Hay una transformación silenciosa que está modificando el mapa económico y geopolítico del mundo. Se la denomina transición energética y, en términos generales, consiste en avanzar desde una matriz sustentada fundamentalmente en los combustibles fósiles hacia otra basada en energías renovables, electrificación, almacenamiento y nuevas tecnologías.
Pero detrás de esa transformación existe una realidad que pocas veces aparece con la misma intensidad en los discursos, la transición energética también es una disputa por los recursos naturales.
Para fabricar baterías, vehículos eléctricos, redes de transmisión, paneles solares, aerogeneradores y sistemas de almacenamiento hacen falta minerales. Litio, cobre, níquel, grafito, tierras raras y otros recursos comenzaron a adquirir un valor estratégico que trasciende largamente el mercado de materias primas.
Y Argentina tiene una parte importante de esos recursos. El litio del noroeste, el cobre de la Cordillera, el petróleo y el gas de Vaca Muerta, el potencial solar y eólico, los recursos hídricos y una ubicación geográfica que puede convertir al país en un corredor energético y logístico regional colocan a nuestro territorio frente a una oportunidad extraordinaria.
Pero también frente a un dilema: ¿Vamos a utilizar esa riqueza para construir desarrollo o simplemente para convertirnos en grandes proveedores de materias primas para las economías industrializadas? La respuesta determinará buena parte de la Argentina de las próximas décadas.
Durante buena parte del siglo XX, la disputa energética internacional estuvo asociada fundamentalmente al petróleo y al gas. Los grandes productores de hidrocarburos adquirieron una importancia estratégica extraordinaria y las relaciones internacionales estuvieron muchas veces condicionadas por el acceso a esas fuentes de energía.
Ahora el escenario comienza a modificarse, el mundo necesita reducir sus emisiones y avanzar hacia nuevas tecnologías. Pero las nuevas tecnologías requieren recursos naturales. De allí que la transición energética no elimine la lógica geopolítica de los recursos, la transforma.
El petróleo continúa siendo estratégico, pero el litio y el cobre adquieren una relevancia cada vez mayor. El sol y el viento pasan a convertirse en activos energéticos. Las redes eléctricas adquieren una importancia decisiva. El almacenamiento de energía se transforma en uno de los grandes desafíos tecnológicos.
Argentina aparece, entonces, en el radar internacional, la cuestión es cómo administrar esa oportunidad. El país necesita inversiones. Necesita capital, tecnología, infraestructura, empleo y divisas. Resultaría absurdo desconocerlo. También sería equivocado suponer que el Estado puede financiar por sí solo todos los grandes proyectos mineros, energéticos y de infraestructura que necesita la economía.
Pero atraer inversiones no puede significar resignar capacidad de decisión, una concesión no es una transferencia de soberanía, un régimen de promoción no significa que el Estado deje de controlar, y la seguridad jurídica de una inversión no puede confundirse con la ausencia de obligaciones ambientales, laborales o sociales. Ese es uno de los puntos centrales de la discusión que Argentina debe afrontar.
El Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones, conocido como RIGI, constituye una de las herramientas principales de la actual política económica para atraer proyectos de gran magnitud. La Ley 27.742 contempla beneficios y condiciones especiales para inversiones en sectores considerados estratégicos, entre ellos minería, energía, infraestructura, petróleo y gas.
El Gobierno ha buscado con este instrumento ofrecer previsibilidad y condiciones capaces de competir internacionalmente por grandes capitales. La lógica económica resulta comprensible, en un mundo donde los capitales pueden dirigirse hacia diferentes países, Argentina debe ofrecer condiciones que permitan transformar sus recursos potenciales en inversiones efectivas.
Pero existe una segunda pregunta, tan importante como la primera ¿Qué obtiene la Argentina a cambio de esas condiciones?
No alcanza con saber cuánto capital extranjero ingresará, hay que conocer cuánto empleo generará, cuánto valor agregado permanecerá en el país, qué participación tendrán las empresas nacionales, qué transferencia tecnológica producirá, qué infraestructura quedará después de concluido el proyecto y cuánto aportará al desarrollo de las comunidades donde se instale.
También habrá que saber qué ocurre cuando la explotación termine, porque una inversión puede durar treinta años, pero un territorio permanece. Por eso las grandes inversiones requieren algo más que contratos y beneficios fiscales. Necesitan una visión estratégica de largo plazo.
La Constitución Nacional contiene dos principios que necesariamente deben convivir, por un lado, el artículo 124 reconoce a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en sus territorios.
Por otro, el artículo 41 reconoce el derecho de todos los habitantes a un ambiente sano y establece el deber de preservarlo, incorporando además una idea decisiva: las actividades productivas deben satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.
Ahí aparece una de las grandes cuestiones de nuestro tiempo, los recursos pueden ser explotados, pero no pueden ser considerados ilimitados. Las provincias tienen competencia sobre sus recursos, pero la protección ambiental constituye un interés colectivo.
La Nación debe promover el desarrollo, pero también debe garantizar presupuestos mínimos de protección. No existe, entonces, una contradicción inevitable entre federalismo, inversión y protección ambiental. Lo que existe es la necesidad de construir una política federal capaz de articular esos intereses.
El verdadero desafío consiste en evitar dos extremos igualmente peligrosos, asi uno sería considerar que cualquier inversión debe ser aceptada porque genera dólares y el otro sería suponer que toda explotación de recursos naturales es necesariamente incompatible con la protección ambiental. Ambas posiciones simplifican una realidad mucho más compleja.
El problema no es explotar o no explotar, el problema es cómo, cuánto, dónde, bajo qué condiciones y para beneficio de quién, porque insisto, el territorio no es solamente un recurso
Cuando una discusión sobre minería, energía o infraestructura se reduce a cifras de inversión, exportaciones y regalías, algo fundamental queda afuera, el territorio, la comunidad, la cultura, la historia, el agua, la biodiversidad, la producción, el paisaje, la memoria, pero sobre todo, es el lugar donde las personas desarrollan su vida.
Por eso la cuestión ambiental no puede ser considerada un obstáculo administrativo para las inversiones. Los estudios de impacto ambiental, el ordenamiento territorial, los mecanismos de participación ciudadana y los controles posteriores a la aprobación de un proyecto son herramientas esenciales para que el desarrollo económico no termine generando costos que después deban pagar las comunidades.
La Ley General del Ambiente establece, precisamente, instrumentos destinados a ordenar el territorio y evaluar previamente los impactos de las actividades que puedan producir modificaciones significativas.
No se trata de impedir el desarrollo sino de hacer que el desarrollo sea compatible con la vida y esta cuestión adquiere una importancia especial cuando hablamos del agua. En regiones áridas o semiáridas, el agua tiene un valor que excede cualquier cálculo económico. Una actividad puede ser técnicamente posible y, sin embargo, resultar social o ambientalmente inconveniente en determinado territorio.
Por eso no puede existir una política de recursos naturales idéntica para todo el país, lo que puede resultar razonable en una región puede ser inconveniente en otra y así la transición energética debe contemplar esa diversidad.
En este punto adquiere especial significado una frase atribuida al científico David Suzuki: “La Tierra no es un recurso a explotar, es nuestro hogar que debemos proteger y preservar”.
Cuando hablamos de la naturaleza como un "recurso", tendemos a pensar en aquello que puede ser utilizado para producir riqueza. Cuando hablamos de la Tierra como nuestro "hogar", la perspectiva cambia. Ya no se trata solamente de cuánto podemos extraer, sino de qué consecuencias tendrá esa extracción, no significa que debamos dejar de producir, sería imposible.
Necesitamos energía, alimentos, viviendas, caminos, minerales, tecnología e infraestructura. La cuestión es otra, la economía no puede olvidar que funciona dentro de la naturaleza y no al margen de ella. Esta debería ser una de las premisas de la transición energética, porque sería una paradoja que, para combatir el cambio climático y construir una economía más limpia, generemos una nueva carrera extractiva que termine reproduciendo las mismas desigualdades y deterioros ambientales que caracterizaron al modelo anterior.
La transición energética debe ser limpia no solamente en el momento en que consumimos la energía, sino también en las condiciones bajo las cuales obtenemos los recursos necesarios para producirla.
Argentina conoce demasiado bien la lógica de la economía extractiva, durante décadas exportó materias primas y luego importó buena parte de los productos industrializados elaborados con ellas.
La transición energética puede ofrecer la oportunidad de modificar esa historia, tenemos litio, pero también deberíamos preguntarnos qué industria podemos construir alrededor del litio. Tenemos cobre, pero debemos discutir cuánto valor agregado podemos generar dentro del país. Tenemos gas y petróleo, pero también debemos pensar qué industrias, tecnologías y cadenas productivas pueden desarrollarse alrededor de esos recursos. Tenemos sol y viento, pero la discusión no puede limitarse a instalar parques de generación.
Debe incluir fabricación, almacenamiento, redes eléctricas, tecnología, investigación y formación de profesionales. El desafío es pasar de una economía que extrae recursos a una economía que transforma recursos en conocimiento, tecnología y desarrollo y esa es la diferencia entre aprovechar una oportunidad histórica y simplemente vender aquello que el mundo necesita.
Julio César Coronel
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