El Día del Trabajador de este año se celebró en un contexto de profundos cambios políticos, económicos y sociales.
Mientras el país intenta salir de una larga una crisis económica, el gobierno de Milei impulsa una serie de reformas laborales que buscan modificar las condiciones de trabajo y los derechos de los trabajadores, lo que ha generado un amplio debate en la sociedad argentina.
Las reformas impulsadas por el presidente pueden ser vistas como una respuesta a la necesidad de flexibilizar el mercado laboral y mejorar la competitividad, pero también han sido fuertemente criticadas por los sindicatos, que consideran que estas medidas podrían perjudicar gravemente los derechos laborales y profundizar la precarización del trabajo.
Pero el interrogante a despejar sería entonces ¿Qué derechos laborales se perjudicarían con estos cambios?
A decir verdad, el empleo formal no crece en la Argentina hace años, la pauperación del empleo registrado es notable y la informalidad implica a la mayoría de los trabajadores, incluso el Estado llegó a tener entre sus finales a personas no “formalizadas” o con trabajos precarios.
Por lo demás, los salarios son, a duras penas, de supervivencia, porque no alcanzan a sufragar los gastos mínimos que necesita una persona para vivir y mantener dignamente a su familia.
Entonces, si lo que existió hasta acá no resolvió los problemas de falta empleo y precarización laboral, por qué se afirma sin ningún prurito que los cambios aparejan más problemas y ningún beneficio.
El presidente Javier Milei impulsa una serie de reformas laborales que podrían transformar radicalmente el panorama del trabajo en el país.
Al inicio de su mandato perfiló su pensamiento en materia de política laboral, de la lectura del entonces Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) Número 70, se proponían cambios sustanciales en la legislación laboral, generando un amplio debate sobre sus implicancias.
Obviamente que lo que se persigue desde el oficialismo es un cambio de paradigma, planteando una serie de medidas orientadas a flexibilizar las normativas laborales, argumentando que las reformas son necesarias para mejorar la competitividad y la productividad del país, que atraviesa una sempiterna crisis económica que no genera trabajo.
En este sentido, todo lo que promueve el gobierno son modificaciones en la relación laboral y en las condiciones de despido, dos pilares fundamentales de la legislación laboral argentina.
Uno de los cambios más controvertidos es la reducción de las indemnizaciones por despido, medida que ha generado una fuerte resistencia entre los sindicatos y organizaciones de trabajadores.
La idea es que las indemnizaciones se vean reducidas al eliminar ciertos ítems sobre los cuales se calculaba la liquidación.
Además, se busca que en los convenios colectivos de trabajo se sustituya la indemnización por un “fondo de cese laboral”, similar al que se utiliza en el gremio de la construcción, lo que, según sus detractores, podría significar una merma en los derechos laborales de los trabajadores.
A decir verdad, si para el todopoderoso gremio que dirige Gerardo Martínez resulta beneficioso este fondo, por qué no puede replicarse hacia el resto de los trabajadores.
Para los defensores de estas reformas, la reducción de las indemnizaciones busca desincentivar los despidos arbitrarios y alentar la contratación de nuevos empleados, en un contexto de elevada inflación y desempleo.
Sin embargo, los sindicatos y la oposición kirchnerista advierten que este tipo de medidas afecta gravemente a los trabajadores más vulnerables, dejándolos desprotegidos ante despidos injustificados y sin compensaciones adecuadas.
Nuevamente uno se pregunta, ¿no están hoy desprotegidos? En todo caso, qué le decimos a los desempleados, a los trabajadores informales, o a los trabajadores precarizados, seguimos igual que como venimos de España.
Otro aspecto relevante de la política laboral de Javier Milei es la ampliación de las actividades consideradas “esenciales” y de “importancia trascendental”.
Estos sectores deberían garantizar como mínimo un 75% o un 50% de la prestación normal del servicio, respectivamente. Para muchos especialistas, esta medida implica una restricción del derecho a huelga, un derecho consagrado por la Constitución Nacional, al imponerles a los trabajadores de estos sectores la obligación de prestar servicios aún en situaciones de conflicto laboral.
Es que en nuestro país, lo que debería ser la excepción se convirtió en regla, y los sindicatos aprovechan cualquier oportunidad para parar, haya o no motivo, sea un tema laboral o una cuestión política o por solidaridad con otras cuestiones ajenas, y entonces contradicen el pensamiento de la propia Madre Teresa de Calcuta que decía que no podía parar de trabajar porque tenía toda la eternidad para trabajar, para el sindicalismo argentino, no pueden dejar de parar porque no quieren directamente trabajar.
Y en vez de buscar soluciones solo traen obstáculos a sortear.
El sector sindical, como siempre, ha sido enfático en señalar que las medidas como las que plantea el gobierno limitan la capacidad de los trabajadores de ejercer su derecho a la protesta y a la negociación colectiva, un derecho fundamental, que ha sido históricamente un motor de la lucha por mejoras laborales en el país, pero que fue mal utilizado en innumerables oportunidades y hasta la propia población se cansó de ello, porque ven, más que nada, intereses personales de algunos jerarcas sindicales, sectoriales o ideológicos que verdaderos y genuinos reclamos.
Para muchos, la expansión de los sectores esenciales podría ser vista como una forma de contener los reclamos y de desmantelar la capacidad de los trabajadores para presionar por sus derechos.
El gobierno, por su parte, argumenta que estas medidas son necesarias para garantizar la estabilidad de los servicios públicos esenciales y evitar la parálisis de sectores clave en tiempos de crisis.
Sin embargo, la crítica sigue siendo fuerte, sobre todo cuando se piensa en sectores como la salud, la educación y el transporte, donde muchas veces la sociedad termina siendo rehén de los Baradel, los Moyano.
Otro cambio relevante que se pretende introducir es la creación de la figura del trabajador independiente, que podrá contratar hasta cinco colaboradores sin que exista vínculo de dependencia entre ellos.
Esta medida busca promover nuevas formas de trabajo autónomo, alentando la creación de pequeñas empresas y emprendimientos.
La figura del trabajador independiente también ha sido objeto de controversia, ya que algunos sectores argumentan que, en realidad, esta figura podría ser utilizada para eludir responsabilidades laborales, como el pago de aportes y contribuciones sociales, y para minimizar los costos de contratación.
El gobierno justifica esta medida como una forma de fomentar la economía informal y de flexibilizar las condiciones para que más personas puedan acceder al mercado laboral.
No obstante, para los críticos, esta nueva categoría podría generar una mayor precarización del empleo, al excluir a los trabajadores de los beneficios del régimen laboral formal, como la afiliación a la seguridad social o el acceso a una jubilación digna.
Los primeros escarceos entre sindicalistas y el gobierno tuvieron eco en la justicia laboral que considero que algunas medidas resultarían ser inconstitucionales.
Mientras el gobierno busca modernizar las estructuras laborales para adaptarlas a las exigencias de la economía global, los sindicatos luchan por proteger los derechos adquiridos de los trabajadores, aunque, por lo visto hasta ahora, no han tenido mucho éxito porque habrá derechos, pero los trabajadores siguen estando en declive.
Julio César Coronel
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