El debate por la reforma del Régimen Penal Juvenil vuelve al Congreso con la propuesta de bajar la edad de imputabilidad a 14 años. Mientras el Gobierno busca endurecer las penas, especialistas advierten que la criminalización temprana y el desfinanciamiento de políticas sociales agravan la desigualdad y fallan como método de reinserción.
El Gobierno nacional volvió a poner en el centro de la agenda legislativa un tema que atraviesa la política argentina desde hace décadas: la edad de imputabilidad penal, actualmente fijada en 16 años. En las sesiones extraordinarias que comenzaron en febrero de 2026, la iniciativa para reformar el Régimen Penal Juvenil y reducir esa edad al rango de 14 o incluso 13 años se convirtió en uno de los ejes del debate parlamentario.
La propuesta oficialista recibió el respaldo de sectores del oficialismo y de bloques aliados, pero también generó fuertes cuestionamientos en sectores académicos, organizaciones de derechos humanos e instituciones vinculadas a la infancia y adolescencia.
Esta discusión volvió a ocupar un lugar central en la agenda pública. Aunque el debate se presenta como una respuesta urgente frente al delito juvenil, para Manuel Santillán, director del Centro Nexo de Abordaje Terapéutico y Responsabilidad de Adolescentes de Santiago del Estero, se trata de una discusión que reaparece cíclicamente y que no siempre está sostenida en evidencia ni en una mirada integral.
Desde esa perspectiva, Santillán explica que imputar a una persona dentro del derecho penal implica que esa conducta delictiva pueda ser atribuida a alguien que comprende la criminalidad de sus actos. “Imputar a alguien un delito dentro de la teoría del derecho penal quiere decir que esta acción de la cual se acusa en la comisión de un delito puede ser atribuido a la persona en el sentido de que básicamente comprenda o no comprenda la criminalidad de los actos”, señala.
En ese marco, remarca que la legislación vigente considera que una persona menor de 16 años no ha desarrollado plenamente su capacidad de discernimiento y de decisión, del mismo modo que ocurre en otros ámbitos del derecho. “Para la ley provincial actual, una persona menor a 16 años no es imputable todavía, en el sentido que no tiene desarrollado plenamente su capacidad de discernimiento y de decisión, como pasa en otros ámbitos del derecho también”, explica, y agrega ejemplos concretos: “Una persona menor a 16 años, por ejemplo, no puede votar o una persona menor de 16 años no se puede casar”.
QUÉ PROPONE EL PROYECTO DEL GOBIERNO
El Ejecutivo busca que la nueva Ley Penal Juvenil:
• Reduzca la edad de imputabilidad: el texto inicial contemplaba bajarla hasta los 13 años, aunque en las negociaciones parlamentarias se consolidó un consenso mayoritario para fijarla en 14 años.
• Crear un régimen especializado para adolescentes entre 14 y 18 años, con penas privativas sólo en casos graves y alternativas a la prisión para delitos menores (como servicios comunitarios, reparación del daño, etc.).
• Limitar la difusión de la identidad de los menores y resguardar derechos procesales tratando la privación de libertad como último recurso.
• Fomentar la reinserción social mediante programas educativos, terapéuticos y comunitarios.
La inclusión del tema en el temario legislativo se oficializó a través de un decreto presidencial en enero, justo antes del inicio de las sesiones extraordinarias de febrero de 2026.
La postura oficial
Desde Casa Rosada y el oficialismo, los principales argumentos a favor giran en torno a la idea de que el régimen vigente está “desfasado” y no responde a la realidad actual.
La ministra de Seguridad nacional, Alejandra Monteoliva, afirmó que “la Argentina está rezagada” respecto de la normativa penal juvenil vigente y que debería discutirse incluso reducir la edad más allá de lo propuesto.
En líneas similares, el ministro de Justicia sostuvo que bajo la ley actual hubo hechos sangrientos cometidos por chicos de 12 a 15 años que comprenden lo que hacen.
Para el director del Centro Nexo, la discusión no es nueva ni excepcional. “Es un debate que se da en cualquier gobierno, es un debate que debería ser una discusión que ya debería estar zanjada, ya debería estar finalizada”, afirma.
Santillán reconoce que la existencia de delitos cometidos por menores de edad forma parte de la realidad de cualquier sociedad, pero advierte que el contexto político influye en la forma en que se aborda el problema. “Solamente que en este caso encontramos con un gobierno actual a nivel nacional que tiene una mirada punitivista del derecho penal”, sostiene.
CIFRAS QUE CUESTIONAN LA REFORMA
Manuel Santillán es categórico al responder si la discusión está basada en evidencia empírica. “Las evidencias están, lógicamente las ciencias sociales una de las herramientas que tenemos para analizar la sociedad y tener evidencia científica empírica son las estadísticas”, explica.
Según datos oficiales, en 2024 se registraron 4.119 adolescentes en conflicto con la ley penal en todo el país, una cifra que, si bien preocupa, indica que la incidencia es relativamente baja en comparación con la población general.
Otro análisis indica que el 0,6 % de los homicidios en Argentina durante 2024 fueron cometidos por menores de 16 años, lo que implica que la gran mayoría de los casos de violencia no están protagonizados por adolescentes.
Diversos estudios académicos y experiencias comparadas muestran que reducir la edad de responsabilidad penal no ha demostrado ser eficaz como medida para bajar la criminalidad juvenil y, en algunos casos, puede tener efectos contraproducentes. Por ejemplo, un trabajo publicado en el Journal of Quantitative Criminology, analizó una reforma en Dinamarca que bajó la edad mínima de imputabilidad de 15 a 14 años, concluyó que no existe evidencia de que la reforma redujera la probabilidad de cometer delitos entre los jóvenes, y más aún encontró un aumento importante de denuncias de delitos entre los 14-años durante el período de aplicación, especialmente entre quienes ya tenían antecedentes, lo que sugiere una falta de efecto disuasivo de la medida.
En paralelo, organizaciones internacionales como UNICEF han señalado que bajar la edad de responsabilidad penal va en contra de estándares de derechos de la infancia y no contribuye significativamente a reducir el delito, enfatizando que la criminalización temprana no aborda causas estructurales como la pobreza, la exclusión social y la falta de oportunidades educativas y comunitarias.
El impacto de la criminalización temprana
Uno de los puntos más críticos del análisis de Santillán es el efecto que puede tener la criminalización temprana en adolescentes. Desde la sociología, advierte sobre las consecuencias del etiquetamiento. “La criminalización temprana en el desarrollo psicológico y social de un adolescente lógicamente tiene consecuencias negativas al generarse lo que en la teoría sociológica llamamos la teoría del etiquetamiento y la teoría de la rotulación”, explica.
Según esta perspectiva, rotular a un joven como delincuente produce efectos contrarios a los que se buscan. “Socialmente al adolescente, al posicionarlo y al tratarlo, al ponerle la etiqueta de delincuente, de desviado social, el joven se autopercibe generando efectos contraproducentes y contrarios a lo que se busca”, afirma.
Para Santillán, si el objetivo es la reinserción social, iniciar tempranamente a un adolescente en el sistema penal es un error. “Si lo que estamos buscando es la resocialización y la reinserción, iniciarlo en un sistema penal juvenil desde temprana edad genera lo contrario”, advierte, y subraya que “en algún momento el joven tiene que salir, recuperar su libertad, reinsertarse a la sociedad y ya lo está haciendo desde esta postura, desde esta figura”.
SANTIAGO DEL ESTERO: ENFOQUE TERAPÉUTICO Y LA MIRADA LOCAL
En Santiago del Estero, la discusión sobre la baja de imputabilidad también tiene un matiz propio, ligado a enfoques de atención integral y alternativas al mero castigo.
El Centro Nexo de Abordaje y Responsabilidad Adolescente, inaugurado en 2025 en la capital provincial, representa un enfoque terapéutico y restaurativo destinado a jóvenes en conflicto con la ley penal.
Santillán explica: “El objetivo de Nexo es generar condiciones para que estos adolescentes se reconstruyan como sujetos de derechos, más allá de su conducta delictiva. No se trata sólo de castigar, sino de comprender y acompañar procesos de cambio.”
Al profundizar en la lógica del abordaje, Santillán agregó: “Lo que hemos visto en este centro es que cuando se combinan actividades educativas, terapéuticas y comunitarias, muchos jóvenes encuentran sentido y oportunidades que no tenían. La justicia restaurativa no es blanda; es transformadora.”
Manuel Santillán plantea una crítica profunda al sentido del debate actual. “Se renuevan viejos discursos punitivistas en donde se intentan encontrar resoluciones simplistas desde una sola mirada sin escuchar el conocimiento integral de distintas ciencias”, sostiene, y enumera: “el derecho, la sociología, la criminología, la psicología, el trabajo social, las experiencias en otros países”.
Para el director de Nexo, el problema no es sólo el discurso, sino la contradicción entre lo que se dice y lo que se hace desde el Estado. “Si realmente queremos combatir el delito y disminuir el delito penal juvenil tenemos que ser consecuentes con las medidas que se toman”, afirma.
Y concluye con una definición contundente: “Si nosotros tenemos un gobierno actual que dice que quiere solucionar el problema del delito penal juvenil pero por otro lado desfinancia la educación, desfinancia los clubes barriales, desfinancia la salud, desfinancia los centros barriales que dan contención a los adolescentes, desfinancia los comedores barriales y por otro lado plantea solucionar el problema de la justicia, es un discurso meramente demagógico”, porque, advierte, “desfinanciar todas estas políticas estatales contribuye a que se agraven la desigualdad social y que se agrave la situación de jóvenes en conflicto con la ley penal” .
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