Hermanos, parejas, madres e hijos y hasta clanes completos aparecen una y otra vez en las investigaciones por narcomenudeo en Santiago del Estero. Lejos de las grandes organizaciones criminales, las causas judiciales muestran una realidad repetida: la venta de drogas al menudeo encuentra en los lazos familiares una estructura de confianza que facilita el delito y dificulta su desarticulación.
Las historias cambian de barrio, de ciudad y de protagonistas. Algunas ocurren en la Capital, otras en La Banda, Termas de Río Hondo, Villa Atamisqui, Quimilí o Sachayoj. Sin embargo, detrás de muchas investigaciones por comercialización de drogas aparecenlos vínculos familiares como común denominador.
Las estadísticas judiciales de los últimos años revelan una característica particular del narcomenudeo santiagueño: la participación de grupos familiares completos en la venta de drogas.
Los expedientes del Ministerio Público Fiscal muestran que hermanos, parejas, padres e hijos aparecen involucrados de manera recurrente en investigaciones por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización. En muchos casos, los domicilios familiares funcionan como puntos de venta y cada integrante cumple una función específica dentro de la actividad.
Los investigadores sostienen que las estructuras familiares ofrecen ventajas operativas para quienes se dedican al narcomenudeo.
La confianza previa entre los integrantes reduce riesgos de delación, facilita la distribución de tareas y permite sostener la actividad durante largos períodos. Mientras uno se ocupa de la venta, otro puede encargarse de recibir proveedores, ocultar sustancias, manejar dinero o actuar como pantalla frente a eventuales controles.
En muchos expedientes, los análisis de teléfonos celulares permitieron reconstruir, justamente, esos roles diferenciados dentro del mismo grupo familiar.
Las causas también muestran otra característica: la mayoría de los puntos de venta funcionan dentro de viviendas particulares, donde la convivencia familiar termina mezclándose con la actividad delictiva.

CUESTIÓN DE FAMILIA
Sólo entre 2024 y 2026, las causas judiciales registran una larga lista de casos con participación de familiares directos.
En junio de este año fueron condenadas Brenda Alagastino y Soledad Jiménez, dos hermanas del barrio Santa Rosa de la Capital, a cuatro años y seis meses de prisión efectiva cada una. La investigación determinó que ambas comercializaban cocaína desde domicilios diferentes.
Días antes, otras dos hermanas, Marianella y Olivia Llavar, de Villa Atamisqui, también fueron condenadas. La primera recibió cuatro años y medio de prisión efectiva, mientras que la segunda obtuvo una condena en suspenso por haber cumplido un rol secundario.
Los antecedentes son numerosos. En septiembre de 2025 fueron condenadas Esmeralda y Celia Umbides por comercializar drogas en el barrio La Isla de La Banda. Ese mismo año, en Sachayoj, la Justicia condenó a Juan Manuel Corbalán, un policía que abastecía y comercializaba drogas junto con su esposa Carmen Valeria Serrano.
Las investigaciones también muestran la participación de madres e hijos. En mayo de este año, Malvina y Rita Paz quedaron con prisión preventiva luego de que se secuestraran dosis de cocaína durante un allanamiento. En 2024, María Marta y Laura Nerea Mendoza atravesaron una situación similar en el barrio San Martín. También Lourdes Nallar y su hijo Thiago fueron procesados tras un operativo realizado en el barrio Borges.
La lista continúa con Gustavo y Roxana Argañaraz, padre e hija acusados en La Banda; Ariel y Priscila Díaz, condenados en 2019; Ramón Sánchez y su hijo, sentenciados ese mismo año; y los hermanos Agustín, condenados en Termas de Río Hondo por una causa que incluso incluyó acusaciones de utilización de menores en la distribución de estupefacientes.
FENÓMENO EXTENDIDO
Los casos no se concentran en una sola ciudad ni en un único sector social. Aparecen en Capital, La Banda, Termas de Río Hondo, Quimilí, Villa Atamisqui, Sachayoj y otras localidades del interior.
Tampoco responden exclusivamente a organizaciones complejas. Por el contrario, gran parte de las investigaciones se originan en denuncias anónimas realizadas por vecinos que detectan movimientos compatibles con la venta de drogas en los barrios.
A partir de esas denuncias, las fiscalías especializadas suelen desplegar tareas de vigilancia, análisis de comunicaciones y allanamientos que terminan confirmando las sospechas.
Aunque cada expediente tiene particularidades propias, el análisis conjunto permite observar una tendencia preocupante: el narcomenudeo no sólo se infiltra en los barrios, sino también en las relaciones familiares.
Las condenas dictadas durante los últimos años muestran que la participación de parientes directos dejó de ser una excepción para convertirse en una constante dentro de numerosas investigaciones.
Y mientras las fiscalías avanzan en la desarticulación de estos puntos de venta, los expedientes siguen revelando una realidad incómoda: en muchos casos, el negocio de la droga ya no se construye entre desconocidos, sino puertas adentro de las propias familias.
PATRÓN REITERADO
Las causas judiciales analizadas entre 2019 y 2026 permiten advertir que el narcomenudeo en Santiago del Estero no suele responder únicamente a individuos aislados. Por el contrario, una parte importante de las investigaciones revela redes construidas sobre vínculos familiares y afectivos.
Hermanos que venden juntos, parejas que comparten la actividad ilegal, madres e hijos involucrados en la misma causa y familias enteras señaladas por la Justicia conforman una realidad que se repite en distintos puntos de la provincia.
Las condenas y procesos en curso muestran que, detrás de muchas bocas de expendio de drogas, el parentesco aparece como un elemento tan importante como la propia organización del negocio.

CUANDO EL DELITO SE APRENDE EN CASA
Los expedientes judiciales muestran una particularidad que se repite con frecuencia: detrás de muchos puntos de venta de drogas aparecen hermanos, parejas, madres e hijos, e incluso grupos familiares completos. Lejos de ser un fenómeno aislado, especialistas en criminología sostienen que las organizaciones familiares suelen desempeñar un papel central en las economías ilegales de pequeña escala.
Desde la sociología, se explica que el ámbito familiar genera un entorno de confianza difícil de encontrar fuera del círculo íntimo. La relación de parentesco reduce los riesgos de delación, facilita el reparto de funciones y fortalece la lealtad entre quienes participan de la actividad.
Los estudios sobre delincuencia organizada señalan que, en muchos casos, los vínculos familiares terminan funcionando como una estructura de protección. Mientras uno se encarga de la venta, otro administra el dinero, un tercero realiza contactos o tareas de vigilancia. De esa manera, la actividad ilícita se integra a la dinámica cotidiana del hogar.
Por su parte, los psicólogos sociales advierten que la normalización de ciertas conductas dentro del entorno familiar puede influir en las decisiones de sus integrantes. Cuando una actividad ilegal se desarrolla durante años dentro de una vivienda, especialmente en contextos de vulnerabilidad social y económica, algunos miembros terminan incorporándola como una práctica habitual o una alternativa laboral posible.
Desde la Justicia también se observa con preocupación la participación de familiares en este tipo de delitos. En numerosas causas aparecen agravantes vinculados a la utilización de menores de edad o a la incorporación progresiva de hijos, hermanos o parejas en las maniobras de comercialización, lo que amplía el daño social y dificulta la ruptura de esos circuitos delictivos.
REPASO CRONOLÓGICO
Los casos registrados en Santiago del Estero durante los últimos años reflejan esta tendencia. Las investigaciones del Ministerio Público Fiscal muestran reiteradamente estructuras donde los lazos de sangre o de convivencia aparecen como un elemento común. Hermanas condenadas, hermanos detenidos, madres e hijos imputados o parejas procesadas conforman una radiografía que permite observar cómo el narcomenudeo, en determinados contextos, deja de ser una actividad individual para transformarse en una práctica sostenida por vínculos familiares.

-13 de septiembre de 2019
Ramón Eduardo Sánchez (padre) y Ramón Eduardo Sánchez (hijo)
-9 de octubre de 2019
Ramón Peralta y Claudia Ruiz (pareja), Federico Peralta (hijo
-5 de diciembre de 2019
Ariel Díaz y Priscila Díaz (padre e hija)
-6 de agosto de 2024
Gustavo Argañaraz y Roxana Argañaraz (padre e hija)
-9 de septiembre de 2024
Lourdes Nallar y Thiago Nallar (madre e hijo)
-7 de noviembre de 2024
María Marta Mendoza y Laura Nerea Mendoza (madre e hija)
-3 de febrero de 2025
Andrea "Kuky", Américo y Franco Guzmán (hermanos)
-1 de abril de 2025
Elena Chazarreta y José Chazarreta (hermanos)
-3 de junio de 2025
José Ramón Agustín y Jorge Marcelo Agustín (hermanos)
-4 de julio de 2025
Juan Manuel Loys y José María Loys (hermanos)
-11 de julio de 2025
Lucía Santillán y José Ramiro Ibáñez (pareja)
-22 de agosto de 2025
Lucía Santillán y José Ramiro Ibáñez (pareja)
-16 de septiembre de 2025
Esmeralda Umbides y Celia del Valle Umbides (madre e hija)
-29 de octubre de 2025
Juan Manuel Corbalán y Carmen Valeria Serrano (pareja)
-29 de diciembre de 2025
Dos hermanas (Capital)
-14 de mayo de 2026
Familia Cancinos
-18 de mayo de 2026
Malvina Soledad Paz y Rita Fernanda Paz (madre e hija)
-10 de junio de 2026
Marianella Llavar y Olivia Llavar (hermanas)
-12 de junio de 2026
Brenda Alagastino y Soledad Jiménez (hermanas)

DATOS GENERALES
Teniendo en cuenta estos datos, la radiografía general, surgida de datos brindados por el Ministerio Público Fiscal, indica que se dieron:
De modo tal que los expedientes familiares superan ampliamente a los casos individuales, lo que permite sostener la hipótesis de que el parentesco se ha convertido en uno de los principales mecanismos de organización del narcomenudeo en Santiago del Estero. Esa podría ser, incluso, la columna vertebral del informe dominical.
DETRÁS DE ESCENA
Detrás de cada allanamiento, cada condena y cada prisión preventiva aparece una realidad que interpela no sólo a la Justicia, sino también a la sociedad. Los expedientes muestran que el narcomenudeo encuentra, muchas veces, en los vínculos familiares un terreno fértil para desarrollarse y sostenerse en el tiempo. Cuando la venta de drogas se instala dentro de los hogares, el problema deja de ser exclusivamente criminal para convertirse también en un fenómeno social que involucra contextos de vulnerabilidad, naturalización de conductas ilegales y reproducción de modelos delictivos entre generaciones.
Las causas analizadas en Santiago del Estero revelan que la lucha contra el narcotráfico no pasa únicamente por desarticular puntos de venta, sino también por comprender y abordar las condiciones que permiten que, en algunos casos, el delito termine echando raíces dentro de las propias familias. Hay que tener en cuenta que detrás de cada expediente no sólo hay drogas, dinero o condenas: también hay historias de vínculos quebrados, hijos que crecen en entornos atravesados por la ilegalidad y comunidades que conviven cotidianamente con una problemática que excede el ámbito judicial.
La reiteración de estos casos plantea un desafío que va más allá de la represión del delito y obliga a pensar en prevención, contención social y oportunidades reales para evitar que el narcotráfico siga encontrando refugio puertas adentro de los hogares.