El cambio climático ya no es una advertencia formulada en lenguaje técnico ni una proyección a futuro condicionada por escenarios hipotéticos. Es un fenómeno medido, registrado y observado de manera sistemática por la comunidad científica internacional, con impactos concretos y crecientes sobre los ecosistemas, las economías y las sociedades humanas.
La Argentina no es una excepción, por el contrario, su diversidad climática y territorial la convierte en un país particularmente vulnerable a los efectos del calentamiento global.
Según los consensos científicos más sólidos, la temperatura media global ya ha aumentado aproximadamente 1,1 °C respecto de la era preindustrial. Este incremento, que puede parecer marginal, es suficiente para alterar de forma significativa el sistema climático terrestre.
En el caso argentino, los registros muestran un aumento promedio cercano a 1 °C desde comienzos del siglo XX, con variaciones regionales que intensifican los riesgos en determinadas zonas del país.
Desde el punto de vista científico, el cambio climático no “crea” fenómenos extremos de la nada, pero sí aumenta su frecuencia, intensidad y duración. Esto se explica por principios físicos básicos: una atmósfera más cálida puede retener más vapor de agua, lo que incrementa la probabilidad de lluvias intensas; océanos más calientes alimentan tormentas más potentes; y temperaturas elevadas prolongadas generan olas de calor más severas y persistentes.
En la Argentina, estos procesos se manifiestan de manera clara, desde el incremento de precipitaciones intensas en el centro y noreste del país, con eventos de lluvia concentrados en cortos períodos de tiempo, que superan la capacidad de drenaje natural y urbano, hasta sequías más prolongadas en regiones como Cuyo, el NOA y amplias zonas de la Patagonia, afectando la disponibilidad de agua y la producción agropecuaria, como así también olas de calor extremo cada vez más frecuentes y tempranas, con impactos directos sobre la salud pública, el consumo energético y la infraestructura, y a todo ello debemos agregarle el retroceso de los glaciares, fundamentales para el abastecimiento hídrico de grandes centros urbanos y áreas productivas.
Estos cambios no ocurren de manera aislada. Se superponen y se potencian, generando escenarios de riesgo complejo que exceden la capacidad de respuesta improvisada.
El reciente caso de Comodoro Rivadavia constituye un ejemplo paradigmático de cómo el cambio climático interactúa con decisiones humanas acumuladas.
El desmoronamiento de tierra no puede explicarse únicamente como un evento natural excepcional. Desde una perspectiva técnica, se trató de un evento extremo amplificado por la falta de planificación territorial, la urbanización en zonas de riesgo y la ausencia de obras de mitigación adecuadas.
La ciencia climática advierte que este tipo de situaciones podrán ser cada vez más probables en un contexto de calentamiento global. La pregunta ya no es si volverán a ocurrir, sino cuán preparados estarán los territorios y las políticas públicas para enfrentarlas.
Desde el rigor científico, es importante distinguir fenómenos. Los terremotos no son causados por el cambio climático, ya que responden a dinámicas tectónicas profundas.
Sin embargo, el impacto de estos eventos sí puede verse agravado por condiciones climáticas extremas, como lluvias que desestabilizan suelos o infraestructuras debilitadas por el estrés ambiental.
En cuanto a huracanes y ciclones, la evidencia indica que no necesariamente aumentan en número, pero sí en intensidad, debido al calentamiento de las aguas oceánicas.
Las nevadas extremas, por su parte, no contradicen el calentamiento global: un clima más cálido puede generar episodios de nieve intensa cuando se combinan masas de aire frío con una atmósfera más cargada de humedad.
Desde una perspectiva tanto científica como política, la responsabilidad del cambio climático está claramente asociada a la actividad humana.
La quema de combustibles fósiles explica la mayor parte del aumento de gases de efecto invernadero. A esto se suman la deforestación, los cambios en el uso del suelo y sistemas productivos altamente intensivos en recursos.
En la Argentina, las emisiones provienen principalmente del sector energético (transporte y generación de electricidad); del sector agropecuario, particularmente por emisiones de metano, como de la deforestación, especialmente en regiones del norte del país.
Si bien la Argentina no es uno de los mayores emisores globales en términos absolutos, sí presenta un perfil de emisiones per cápita significativo, y una alta vulnerabilidad a los impactos climáticos. Esto coloca al país en una situación compleja: aporta al problema y, al mismo tiempo, sufre de manera intensa sus consecuencias.
Las políticas públicas han mostrado avances parciales: marcos normativos, compromisos internacionales, desarrollo de energías renovables. Pero el enfoque sigue siendo fragmentado.
Falta integración entre ambiente, economía, infraestructura y desarrollo social. Falta continuidad. Falta planificación de largo plazo basada en evidencia científica.
Mientras la mitigación busca reducir las emisiones, la adaptación apunta a reducir la vulnerabilidad frente a impactos inevitables. En este punto, la deuda es profunda.
La Argentina carece de una estrategia integral y sostenida de adaptación climática que articule desde un ordenamiento territorial basado en riesgo, una infraestructura resiliente, sistemas de alerta temprana, protección de poblaciones vulnerables y la necesaria inversión sostenida en ciencia y datos climáticos.
Cada inundación, cada sequía extrema, cada colapso urbano muestra el costo de no anticiparse.
La pregunta es: qué podemos hacer cada uno de nosotros. Desde el punto de vista técnico, los cambios individuales tienen un impacto limitado en términos de reducción global de emisiones. Sin embargo, son fundamentales para modificar patrones culturales, generar presión social y legitimar políticas públicas más ambiciosas.
Reducir consumos energéticos, cambiar hábitos de movilidad, cuidar el agua, separar residuos y apoyar iniciativas ambientales no resuelven el problema estructural, pero ayudan a construir una sociedad más consciente y exigente.
Aunque es cierto que el error -y la crítica central- es trasladar la carga de la responsabilidad a los ciudadanos mientras los grandes decisores mantienen prácticas incompatibles con los objetivos climáticos.
Una ciudadanía informada científicamente puede exigir mejores políticas, rechazar falsas soluciones y acompañar transiciones necesarias. La educación ambiental basada en evidencia, y no en consignas, es una herramienta clave para evitar la banalización del problema.
El cambio climático no admite soluciones mágicas ni respuestas simples. Requiere decisiones incómodas, inversión sostenida y una transformación profunda del modo en que producimos, consumimos y habitamos el territorio.
Y ciertamente que estamos ante una advertencia que ya no admite demoras, la ciencia ha cumplido su rol: medir, advertir y explicar. La evidencia es clara, consistente y acumulativa. Persistir en la inacción, en la improvisación o en el uso retórico del discurso ambiental no es solo una falla política: es una negligencia histórica.
La Argentina todavía está a tiempo de reducir riesgos, adaptarse y construir resiliencia. Pero ese tiempo se acorta. Cada evento extremo no atendido, cada obra postergada, cada decisión tomada sin respaldo científico aumenta el costo humano, económico y ambiental.
El cambio climático no es una ideología ni una moda. Es un fenómeno físico medible. Y frente a él, la pregunta ya no es quién tiene la culpa, sino quién asume la responsabilidad de actuar.
Julio César Coronel
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