Los hechos de violencia registrados durante el reciente partido entre Universidad de Chile e Independiente no solo terminaron con la suspensión del encuentro para luego transformar esta medida en la cancelación del evento, sino que dejaron al descubierto, una vez más, el rostro más oscuro del deporte, la violencia organizada, pero tras de ello también están las mafias de reventa, el clientelismo entre barras bravas y dirigencias, y la impunidad con la que se mueven estas estructuras delictivas.
Este no es un fenómeno aislado. Lo ocurrido en el estadio Libertadores de América es el reflejo de un problema estructural que lleva décadas creciendo al amparo de un vacío legal y una débil intervención estatal.
En ese contexto, existe la idea de reformar el Código Penal que propone la incorporación de un Título que comprenda los delitos Relacionados con el Deporte y que busca, con acierto, darles un marco jurídico específico a estas prácticas.
Para el derecho codificado y por primera vez, el deporte dejaría de ser un simple contexto incidental para la comisión de delitos, y pasaría a ser el bien jurídico central a proteger.
Esta iniciativa parte de un principio fundamental: el deporte es un espacio de integración social, de expresión cultural y de convivencia. Su violación merece una respuesta penal clara y proporcional.
Tipificaciones claves como establecer un agravante genérico para delitos que se cometan "con motivo o en ocasión de un espectáculo deportivo", extendiendo la aplicación tanto al estadio como a sus inmediaciones, antes, durante o después del evento.
Esto último implica reconocer que el crimen deportivo no se agota en la tribuna, sino que se traslada en colectivos, se gesta en reuniones previas, y muchas veces se decide desde escritorios que nada tienen de inocentes.
El aumento de los mínimos penales en estos casos representaría un mensaje político y judicial: el espectáculo deportivo debe ser un espacio pacífico, y quien lo altere responderá con penas más severas.
Uno de los avances más relevantes del proyecto es la tipificación específica de conductas que, hasta ahora, resultan difíciles de encuadrar penalmente, como lo es el accionar de las barras bravas.
Así las cosas, tipificar la instigación, promoción o facilitación de grupos destinados a cometer delitos en el marco de eventos deportivos no se trata de criminalizar la pasión, sino de desarticular verdaderas organizaciones mafiosas que, bajo la fachada del fanatismo, operan como empresas criminales y muchas veces con apoyo logístico de dirigentes, funcionarios públicos y hasta fuerzas de seguridad.
Estos grupos no solo generan violencia. También trafican entradas, venden droga en los estadios, extorsionan jugadores, y manejan recursos millonarios sin control e intentan alterar los resultados deportivos para generar ganancias con las apuestas.
En este sentido, penalizar la venta de entradas falsas, y sancionar la entrega de entradas por parte de organizadores a estos grupos, son avances fundamentales. Por primera vez se apuntaría contra la cadena de complicidades que alimenta la violencia.
Pero no basta con castigar a los eslabones más débiles. La propuesta también debe incluir, y así está pensado, en sanciones para dirigentes deportivos, responsables de clubes y miembros de comisiones directivas, cuando consientan o participen de estos delitos.
Aunado a ello, se contempla la clausura del estadio, herramienta útil pero que debe aplicarse con prudencia para no castigar al público genuino.
Otro aspecto a destacar de estos proyectos en ciernes es la posibilidad de imponer penas accesorias como la inhabilitación para asistir a eventos deportivos.
Este último recurso, ya es utilizado y con mucho éxito en Europa, permite aislar a los violentos sin necesidad de encarcelamiento inmediato, generando una sanción efectiva y preventiva.
El proyecto también avanza sobre aspectos fundamentales para la transparencia y lealtad deportiva, introduciendo el delito de corrupción en el deporte, que contempla tanto el cohecho pasivo (quien recibe dinero o favores para alterar un resultado) como el activo (quien lo ofrece).
Se trata de una figura análoga a la corrupción pública, pero que aquí tiene un impacto devastador: rompe el pacto básico de honestidad que el deporte necesita para ser creíble.
La norma es clara: alcanza a jugadores, árbitros, técnicos, dirigentes y cualquier persona que intervenga en una competencia, profesional o amateur.
En una era donde las apuestas deportivas crecen exponencialmente, agravar conductas cuando el fraude tiene por finalidad influir en juegos de azar es fundamental. Esta es una amenaza real, muchas veces invisible, pero que puede poner en jaque la integridad del deporte en todas sus categorías.
En paralelo, el proyecto también aborda el dopaje como un fenómeno penal, no solo disciplinario.
La manipulación de controles, el tráfico de sustancias prohibidas y la administración a deportistas -incluso con su consentimiento- son delitos tipificados, con agravantes si se pone en peligro la salud o si la víctima es menor de edad.
Vemos que este enfoque penaliza la lógica del rendimiento a cualquier costo, y reconoce que el dopaje no solo atenta contra la ética deportiva, sino contra la salud pública.
Finalmente, este proyecto legislativo de reforma del Código Penal, incluyendo los delitos deportivos, no se presenta como una solución mágica ni como un castigo indiscriminado.
Se trata de un marco normativo integral, moderno y específico, que debe complementarse con políticas públicas de inclusión, educación, prevención y control efectivo. Pero sin este paso, seguiríamos enfrentando la violencia y la corrupción deportiva con normas pensadas para otros contextos.
El deporte es un lenguaje universal. Cuando ese lenguaje se mancha con sangre, fraude o codicia, no solo pierde el espectáculo: pierde la sociedad entera. Esta reforma es una oportunidad para recuperar el sentido del juego limpio y del deporte como herramienta de construcción social.
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