Tres mecanismos que están llevando a la extinción de los derechos de las personas con discapacidad La llamada emergencia en discapacidad no es simplemente una consecuencia del ajuste económico. Se trata de un mecanismo intencional y sistemático que, desde el accionar del Estado Nacional, está conduciendo a la extinción progresiva de derechos fundamentales de la comunidad con discapacidad.
Este proceso se manifiesta en tres comportamientos concretos impulsados desde el Gobierno, que afectan directamente la vida cotidiana de miles de personas en todo el país.
1. Dificultades para certificar la discapacidad
El primer paso para acceder a los derechos que otorga el Certificado Único de Discapacidad (CUD) es, justamente, certificar la discapacidad.
Este trámite, que solía ser ágil y accesible, hoy se ve obstaculizado por requisitos excesivamente específicos respecto a los profesionales habilitados para completarlo. En muchas localidades no hay neurólogos especializados en la esfera pública, lo que vuelve el proceso virtualmente imposible.
Un ejemplo concreto: en la provincia de Santa Fe, muchas personas deben trasladarse a Córdoba para acceder a un especialista, pero luego Córdoba no acepta tramitar el CUD a quienes no tienen domicilio allí.
El resultado: el certificado no se emite y, por ende, los derechos no se reconocen.
2. Demoras y auditorías en las prestaciones básicas
Aun logrando obtener el CUD, los derechos que este habilita—como el acceso a la obra social Incluir Salud y a la pensión no contributiva—están siendo desfinanciados y condicionados mediante mecanismos dilatorios y excluyentes.
Actualmente hay más de un año y medio de atraso en el acceso a Incluir Salud, por ejemplo y se realizan auditorías masivas que dificultan su renovación o acceso a pensiones.
En algunos casos, se cita a cientos de personas el mismo día y a la misma hora, sin considerar su movilidad o si han sido correctamente notificadas. Esto provoca la pérdida automática de beneficios, afectando derechos esenciales como la salud, el transporte y la alimentación.
3. Desfinanciamiento del sistema de prestaciones
El tercer comportamiento crítico es el no aumento de los aranceles para las prestaciones básicas destinadas a personas con discapacidad. Durante octubre, noviembre y diciembre de 2024, los incrementos fueron del 1.2%, 0.8% y 0.5%, respectivamente—muy por debajo de la inflación.
Esto genera una migración de profesionales hacia el ámbito privado, dejando a las personas con discapacidad sin atención o con atención insuficiente.
Las instituciones especializadas, además, se encuentran al borde del colapso económico, lo que pone en riesgo la continuidad del servicio.
Conclusión
Estos tres mecanismos—la imposibilidad de certificar, la suspensión de beneficios y la precarización del sistema—conforman una acción dolosa y sistemática del Estado Nacional, que amenaza con extinguir los derechos y la visibilidad de la comunidad con discapacidad en Argentina.
Estemos atentos. Visibilicemos. Actuemos. Tenemos la responsabilidad de socializar esta realidad. ( Dr. Juan Cruz San Martín Macia - abogado especialista en discapacidad).
Sobre el Comunicado sobre la Ley de Emergencia en Discapacidad
La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) manifiesta su enérgico rechazo al proyecto de Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por un sector de la oposición en la Cámara de Diputados. Se trata de una iniciativa regresiva, que apela a un modelo asistencialista que ya fracasó, desatiende los estándares internacionales y posterga la verdadera inclusión.
La Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y el modelo social promueven la vida independiente y la eliminación de barreras que perpetúan desigualdades. Las personas con discapacidad no buscan una asistencia pasiva, económica y permanente, sino políticas públicas que garanticen inclusión plena en todos los ámbitos: laboral, educativo, deportivo y social. El proyecto va en la dirección contraria.
Lejos de plantear soluciones sostenibles, esta propuesta multiplica promesas sin una sola mención a cómo se financiarían. Ampliar masivamente el alcance de pensiones o el valor de las prestaciones, sin indicar de dónde saldrán los recursos, es irresponsable. Además, quienes hoy impulsan esta supuesta emergencia son los mismos que durante la gestión anterior generaron atrasos en los valores de las prestaciones, desfinanciaron al sistema y permitieron utilizar las pensiones por invalidez para hacer política, sin importar que de esa manera perjudicaban a quienes sí realmente lo necesitaban.
Los números hablan por sí solos: en 2003 había 80.000 pensiones por invalidez; en 2023, esa cifra superaba el 1.250.000. La gestión anterior flexibilizó los criterios de otorgamiento mediante decretos y resoluciones, habilitando el acceso a beneficios a personas que no cumplían con los requisitos médicos ni socioeconómicos. Al mismo tiempo, dejaron caer el valor real de las prestaciones: mientras la inflación en 2023 fue del 211,4%, los aranceles solo crecieron un 93%.
En cambio, este gobierno comenzó a ordenar el sistema y a auditar pensiones mal otorgadas. Es justamente ese trabajo el que permitirá recuperar recursos genuinos y destinarlos a quienes realmente los necesitan. Frenar esta tarea con un proyecto inconsistente no resolvería los problemas: los agravaría.
Desde el inicio de la actual gestión, la ANDIS ha concentrado sus esfuerzos en reestructurar el organismo, erradicar el asistencialismo sin control y promover políticas públicas que respondan a las verdaderas necesidades de las personas con discapacidad y sus familias: la inclusión. Se está trabajando en el desarrollo de acciones concretas, basadas en evidencia y articuladas con todos los niveles del Estado, que incluyan la detección temprana de las realidades enfrentadas por este grupo, garantizando así soluciones efectivas que promuevan una vida más plena.
• Implementación de programas del Fondo Nacional para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (FONADIS), que otorgan financiamiento a emprendedores con discapacidad, y promueven la contratación en el sector privado.
• Capacitaciones en el sector público y privado sobre discapacidad, inclusión laboral y educativa.
• Asistencia técnica a las jurisdicciones en materia de inclusión, especialmente en el sistema educativo.
• Mejora sostenida de los valores prestacionales: en 2024 el aumento acumulado fue del 99%, frente a una inflación del 117,8%, revirtiendo la tendencia heredada.
La ANDIS reafirma su compromiso con la promoción de políticas inclusivas que permitan a las personas con discapacidad acceder a las mismas oportunidades que el resto de la población. Es fundamental avanzar hacia un modelo que priorice la autonomía y la dignidad de las personas con discapacidad, asegurando que sus derechos sean respetados y protegidos en todos los ámbitos de la sociedad.
Por Dr. Juan Cruz San Martín Macia .
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