Fue un 9 de diciembre de 1985 cuando la Cámara Federal con sede en Buenos Aires dictó la sentencia condenatoria a los ex integrantes de las Juntas Militares, concluyendo en la reclusión perpetua de Jorge Rafael Videla y Emilio Eduardo Massera, mientras que a Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti les correspondió 17, 8 y 4 años de prisión respectivamente.
¿Pero que significó en realidad y para la historia el juicio a las Juntas Militares?
Fue un hito jurídico, que marcó un precedente en la lucha contra la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por las dictaduras militares.
No cabe ninguna duda que el juicio en sí fue un claro ejemplo de valentía, dignidad y democracia, que demostró que era posible juzgar y condenar a los responsables de gravísimas violaciones a los derechos humanos sin necesidad de recurrir a la venganza ni a la violencia.
Como tal, fue también un acto de verdadera justicia que contribuyó a fortalecer el Estado de derecho, el respeto a los derechos humanos y la convivencia pacífica en el país.
Se constituyó en el primer juicio que era llevado a cabo por un gobierno democrático a los responsables de una
dictadura que había dejado miles de víctimas de violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y robo de bebés.
Pero también fue, desde lo estrictamente legal, el primer juicio en el que se aplicó el concepto de genocidio para calificar los delitos cometidos por el terrorismo de Estado, entendiendo que se trató de un plan sistemático para eliminar a un grupo nacional por motivos políticos, ideológicos o sociales.
Para abordarlo fue necesario contar con el coraje y el carácter cívico esbozado por el primer presidente de la novel democracia, don Raúl Alfonsín, quien creó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, conformado por un grupo de personalidades notables con variada procedencia tanto profesional como confesional y que derivó en un informe denominado “Nunca Más” que recogió miles de testimonios y pruebas sobre las atrocidades cometidas por la dictadura y fue el gran sustento del juicio.
Es a partir de esta gesta colectiva que se pudo lograr instaurar en el país las bases sólidas de la recuperación de la memoria, la verdad y la justicia en Argentina, así como para la reparación de las víctimas y sus familiares.
A su imagen y semejanza, otros procesos judiciales fueron impulsados y llevados adelante en otros países donde las dictaduras habían asolado a sus pueblos y fue tomado como un modelo vívido para el caso de la propia Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.
Memoria, verdad y justicia fueron alcanzados, ya estamos en otra época, ya los responsables del genocidio perpetrado fueron hallados culpables. Quedó pendiente reconocer a las víctimas de la otra parte de la contienda, muchos de ellos civiles inocentes, pero el tiempo cura las heridas y es hora de reconciliar y dejar atrás el lúgubre pasado.
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