Clientes de Santiago del Estero suman sus denuncias por estafas contra la empresa constructora Márquez y Asociados. Serían casi un centenar los afectados en esta provincia, que suman a los 30 mil damnificados en el país. Todos creyeron en falsas promesas de la entrega de viviendas, pagaron y las casas ni siquiera comenzaron a levantarse.
El sueño de la casa propia representa un anhelo de la mayoría de las personas, quienes aspiran a lograr estabilidad, seguridad y un lugar donde construir recuerdos familiares. Es mucho más que un símbolo de logro personal, sino una forma de concretar metas y de crear un futuro con mayor tranquilidad.
La casa propia se asocia con la idea de tener un lugar seguro y estable, donde se pueden construir los cimientos de la vida y la familia. Un sitio que se convertirá en un refugio personal. Lograr esta aspiración se transforma en un motor para trabajar, ahorrar y planificar, con el objetivo de alcanzar un lugar propio donde vivir, un espacio donde crear lazos y albergar los mejores recuerdos familiares.
Sin embargo, el camino hacia la casa propia puede ser largo y complicado, especialmente en Argentina, donde la complicada situación económica dificulta el acceso a la propiedad. A pesar de ello, a fuerza de ahorrar peso sobre peso, muchos lograr juntar el dinero suficiente para comprar un terreno y comenzar a edificar. A sabiendas de todo lo que significa la construcción de una vivienda, muchos comenzaron a prestar atención a la publicidad de una empresa que aseguraba cumplir el sueño de la casa propia y brindaba facilidades de pago para hacerlo. Además, parecía ser una compañía seria, con capitales nacionales y, sobre todo, había quienes podía dar fe de su cumplimiento a través de su propia experiencia. Ese resultado satisfactorio y las buenas referencias, más la difusión reiterada de sus bondades en todos los medios, hicieron que los interesados se multiplicaran rápidamente.
Sin embargo, Márquez y Asociados no era lo que ellos pensaban, y el sueño de la casa propia terminó convirtiéndose en una verdadera pesadilla.
MÁRQUEZ Y ASOCIADOS
A partir de 2013, la empresa constructora Márquez y Asociados se presentó como una opción accesible para las familias de clase media que soñaban con alcanzar la vivienda propia. Ofrecía planes de financiación para construir casas “llave en mano”, permitiendo seleccionar entre terrenos propios o proporcionados directamente por la compañía.
La empresa tenía su sede en la ciudad de Córdoba, debido a su crecimiento exponencial, pronto abrió sucursales en distintas provincias o enviaba sus representantes hacia distintos lugares, donde realizaban las ventas de su novedosa propuesta comercial. En Santiago del Estero llegaron a operar desde el hotel Liberador, ubicado en la calle Catamarca 47.
Con una estrategia comercial basada en una intensa presencia publicitaria y oficinas distribuidas en varias provincias, logró generar confianza en miles de clientes. Quienes confiaron en Márquez pagaron miles de dólares, esperando día tras día que les avisaran que su casa estaba lista.
Sin embargo, el tiempo fue pasando, convirtiéndose en meses y años, y ese aviso nunca llegó. Fue entonces cuando comprendieron que, lo que a primera vista parecía una oportunidad ideal se transformó en una verdadera pesadilla, que les arrebató todas sus esperanzas y derrumbó sus anhelos de la peor manera.
Cuando los plazos no se cumplían, comenzaban los reclamos. Frente a ello, desde la empresa les ofrecían nuevas propuestas ventajosas, como bonificaciones en metros cuadrados y la entrega de las viviendas 12 meses después de finalizar el pago.
Pero la extensión de los plazos provocó las primeras denuncias judiciales. Los afectados denunciaron haber desembolsado sumas considerables, llegando en algunos casos a 55.000 dólares, sin recibir las viviendas que se les habían prometido.
MODUS OPERANDI
Los clientes y representantes de la empresa acordaban construir un tipo específico de vivienda. En su sitio web, la compañía exhibe una variedad de modelos que los clientes pueden seleccionar para su construcción.
Una vez establecido el precio, se requería un esquema de financiamiento híbrido que incluía cuotas fijas combinadas con un porcentaje en efectivo del valor nominal, según lo estipulado en el contrato. En la mayoría de los casos, el pago se había completado. En otros, habían abonado cerca del 75% del total correspondiente a la construcción, sin que existieran indicios de que la obra fuera a comenzar.
Los damnificados explicaron que, desde la firma del contrato, cumplieron puntualmente con los pagos mensuales acordados. Sin embargo, pese a realizar múltiples solicitudes, la empresa nunca estableció una fecha concreta para firmar el Anexo de financiamiento y gestión administrativa de planos, un requisito indispensable para iniciar tanto la planificación como la ejecución de la obra, según consta en la denuncia.
Esta metodología forma parte de una práctica sistemática y recurrente. Se habría obligado a los clientes a firmar anexos al contrato inicial que postergaban constantemente el inicio de las obras, utilizando excusas administrativas o de reorganización interna, mientras seguían solicitando los pagos.
Este incumplimiento habría ocasionado no solo un significativo perjuicio económico a los contratantes sino también angustia, frustración y desilusión en su entorno familiar, ya que se vio frustrado el anhelo de obtener la vivienda única planeada como fruto del esfuerzo de toda una vida.
30 MIL CONTRATOS Y SOLO 2500 VIVIENDAS ENTREGADAS
Los reclamos estallaron en los primeros meses de este año, cuando las denuncias se hicieron públicas y los afectados se multiplicaban cada vez más. A tal punto que el Ministerio Público Fiscal de Córdoba tuvo que habilitar un formulario on line donde los damnificados podrían realizar sus presentaciones judiciales en contra de la empresa.
El Dr. Enrique Gavier, fiscal de Delitos Complejos, indicó que la empresa firmó alrededor de 30.000 contratos, pero únicamente entregó 2.500 casas, dejando un alarmante margen de 27.500 posibles víctimas.
Las investigaciones apuntan a lo que podría ser una estafa piramidal, descripta por algunos como un "esquema Ponzi inmobiliario". Para los santiagueños sería una estafa piramidal al estilo PETA.
En lugar de destinar los fondos recaudados a la construcción de las viviendas, el dinero habría sido desviado a otros negocios, incluidos la compra de propiedades lujosas y activos en el extranjero. El funcionamiento del sistema revela un diseño elaborado para engañar.
CLÁUSULAS ABUSIVAS
Desde el sitio Comercio y Justicia, dialogaron con Rubén Sánchez Quinteros, abogado representante de cientos de damnificados, quien calificó el caso como “una estructura creada con el propósito de defraudar”.
Los contratos ofrecidos por Márquez y Asociados contenían cláusulas abusivas, como la posibilidad de modificar los plazos unilateralmente y la obligatoriedad de firmar un “acta de inicio de obra” que nunca se concretaba.
Muchos clientes continuaron pagando durante años por servicios inexistentes, entre ellos seguros de obra, inspecciones de gas y luz, e incluso cuotas de una empresa paralela denominada Márquez Salud. En un gran número de casos, los terrenos asignados apenas incluían un baño químico o una casilla de obra, sin avances reales en las construcciones prometidas.
"Pagamos durante cinco años por una casa que nunca llegó a existir. Al final, solo recibimos cheques sin fondo y promesas vacías", contó una de las personas afectadas.
“Márquez sigue publicando en Instagram como si nada hubiera pasado, mientras muchas familias lo han perdido todo", agregó otro de los damnificados, quien no entiende las razones por las que se continúa proyectando una imagen de solvencia de la empresa.
DETENIDOS
Frente al cúmulo de denuncias y a las pruebas reunidas, el Ministerio Público Fiscal decidió que era tiempo de actuar. Frente a ello, el 11 de abril de 2025, los hermanos Matías, Pablo, Lucas y Ariel Márquez, propietarios de la firma Márquez y Asociados, fueron detenidos junto al contador Ramiro Nieva, cuñado de uno de ellos. Las detenciones y los allanamientos fueron ordenados por el fiscal Gavier.
Las acusaciones incluyen asociación ilícita y múltiples estafas. Los operativos, llevados a cabo en la sede de la empresa y otras propiedades en Córdoba, resultaron en la incautación de documentos y elementos clave para la investigación. De igual manera, las esposas de los hermanos fueron señaladas como posibles cómplices, y se espera que la justicia amplíe el alcance de las indagaciones.
DESBORDADOS
Debido a la cantidad de denuncias recibidas, que desbordaron la capacidad de la fiscalía, el Ministerio Público Fiscal habilitó un formulario digital el 16 de abril. Este sistema permite que damnificados de todo el país presenten sus reclamos sin necesidad de trasladarse a Córdoba. De modo tal que, en los primeros días desde su implementación, se registraron 1.400 denuncias digitales.
"Es una causa cuya magnitud nos ha desbordado y hemos tenido que echar mano a este mecanismo porque se colapsaron rápidamente todas las bocas de recepción de denuncias”, remarcó el fiscal.
El Dr. Gavier explicó, en un diálogo con El Doce, que “la hipótesis es que, más allá de los conocidos incumplimientos inevitables, continuaban las ventas indiscriminadamente a las distintas personas con la falsa promesa de acceder a la vivienda propia”.
“La fiscalía ha dispuesto la inmovilización de todo el patrimonio particular y societario de esta gente y las empresas vinculadas. Se ha logrado incautar un cúmulo de bienes e inmuebles importante, pero no podemos decir si esto va a ser suficiente para satisfacer las eventuales pretensiones de los damnificados”, completó el fiscal.
Por su parte, la Dirección General de Defensa del Consumidor de Córdoba sancionó a la empresa con una multa de 260 millones de pesos por resolver 22 reclamos específicos, mientras continúa tramitando otros 280 casos pendientes. Entre las infracciones detectadas se encuentran falta de información clara, incumplimiento contractual y violaciones a la Ley de Defensa del Consumidor.
EL MURCIÉLAGO SANTIAGUEÑO
En la ciudad de Córdoba, uno de los afectados es Lucas Rodríguez, exintegrante de "Los Murciélagos", Selección Argentina de fútbol para ciegos, con la que resultó campeón en tres ocasiones.
"Decidimos firmar un contrato donde nos hacemos responsables de pagar las 36 cuotas. Fuimos abonándolas y, en el medio, nos dijeron que, aparte, deberíamos comprar metros para, una vez pagadas las cuotas, se empezara a construir la vivienda. Entonces era mucho menos dinero que teníamos que financiar", contó a La Doce.
Cuando el deportista y su familia comenzaron con los reclamos por el incumplimiento, desde la empresa les pidieron ampliar el valor de las cuotas, ellos se negaron. Hoy, su denuncia es una más de las que investiga la justicia cordobesa.
EN SANTIAGO DEL ESTERO
Aunque el caso es investigado en Córdoba, donde se ubican las oficinas centrales de la empresa, las víctimas se multiplican en las diez provincias donde la empresa ofrecía sus servicios: Jujuy, Salta, Catamarca, Tucumán, La Rioja, San Juan, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Entre Ríos y Santiago del Estero.
Precisamente, en esta provincia serían más de un centenar las personas afectadas, la mayoría de los cuales serían profesionales. Es más, se supo que un grupo de abogados jóvenes, quienes se recibieron en la Universidad Católica y eran compañeros de estudios, fueron parte de los afectados por la estafa de la empresa.
Es más, antes de firmar los correspondientes pagos y abonar el dinero para la construcción, ellos habrían investigado a fondo a la empresa. Luego de constatar que era una empresa seria –al menos en apariencia-, decidieron averiguar más. Para ello, tuvieron en cuenta que tenían más de una década en el mercado inmobiliario, contaban con oficinas físicas ubicadas en el mismo sitio –en la capital cordobesa- desde hace años, lo que indicaba que no era una empresa fantasma.
También visitaron las casas que se construyeron en la provincia, ubicadas en la ruta 1, en la zona de Sauce Bajada, en La Banda.
Además, tuvieron en cuenta que los hermanos Márquez eran ampliamente conocidos en el ambiente, lo que significaba que no eran advenedizos. En suma, creyeron en los que les vendían y terminaron firmando el correspondiente contrato. La mayoría lo hizo en los meses previos a la pandemia.
Ellos y otras personas están incluidos en un grupo de Whats App denominado “Experiencia Márquez Sgo”, y habrían accedido al grupo luego de haber formalizado su pago a la empresa. Es más, la mayoría habría pagado la totalidad de las cuotas y ya deberían haber recibido su casa. Además, participan activamente en “Opiniones Márquez y Asociados”, un grupo privado de Facebook, que suma a casi 7000 personas, quienes también serían afectados por la constructora.
Por estos días, la investigación avanza en múltiples frentes. En el ámbito penal, el fiscal Gavier analiza el desvío de fondos hacia negocios paralelos y propiedades de lujo, mientras se espera que más personas se sumen a las denuncias. En el plano civil, distintos abogados buscan sanciones por daño punitivo, que podrían alcanzar cifras millonarias. Además, la Defensoría del Pueblo y Defensa del Consumidor trabajan para coordinar acciones colectivas y facilitar resarcimientos.
Sin embargo, los damnificados presienten que nunca podrán recuperar el dinero entregado. Fueron estafados no solo económicamente, sino también en sus sueños e ilusiones. Quizá la justicia determine quiénes son los responsables de la estafa, pero el daño moral no tiene solución.
Inusual medida cautelar para rescatar la empresa
En un intento por proteger los activos de Márquez y Asociados y garantizar eventuales indemnizaciones para las casi 30 mil familias afectadas por la presunta estafa inmobiliaria, el abogado Augusto Filí presentó una medida cautelar preventiva ante el fuero civil, basada en una herramienta del nuevo Código Civil.
La acción, denominada "acción preventiva", busca conformar un comité de trabajo -integrado por la Provincia, el Tribunal Superior, la Fiscalía, expertos y actores del sector inmobiliario- para evaluar la reactivación controlada de la empresa y preservar su patrimonio. El objetivo es evitar que los procesos penales y una eventual quiebra dejen a las víctimas sin posibilidad de recuperar sus fondos.
El Dr. Filí, representante de uno de los damnificados, explicó que el sistema penal está desbordado: según el abogado, la Fiscalía de Delitos Complejos recibe entre 100 y 150 denuncias diarias, lo que dificulta incluso asignar números de expediente. Frente a este escenario, la medida apunta a un rescate financiero temporal de la empresa.
"Si no protegés el patrimonio y el funcionamiento de la empresa, no habrá nada para resarcir a las víctimas después", señaló el letrado en una entrevista que mantuvo con Continental Córdoba.
La estrategia propone inventarios periciales para determinar el estado real de la empresa; vinculación con empresas del sector que podrían aportar capital o gestión; agilidad procesal, dado que una quiebra tradicional podría dilatar años sin garantizar resultados.
La medida es inusual pero refleja la urgencia del caso. Si el tribunal la admite, podría sentar un precedente para fraudes masivos, combinando la investigación penal con una gestión civil urgente de los activos. Sin embargo, el desafío es mayúsculo: la empresa tiene deudas multimillonarias y su estructura operativa está bajo sospecha.
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