Lo que comenzó con la denuncia de una empresa agropecuaria de La Banda contra una contadora terminó convirtiéndose en una investigación judicial que suma nuevos denunciantes, operaciones por cifras millonarias, poderes generales de administración, créditos bancarios y una profesional con pedido de detención.
Durante años nadie dudó de ella. Era quien conocía cada detalle de la situación impositiva de la empresa, administraba la documentación contable, realizaba trámites ante organismos públicos, hablaba con los bancos, negociaba con proveedores y disponía de amplias facultades otorgadas mediante poderes generales.
En el mundo empresarial, especialmente en el agro, esas responsabilidades suelen recaer en personas de extrema confianza, pues las operatorias cotidianas exige rapidez para lograr créditos, compras de maquinaria, gestiones fiscales, transferencias, contratos, escrituras. Por eso no resulta extraño que muchas empresas deleguen esas funciones en profesionales externos.
Sin embargo, cuando esa confianza se rompe, las consecuencias pueden ser devastadoras. Eso es precisamente lo que intenta determinar la justicia santiagueña en torno a la contadora Nora Isabel Villarroya, quien hoy se encuentra con pedido de detención y es investigada por una presunta maniobra que habría ocasionado perjuicios económicos superiores a los cinco mil millones de pesos.
La investigación, que comenzó con una denuncia presentada por integrantes de la firma agropecuaria DEJDE S.R.L., no solo continúa avanzando, sino que comenzó a ampliarse con la aparición de nuevos denunciantes que describen mecanismos similares.
Mientras tanto, la mujer rompió el silencio, rechazó cada una de las acusaciones y sostiene que todo cuanto hizo estuvo amparado por poderes plenamente vigentes y dentro de la legalidad.
Entre ambas posiciones se mueve ahora una investigación que recién empieza.
AMPLIOS PODERES
La historia comenzó a tomar forma pública el 1 de julio, cuando el juez de Control y Garantías Héctor José María Salomón ordenó la detención de Villarroya, a pedido de la fiscal Celia Mussi.
La denuncia había sido presentada por Ángela Sánchez, integrante de DEJDE S.R.L., una empresa vinculada al sector agropecuario radicada en La Banda. Su actividad principal es el cultivo de algodón en la ciudad de Clodomira.
Al parecer, la contadora entró en escena hace más de una década, cuando fue requerida por uno de los socios de la firma llegó a su estudio a raíz de una inhibición de bienes, surgida por una presunta defraudación a la ANSES, que ella se encargó de solucionar a través de sus conocimientos técnicos en la materia.
La presentación judicial indica que, en esa oportunidad, la empresa le había otorgado a Villarroya un amplio poder de administración que le permitía actuar en representación de la sociedad comercial, que ella misma se habría encargado de establecer. No se trataba únicamente de tareas contables.
Según los denunciantes, la profesional administraba prácticamente toda la estructura documental, fiscal y financiera de la firma. Con esas facultades habría gestionado operaciones cuya legitimidad es materia de investigación del Ministerio Público Fiscal.
De igual manera, desde la empresa sostienen que durante más de ese período se habrían realizado ventas de bienes, transferencias patrimoniales y préstamos bancarios que nunca fueron autorizados por los verdaderos titulares.
Sin embargo, con el paso de los años, la profesional se habría excedido en sus funciones, en detrimento de la entidad comercial.
Las sospechas comenzaron cuando la profesional dejó de responder llamados telefónicos, mensajes y requerimientos de información. La empresa decidió entonces revocar los poderes mediante carta documento. Pero ya era tarde.
Poco después comenzaron a llegar intimaciones bancarias reclamando el pago de importantes créditos.
LAS DUDAS
Según la denuncia judicial, el desconcierto fue creciendo a medida que los propietarios comenzaron a reconstruir la situación financiera de la empresa.
Allí habrían descubierto operaciones que, aseguran, desconocían completamente. Entre ellas, aparecen créditos bancarios por importantes sumas de dinero, la venta de un inmueble ubicado en Córdoba y la transferencia de una cosechadora valuada en alrededor de 900 millones de pesos.
Todo ello forma parte del expediente que hoy analiza el Departamento de Delitos Económicos, bajo el seguimiento de la fiscal Celia Mussi.
La hipótesis inicial sostiene que esas operaciones se habrían realizado aprovechando los poderes generales otorgados por la empresa. Sin embargo, esa afirmación todavía deberá ser corroborada mediante documentación, pericias y declaraciones testimoniales.
EL VALOR DE UN PODER
Uno de los aspectos más interesantes del expediente no tiene que ver únicamente con los montos investigados sino con la herramienta jurídica utilizada.
En el ámbito empresarial es frecuente otorgar poderes amplios para facilitar la administración cotidiana. Esos instrumentos permiten al apoderado representar legalmente a una persona o empresa para realizar múltiples actos jurídicos.
Sin embargo, la existencia de un poder no convierte automáticamente en legítima cualquier operación. La Justicia deberá establecer si las facultades conferidas alcanzaban para realizar cada una de las operaciones cuestionadas y, sobre todo, si existió abuso de esa representación.
En términos jurídicos, la diferencia entre administrar correctamente y administrar en perjuicio del representado puede ser la que determine la existencia -o no- de una administración fraudulenta.
ALLANAMIENTOS Y UNA BÚSQUEDA QUE CONTINÚA
Con los primeros elementos reunidos, la fiscal Mussi solicitó la detención de Villarroya, ya que el presunto fraude realizado por Villarroya superaría los mil millones de pesos y se estima que podría elevarse a más de cinco mil millones.
Por su parte, la defensa, encabezada por el abogado Manuel Francisco Zavalía, pidió la eximición de prisión, medida que fue rechazada por el juez Salomón.
Mientras tanto, efectivos policiales realizaron allanamientos en distintos domicilios, incluso en un edificio de calle Misiones. No lograron encontrarla. Desde entonces permanece con pedido de captura.
Días después, la propia denunciante aportó a la Justicia dos posibles domicilios donde podría encontrarse oculta. Además, identificó a personas que, según la hipótesis acusatoria, podrían haber colaborado en algunas de las operaciones investigadas.
Es más, se especulaba que Villarroya sería una falsa contadora pues no se encuentra matriculada en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero, entidad que aglutina a los profesionales del sector y que les proporciona la correspondiente matrícula para ejercer su labor,
LA OTRA HISTORIA
Aunque Nora Villarroya se encuentra en calidad de prófuga para la justicia santiagueña, decidió hablar públicamente y tratar de desligarse de todas las acusaciones en su contra.
Así fue que mantuvo una entrevista periodística con el diario local, donde negó cada uno de los hechos que la señalaban como presunta autora de maniobras fraudulentas.
Su primera respuesta apuntó a una cuestión que había comenzado a instalarse en la opinión pública. "No es cierto que no sea contadora", afirmó. Sostuvo ser egresada de la Universidad Católica de Santiago del Estero y exhibió su título profesional.
Luego dirigió el eje de su defensa hacia el funcionamiento interno de DEJDE S.R.L. En tal sentido, aseguró que todas las operaciones cuestionadas fueron realizadas en ejercicio de poderes que jamás le fueron revocados formalmente. También afirmó que nunca vendió bienes para beneficio propio.
Según su versión, cada operación tuvo como finalidad cancelar deudas que la empresa mantenía con proveedores y entidades financieras. "No vendí bienes; pagué deudas", resumió.
La profesional fue todavía más lejos. Responsabilizó directamente a uno de los socios de la empresa por la situación económica de la firma. Según explicó, durante los últimos años ese empresario habría adquirido numerosos campos, maquinaria agrícola y otros bienes, generando un fuerte endeudamiento.
Incluso aseguró haberse negado a firmar nuevos créditos porque entendía que la empresa ya no tenía capacidad financiera para afrontarlos.
UN ANTECEDENTE IMPENSADO
Cuando la causa parecía circunscribirse al conflicto entre la firma agropecuaria DEJDE S.R.L. y quien durante años administró sus asuntos contables y financieros, apareció un dato que amplía el horizonte de la investigación judicial.
Antes de que la empresa presentara la denuncia que derivó en el pedido de detención de Nora Villarroya, ya existía otro expediente abierto en el Ministerio Público Fiscal.
Según trascendió, una médica había denunciado a la profesional en diciembre del año pasado por una maniobra que presenta características similares a las que hoy analiza la fiscal Celia Mussi.
De acuerdo con esa presentación, la denunciante le habría otorgado acceso a herramientas de administración tributaria y bancaria para que gestionara sus obligaciones impositivas y financieras. Con el paso del tiempo comenzó a detectar movimientos de dinero que, según sostuvo ante la Justicia, fueron realizados bajo el argumento de cancelar impuestos y otras obligaciones, pero que terminaron ocasionándole un importante perjuicio económico.
Si bien ambos expedientes son independientes, los investigadores comenzaron a analizar si existe un patrón de conducta que permita establecer vínculos entre ambos hechos.
Las sospechas giran alrededor de un mecanismo que tendría varios puntos en común: el otorgamiento de facultades de administración, el acceso a claves fiscales y cuentas bancarias, y la realización de operaciones financieras que, según los denunciantes, excedían las autorizaciones conferidas.
Por ahora no existe una conclusión judicial al respecto. Sin embargo, la aparición de este antecedente representa un elemento de interés para la investigación porque podría permitir reconstruir si se trató de hechos aislados o de una metodología repetida.
TRES NUEVAS DENUNCIAS
A ese antecedente se sumó otro dato que también comenzó a preocupar a los investigadores: tres nuevas denuncias en contra de Villarroya
Si bien la causa parecía concentrarse en la denuncia presentada por los responsables de la firma agropecuaria DEJDE S.R.L., un nuevo elemento modificó el escenario judicial. En las últimas horas, tres nuevos agricultores se presentaron ante la División de Delitos Económicos de la Policía de Santiago del Estero para denunciar haber sido víctimas de maniobras similares a las que se investigan en el expediente principal.
De acuerdo con las primeras actuaciones, los nuevos denunciantes sostienen que habrían otorgado poderes de representación a Nora Isabel Villarroya para la realización de distintos trámites administrativos y financieros vinculados con sus actividades productivas. Según su versión, esas facultades habrían sido utilizadas posteriormente para gestionar operaciones crediticias y otros actos patrimoniales que les ocasionaron importantes perjuicios económicos.
De acuerdo con las primeras informaciones judiciales, describen un mecanismo semejante:
-Otorgamiento de poderes.
-Administración integral.
-Gestión de préstamos.
-y posteriores perjuicios económicos.
La incorporación de estas nuevas denuncias representa un punto de inflexión para la investigación encabezada por la fiscal Celia Mussi, ya que abre la posibilidad de que no se trate de un conflicto aislado entre una profesional y una empresa, sino de una modalidad de actuación que podría haberse repetido con distintos productores del medio.
Precisamente, una de las principales líneas de trabajo de los investigadores consiste en determinar si todos los casos presentan un mismo patrón operativo. Para ello, los especialistas en Delitos Económicos comenzaron a comparar la documentación aportada por los distintos denunciantes, especialmente los poderes otorgados, las operaciones bancarias realizadas, los créditos gestionados y la eventual intervención de terceros.
De confirmarse la existencia de un mecanismo común, la causa podría adquirir una dimensión mucho mayor a la inicialmente planteada, tanto por el número de presuntos damnificados como por el volumen económico involucrado.
¿MECANISMO REITERADO?
Hasta hace pocos días, el expediente parecía girar exclusivamente alrededor del enfrentamiento entre la firma agropecuaria DEJDE SRL y quien durante años administró su estructura contable y financiera.
La defensa de Nora Villarroya procuró instalar que el caso debía interpretarse como un conflicto derivado del manejo económico de la empresa, con responsabilidades compartidas entre los propios socios y decisiones comerciales tomadas en un contexto de fuerte endeudamiento. Sin embargo, la incorporación de nuevas denuncias modificó sustancialmente ese escenario.
Tres productores agropecuarios acudieron al Departamento de Delitos Económicos denunciando haber sido víctimas de maniobras prácticamente idénticas a las que describió la empresa bandeña.
Según trascendió de la investigación, todos relataron haber otorgado poderes de representación para realizar gestiones administrativas y financieras vinculadas con sus explotaciones rurales. Posteriormente —afirman— esas facultades habrían sido utilizadas para gestionar créditos bancarios y realizar operaciones patrimoniales que terminaron generándoles importantes perjuicios económicos.
La reiteración de ese esquema comenzó a llamar la atención de los investigadores.
Ya no se trataría únicamente de determinar qué ocurrió dentro de una empresa, sino de establecer si existió una modalidad de actuación que pudo haberse repetido con distintos clientes.
Para la fiscalía, ese aspecto podría convertirse en uno de los ejes centrales de la investigación.
UN CASO QUE INTERPELA
Más allá del proceso penal, el expediente deja al descubierto una realidad poco conocida fuera del mundo empresarial. Las explotaciones agropecuarias manejan créditos permanentes, maquinaria de altísimo valor, operaciones comerciales continuas y grandes extensiones de tierra.
Para agilizar esas gestiones, muchas veces concentran buena parte de la administración en un profesional de absoluta confianza. Eso permite agilizar el funcionamiento diario. Pero también implica riesgos enormes cuando desaparecen los mecanismos internos de control.
En ese punto, el caso Villarroya trasciende la historia personal de sus protagonistas.
Obliga a preguntarse cómo administran sus empresas muchos productores rurales, qué controles internos existen sobre quienes manejan documentación sensible y hasta dónde puede delegarse una representación legal.
LAS PREGUNTAS ABIERTAS
Mientras la búsqueda de Villarroya continúa y la Justicia incorpora nuevas pruebas, todavía quedan numerosos interrogantes sin respuesta. El principal: ¿Cuál es el verdadero monto del perjuicio económico?
Por otro lado, se preguntan si existieron realmente operaciones irregulares o todas fueron realizadas dentro de las facultades otorgadas.
Otras preguntas abiertas son las siguientes: ¿Hubo otras personas involucradas? ¿Cuántos productores podrían resultar finalmente damnificados?
Las respuestas llegarán con el avance del expediente. Por ahora, el caso ya dejó una enseñanza que trasciende los tribunales: en el mundo de los negocios, la confianza es un activo indispensable. Pero cuando esa confianza se deposita sin controles suficientes, puede convertirse también en el origen de los conflictos más difíciles de resolver.
HIPÓTESIS REFORZADA
De acuerdo con la información difundida hasta el momento, todos los casos tendrían un punto de partida común: la firma de poderes o autorizaciones para realizar gestiones administrativas, que posteriormente habrían sido utilizados para tramitar créditos bancarios y concretar distintas operaciones financieras que derivaron en importantes deudas para las víctimas.
La fiscalía intenta determinar ahora si esos episodios responden a un mismo esquema operativo y si detrás de las distintas denuncias existe una metodología reiterada.
La incorporación de nuevos damnificados podría modificar sustancialmente el alcance del expediente, ya que permitiría evaluar si se está frente a una serie de hechos independientes o ante una presunta modalidad de actuación sostenida en el tiempo.
Con la incorporación de nuevos denunciantes, el desafío de la investigación dejó de ser exclusivamente reconstruir operaciones financieras. Ahora intenta responder una pregunta mucho más amplia: ¿Existió un mismo mecanismo aplicado sobre distintas personas?
Los investigadores comenzaron a comparar poderes generales, movimientos bancarios, créditos obtenidos, transferencias patrimoniales y documentación fiscal correspondiente a cada uno de los casos.
Si esas coincidencias logran acreditarse, el expediente podría dejar de ser interpretado como una suma de conflictos individuales para convertirse en la investigación de un presunto esquema sistemático de defraudación.
Ese es, probablemente, el punto que marcará el rumbo del proceso judicial durante los próximos meses.
Mientras la Justicia intenta localizar a Nora Villarroya y sumar nuevas pruebas al expediente, la causa parece haber dejado atrás su etapa inicial. Lo que comenzó como la denuncia de una empresa agropecuaria por operaciones que consideró irregulares hoy se transformó en una investigación de mayor alcance, con nuevos denunciantes, antecedentes que empiezan a emerger y una hipótesis que gana terreno entre los investigadores: la posible existencia de un mismo mecanismo aplicado sobre distintos clientes.
Será la prueba documental, las pericias y los testimonios los que determinen si esas semejanzas responden a simples coincidencias o si forman parte de una modalidad delictiva sostenida en el tiempo. Hasta entonces, el expediente sigue creciendo, mientras también aumenta el número de interrogantes.
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