La justicia federal citó a indagatoria a Orlando Canido, por presuntas maniobras de evasión impositiva que superarían los $1.000 millones, a raíz de una denuncia de la exAFIP. Una trama de denuncias que pareciera no tener fin.
En diciembre de 2020, Orlando Canido mantuvo una extensa entrevista con Baenegocios, contando una historia de vida increíble, donde destacaba su resiliencia ante los avatares de la vida y de qué manera había logrado convertirse en uno de los empresarios más exitosos en el mercado de las gaseosas. Se refirió a sus comienzos como distribuidor de bebidas hasta convertirse en el fundador de la marca "Manaos".
Aunque para muchos es un verdadero desconocido, él no opina lo mismo. "Camino por la avenida 9 de Julio y me piden fotos y autógrafos", comentó. Pero eso no es todo, dijo que todos los sucesos que atravesó llegaron a una de las plataformas de entretenimiento más importantes del mundo. "Me vinieron a ver de Netflix, quieren hacer una serie de 15 capítulos", dijo con orgullo, aunque contó que no lo hizo por problemas de salud.
Aunque se posiciona como un empresario "hecho a sí mismo", que desafió a las multinacionales de las gaseosas con precios accesibles y campañas publicitarias masivas, manifestó su descontento con la política impositiva nacional. "Los empresarios en la Argentina estamos desgraciadamente huérfanos. Somos castigados con impuestos excesivos, inspecciones constantes y persecución. En otros países, el Estado acompaña al que invierte; acá parece que nos castigan por trabajar", declaró en otra entrevista.
Contada desde su mirada, su historia parece asombrosa, digna de imitarse, sin embargo, no dijo todo. Claro que no. No se refirió a las "manchas" a su trayectoria, que él mismo pinta como inmaculada. Inocente o astutamente, evitó hablar de las denuncias que pesan en su contra por la supuesta usurpación de tierras de las comunidades originarias, incluso con la presencia de grupos paramilitares. No dijo que es considerado uno de los principales enemigos del Movimiento Campesino Santiagueño (MOCASE), organismo que lo denunció en reiteradas oportunidades por distintos conflictos ligados a la posesión de territorios ancestrales. Tampoco habló de la grave acusación que Greenpeace lanzó sobre él, culpándolo del desmonte de más de 10.000 hectáreas de bosque nativo en esta provincia.
No es tan santo como se pudiera creer. Claro que no, las acusaciones en su contra se multiplican. La última, la que lo tiene en el ojo de la tormenta por estos días, tiene que ver con una denuncia planteada en el Juzgado Federal 3 de Morón por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA).
Ese mismo Canido, que se presenta a sí mismo casi como un héroe moderno, fue citado a prestar declaración indagatoria en esta causa que tiene como condimento principal una evasión impositiva superior a los 1.000 millones de pesos. Una vez más, LA COLUMNA contará la otra cara de la historia de Canido, en la que es el protagonista de una trama de la que no habla.
EVASIÓN
La acusación, presentada en el juzgado de Juan Manuel Culotta por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero -exAFIP- por evasión agravada de impuestos y presuntas maniobras fraudulentas, sostiene que Canido y su hermano Norberto Canido, director titular de la firma, habrían evadido más de $805 millones entre 2018 y 2020, en concepto de Impuesto a las Ganancias, IVA e Impuestos Internos. Sin embargo, al sumarse inconsistencias detectadas en los ejercicios de 2017, el monto global del perjuicio fiscal superaría los $1.000 millones, según el expediente judicial.
De acuerdo con el escrito presentado por ARCA, la maniobra se habría basado en la presentación de declaraciones juradas engañosas y la simulación de préstamos entre accionistas para ocultar ingresos y rentas no declaradas. El organismo fiscal determinó que la empresa "no pudo acreditar el origen del supuesto préstamo", y que existe "un incremento patrimonial no justificado", con registros contables que simulaban pasivos inexistentes.
FALSOS DISTRIBUIDORES
Según lo publicado por "Clarín", la denuncia detalla además que "Refres Now", la empresa de la que Canido es titular, habría duplicado comprobantes de gastos, alterado balances y realizado operaciones con proveedores y distribuidores apócrifos, práctica que habría permitido reducir artificialmente la carga impositiva. En total, se habrían detectado 80 distribuidores falsos, de los cuales 39 figuran en la base de contribuyentes "no confiables" de la exAFIP, por ventas simuladas que alcanzan los $10.763 millones.
En tal sentido, la denuncia hace hincapié en que "el 39% (387) presentan indicios de no contar con capacidad necesaria. En consecuencia, 47% del total (es decir, 467 sobre 977) tienen inconsistencias para prestar el supuesto servicio".
En virtud de lo cual, ARCA solicitó investigar a "todos los autores, coautores, cómplices o encubridores" de esta operatoria, desarrollada -según el organismo- entre 2021 y 2024, quienes serían "supuestos distribuidores mayoristas con un perfil fiscal irregular, sin capacidad económica, financiera y operativa, por un monto de $ 10.763.050.297,36, de cuyo movimiento de fondos no se pudo identificar su trazabilidad".
MAYORISTAS NO CONFIABLES
El informe fiscal remarca que muchas de las empresas implicadas carecen de empleados registrados, no pagan impuestos proporcionales a sus supuestas ventas o no poseen infraestructura ni cuentas bancarias activas para justificar sus movimientos financieros.
Tal es así que, según lo publicado por Clarín, esas empresas no tienen la infraestructura ni los activos necesarios para respaldar la actividad declarada, o que no disponen de empleados en relación de dependencia o los que dicen tener son insuficientes para prestar el servicio contratado, o que no realizan pagos de impuestos proporcionales al volumen de ventas, o que carecen de acreditaciones bancarias o esos montos son inferiores a los volúmenes operados, entre otras observaciones que realizó.
Es más, la denuncia especifica que "Refres Now tuvo el debido cuidado de controlar que cuando el organismo calificaba a uno como no confiable dejaba de emitirle comprobantes y suspendía la registración de las operaciones. A partir de esta premisa, hubo una secuencia de comprobantes emitidos a diferentes sujetos que supuestamente realizaban la distribución mayorista".
Por lo cual, la exAFIP reclama que "profundicen el análisis a fin de detectar si esos supuestos mayoristas deberían ser calificados como no confiables".
De modo tal que, "frente a la situación de que da de baja y alta a distribuidores con los que opera en cortos períodos de tiempo, como mucho dos meses, es válido plantearse cómo logra que sus productos estén en todo el país".
CRECIMIENTO VERTIGINOSO
La investigación judicial se produce en un momento de expansión para Canido, fundador de la compañía "Refres Now S.A"., fabricante de las populares gaseosas "Manaos" y "La Bichy Ahora", quien en los últimos años consolidó su presencia en el mercado de bebidas sin alcohol.
En julio de 2025, su empresa adquirió las marcas "Cunnington" y "Neuss" a la firma Productos de Agua S.A. (Proea) en una operación valuada en US$74 millones. Además, trascendió que el empresario estaría interesado en comprar "Pureza de las Sierras", una línea de aguas de mesa y saborizadas de la familia Solanilla, con el objetivo de diversificar su portafolio y competir en el segmento de bebidas naturales.
Desde su creación en 2004, Refres Now ha pasado de ser una embotelladora mediana a una de las principales productoras nacionales del sector. Su planta de Virrey del Pino, en el partido bonaerense de La Matanza, cuenta con 15 líneas de producción y una capacidad de 63.000 botellas por hora, con más de 600 empleados.
En la actualidad, la compañía distribuye sus productos a todo el país, sin una red minorista directa, sino a través de una estructura de mayoristas y distribuidores independientes, justamente el foco de la investigación por evasión.
RED DE FACTURACIÓN APÓCRIFA
La citación a indagatoria marcará un punto clave para el futuro judicial de Canido. La investigación busca determinar si existió una red de facturación apócrifa destinada a eludir impuestos mediante ventas simuladas a distribuidores fantasmas, práctica que no solo compromete a la firma sino también a sus directivos.
De confirmarse las irregularidades, Refres Now podría enfrentar sanciones económicas severas y los hermanos Canido penas de prisión de hasta nueve años, conforme al artículo 2° de la Ley Penal Tributaria, que castiga la evasión agravada cuando los montos superan los $15 millones por ejercicio fiscal.
Mientras tanto, el caso despierta un fuerte interés en el sector empresario y en la opinión pública, no solo por el peso económico de la compañía, sino porque pone nuevamente bajo debate el modelo de negocios de las industrias nacionales que crecieron en base a precios bajos, estructuras comerciales informales y escaso control estatal.
La causa "Refres Now S.A. s/ Evasión Agravada" podría transformarse en uno de los mayores procesos por evasión fiscal de los últimos años, un expediente que pondrá a prueba el poder de la justicia tributaria y la transparencia del entramado empresarial argentino.
OTRA DENUNCIA POR EVASIÓN
Esta denuncia no es la primera que la exAFIP realiza contra Canido. Ya lo había acusado de evadir, sólo en 2016, unos $ 900 millones, a partir de la creación de empresas fantasmas con facturaciones marginales.
Una de compañías investigadas sería "The Ultimate Gaseous SA", una empresa sin estructura, que habría facturado unos $500 millones y, a través de la cual, según los investigadores, se derivaron ventas no declaradas en la empresa madre Refres Now.
Según la AFIP, se habría confirmado sospechas sobre los desvío de fondos entre las compañías reales y fantasmas, además de otras inconsistencias impositivas, constatadas en el cruzamiento de datos.
Desde la Administración de Ingresos Públicos se informó que "los hechos que dieran lugar a la intervención judicial resultaron de la verificación de importantes desvíos financieros e inconsistencias impositivas que hacen presumir la comisión del delito de evasión de la empresa referente, el cual se perfeccionaría así también con la utilización de una firma paralela, sin estructura y capacidad económica y financiera, a través de la cual canalizaría ventas marginales".
Los operativos se desarrollaron en la Ciudad de Buenos Aires y zona oeste y norte del conurbano bonaerense, con la participación de unos 110 agentes de la Dirección Regional Norte y la Dirección Regional Oeste de la AFIP, y Gendarmería Nacional.
Con tales elementos, el juez Néstor Barral, titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 3 de Morón, ordenó los 14 allanamientos a domicilios administrativos y la planta comercial de la comercializadora de gaseosas Manaos, como así también los domicilios relacionados con Canido y las personas vinculadas a la firma.
INCONSISTENCIAS EVIDENTES
En esa oportunidad, el organismo recaudador informó The ultimate gaseous desarrollaría la misma actividad y operaba con las mismas marcas que Refres Now, pero tenía inconsistencias evidentes, como por ejemplo no tenía bienes registrables. Y aparecen como directivos personas sin solvencia económica.
Para la exAFIP, la facturación de The Ultimate Gaseous movió, durante 2016, unos 500 millones en operaciones que debería haber facturado Refres Now, aunque sus movimientos bancarios eran mínimos, de no más de $10 millones, insostenibles con el volumen declarado ante el organismo recaudador.
Dicha inconsistencia se observó a partir del cruzamiento de datos, lo que luego derivó en una investigación general sobre la situación contable de todas las sociedades vinculadas con la actividad productora de Manaos. Al avanzar la fiscalización, también se comprobó que el propio Orlando Canido no figuraba en ninguna de las sociedades, pese a ejercer el rol de líder de toda la actividad, según los datos que obtuvo el organismo recaudador.
Durante los allanamientos se secuestraron elementos relevantes para la investigación, tales como libros contables, escrituras, documentación relacionada a la hipótesis delictiva denunciada y soportes informáticos.
LAVADO DE DINERO
Las empresas de Canido fueron denunciadas por una evasión impositiva superior a los $900 millones, precisamente, se trata de uno de los llamados delitos precedes del "lavado de dinero". La expresión "lavado de dinero" se origina a principios del siglo XX y está vinculada a las actividades ilícitas de Al Capone, quien creó una cadena de lavanderías automáticas a través de la cual se hacían pasar utilidades de orígenes ilícitos por utilidades de orígenes legales.
Hoy en día, se utiliza el término "lavado de dinero" para hablar de los procedimientos que pretenden ocultar, disimular y encubrir el origen ilícito de determinados bienes o el producto de actividades delictivas con la finalidad de convertirlos en otros bienes u actividades que resultan aparentemente lícitas.
Además de ello, el lavado a través de empresas "fantasmas" o "pantallas", empresas offshore y por la adquisición de sociedades locales sin una actividad previa significativa, es uno de los métodos más frecuentes de blanqueo de capitales. El dinero ingresa a través de transferencias de dinero relacionadas con actividades de comercio simuladas. Luego, la operación se estructura a través de la compra-venta de inmuebles y actividades de prestación de servicios para dificultar el seguimiento del origen de los fondos. En este caso, la alerta se da por sociedades con mismo domicilio, mismos directivos, y compras y ventas de inmuebles en un plazo menor a un año.
DENUNCIA DEL FISCAL DE ESTADO
Las denuncias contra Canido no tienen que ver solo con la evasión. Una de las más contundentes fue realizada en septiembre de 2017, cuando el fiscal de Estado, Dr. Raúl Abate, constató la apropiación y el desmonte ilegal de 19 mil hectáreas y 32 lotes que pertenecen a la provincia en los departamentos Moreno y Alberdi. Dicha usurpación y adquisición ilegítima le fue adjudicada a Orlando Canido.
El fiscal Abate indicó que "estamos verificando denuncias que nos han llegado de que un empresario estaría tomando, usurpando, adquiriendo de forma ilegítima lotes que son de la Provincia de Santiago del Estero. Hasta el momento, hemos logrado constatar prácticamente 12 lotes. Falta todavía seguir constatando, creemos que en total deben ser 32 lotes que ha tomado este empresario".
Durante los operativos, realizados en las localidades Colonia "Árbol Blanco", en el departamento Moreno, y Colonia "Lote 19", en el departamento Alberdi, el fiscal estuvo a acompañado por la directora de Tierras, Bosques y Medio Ambiente de Fiscalía de Estado, Dra. Andrea Olmedo; la directora de Tierras del Ministerio de Producción, Dra. Mónica González Bernal y el director general de Bosques, Ing. Víctor Rosales.
El titular de Fiscalía de Estado precisó que "lo que se ha podido comprobar, hasta el momento, son alrededor de 19.000 hectáreas, casi 32 lotes que la provincia tenía adjudicados a colonos y estos lotes ahora -en forma ilegítima- habían ido a parar en manos del empresario".
A la vez, el fiscal fue contundente al señalar que fueron "levantadas actas notariales" indicando que "se trataría de una firma denominada Manaos y cuyo propietario sería Orlando Canido, quien estaría asociado a la empresa Lipsa (Chaco) y que les hace servicios de siembra".
Asimismo, contó que "se han constatado desmontes, se han secuestrado dos topadoras, se han levantado imágenes fotográficas, también se han tomado videos, en todas estas circunstancias hay una producción de soja ensilada, una producción importante. De todo esto va a tomar cartas la Justicia".
Sin embargo, Orlando Canido aseguró que el fiscal de Estado estaba en un error al acusarlo de usurpar más de 19.000 hectáreas.
HECHOS REITERADOS
Para entender la presencia de Canido en territorio santiagueño hay que volver la vista atrás e intentar rearmar una historia de atropellos, desalojos y lucha en desmedro de las comunidades originarias.
En octubre de 2013, en "Bajo Hondo", en el departamento Juan Felipe Ibarra, a 15 km de Pozo del Toba y a 80 km. al sudeste de la ciudad de Quimilí, donde habita una comunidad indígena del pueblo Guaycurú, Canido llegó ofreciendo viviendas, tendido eléctrico y reubicación de las más de 65 familias que habitan el lugar. Sin embargo, "al no poder negociar por 4 mil hectáreas, avanzó bajo amenazas y amedrentamiento permanente, alambrando con custodia de paramilitares, parte del territorio comunitario. Actualmente el conflicto sigue tenso porque el sicario "Lachi" Letonai y su banda armada disparan contra los vehículos y las familias", explicaron desde Comunidades Campesinas Indígenas, una entidad con personería jurídica que se encargó de realizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ley 26.160) con participación del Estado Provincial y Estado Nacional.
Mientras que en la Comunidad "El Tunal", del pueblo originario "Vilela", ubicada a 16 km. al norte de Quimilí, "Orlando Canido viene comprando "posesiones" a ex pobladores de la zona afectando el territorio y negando el acceso al agua de un pozo comunitario", agregaron.
Más al norte de la provincia, en el departamento Alberdi, desde el 2008, la Comunidad "Sacha Sumaj" del pueblo indígena "Lule Vilela", que nuclea varios parajes, "las familias vienen resistiendo a situaciones complejas que amenazan su producción, la reproducción y sustento familiar debido a los intentos de apropiación de 5 mil hectáreas por parte de Orlando Canido, quien dice haber comprado las tierras en un remate a Banco Nación", objetaron los campesinos.
"En 2011, 2012 y finales del 2013, la comunidad nuevamente ha frenado el asentamiento de Manaos, que vinieron con gente armada, casilla, alambre, topadora para instalarse y, la última vez, alambraron, cerraron caminos vecinales, huellas y encerraron animales que se han muerto de sed. La comunidad sigue alerta y dispuesta a defender el territorio que es pastoreo de los animales", denunciaron desde Comunidades Campesinas Indígenas.
BANDAS ARMADAS
En noviembre de 2014, LA COLUMNA explicó que, según el Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE), Orlando Canido "aparece nuevamente con sus amenazas y paramilitares para acaparar tierras comunales en los departamentos Moreno, Juan Felipe Ibarra y Alberdi".
Se trata de la comunidad indígena guaycurú que habita el llamado "Lote 5- El Colorado", ubicado a 45 kilómetros al este de Quimilí. "Hace un mes recuperamos parte de nuestro territorio para impedir el ingreso de máquinas topadoras y rolos del empresario Orlando Canido, quien habría comprado la propiedad a Morel Bullez empresario del agro-negocio oriundo de Monte Maíz, provincia de Santa Fe, a raíz de fracasados intentos de expulsión de las familias desde el 2004".
Miguel Pérez, miembro de la comunidad indicó que "la gente armada puesta por el empresario sigue aquí, dan vueltas, pegan tiros para asustarnos. Es difícil vivir. Esta gente contrata otra gente que van mostrando armas por las casas, matando animales de las familias, robando. Ahora se ha hecho un relevamiento, tenemos personería jurídica... pero como hay plata en el medio nunca se sabe cómo será el resultado. Nosotros hemos entregado todos los papeles a la justicia".
La organización campesina aseguró que el 15 de octubre de 2014, una banda armada intentó ocupar territorio indígena del Lote 5 y disparó ante los integrantes del MOCASE que habían instalado una carpa de resistencia. A punta de pistola, los violentos desalojaron la carpa, e intentaron apoderarse del territorio comunitario indígena guaycurú.
"Ante la inmediata reacción de la comunidad se evitó la permanencia de las 15 personas armadas y por el trabajo conjunto con el Gobierno de la Provincia a través de la Jefatura de Gabinete se logró que efectivos de la GETOAR (Grupo Especial de Tareas y Operaciones de Alto Riesgo) de policía provincial se llegara al lugar", señaló el MOCASE.
Sin embargo, denunciaron que "antes que llegaran estos efectivos, la policía local de Quimilí liberó la zona y permitió que los paramilitares dispararan contra miembros del MOCASE que se encontraban defendiendo la posición".
De modo tal que, cuando llegaron los 60 efectivos del GETOAR, se detuvo a Ladislao "Lachi" Letonai y Pablo Letonai, líderes de la banda, y se secuestraron armas, mientras el resto de los miembros del grupo paramilitar, entre los cuales habría varios ex policías, se escaparon hacia un campo vecino.
"La banda armada está liderada por los Letonai, contratados por Orlando Canido, quien viene intentando acaparar territorios campesinos e indígenas en Jujuy, Salta y varios departamentos de Santiago del Estero. Canido se presenta siempre como apoderado de la empresa de gaseosas Manaos y dice comprar tierra para Amado Boudou", explicaron desde el MOCASE.
Por este hecho, en la tarde del 9 de octubre de 2016, Orlando Canido se presentó ante la jueza Rosa Falco, a cargo del entonces Juzgado en lo Criminal y Correccional de Quinta Nominación, quien le tomó declaración indagatoria. El empresario había presentado un pedido de eximición de prisión, que le fue concedido por la magistrada.
TOPADORAS AL ACECHO
El 18 de diciembre de 2015, las familias de Bajo Hondo habían decido frenar los desmontes. "La comunidad se puso firme ante las topadoras que pretendían arrasar miles de hectáreas de monte nativo, donde viven 60 familias", destacó Gustavo Vasallo, uno de los integrantes de la entidad campesina.
"El 21 de diciembre exigimos la presencia de la Dirección de Bosque y Fauna y del Comité de Emergencia de la provincia, que vinieron para constatar la presencia de las topadoras, de los hornos y de la gente armada que tiene Orlando Canido, tanto en la salida que las familias utilizan como en diferentes ‘puestos’ distribuidos en las 4000 Ha. de la comunidad. La policía se encuentra presente en el lugar custodiando que no haya enfrenamientos; sin embargo, las amenazas siguen cuando las familias salen del campo por mercadería o por distintas necesidades", precisaron desde la organización campesina.
"Hoy somos más de 100 compañeros del MOCASE -Vía Campesina-, hombres, mujeres y niños que permanecemos en el lugar acompañando esta lucha. Decimos basta a las amenazas, a los desalojos, a la matanza de animales, a las topadoras porque no vamos a permitir que ni una planta más caiga, este monte es nuestra vida...", indicaron desde el MOCASE.
A la vez, precisaron que "a pesar de la vigilancia policial y lo ya constatado por la Dirección de Bosque y Fauna, en los últimos días, gente contratada por Orlando Canido, entró al territorio y se llevaron la leña y el carbón de manera ilegal. Por lo tanto, exigimos que esa carga aparezca y sea decomisada", señalaron.
"Lo que él hizo es seguir desmontando, seguir haciendo carbón, una vez que el plan fue paralizado. A raíz de eso, la Dirección de Bosques fue, hizo la respectiva constatación y mandó el secuestro de las maquinarias, que están paradas en este momento", agregó Vasallo.
FUEGO, TIROS Y PERSECUSIÓN
El 24 de septiembre de 2016, la comunidad guaycurú de Bajo Hondo, sufrió en carne propia todo el peso del grupo armado que habría sido enviado por el empresario Canido, según la denuncia del Mocase.
"La banda armada empezó a perseguir a las familias de la comunidad, que se tuvieron que refugiar en el monte con sus hijos e hijas, mientras veían cómo prendían fuego a las viviendas y a los vehículos", aseguraron desde la organización campesina.
En ese momento, el poblador Pedro Campos, de 46 años, nacido y criado en Bajo Hondo, al igual que sus padres y abuelos, recibió un balazo en una de sus piernas.
Después del fuego vino el ataque a los animales. "Mataron a 6 e hirieron a más de 14", contaron los vecinos. "Pasaron por el pozo, destruyeron el brocal y lo envenenaron nuevamente. E incluso atacaron a los dos policías que debían cuidar a las familias y que se encontraban en la orilla del campo", añadió el Mocase en un comunicado.
A la vez, señalaron que "había policía en el lugar, pero el ataque los sobrepasó, incluso les incendiaron a ellos la casilla que tenían para vigilancia".
Este hecho fue investigado por el juez de Crimen de 3º Nominación, Dr. Darío Alarcón.
LOS EX JUECES
Por otro lado, los campesinos denunciaron que "tenemos innumerables causas como imputados", las que recayeron en los exjueces Lucrecia Martínez Llanos, Ramón Tarchini Saavedra y Miguel Moreno. Los mismos magistrados que, el 3 de mayo de 2021, fueron condenados a 5 años de prisión por los delitos de defraudación calificada, prevaricato e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
"Eran los 3 jueces que perseguían con mayor vehemencia al Mocase - Vía campesina y que solían trabar todas nuestras denuncias cuando los compañeros las realizaban", explicaron desde el MOCASE:
"Gran parte de la trama burocrática era responsabilidad de estos jueces y sus instructores, quienes respondían directamente a los intereses de los empresarios", señalaron.
A la vez, indicaron que "estos jueces -funcionales al agronegocio- han perseguido a los poseedores de la tierra y productores de alimentos y no han hecho caso a las innumerables presentaciones de pronto despacho y avocamientos urgentes para agilizar la inactividad de estos jueces y sus instructores en las causas donde los campesinos son víctimas querellantes".
Previo a su condena, luego de su renuncia como magistrados, desde el movimiento campesino insistieron que su accionar "deja a las claras que no podemos seguir con una política criminal inquisitiva en la provincia".
DENUNCIA DE GREENPEACE
Con todo este contexto, no resulta extraño que Greenpeace también denunciara al fundador de "Manaos". Tal es así que indica que "desde hace una década, la familia Canido, dueños de la marca Manaos, viene deforestando en varias fincas en la provincia de Santiago del Estero, para desarrollo agropecuario, manteniendo conflictos con familias campesinas e indígenas".
En julio de 2023, Greenpeace bloqueó topadoras en un desmonte de más de 10.000 hectáreas realizado por la empresa, cerca de Nueva Esperanza, y en 2016 la organización los denunció por otro desmonte en otra finca.
"Ante la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, resulta fundamental proteger nuestros últimos bosques nativos. Es inaceptable que se siga avanzando con este gigantesco desmonte. Las topadoras de los dueños de Manaos ya arrasaron bosques en una superficie equivalente a media ciudad de Buenos Aires. Es un ecocidio que no debe continuar", señaló Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina.
En tal sentido, indicaron que las dos topadoras estaban arrasando los bosques de la estancia "Algarrobal Viejo", ubicada a 45 kilómetros de Nueva Esperanza, al noroeste de la provincia. Frente a ello, los activistas de la organización ecologista se interpusieron entre las topadoras y el bosque; y luego bloquearon su funcionamiento mediante la instalación de cepos en las palancas de manejo.
"Más desmonte implica más cambio climático, más desaparición de especies, más inundaciones, más desertificación, más enfermedades, más desalojos de campesinos e indígenas, y más pérdida de alimentos, maderas y medicinas. Destruir bosques es un crimen que debe convertirse en un delito penal", precisó Giardini.
"ESTÁN ARRASANDO LOS BOSQUES"
A mediados de agosto pasado, merced a la información obtenida a través de imágenes satelitales, Greenpeace nuevamente logró detectar el desmonte "al servicio de la familia Canido". En tal sentido señalaron que "están arrasando los bosques de una finca ubicada a 10 kilómetros de Quimilí, Santiago del Estero".
Frente a ello, activistas de la organización ecologista se movilizaron hasta el lugar y desplegaron un cartel con la leyenda: "Exceso de desmontes", junto al área recientemente deforestada.
"Es inaceptable la impunidad con la que se manejan los dueños de las gaseosas Manaos, y la complicidad de quienes autorizan desmontes por toda la provincia, violando la Ley Nacional de Bosques", afirmó Noemí Cruz, coordinadora de la Campaña de Bosques de Greenpeace Argentina. En tal sentido, indicó que "ante la grave crisis climática y de biodiversidad en la que nos encontramos, es clave proteger nuestros últimos bosques nativos".
Desde la entidad informaron que, según datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), entre 1990 y 2015, se deforestaron 96,9 millones de hectáreas en América Latina. Lo que implica la pérdida del hábitat de millones de especies que no pueden sobrevivir fuera de los bosques y selvas. Como la deforestación suele realizarse por el avance de la agricultura y la ganadería, esos cambios en el uso de suelo convierten esas tierras en áridas, sobre todo porque los árboles albergan dióxido de carbono que transforman en oxígeno, y su tala implica la liberación de grandes cantidades de este gas de efecto invernadero que contribuye a la crisis climática
Greenpeace asegura que "la situación es alarmante", pues "en los últimos 25 años, más de 2 millones de hectáreas de bosques nativos fueron arrasadas en la provincia". En tal sentido, precisaron que "la familia Canido, dueños de Manaos, ya ha destruido más de 12.000 hectáreas de bosque con permisos irregulares, afectando la biodiversidad y las comunidades campesinas e indígenas que habitan el territorio".
Por lo cual, Noemí Cruz enfatiza que "es urgente que estas acciones tengan condena y a la vez reforzar la conciencia en la sociedad sobre este crimen. Cada porción de bosque que se destruye es un daño irreversible en el Gran Chaco".
Con todo este contexto, la denuncia de la exAFIP podría convertirse en uno de los casos de evasión fiscal más relevantes de los últimos años, pues se trata de uno de los mayores procesos por evasión fiscal de los últimos años, un expediente que pondrá a prueba el poder de la justicia tributaria y la transparencia del entramado empresarial argentino.
Como si eso fuese poco, desde Greenpeace y MOCASE no tienen reparos a la hora de pararse frente a las topadoras para detener la destrucción de los bosques nativos, pues los campesinos y pueblos originarios continúan en su lucha para evitar que empresarios y terratenientes ocupen y los despojen de los territorios que habitan ancestralmente. Y Orlando Canido sería el peor de todos.
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