Sin dudas que el intrusismo en el ejercicio de las profesiones es una constante en el que los Colegios que representan los intereses de las diversas profesiones deben estar abocados permanentemente.
Transitan como abogados, médicos, notarios, ingenieros, psicólogos, etc., que no lo son, pero irrumpen abruptamente engañando bajo artilugios a una sociedad esperanzada en solucionar problemas muchas veces angustiantes y depositan su confianza, siendo los causantes de innumerables hechos delictivos tanto civiles y penales que, en muchos casos, no encuentran la solución o la reparación inmediata al daño que estos ocasionan.
La profesión del Corredor Inmobiliario no está exenta del intrusismo e inclusive es la más proclive a usurpar ese título por personajes habituados y con alguna experiencia en leyes y en el mercado inmobiliario, que le permiten introducirse y mostrarse como profesionales graduados sin siquiera haber pisado jamás un claustro universitario o haber participado de miles de capacitaciones o charlas que, a lo largo y ancho del país, se dan en Colegios y Cámaras que aglutinan a los Corredores. Pero, en casi todos los casos, su audacia -que no tiene límites- les permite apoderarse del dinero ajeno y terminando con el sueño de la casa propia en muchos casos.
Hoy, el llamado “agente inmobiliario” irrumpe ilegalmente en un mercado inmobiliario, generalmente a través de diversas franquicias, las cuales en muchas provincias están prohibidas, pero continúan instalándose y confundiendo a la sociedad en su incumbencia.
Por estas y otras situaciones similares el deber de los Colegios debe ser intervenir y denunciar en la justicia el ejercicio ilegal de la profesión, dejando al descubierto a quien indebidamente lo realiza. Inmediatamente debe hacer conocer a sus miembros colegiados y a la sociedad todos y cada uno de los casos en que intervino en defensa de sus matriculados, pues es obligación de estas entidades hacerlo.
La tibieza en la defensa del ejercicio profesional solo causa desazón, desesperanza y falta de confianza del matriculado para con su Colegio, situando, en muchos casos, a entidades cuyo solo objetivo de recaudar (a través de las matrículas y cuotas sociales) sin pensar en su deber primario. El no cumplirlo debería ser pasible también de acciones tanto civiles y penales por su inacción, pues el Estado -a través de leyes- le otorga a los Colegios la potestad de autorizar, regular y controlar el Corretaje Inmobiliario en las Provincia.
Pero no solo estamos de cara a un intruso que ejerce indebidamente una profesión, sino frente a un matriculado que terminó con el sueño de un ciudadano, apropiándose indebidamente de dinero o de bienes. Sin embargo, entre un Colegio inactivo que no condena, aunque más no sea provisoriamente, ese accionar y una justicia lenta en actuar y elevar a juicio, permite que este matriculado continúe su operar sin remordimiento alguno.
Para concluir, el profesional requiere de un Colegio fuerte, sin miedo y sin tibieza en la toma de decisiones, con autoridades comprometidas con la función para cual fueron elegidos y dispuestas a ejecutar enérgicamente el derecho en la defensa del ejercicio profesional y contra todo aquel matriculado o no que no cumpla con la Ley.
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