Nadie puede desconocer la grave situación que atraviesan nuestros jubilados, algo que no es solo atribuible al actual gobierno, venimos de años
donde todos quienes gobernaron de uno u otro modo colocaron su granito de arena para hacer implosionar al sistema jubilatorio.
En ese sentido, la oposición, no importa el color político, siempre ha sido una constante fuente de propuestas que pueden ser loables, pero terminan siendo lapidarias para el bienestar de los beneficiarios del sistema.
Hoy, ante la aprobación de una reforma legislativa que aumenta los beneficios, la cual ya cuenta con media sanción en Diputados y camina tranquila a obtener el mismo resultado en el Senado, por la conjunción de radicales y kirchneristas, el presidente anunció su futuro veto, el cual podría
ser insuficiente si la propuesta obtiene los dos tercios de aprobación, algo que probablemente suceda.
Es sabido lo que dijo Milei en cuanto a que no había plata y todos sabemos que no es mentira. Entonces cabe preguntarse:
¿qué busca la oposición con esta medida?
Nos parece a simple vista que es manifiestamente clara la irresponsabilidad de nuestra clase política, tanto sea del Gobierno como de la oposición. Ambos no han dejado de ocasionar un daño irreparable al sistema jubilatorio argentino y se empeñan tozudamente en seguir haciéndolo.
Va de suyo también que la clase política es la responsable de las condiciones humillantes y denigrantes en la que viven sumidos millones de jubilados. El origen de esta situación está en el uso ideológico que las formaciones políticas han hecho del tema de las jubilaciones y pensiones, como no recordar el aumento exponencial de beneficios de la mano de Cristina y la retahíla de “donde hay una necesidad hay un derecho”, pero nadie se preocupó en indagar la manera de solventar los gastos que ello demandaba.
Podemos decir entonces que la actuación de la política en general ha resultado indecente y es propia de unos políticos mediocres, en alguna medida rozan la corruptela moral y son unos grandísimos irresponsables, que parecen estar motivados en mantener sus privilegios y poderes que por los valores que cabría esperar de nuestros representantes.
Han dado una permanente muestra de incapacidad para alcanzar un gran acuerdo o pacto de Estado que nos obligará a tener una misma mirada para el sector de jubilados, haciendo una ley que forje un sistema razonable, humano y duradero en el tiempo, donde se pudiera lograr la recuperación
de los beneficios jubilatorios, sin desmedro de la calidad de vida de los beneficiarios y sin quebrar las arcas del Estado.
Sabemos que uno de los principales problemas que enfrenta el sistema previsional argentino es su sostenibilidad finan ciera a largo plazo.
En ello se conjugan diversos factores como el envejecimiento de la población, las fluctuaciones económicas que presionaron al sistema y los vaivenes legislativos según el color partidario.
De suyo, cada cambio produjo más incertidumbre y preocupación en el conjunto de la sociedad, de aquellos que ven disminuidos sus ingresos y, por tanto, afectada su calidad de vida, como de aquellos que aportan y ven que el futuro cada vez es más sombrío.
Nuestro sistema previsional se encuentra en crisis también por la falta de medidas efectivas para abordarlos o, mejor dicho, por las erráticas medidas que se implementan sin tomar en cuenta de dónde provendrán los recursos para afrontar esos gastos.
Verdaderamente, lo que deberíamos hacer no es colocar a los jubilados como moneda de cambio o de presión, entre oposición y gobierno, y tender puentes para generar en conjunto una salida razonable a este enorme atolladero que nos encallaron años de malas gestiones.
De suyo deberíamos tender a mejorar las prestaciones para jubilados y pensionados, pero desde un enfoque integral y colaborativo, donde se consensue una fórmula de ajuste que refleje -de manera lo más precisa posible- la evolución de los salarios y de la canasta básica para garantizar que los beneficios se mantengan en línea con el costo de vida, sin perder de vista los ingresos de los actuales aportantes y de aquello que pueda sumar el Tesoro Nacional.
Eso sí, la reforma del sistema previsional no puede quedar aislada sin ver que la problemática excede ese mirador y se requiere, insisto, de una conglobante articulación integral. A ese respecto, la promoción del empleo y la formalización laboral, creando empleos de calidad, transparentando
al empleo informal son una de las metas, ello aumentaría exponencialmente las contribuciones al sistema previsional, lo que a su vez podría fortalecer su sustentabilidad financiera a largo plazo.
Desde ya que el combate a la inflación es primordial, dado que la alta inflación en el país ha erosionado el poder adquisitivo de las jubilaciones y pensiones, por lo que las medidas que está adoptando el presidente para detener la inflación de una manera concreta protegen el valor real de los beneficios previsionales.
Por otro lado, para aquellos aportantes futuros que estuvieren en condiciones de mejorar sus ingresos jubilatorios al día de mañana, deberían tener el incentivo de generar el ahorro voluntario y la adhesión a sistemas de previsión complementaria que podría proporcionar a los jubilados y pensionados ingresos adicionales que complementen sus beneficios del sistema público.
Amén de ello, la promoción de políticas de inclusión social que reduzcan la desigualdad social y promuevan la inclusión de grupos vulnerables puede ayudar a garantizar que todos los jubilados y pensiona dos tengan acceso a prestaciones adecuadas y dignas. Y, por último, es necesario y
fundamental contar con diálogo, buscando consensos que garanticen la viabilidad y la sostenibilidad de las reformas a largo plazo.
El proyecto de ley recientemente sancionado por la Cámara de Diputados con el voto de kirchneristas y radicales, y al cual amenazó el presidente con vetarlo si pasa el Senado, genera un gasto sin la correspondiente partida presupuestaria y, como tal, la actitud asumida por la oposición se comporta como una práctica financiera irresponsable y potencialmente ilegal.
La ausencia de una partida presupuestaria correspondiente para un gasto implica un incumplimiento de los principios básicos de gestión financiera y puede tener serias implicaciones legales y financieras, desde ya que todo ello requiere de los procedimientos adecuados para garantizar la
transparencia y la responsabilidad en el uso de los fondos públicos.
Pero digamos que, si no hay plata, la ley será solo un problema irresuelto y terminaríamos en la paradoja de la frazada corta.
Terminaríamos sacando recursos de otros compromisos, que seguramente cuando se los traslade, nuevamente la oposición pondrá el grito en el cielo.
Otra vez planteamos la misma posición, nadie discute que la reforma jubilatoria propuesta sea necesaria y resulta beneficiosa para mejorar el sistema previsional y garantizar la sustentabilidad a largo plazo, pero en vista de la situación general del país y de la falta de recursos, podríamos
considerar irresponsable la actitud de los diputados.
En un sistema democrático, la oposición legitima a las políticas gubernamentales resultando ser una piedra angular de la democracia. Sin embargo, si los diputados y probablemente luego los senadores, de resultas de lo que ya anticiparon mayoritariamente, terminan aprobando esta ley, demostrarían una indisimulada intención de entorpecer el funcionamiento del gobierno, sin ofrecer alternativas constructivas, y nuevamente afirmamos que tal conducta se conforma como un comportamiento inadecuado.
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