según el informe, quienes tienen una relación directa con víctimas del terrorismo de Estado tienden a reforzar su condena al régimen y a reconocer con mayor claridad su carácter sistemático. Además, suelen tener una valoración más positiva de los organismos de derechos humanos, como las Madres de Plaza de Mayo y las Abuelas de Plaza de Mayo.
HERRAMIENTA CLAVE
En paralelo, el respaldo a los procesos judiciales se mantiene firme. Alrededor del 70% de los encuestados considera que el Estado argentino debe continuar juzgando a los responsables de violaciones a los derechos humanos, consolidando así el camino iniciado con el Juicio a las Juntas y retomado décadas más tarde tras la anulación de las leyes de impunidad.
En cuanto al presente democrático, el estudio refleja un dato significativo: el 83% de los argentinos cree que es poco o nada probable que se produzca un nuevo golpe de Estado. Esta percepción está asociada a una fuerte confianza en la reacción social ante una eventual ruptura institucional, aunque no todos los ciudadanos participen activamente en movilizaciones o espacios vinculados a los derechos humanos.
A cincuenta años del golpe, la investigación de Pulsar, UBA y el CELS confirma que la condena a la dictadura y el compromiso con la memoria, la verdad y la justicia siguen siendo pilares de la cultura política argentina. Al mismo tiempo, deja en evidencia que la construcción de esa memoria continúa en proceso, atravesada por debates, experiencias personales y nuevas formas de transmisión.
Como concluyen los investigadores, la memoria no es solo un registro del pasado, sino una herramienta clave para comprender el presente y sostener los valores democráticos en la Argentina actual.
Pasaron 18.263 días desde aquel 24 de marzo de 1976. 50 años, 5 décadas, medio siglo
Demasiado tiempo, pero aun así la memoria pudo más que el olvido. Lo sucedido no pudo esconderse definitivamente. La memoria colectiva se encargó de abrir caminos, de revelar fuentes, de desentrañar secretos, de encontrar los restos de desaparecidos.
Pasaron 50 años. perero el tiempo transcurrido no pudo, no podrá borrar de la memoria tanta sangre derramada.
174 condenados por violencia sexual en crímenes de lesa humanidad
La Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad analiza los números que se desprenden de los pronunciamientos judiciales dictados desde 2006. En 61 de las 361 sentencias dictadas hasta hoy se abordan delitos sexuales. Los condenados representan el 11% del total.
En el Día Internacional de las Mujeres, la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad relevó la visibilización de la violencia sexual en las sentencias por delitos de lesa humanidad: de un total de 1231 personas condenadas por crímenes de lesa humanidad hasta hoy, 174 fueron responsabilizadas por delitos sexuales y otras 45 llegaron acusadas a debate y resultaron absueltas. Los condenados por estos crímenes, entonces, representan el 11% del total.
Todas esas condenas fueron dictadas desde 2006, cuando se realizaron los dos primeros juicios como resultado de la declaración de inconstitucionalidad y de la nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Desde entonces, salvo en 2011, todos los años hubo sentencias que visibilizaron estos delitos en el contexto del terrorismo de Estado. Entre los años que registran más sentencias en ese sentido resaltan 2013, 2017, 2018 y 2022, con 5 cada uno, y 2023, cuando se registró el pico anual de 6. El año pasado hubo 2, igual que en 2012.
Ese año, el Ministerio Público Fiscal incorporó la persecución penal de los crímenes de violencia sexual cometidos durante el terrorismo de Estado. En aquella resolución se instruyó a las/os fiscales a adoptar las acciones necesarias para requerir su investigación y sanción de forma autónoma, sin subsumirlos en otras figuras delictivas, por ejemplo, la de aplicación de tormentos.
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