En la ruralidad de la provincia, muy cerca de la ciudad de Añatuya, un nuevo caso de explotación laboral sacudió a todos. Una trama que combina pobreza, desarraigo y abuso de poder en los hornos de carbón vegetal.

Allí, en el corazón del monte santiagueño, diez trabajadores, entre ellos dos menores de edad, vivían y trabajaban en condiciones indignas, sometidos a jornadas extenuantes, sin agua potable, sin electricidad, sin baños, y muchas veces, sin esperanza. Lo que comenzó como una inspección más de la Regional Tucumán de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), terminó revelando un sistema de explotación que recuerda las peores prácticas del pasado.

El operativo se realizó a fines de mayo pasado, cuando inspectores fiscalizaban tres predios rurales dedicados a la producción de carbón vegetal. Lo que encontraron allí fue desolador: carpas improvisadas con troncos y lonas rotas, fogones precarios, algunos pallets de madera –dispuestos sobre la tierra- que eran utilizados como camas. En el lugar vivían ocho hombres y dos adolescentes de 15 y 16 años, quienes habían llegado al lugar para trabajar en los hornos. Nunca imaginaron que serían explotados laboralmente.

“Nos pagan cuando quieren, y lo que quieren. Pero si nos vamos, ¿a dónde vamos a ir?”, expresó uno de los trabajadores. Como él, muchos migraron desde zonas rurales más empobrecidas en busca de oportunidades. Lo que hallaron fue trabajo forzado, deudas impagas, y un aislamiento absoluto.

El informe oficial indica que la mayoría de los empleados realizaba tareas durante más de 12 horas diarias, con exiguos momentos de descanso. Sin seguro, sin obra social, sin un recibo de sueldo, comían lo que podían, dormían donde podían. El acceso al agua era nulo, y las enfermedades respiratorias y dermatológicas eran frecuentes.

Como si eso fuera poco, estaban atrapados en un sistema perverso de endeudamiento con sus empleadores: debían pagar por su comida, por su traslado, por las herramientas de trabajo. Sin dudas, una forma moderna de esclavitud.

 

TRATA DE PERSONAS

Frente a tal situación, los inspectores dieron aviso a la Secretaría de Trabajo de Santiago del Estero, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), quienes rápidamente iniciaron un operativo para constatar los hechos y, por supuesto, rescatar a los trabajadores que eran explotados.

En la inspección se determinó que se trataba de un grave caso de trata de personas con fines de explotación laboral. Las víctimas eran ocho personas mayores de edad y dos menores de 15 y 16 años, quienes cumplían las tareas de peones rurales en los hornos de carbón de la región. En realidad, esa la promesa laboral por la que habían llegado al lugar.

Sin embargo, a poco de su arribo, a inicios de mayo de este año, se encontraron con un sueldo que rondaba entre los 150 mil y los 200 mil pesos. Para lograrlo, debían trabajar en extenuantes jornadas laborales de más de 12 horas, en pésimas condiciones de seguridad e higiene, ya que no contaban con baños, agua potable ni energía eléctrica.

Como si eso fuera poco, ellos mismos debieron improvisar el lugar donde vivir, que no era otro que toldos armados con troncos, lonas y plásticos encontrados en la zona. Adentro de esas “carpas” ubicaron pallets que utilizaron como camas. 

La comida era provista por los empleadores, pero el gasto era descontado de sus sueldos. Por lo que muchas veces preferían alimentarse de los productos del monte.

 

DENUNCIA

Tras la inspección, no solo se procedió a la clausura inmediata de los hornos implicados, sino que se realizó la denuncia penal en el Juzgado Federal N” 1 de Santiago del Estero, a cargo del Dr. Guillermo Molinari, quien activó el Protocolo Único de Articulación (PUA) desarrollado para la Lucha contra la Trata de personas, dependiente del Ministerio de Seguridad Nacional.

Los trabajadores fueron trasladados al hospital zonal, donde se constataron sus condiciones de salud y les brindaron la asistencia médica necesaria. Además, se les brindó alojamiento temporal, antes de su ser llevados a sus hogares, en el interior profundo de la provincia. Además, se les prometió que tendrían contención psicológica y la posibilidad de acceder a trabajo formal mediante programas de inclusión laboral.

“Nos duele ver que estas realidades persisten. No podemos mirar para otro lado. No es solo trabajo informal. Es abandono, es violencia, es una cadena de desigualdad que hay que romper”, afirmó una inspectora que participó del operativo.

Teniendo en cuenta las condiciones de explotación laboral detectadas en hornos de carbón en Añatuya, Santiago del Estero, se pudieron detectar las siguientes vulneraciones:

• El 98% de los trabajadores soportaban jornadas laborales extremadamente extensas.

• El 95% se encontraba sin registrar, es decir, sin ningún tipo de formalidad laboral.

• El 100% no contaba con acceso a agua potable.

• El 87% no percibía un salario digno.

• El 100% no tenía acceso a baños o condiciones sanitarias mínimas.

Estos datos evidencian un patrón sistemático de violación de derechos laborales básicos, en un contexto que requiere urgente intervención estatal, judicial y social. ¿Deseas que elabore un informe textual completo con estos hallazgos?

CASOS DETECTADOS EN 2024

Sin embargo, no se trata del primer caso de explotación laboral en el ámbito rural. Desde hace años que el RENATRE viene denunciando hechos de similares características en todo el país, y Santiago del Estero no está ajeno a tal situación. 

Según las últimas estadísticas publicadas por el registro, durante 2024, en distintas fiscalizaciones realizadas en distintos establecimientos del país, para controlar el cumplimiento por parte de los trabajadores y empleadores de las obligaciones impuestas en la Ley 25.191 (registro de trabajadores rurales), se detectó lo siguiente:

 

• En 95 fiscalizaciones: 446 trabajadores con indicios de explotación laboral rural

Para su identificación se establecieron indicadores, que si bien por sí solos no determinan la existencia de explotación laboral, dan indicios acerca de su posible presencia: las condiciones de trabajo no son las prometidas y no respetan lo establecido en la ley, el salario se encuentra por debajo de lo establecido legalmente, jornadas laborales que exceden ampliamente lo legalmente establecido para la actividad, ausencia de condiciones de seguridad e higiene e inadecuadas condiciones de alojamiento para los trabajadores que ponen en riesgo su salud, descuentos sobre el salario vinculados a vivienda, comida, transporte, aplicados por el empleador y/o contratista; así también los casos donde éste retiene documentación personal de los trabajadores, adeuda meses de salarios, o donde el trabajador nunca ha percibido remuneración alguna.

 

• En 22 fiscalizaciones: 27 casos de niños realizando trabajo infantil prohibido

Es toda actividad económica o estrategia de supervivencia, sea remunerada o no, realizada por personas con edad menor a la admitida para ser empleada o trabajar (a partir de los 16 años en Argentina).

 

• En 38 fiscalizaciones: 44 casos de trabajo adolescente no protegido

Son los trabajadores de 16 y 17 años que realizan tareas en condiciones que no se ajustan a lo establecido en la ley: no registración en la seguridad social, jornadas que exceden lo pautado por la ley, tareas peligrosas que pueden ocasionar daños a la salud integral exponiéndolos a riesgos evitables.

 

EN SANTIAGO DEL ESTERO

Los casos se multiplican a lo largo y ancho del vasto territorio provincial. Se trata de hombres y adolescentes que dejan sus hogares para convertidos en “trabajadores golondrinas”, sin embargo, muchas veces caen en falsas promesas laborales y terminan siendo víctimas de la explotación laboral.

 

• -Caso “Cabras Argentinas”

A partir de un informe de Renatre, el domingo 28 de febrero de 2021, por orden del Juzgado Federal Nº2 de Santiago del Estero se ordenó el allanamiento a la finca llamada “Cabras Argentinas”, ubicada a 10 km de la Ciudad de Quimilí, del predio que posee 13 mil hectáreas y tienen plantaciones de soja, maíz, sorgo y actividades de ganadería se rescataron víctimas de trata con fines de explotación laboral y se secuestraron elementos que sirvan para la investigación.

Encabezados por personal de Gendarmería Nacional y secundados por RENATRE, el Comité de Lucha contra la Trata y la Secretaria de Minoridad y Familia de Desarrollo Social provincial se llevó adelante la manda judicial y se rescataron 17 trabajadores, de los cuales 8 eran menores de edad.

El allanamiento constató lo que ya había advertido el RENATRE: extensas jornadas que superaban el máximo legal permitido, salarios por debajo del convenio, falta de condiciones básicas de higienes y seguridad y un entorno completamente degradante e inhumano.

A los trabajadores se les adeudaban varias semanas de pago y su sueldo era menos de la mitad del salario mínimo, vital y móvil por jornadas de desmonte que iban de sol a sol. Cocinaban con leña a la intemperie y dormían en carpas precarias entre alimañas. No contaban con agua potable y debían obtenerla de los bebederos de las vacas a 3 km de donde trabajaban, en el sector de ganadería. Los menores estaban siendo también explotados y habían abandonado la escuela.

Los trabajadores fueron rescatados y entrevistados Programa Nacional de Rescate y se comenzaron a arbitrar las medidas para asistir a las víctimas. El municipio de Quimilí que habia avanzado en un convenio con el Comité, colaboró en cuestiones de transporte y logística para facilitar las tareas del personal que participaba del operativo y el traslado de las víctimas.

 

• -Caso El Saladillo

El 26 de noviembre de 2020, la Delegación del RENATRE de Santiago del Estero realizó una fiscalización en conjunto con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) en la localidad de El Saladillo, donde se encontraron 35 trabajadores con indicios de explotación laboral, que conformaban distintas cuadrillas que realizaban tareas de desmonte en el campo, contratados por Carlos Ernesto Mansilla, quien no se encontraba inscripto en AFIP.

Trabajando en el lugar se detectó la presencia de un niño de 14 años acompañado por su padre, otro niño de 15 años que se encontraba junto a su hermano, y tres adolescentes de 17 años.

Los trabajadores permanecían hacinados en varias carpas montadas con palos o postes y lonas de plástico donde habitaban grupos de entre cinco y seis trabajadores en cada una. Contaban con situaciones habitacionales precarias, algunos dormían sobre colchones en el suelo y otros no contaban con colchones para dormir. Tampoco disponían de energía eléctrica, cocina, heladera, instalaciones sanitarias, ni acceso al agua potable con las condiciones necesarias de higiene.

Ninguno de los trabajadores rurales se encontraba registrado en los organismos de la seguridad social. Los trabajadores que conformaban las cuadrillas declararon que les pagaban aproximadamente entre 500 y 600 pesos por trabajador por hectárea desmontada. Además, les descontaban del salario los gastos de comida, de traslado, los elementos de higiene y hasta el hielo para la refrigeración de alimentos.

 

• -Caso “Árbol Blanco”

El 21 de abril de 2021, la Delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Santiago del Estero realizó una fiscalización en un establecimiento rural de Árbol Blanco, cercana a la localidad de Quimilí, donde fueron relevados 40 trabajadores realizando tareas de desmonte, entre los cuales fue detectado un adolescente de 16 años. 

El operativo se realizó conjuntamente con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, el Comité Ejecutivo de Lucha en Contra de la Trata y Explotación de Personas y para la protección y asistencia a sus víctimas y la Secretaría de Trabajo de la Provincia de Santiago del Estero.

Los inspectores pudieron constatar las precarias condiciones en que se encontraban los trabajadores, vivían en carpas armadas con palos y lonas deterioradas. No tenían instalaciones sanitarias, ni cocina, ni heladera, ni acceso a agua potable.

Asimismo, se les descontaba el pago de la comida, no les proveían ropa de trabajo y elementos de protección personal. 

Los indicios detectados configuran una presunta situación de explotación laboral con lo cual se implementó el procedimiento establecido para estos casos, que incluye la denuncia a la línea 145 y la remisión de las actuaciones a la PROTEX para su intervención.

• -Caso Añatuya y El Desvío

Entre el 7 y el 25 de octubre de 21, la Delegación del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) en Santiago del Estero realizó fiscalizaciones conjuntamente con el Ministerio de Trabajo de la Nación y Gendarmería Nacional en las localidades de Añatuya y El Desvío, donde fueron relevados en total 27 trabajadores realizando tareas de desmonte en establecimientos agrícolas y ganaderos.

En ambas fiscalizaciones se detectaron que los trabajadores realizaban largas jornadas de trabajo, sin descanso semanal. Los inspectores pudieron constatar que no contaban con acceso a agua potable, ni instalaciones sanitarias. El alojamiento eran carpas armadas con palos y plásticos, no tenían cocina ni heladera y la comida se les descontaba de su paga. 

 

MARCO LEGAL

En el ámbito legal, es necesario recordar que Argentina ratificó el Protocolo de 2014 al Convenio sobre el trabajo forzoso de la OIT, comprometiéndose a tomar medidas para erradicar el trabajo forzoso y la trata de personas con fines de explotación laboral. Además, el país cuenta con el Plan Nacional de Lucha contra la Trata de Personas, que coordina esfuerzos entre diversas instituciones para prevenir y combatir este delito. 

A nivel provincial, organismos como el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) y la Secretaría de Trabajo de la Provincia realizan inspecciones y operativos para detectar y erradicar la explotación laboral en el sector rural.

 

 

 

Sin dudas, el reciente caso de explotación laboral detectado en los hornos de carbón y todos los otros, deben interpelar a la sociedad toda, pues revela mucho más que una denuncia aislada, sino que exponer una situación que atraviesan cientos de trabajadores rurales, que se convierten en víctimas de patrones inescrupulosos, que se aprovechan de sus necesidades.

La explotación laboral rural en Argentina es una problemática persistente que afecta principalmente a trabajadores en situación de vulnerabilidad. Si bien existen marcos legales y esfuerzos institucionales para combatir este delito, es fundamental fortalecer la implementación de políticas públicas, mejorar las condiciones laborales en el sector rural y promover la educación y sensibilización para prevenir la trata de personas con fines de explotación laboral.