Lo ocurrido con Flávio Bolsonaro, luego de perder las elecciones presidenciales de Brasil frente a Luiz Inácio Lula da Silva, resulta casi en una novela de ficción política.
En apenas unas horas, quien había competido por la presidencia de su país pasó a convertirse en protagonista de una investigación penal, recibió una orden judicial que le impedía abandonar Brasil, salió de su territorio atravesando la frontera argentina y terminó abordando un avión privado con destino a Estados Unidos. La secuencia es llamativa. También lo es el momento en que se produjo.
La decisión judicial que restringió su salida de Brasil se conoció inmediatamente después de la derrota electoral, el 26 de octubre. La Policía Federal había solicitado medidas cautelares ante el Supremo Tribunal Federal, invocando el riesgo de que el senador abandonara el país. El ministro Alexandre de Moraes hizo lugar al pedido, ordenó cancelar sus pasaportes brasileños y le exigió entregar los documentos de otras nacionalidades que pudiera poseer.
El trasfondo no era una condena penal ni una sentencia firme. Flávio Bolsonaro estaba siendo investigado en actuaciones vinculadas con presuntas operaciones de lavado de activos y otras irregularidades financieras. Él y las personas involucradas negaban las acusaciones. Sin embargo, la cuestión política no puede separarse del contexto electoral.
Durante la campaña, Lula había formulado declaraciones particularmente duras contra la familia Bolsonaro y había advertido sobre las consecuencias judiciales que podían enfrentar sus integrantes, puntualmente lo hizo durante el último debate. En ese clima, la decisión de restringir la salida de Flávio inmediatamente después del resultado electoral alimentó inevitablemente las sospechas y las interpretaciones políticas.
Pero hay algo que debe quedar claro, las circunstancias temporales de una resolución judicial pueden ser objeto de cuestionamiento, pero no bastan por sí solas para demostrar que exista persecución política. Del mismo modo, la existencia de una investigación tampoco autoriza a anticipar culpabilidades.
Flávio Bolsonaro no tenía una condena, no estaba cumpliendo una pena ni existía, según los registros internacionales consultados por las autoridades argentinas, una orden de captura vigente en su contra, se encontraba investigado y sometido a una medida cautelar que le prohibía abandonar Brasil.
Son situaciones jurídicas diferentes y no deberían confundirse. Una persona investigada no es necesariamente imputada en sentido procesal estricto; una persona sometida a una investigación no es por ello procesada, condenada ni prófuga. Pero tampoco puede desconocerse que, en este caso, existía una orden judicial expresa de no abandonar el territorio brasileño.
Por eso, sería igualmente equivocado presentar su salida como un desplazamiento ordinario, desconociendo la restricción judicial que pesaba sobre él. Flávio Bolsonaro desobedeció una decisión de la Justicia de su país y consiguió abandonar Brasil. La propia Policía Federal brasileña informó que investigaba las circunstancias de ese incumplimiento. Pero también efectuó una precisión particularmente importante, la existencia de restricciones sobre los documentos de viaje no convertía, por sí sola, al senador en prófugo ni autorizaba automáticamente su detención, vigilancia permanente u otras medidas cautelares.
Esta aclaración no es menor, proviene precisamente del organismo que había solicitado las restricciones. La expresión «fuga» puede describir periodísticamente la salida de una persona que elude una prohibición judicial. Otra cosa es atribuirle automáticamente la condición jurídica de prófugo o sostener que cualquier persona que haya intervenido en su desplazamiento cometió un delito. El derecho penal exige algo más que una secuencia de acontecimientos sospechosos, exige conductas concretas, adecuación típica y acreditación de los elementos de responsabilidad.
El 27 de octubre, Flávio Bolsonaro ingresó a la Argentina por el puente internacional Tancredo Neves, en Puerto Iguazú, acompañado por su esposa y sus dos hijas. Según los registros de la Dirección Nacional de Migraciones, el ingreso se produjo a las 22.37 y la salida, mediante un vuelo privado con destino a Ecuador, quedó registrada a las 23.52. Desde allí continuó su viaje hacia Estados Unidos.
El episodio desató una controversia política inmediata. Algunos legisladores nacionales comenzaron a hablar de encubrimiento, colaboración con una fuga y eventual responsabilidad de funcionarios argentinos. La pregunta es inevitable: ¿en qué se sustentarían esas imputaciones?
La Argentina integra el MERCOSUR y participa de un sistema regional que reconoce documentos de identidad válidos para la circulación de personas entre sus Estados miembros y asociados. Pero la cuestión documental no agota el problema. Lo determinante es establecer si existía algún impedimento jurídico que las autoridades argentinas estuvieran obligadas a ejecutar.
Y aquí aparece un dato central, la prohibición de abandonar Brasil no se transforma automáticamente en una orden de detención ejecutable en la Argentina. Para que nuestras autoridades pudieran restringir la libertad de una persona por requerimiento de otro Estado deben existir los instrumentos jurídicos correspondientes, de acuerdo con los tratados de cooperación, las normas de extradición y los mecanismos internacionales aplicables.
No alcanza con que un juez extranjero haya dispuesto una medida cautelar dentro de su propia jurisdicción, tampoco basta con que un organismo policial de otro país conozca la existencia de una investigación.
La información posterior fue contundente, Interpol comunicó que no registraba órdenes de captura vigentes contra Flávio Bolsonaro, en consecuencia, y como era de esperar, la Fiscalía Federal de Puerto Iguazú, luego de requerir los informes correspondientes a Migraciones e Interpol, archivó la denuncia por presuntas irregularidades migratorias y por el supuesto incumplimiento de medidas cautelares extranjeras, consideró que no se había configurado delito alguno en esa jurisdicción.
Es decir, no estamos solamente ante una interpretación política del Gobierno argentino, existe una actuación del Ministerio Público Fiscal que examinó los hechos y concluyó que no había elementos para sostener la hipótesis delictiva en Puerto Iguazú. Esto no significa que toda controversia haya quedado definitivamente cerrada, puesto que otra denuncia continuaba tramitándose en la Ciudad de Buenos Aires. Pero sí impide presentar como un hecho demostrado que las autoridades argentinas hayan cometido encubrimiento.
Si algún funcionario hubiera colaborado deliberadamente para frustrar una orden judicial internacional jurídicamente ejecutable, la situación sería distinta. Pero esa hipótesis requiere pruebas. No puede construirse a partir de la sola circunstancia de que un dirigente investigado haya ingresado al país y continuado su viaje.
En este debate también apareció la comparación con Evo Morales, cuya permanencia en la Argentina fue recibida favorablemente por el gobierno de Alberto Fernández, que le concedió asilo político en diciembre de 2019 y posteriormente reconoció su condición de refugiado. La referencia merece ser considerada porque plantea una cuestión que atraviesa nuestra historia política: ¿los principios jurídicos se aplican de manera uniforme o dependen de la identidad ideológica de quienes necesitan protección?
Cuando se trata de un dirigente cercano a determinado espacio ideológico, se invocan la protección internacional, la solidaridad política y las garantías individuales. Cuando el protagonista pertenece al sector adversario, aparecen rápidamente las acusaciones de complicidad, encubrimiento o facilitación de una fuga.
No se trata de afirmar que ambos episodios sean jurídicamente idénticos. No lo son. Se trata de exigir que los mismos principios de legalidad, debido proceso y respeto por las garantías individuales sean aplicados sin distinciones partidarias. La vara del Estado de derecho no puede modificarse según quién sea el beneficiario de sus garantías. Pero existe una dimensión todavía más importante que las circunstancias personales de Flávio Bolsonaro, el futuro de la relación entre Argentina y Brasil.
Brasil es nuestro principal socio comercial, un destino fundamental de nuestras exportaciones y un interlocutor imprescindible para el desarrollo del MERCOSUR, compartimos una extensa frontera, vínculos culturales, históricos, familiares, económicos y sociales que se han construido durante generaciones. Nuestras industrias están profundamente vinculadas. El comercio bilateral, la integración energética, la cooperación fronteriza y los proyectos de infraestructura no pueden quedar sujetos a los desencuentros personales entre los presidentes.
Las diferencias entre Javier Milei y Lula da Silva son evidentes. Sus concepciones económicas, políticas e ideológicas responden a miradas diferentes, en algunos aspectos contrapuestas, pero ninguna de esas diferencias debería convertirse en un obstáculo para sostener una relación estratégica.
El episodio de Flávio Bolsonaro puede introducir un nuevo elemento de tensión. Lula podría interpretar la salida de su adversario político a través de la Argentina como un gesto de colaboración del gobierno de Milei. Del otro lado, el Gobierno argentino puede considerar que las acusaciones de encubrimiento constituyen una utilización política de un procedimiento migratorio que se ajustó a las normas vigentes. En cualquiera de los dos casos, la diplomacia deberá evitar que una controversia individual se transforme en un conflicto entre Estados.
La Argentina no puede desconocer sus obligaciones de cooperación judicial, pero tampoco puede ejecutar automáticamente decisiones extranjeras que no reúnen los requisitos legales para producir efectos en nuestro territorio. Y Brasil debe comprender que la relación bilateral no puede depender de la afinidad política que exista entre sus respectivos presidentes.
Hay una enseñanza institucional que deja este episodio, el Estado de derecho se demuestra, fundamentalmente, cuando sus garantías deben reconocerse a quienes no comparten nuestras ideas, a quienes pertenecen a otro espacio político y a quienes son objeto de investigaciones que despiertan fuertes controversias sociales.
Si Flávio Bolsonaro incumplió una orden judicial brasileña, deberá responder por ello ante las autoridades competentes de su país, sin lugar a dudas, si existió alguna irregularidad en la actuación de funcionarios argentinos, deberá investigarse; ahora bien, si la Fiscalía determinó que no hubo delito en el procedimiento migratorio de Puerto Iguazú, tampoco corresponde seguir sosteniendo una imputación como si se tratara de una verdad demostrada.
La Justicia no puede convertirse en una prolongación de la disputa electoral. Y el derecho penal no debe ser utilizado para satisfacer expectativas de revancha política. La Argentina no tiene que elegir entre Lula y Bolsonaro. Tiene que elegir entre el respeto por sus instituciones y la subordinación de sus decisiones a las disputas ideológicas de la coyuntura. Porque Brasil no es simplemente el país gobernado hoy por Lula, del mismo modo que Argentina no es solamente el país gobernado hoy por Milei.
Son dos naciones que tienen una historia compartida y un destino regional que no puede quedar condicionado por la suerte judicial de un dirigente ni por las diferencias personales de sus mandatarios.
Julio César Coronel
Más Leídas
