La causa por la defraudación a la AFIP, que supera los 800 millones de pesos, fue enviada a juicio oral. La investigación de la justicia federal involucra a un contador, exfuncionarios del organismo y titulares de empresas fantasmas que elaboraban facturas truchas para evadir el pago de impuestos. Una compleja trama que afecta directamente las arcas del Estado.
El 5 de diciembre de 2019, la responsable de la Sección Penal Tributara de la División
Jurídica de la Dirección Regional Tucumán de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), María Lucía de las Mercedes Trabadelo, denunció la existencia de un grupo organizado de personas físicas y jurídicas que se dedicaban a evadir tributos mediante declaraciones engañosas, ocultaciones maliciosas, otros ardides y engaños, y el uso de usinas de facturación apócrifas, todo lo cual habría causado al Estado un perjuicio de más de 800 millones de pesos.
Luego de una ardua investigación, el viernes 24 de septiembre de 2021, el titular del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, Dr. Sebastián Diego Arbibay, dispuso el allanamiento de las oficinas de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), por pedido del fiscal federal a cargo de la Fiscalía Federal N°1, Pedro Eugenio Simón.
La fiscalía imputó a un total de 14 usinas apoc (es la denominación para las facturas apócrifas) y a casi una veintena de personas que actuaban como socios de las empresas fantasmas o como contribuyentes de facturas truchas. Además, imputó a tres funcionarios del organismo por cohecho pasivo y asociación ilícita fiscal, por la supuesta percepción de dinero a cambio de descargar boletas de deudas, levantar embargos de empresas y contribuir a la creación de usinas de facturación apócrifa, y a otra persona que no trabajaba en el organismo pero que recibía dinero de las coimas en su cuenta bancaria. En total, son 26 personas procesadas.
Los allanamientos fueron autorizados y ordenados por el juez Argibay. De modo tal que los procedimientos se realizaron en las oficinas de cada una de las personas señaladas, quienes cumplían funciones en la AFIP de Santiago del Estero y en los domicilios de los imputados, donde se hallaron cheques librados por las usinas cuestionadas, comprobantes de transferencias bancarias y otros elementos de interés para la causa.
A través de los peritajes telefónicos -realizados por el laboratorio de la Policía Federal (PFA), Dirección Regional Tucumán, y por oficiales de la Unidad Operativa Federal (UOF) de la PFA de Santiago del Estero- al teléfono celular de quien sería el jefe de la organización se hallaron conversaciones entre este y funcionarios del fisco nacional.
Luego de un exhaustivo análisis llevado a cabo por la Fiscalía Federal N° 1, en conjunto con personal de la UOF Santiago del Estero de la PFA, se detectó la existencia de un sistema de retribuciones monetarias indebidas, por las que el contador otorgaba grandes sumas de dinero al personal de la AFIP a fin de que estos cancelen embargos y permitan la inscripción de empresas “fantasmas”, con el único fin de emitir comprobantes apoc.
Cabe mencionar que, en octubre de 2024, la AFIP fue disuelta por el gobierno de Javier Milei, convirtiéndose luego en la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA)
CONTADORES Y FUNCIONARIOS
La maniobra delictiva involucraba pagos en efectivo, que habrían sido realizados por quien sería el jefe de la organización, el contador Carlos Gustavo Coronel Medina y en ocasiones por intermediarios, en la Agencia de la AFIP y en los domicilios particulares de los funcionarios.
Asimismo, la entrega de dinero también se habría hecho a través de cheques librados por una usina comandada por el contador hacia la persona que prestaba su cuenta bancaria a los funcionarios del ente recaudador, a fin de ocultar el cobro de estas sumas ilícitas. Quienes aún se desempeñan en la exAFIP, aunque ahora están suspendidos en sus funciones mientras continúa la investigación judicial y el sumario administrativo en su contrato, son:
-María Patricia Godoy, quien estaba al frente de la sección de Recaudación.
-Manuel Alejandro Azar, de la sección Jurídica.
-Luis Alberto Fincatti, de la sección Recaudación, quien se jubiló un año antes que se iniciara la investigación.
Precisamente, ellos serían quienes “regularizaban” deudas de contribuyentes existentes hasta alcanzar saldo “0”, tras el desembolso de vastas sumas de dinero de parte del contador. Los pagos individuales para estas personas alcanzarían los 200 mil pesos por cada trámite.
Estos tres funcionarios fueron imputados por el delito de cohecho pasivo y como partícipes de la asociación ilícita fiscal. El nexo entre ellos y Coronel Medina sería otro contador, Daniel Aparicio Lazarte, quien es pareja de María Patricia Godoy, Para la fiscalía, es partícipe esencial en el cohecho.
Por su parte, Coronel Medina, fue imputado por los delitos de evasión doblemente agravada y como supuesto “jefe” de una asociación ilícita fiscal. Sus secretarias, María Beatriz González y María Belén Zerdán también fueron señaladas como partícipes de la organización delictiva.
PROCESAMIENTOS
El 21 de octubre de 2021, el titular del Juzgado Federal N°2 de Santiago del Estero, Sebastián Argibay, procesó sin prisión preventiva al contador Coronel Medina como autor del delito de asociación ilícita fiscal en calidad de jefe y organizador, y le trabó embargo sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos.
Adoptó el mismo temperamento respecto de otras diecinueve personas, como autores, partícipes primarios y partícipes secundarios de los delitos de asociación ilícita fiscal y evasión tributaria agravada, y embargó sus bienes por sumas de entre 500 mil y 2 millones de pesos.
Se destacan los siguientes casos:
• María Belén Zerdán: secretaria de Coronel Medina, por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe primaria, y le trabó un embargo por $ 2 millones.
• Luis Hernán Arce, en calidad de autor, por evasión tributaria agravada, como socio de la firma “El Tope SRL”, por los períodos fiscales 2016 (IVA: $ 6.582.642,92 y ganancias: $ 11.020.946,63), 2018 (IVA: $ 4.510.732,79 y ganancias: $ 7.527.232); por el delito de evasión tributaria doblemente agravada, también en calidad de autor, por el período fiscal 2017 (IVA: $ 16.626.098,59; ganancias $ 28.165.101,20); y al resultar socio de la firma “Punto Norte SRL”, se lo procesó, en calidad de autor, por evasión tributaria agravada del período fiscal 2016 (IVA: $ 10.628.087,77), y por evasión tributaria doblemente agravada, también en calidad de autor, por los períodos fiscales 2016 (ganancias: $ 17.713.479,62) y 2017 (IVA: $ 16.844.128,62; ganancias: $ 28.942.038,86). Además, lo procesó como partícipe primario de asociación ilícita fiscal y le trabó embargo por $ 2 millones.
• Cristian Omar Gramajo: socio-apoderado de la firma “El Tope SRL”, por evasión tributaria agravada de los períodos fiscales 2016 y 2018; por evasión tributaria doblemente agravada por el período fiscal 2017; y por resultar socio de la firma “Pintar Santiago SRL”, por evasión tributaria agravada de los períodos fiscales 2017 y 2018; y por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe primario, y le trabó embargo por $ 2 millones.
• Juan Carlos Saavedra: socio de “El Tope SRL”, por evasión tributaria agravada de los períodos fiscales 2016 y 2018; por evasión tributaria doblemente agravada, y como socio de “Pintar Santiago SRL”, por evasión tributaria agravada de los períodos fiscales 2017 y 2018; y por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe primario, y se le trabó embargo por $ 2 millones
• Armando Alfredo Artaza: socio de la firma “Rovil SRL”, por evasión tributaria agravada y por evasión tributaria doblemente agravada; y al resultar socio de la firma “Tomanic SRL”, por evasión tributaria agravada; y por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe secundario, y le trabó embargo por $ 500 mil.
• María Guadalupe Colucci: socia de la firma “Aymuray Amaru SRL”, por evasión tributaria agravada; y socia de la firma “Cenafin SRL”, por evasión tributaria agravada; por asociación ilícita fiscal, en calidad de partícipe primario, y se le trabó embargo por $ 2 millones.
También fueron procesados:
-Carlos Ernesto Méndez
-Gustavo Adolfo Depompa
-Daniel Eduardo Luna
-Ariel Sayavedra
-Oscar Alfredo Ale
-Oscar Franco Galván
-Jorge Adolfo Gómez
-Nélida Elizabeth Arce
-Marcos Gabriel Dos Santos
-Luciana Ada Emilia Valdez
-Fabián Alejandro Sagolpa
-Jorge David Ferreyra.
-Sergio Rubén Auat
APELACIÓN RECHAZADA
Las defensas de la mayoría de los imputados apelaron la decisión, por considerarla arbitraria. Sin embargo, la Cámara Federal de Apelaciones de Tucumán -integrada por Marina Cossio, Mario Rodolfo Leal y Ricardo Sanjuan- se expidió por el rechazo de los recursos de apelación y pedidos de nulidad interpuestos por las defensas de diez de los procesados, y confirmó la resolución del juez Argibay.
Los camaristas sostuvieron que “bajo una alegada falencia formal, los apelantes disfrazan su disenso con el criterio contrario sostenido por el magistrado de grado. En efecto, resulta que todos los recurrentes argumentaron que la sentencia resulta nula por falta de motivación o por presentar en su caso una fundamentación sólo aparente. Pero, contrariamente, de las constancias de autos y de la lectura de la sentencia bajo examen, entendemos que el magistrado de grado dio un efectivo cumplimiento con lo establecido por los artículos 123 y 399 de Código Procesal Penal de la Nación en cuanto a la debida motivación de esa resolución. En efecto, el tribunal que dictó la resolución cuestionada] consideró todos los elementos necesarios para resolver como lo hizo, todos los detalles que surgieron de una prolija investigación”.
También destacaron que existían “elementos más que suficientes para considerar como plausible la existencia de una intención por parte de los procesados de integrar una organización destinada a cometer el ilícito de evasión fiscal”, ello por ser evidentes los vínculos entre el contador, su secretaria y las sociedades investigadas en las cuales, el resto de los procesados, “resultan ser socios o representantes y eventualmente las personas físicas imputadas”.
VINCULACIÓN
En el mismo sentido, los magistrados agregaron que “se constataron empresas y particulares, que tienen su actividad en diferentes rubros, que no poseen capacidad económica, estructura funcional, ni de personal, que haga presumir que la facturación detectada en todos los casos responda a actividades efectivamente realizadas”.
Asimismo, coincidieron con el juez Argibay en que todas las firmas investigadas estaban vinculadas al contador -señalado como el organizador de las asociación-, “quien realizaba su inscripción ante AFIP y emitía sus facturas”, al tiempo que también se evidenciaron relaciones de compra y venta entre las empresas y personas físicas investigadas.
Los camaristas consideraron que “el modus operandi que habría sido implementado por las empresas, sus socios y por las personas físicas imputadas, lo fue mediante la supuesta utilización de facturas apócrifas, las cuales entrecruzaban entre ellas, con la supuesta dirección y coordinación del contador y de esa manera habrían deducido los montos a ingresar al fisco”.
En virtud de ello concluyeron que “las pruebas colectadas resultan suficientes para afirmar, con el grado de probabilidad que requiere esta etapa del proceso, que el hecho se produjo y que los procesados resultan ‘prima facie’ ser sus autores y/o partícipes (conforme art. 306 CPPN), en línea con lo considerado por el magistrado de grado”.
CAUSA MADRE
Todos estos elementos y decisiones judiciales forman parte de la llamada “causa madre”, que tiene 22 procesados, entre los que se destacan, el contador Coronel Medina, una de sus secretarias, los funcionarios de la AFIP y los titulares de las empresas fantasmas. Contra ellos se trabaron embargos millonarios.
Cabe resaltar que los primeros días de septiembre fue detenida María Beatriz González, la segunda secretaria del contador, quien se considera una figura clave en la causa, por su conocimiento de todos los movimientos de su jefe, quien sería el líder de la asociación ilícita. Sin embargo, en diciembre de 2022, le fue dictada falta de mérito en el delito “evasión tributaria doblemente agravada por el monto y el uso de documentos ideológicamente falsos”, sin perjuicio de la prosecución del sumario hasta su total esclarecimiento.
EMPRESAS FANTASMAS
Las 14 usinas apoc o “empresas fantasmas”son:
• 1-El Tope S.R.L.
• 2-Punto Norte S.R.L.
• 3-Pintar Santiago S.R.L.
• 4-Rovid S.R.L.
• 5-Lowel S.A.
• 6-Aymuray Amarú
• 7-Cenafin S.R.L.
• 8-Tomanic S.R.L.
• 9-Drof S.A.
• 10-Techworks S.R.L.
• 11-Quillun S.R.L.
• 12-Alos del NOA S.R.L.
• 13-Grupo Campo S.A.
• 14-Corporación Comercial Argentina S.R.L.
DERIVACIONES INSOSPECHADAS
Esa causa madre derivó en causas paralelas, que tienen estricta relación con las 120 empresas y personas que se beneficiaron con la evasión. Precisamente, de ellas se desprende otra causa, relacionada directamente con los descuentos de deudas millonarias de empresas con la AFIP.
Precisamente, contra cada una de las 120 empresas se comenzó una investigación por separado. Según se pudo conocer, el organismo recaudador analizó ya las primeras 40 empresas, 5 de las cuales habrían realizado una evasión superior al millón y medio, por lo tanto, fueron denunciadas penalmente.
Precisamente, estas 5 firmas –entre ellas 2 constructoras- fueron denunciadas en la justicia federal, por lo cual, cuatro de ellas comenzaron un plan de pago con la AFIP y lograron que la denuncia en su contra sea levantada.
Mientras que la empresa restante, dedicada al rubro de reparaciones integrales, desistió de la posibilidad que le brindaba el organismo recaudador. Por lo tanto, la justicia federal también podría elevar la causa a juicio contra sus dos directivos. Precisamente, en enero de 2019, uno de ellos estuvo involucrado en la causa “Narcos Vip”, una organización delictiva dedicada al narcotráfico de drogas, formada por personas de la elite privilegiada de Santiago del Estero.
Con respecto a las 35 empresas investigadas por la AFIP, ya se les está cobrando en forma administrativa.
Por su parte, contra las otras 80 empresas involucradas de aquél total de 120, las investigaciones ya comenzaron, aunque todavía resta determinar a cuánto ascenderían los montos evadidos al fisco. Según se pudo saber, la mayoría de ellas estaría buscando el modo de pagar sus deudas sin llegar a una instancia judicial.
“BENEFICIOS ESPECIALES”
En este punto la investigación apunta directamente contra el organismo recaudador. A partir del entrecruzamiento de escuchas telefónica, la justicia pudo determinar que el contador Carlos Coronel Medina se habría comunicado con personal de la AFIP, del área de Recaudación, con quienes se habría puesto de acuerdo para realizar “beneficios especiales” a 15 empresas.
Tales beneficios consistían en conceder importantes descuentos o bien perdonar deudas millonarias de las empresas infractoras a cambio de un 15% del total de las rebajas concedidas.
Razón por la cual, el cobro de esas coimas habría involucrado directamente a ex funcionarios, de jerarquía, que cumplían tareas en las áreas Jurídicas y Recaudación, durante los años 2016 a 2019.
A modo de ejemplo, los investigadores comentaron acerca del caso de una empresa constructora que logró un llamativo descuento de 80 millones de pesos. Sin embargo, una vez que esta firma logró la rebaja, decidió acogerse a un plan de pago oficial, por los canales lícitos que brinda el organismo. Además, habría conseguido un certificado que le permitía continuar participando en licitaciones públicas. La “picardía” de esta empresa estaría en que no pagaron el 15% de la coima a los empleados de la AFIP.
ALLANAMIENTOS EN LA AFIP
Ante el cúmulo de evidencias contra maniobras internas del organismo recaudador, el juez Argibay le requirió a la AFIP que le brinde información necesaria sobre el período investigado.
Ante las reiteradas faltas de respuestas, el magistrado ordenó el allanamiento de la sede del organismo, que se realizó en dos jornadas sucesivas, el 2 y 3 de septiembre pasado. En la oportunidad, los investigadores lograron información sustancial, extraída del sistema de resguardo de datos, al que solo tienen acceso los funcionarios de las áreas cuestionadas, quienes brindaron toda su colaboración.
Allí se habría determinado que 15 empresas recibieron beneficios especiales, en fecha y horario coincidente con los requerimientos conseguidos a través de las escuchas telefónicas.
La maniobra consistía en acogerse a un plan de pago que les otorgaba el levantamiento de las cautelares en su contra, luego de lo cual dejaban de pagar y solicitaban el levantamiento de los embargos en su contra.
COMPLEJIDAD DE LA CAUSA
La complejidad de la causa hace que tenga tantas aristas y bifurcaciones que, a veces, son difíciles de entender. Lo claro es que hubo una causa madre, con 26 personas imputadas, entre ellas el supuesto cerebro de la banda, el contador Carlos Coronel Medina, una de sus secretarias, empleados del organismo y los responsables de las usinas apoc o empresas fantasmas.
Luego vienen las empresas beneficiadas con la evasión, que, por el momento, son 120. De las primeras 40 investigadas, una de ellas no se acogió a ningún plan de pago y está próxima a ser elevada a juicio. Las otras 80 están en plena etapa de investigación.
La justicia federal tiene entre sus manos una de las causas más complicadas, pues dejó al descubierto una evasión superior a los 800 millones de pesos.
Sin embargo, hoy, a casi seis años de la primera denuncia, la causa fue elevada a juicio oral, aunque todavía no se fijó fecha de inicio de las audiencias. Seguramente, en el debate saldrán a la luz todos los detalles de una verdadera organización que se dedicó a estafar al Estado, en total connivencia con funcionarios que debían cuidar sus arcas y no lo hicieron, sino que jugaron en beneficio propio y consintieron ser partes de una banda delictiva.