Cuando un Presidente de la Nación decide convertir nuevamente el reclamo de soberanía en el centro de una cadena nacional, la pregunta no puede limitarse a saber qué dijo, es necesario preguntarse qué significa lo anunciado, qué consecuencias prácticas puede producir, cuál será la reacción del Reino Unido, qué posición adoptará Estados Unidos y, fundamentalmente, cuánto hay de política de Estado y cuánto de estrategia política doméstica en la decisión presidencial.
Javier Milei volvió a colocar a Malvinas en el centro de la agenda nacional, pero esta vez no lo hizo solamente mediante una invocación histórica o una reivindicación de la soberanía argentina, su discurso incorporó decisiones concretas.
Anunció un decreto para acelerar y fortalecer el régimen sancionatorio contra empresas vinculadas con actividades petroleras en las islas; anticipó sanciones que podrían alcanzar a accionistas, directores y proveedores; anunció la construcción de una base naval integrada en Tierra del Fuego mediante un DNU; propuso al Congreso una ley de defensa de la soberanía; planteó la creación de un Consejo de Seguridad Nacional y vinculó expresamente la defensa del Atlántico Sur con la seguridad económica, energética, tecnológica y estratégica de la Argentina.
Esto supone un cambio cualitativo respecto de una simple declaración diplomática. El Gobierno pretende transformar el reclamo por Malvinas en una política integral de seguridad nacional, vinculándola con los recursos naturales, la defensa, la inteligencia, la infraestructura crítica, la Antártida y el Atlántico Sur.
En otras palabras, Milei intenta trasladar la cuestión Malvinas desde el terreno exclusivamente diplomático hacia una concepción más amplia de poder nacional. Y allí comienza la discusión verdaderamente importante. La primera afirmación que corresponde hacer es sencilla, Malvinas no pertenece a Milei, ni a ningún otro presidente, partido o espacio político.
La propia Constitución Nacional, en su Disposición Transitoria Primera, define la recuperación del ejercicio pleno de la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes como un objetivo permanente e irrenunciable del pueblo argentino, sujeto al respeto del modo de vida de sus habitantes y conforme a los principios del derecho internacional. Milei recordó expresamente esa cláusula constitucional. Y acertó.
También es correcto recordar que Naciones Unidas reconoce la existencia de una disputa de soberanía y ha instado históricamente a Argentina y al Reino Unido a encontrar una solución negociada y pacífica, el conflicto de 1982 no eliminó jurídicamente la controversia de soberanía.
Por ello, la reivindicación argentina no constituye una extravagancia de la política exterior de un gobierno determinado. Es una política de Estado. Pero precisamente porque lo es, debe evitarse otro riesgo, que una causa nacional termine convertida en instrumento de una estrategia electoral.
Y esta posibilidad merece ser analizada seriamente. El anuncio presidencial se produce en un contexto político particularmente sensible, donde las elecciones se encuentran próximas y el Gobierno enfrenta una competencia electoral en la que necesita ampliar su base de apoyo.
Malvinas constituye, en ese escenario, una causa extraordinariamente singular: atraviesa ideologías, partidos, generaciones y clases sociales, por ende, puede generar adhesiones donde normalmente existen profundas divisiones. No hace falta ser peronista, radical, liberal, socialista o conservador para sentir que las Malvinas forman parte de la identidad nacional. Por eso, la utilización política de la causa es tentadora para cualquier gobierno.
El problema aparece cuando la reivindicación deja de ser una política permanente del Estado y se convierte en una herramienta de campaña. No afirmo que eso sea necesariamente lo que está ocurriendo, sería una conclusión apresurada, pero sí resulta legítimo formular la pregunta.
Porque una cosa es utilizar una circunstancia política para fortalecer una política de Estado y otra muy diferente es utilizar una política de Estado para obtener un beneficio electoral. La diferencia puede ser sutil en el discurso, pero es enorme en términos institucionales.
Y es aquí donde debemos puntualizar los ejes sobre las consecuencias prácticas del anuncio. El primer efecto concreto estará relacionado con las empresas que participan o pretendan participar de la explotación de hidrocarburos en las aguas y territorios que Argentina considera sometidos a su soberanía. El Gobierno puso particularmente el foco sobre el proyecto Sea Lion, desarrollado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration, cuya explotación petrolera está prevista para los próximos meses.
Milei sostuvo que la Argentina utilizará las herramientas económicas, jurídicas, diplomáticas y administrativas disponibles para impedir o encarecer esas operaciones. Y aquí aparece una cuestión de enorme importancia, donde el país puede aumentar el costo económico y jurídico de operar en Malvinas, pero no puede materialmente impedir desde el continente que el Reino Unido ejerza el control efectivo que actualmente posee sobre las islas y sus aguas.
Las medidas que se implementen difícilmente puedan detener por sí mismas una explotación que se desarrolla bajo jurisdicción efectiva británica. Por eso, el verdadero objetivo de las sanciones no parece ser tanto impedir físicamente la extracción como elevar el costo político, jurídico y económico de la operación.
La eficacia dependerá entonces de algo más complejo, cuántos países y empresas estén dispuestos a acompañar o soportar esa presión. Si Argentina queda sola, las medidas tendrán un efecto principalmente simbólico y limitado. Si consigue construir una coalición diplomática alrededor del rechazo a la explotación unilateral de los recursos, la situación cambia.
Hay otro elemento que no puede soslayarse, el petróleo. Durante décadas, Malvinas fue fundamentalmente una cuestión territorial, histórica, jurídica y estratégica, hoy aparece incorporado un elemento adicional, los recursos naturales.
El proyecto Sea Lion convierte al subsuelo marítimo en una cuestión de poder económico. Reuters informó que las estimaciones sobre el área hablan de recursos potenciales de enorme magnitud, lo que incrementa el interés estratégico sobre la zona. Esto explica buena parte de la nueva tensión. Para la Argentina, permitir que empresas desarrollen hidrocarburos en áreas cuya soberanía reclama equivale a aceptar un hecho consumado.
Para el Reino Unido, en cambio, la explotación de recursos forma parte del ejercicio de la administración de un territorio que considera británico. Por eso, el petróleo no es un elemento accesorio puede llegar a convertirse en un factor acelerador de la disputa.
Y aquí el Gobierno argentino tiene un argumento diplomático que merece ser utilizado cuidadosamente: las Naciones Unidas han llamado reiteradamente a las partes a evitar acciones unilaterales que puedan modificar la situación mientras persiste la controversia. La dificultad consiste en transformar ese principio en una presión internacional efectiva.
¿Qué hará el Reino Unido? La primera respuesta británica ya llegó y era, en cierto modo, previsible. Londres rechazó frontalmente las declaraciones de Milei y reafirmó que su compromiso con las Falklands es “absoluto e inamovible”. El ministro de Defensa británico Wes Streeting sostuvo además que las palabras del presidente argentino hablan más de la política interna argentina que de las islas. El canciller Ed Miliband insistió, por su parte, en la posición británica respecto de la autodeterminación de los isleños.
Es difícil imaginar una reacción diferente. El Reino Unido no puede aceptar que las sanciones argentinas sean presentadas como una herramienta capaz de condicionar su administración efectiva del archipiélago. Pero tampoco parece probable que Londres quiera transformar esta controversia en una crisis militar.
La respuesta británica más probable será una combinación de firmeza diplomática, defensa jurídica de las licencias, respaldo político a las empresas y mantenimiento de la presencia militar existente. Y hay un dato importante, el Reino Unido posee actualmente una capacidad de defensa de las islas muy superior a la que tenía en 1982.
Por eso sería un error interpretar cualquier escalada verbal como una reedición de la situación que precedió a la guerra. En realidad, la guerra no es una alternativa razonable, la disputa contemporánea se juega en otros campos, la diplomacia, derecho internacional, economía, energía, tecnología, capacidad militar de disuasión y alianzas internacionales.
Pero la incógnita decisiva son los Estados Unidos, es el elemento más novedoso. Donald Trump había declarado el 31 de agosto que Estados Unidos podría revisar su posición respecto de Malvinas. Sería imprudente confundir una posibilidad política expresada por Trump con un cambio efectivo de la política exterior estadounidense.
Estados Unidos tiene una relación histórica, militar y estratégica con el Reino Unido que excede largamente la cuestión Malvinas. Washington puede utilizar la disputa para presionar a Londres, particularmente en un contexto de exigencias estadounidenses sobre gasto militar y compromisos estratégicos europeos, pero eso no significa necesariamente que Estados Unidos vaya a reconocer la soberanía argentina.
De hecho, la posición estadounidense podría evolucionar hacia una fórmula mucho más pragmática, apoyar la negociación sin reconocer expresamente la soberanía argentina. Y esa diferencia sería fundamental.
Para Argentina sería conveniente no exigir a Washington una definición inmediata de “Argentina sí, Reino Unido no”, una diplomacia inteligente podría procurar algo más concreto y alcanzable: que Estados Unidos respalde la reanudación de negociaciones bilaterales, rechace acciones unilaterales sobre recursos mientras persista la controversia y promueva una solución diplomática.
Si Washington avanzara en esa dirección, Argentina habría obtenido un resultado internacional mucho más importante que una declaración retórica. Aquí adquiere particular fuerza una frase que expuso Joaquin Balaguer: “La soberanía no es negociable, solo se defiende”.
Julio César Coronel
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