Los gremios del sector alimenticio y del rubro industrial debatirán esta semana involucrarse en la causa judicial que investiga un supuesto plan sistemático del gobierno de Mauricio Macri para perseguir a dirigentes sindicales. Lo harán a instancias de un pedido de la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA), cuyo secretario general, Héctor Ponce, declaró haber sido hostigado por la gestión de Cambiemos. Será un paso más en una tendencia que abrieron la CTA de los Trabajadores y la CGT por impulso, respectivamente, de los docentes bonaerenses de Suteba y de la Unión Obrera de la Construcción (UOCRA).
Las confederaciones de sindicatos de la Alimentación (CASIA) e industriales (CSIRA) comenzaron la semana pasada una deliberación interna reservada que terminará de definirse en los próximos días. En ambos casos hay chances de que prospere la iniciativa, según pudo recoger Ámbito: además de ATILRA integran esos sellos otras organizaciones cuyos referentes fueron objeto, con mayor o menor intensidad, de campañas de asedio por parte de sectores alineados con la gestión anterior. Y varios de los gremialistas tienen un vínculo aceitado con el Frente de Todos y, en particular, con el kirchnerismo, que a su vez estimula la causa por la denominada “Gestapo” antisindicatos de Macri.
Ponce se refirió este fin de semana por primera vez abiertamente a lo que consideró una persecución en su contra por parte de Cambiemos. Por AM 750 confirmó que Macri deseaba verlo preso y que lo hizo público ante varios interlocutores. Y sindicó a los exvicejefes de Gabinete Gustavo Lopetegui y Mario Quintana como principales responsables de esa intención.
“El expresidente no me conocía pero igual decía que quería ponerme preso porque muy cerca suyo se lo sugerían”, destacó el líder de ATILRA para luego ratificar que se refería a ambos funcionarios que, a su juicio, “estaban de los dos lados del mostrador”. Aludió así a su condición de miembros del Gabinete de Macri y de fundadores de Pampa Cheese, una compañía del rubro lácteo de Santa Fe.
Ni la CASIA ni la CSIRA se caracterizaron por ser nucleamientos sindicales particularmente hostiles a Macri. Sin embargo, en el caso del espacio de los alimenticios el pedido de ATILRA prevé tener buena acogida porque su secretario general, Raúl Álvarez (gremio de Aguas Gaseosas) estuvo en octubre de 2018 en la mira de los medios de comunicación afines a Cambiemos que le atribuyeron la propiedad de caballos de raza. Ponce también integra el grupo de sindicatos fabriles donde tallan con fuerza los mecánicos del Smata, de mucha cercanía con Cristina de Kirchner, y la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), con presencia consistente en distintos espacios de la coalición gobernante.
El líder de ATILRA declaró que su caso guarda similitudes con la mecánica expuesta en el video donde Marcelo Villegas, ministro de Trabajo bonaerense durante la gestión de María Eugenia Vidal, negociaba con empresarios de la construcción en presencia de funcionarios de la Agencia Federal de Inteligencia la posibilidad de montar causas judiciales para perjudicar a Juan Pablo “Pata” Medina, de la UOCRA platense. “Vivíamos seguidos todo el tiempo”, sostuvo y destacó haber sido objeto de “once allanamientos” contra propiedades del sindicato y también en su entorno familiar. En junio de 2020 Ámbito contó por primera vez que Macri había pedido encarcelar a Ponce. Fue por una revelación del dirigente petrolero Guillermo Pereyra que declaró haberlo escuchado de boca del propio expresidente durante un viaje en avión que compartieron a Estados Unidos.
El líder de ATILRA lo ratificó este sábado y agregó que “en varios lugares más dijo lo mismo” el exmandatario. Lo más llamativo es que ni Ponce ni Pereyra fueron enemigos declarados de la anterior gestión: por el contrario, el petrolero terminó mostrado como ejemplo por los cambios introducidos en el convenio colectivo de los trabajadores del área de Vaca Muerta, y el lechero también adaptó parte de su estructura convencional a pedido de Cambiemos tras un extenso conflicto en SanCor.
Hasta ahora el juez Ernesto Kreplak, que instruye el expediente derivado del video del exministro Villegas, rechazó los pedidos del Suteba y de Guillermo Molina, referente de la Uocra de Bahía Blanca y preso tras una denuncia pública de Vidal, para ser tenidos como querellantes.
