Tras el anuncio del fin del programa "Volver al Trabajo", el Gobierno nacional reemplaza la asistencia económica directa por cupones de formación. Entre dudas sobre la implementación y la pérdida del ingreso mensual, especialistas y beneficiarios advierten sobre un escenario de desprotección.
En Argentina, la asistencia social está atravesando una transformación profunda. Lo que durante años fue una transferencia directa de dinero, como el programa “Volver al Trabajo”, heredero del Potenciar Trabajo, comienza a mutar hacia otro esquema: la capacitación como condición.
En ese cambio aparecen los llamados vouchers de capacitación laboral, una herramienta que el Gobierno nacional propone como alternativa para reemplazar los planes sociales tradicionales.
La idea central es simple, pero implica un giro estructural: dejar de pagar una suma mensual sin contraprestación directa y, en su lugar, financiar formación en oficios vinculados al mercado laboral.
¿Qué son y cómo funcionan los nuevos vouchers?
Los vouchers de capacitación son instrumentos que permiten a los beneficiarios inscribirse en cursos de formación profesional y oficios en centros estatales o instituciones privadas con convenio. Según el cronograma oficial, los interesados tienen tiempo hasta el 20 de marzo para manifestar su voluntad de continuar en el sistema a través del Portal Empleo.
El funcionamiento es restrictivo: el Estado deja de depositar dinero en las cuentas de los beneficiarios y, en cambio, financia el costo de la formación. Las capacitaciones se dictarán en el Centro de Formación Capital Humano (CABA) y en una red de centros adheridos en todo el país que aún se encuentra en proceso de relevamiento.
Si bien el discurso oficial apunta a "potenciar las competencias técnicas", la letra chica del cambio revela una situación crítica para los sectores más vulnerables. A continuación, los puntos más negativos del nuevo esquema:
1. El fin del sustento económico: La medida más drástica es la eliminación total del pago mensual. Hasta abril, los beneficiarios percibirán los últimos $78.000. Al pasar al sistema de vouchers, "la cuestión dineraria se termina", según confirmaron fuentes oficiales. Para miles de familias, este ingreso, aunque congelado y erosionado por la inflación (perdió casi un 68% de poder adquisitivo en el último año), representaba un piso mínimo de supervivencia.
2. El fracaso de la inserción real: Las estadísticas oficiales son demoledoras. A junio de 2025, de los 900 mil beneficiarios, solo 1.500 personas (el 0,17%) lograron insertarse en el mercado laboral formal. Lanzar un sistema de vouchers sin un mercado de trabajo que demande activamente esa mano de obra corre el riesgo de convertirse en un "título sin destino", donde la gente se capacita para puestos que no existen.
3. Centralismo y brecha de acceso: Aunque se mencionan convenios con empresas de renombre, la oferta educativa parece estar fuertemente concentrada. El requisito de inscripción digital antes del 20 de marzo supone una barrera para quienes no tienen conectividad o alfabetización digital básica. Además, la incertidumbre sobre dónde se dictarán los cursos en el interior del país genera una desigualdad geográfica evidente.
4. Capacitación vs. Necesidades Básicas: Especialistas en políticas sociales cuestionan la efectividad de exigir capacitación a una población que, al perder el subsidio, deberá volcarse masivamente a la economía informal o la subsistencia diaria para reemplazar ese ingreso. "Es difícil pedirle a alguien que estudie un oficio si no tiene garantizado el plato de comida diario que ese estipendio ayudaba a costear", señalan voces críticas del sector.
El nuevo esquema también expone limitaciones estructurales:
- No todas las personas tienen acceso a conectividad o dispositivos para inscribirse
- No todos los territorios cuentan con la misma oferta de cursos
- Muchas personas enfrentan dificultades para cumplir horarios por tareas de cuidado o trabajos informales
- Otro de los puntos críticos es qué ocurrirá con quienes no logren sostener la asistencia requerida. A diferencia del esquema anterior, donde el ingreso era más estable, el sistema de vouchers introduce un componente de inestabilidad: el beneficio puede interrumpirse si no se cumplen las condiciones. Esto genera incertidumbre en sectores que ya se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, donde cualquier interrupción del ingreso tiene un impacto directo en la vida cotidiana.
La transición hacia este nuevo modelo no es solo administrativa. Tiene efectos directos sobre la vida de miles de personas que dependen de estos programas para sostener sus economías diarias.
En ese contexto, el desafío no es solo implementar un nuevo esquema, sino evitar que, en nombre de la capacitación, se profundicen las desigualdades que el propio sistema busca resolver.
