Cuando el insulto se convierte en método de gobierno, la discusión deja de ser solamente una cuestión de formas y también compromete la representación del país, la calidad de la convivencia democrática y la capacidad de construir consensos en una sociedad que necesita respuestas concretas.
La manera de hablar, de discutir y de relacionarse con los adversarios que caracteriza al presidente Javier Milei constituye una expresión legítima de su personalidad política y comienza a convertirse en un problema para el ejercicio de la Presidencia de la Nación.
El calificar a Pedro Sánchez de “corrupto”, “delincuente” y “dictador”, además de cuestionar duramente al socialismo y respaldar a dirigentes de la oposición española no resulta una expresión aislada ni un exabrupto que pudiera atribuirse a un momento de enojo.
Fue una nueva manifestación de una conducta que el presidente viene sosteniendo desde antes de llegar a la Casa Rosada y que también ha trasladado a sus relaciones con otros mandatarios, entre ellos Lula, a quien volvió a calificar públicamente de ladrón y corrupto.
Nos preguntamos si quien ocupa la máxima magistratura de la Argentina puede tranquilamente hacer uso reiterado, la descalificación personal como instrumento de intervención política.
No se trata de reclamarle al Presidente que abandone sus convicciones, que modere artificialmente sus ideas o que renuncie a denunciar aquello que considere irregular, pero corresponde pensar si existe una diferencia entre defender con firmeza una posición política y convertir la agresión verbal en una forma habitual de ejercer el poder.
En una democracia constitucional, el presidente es elegido por una parte mayoritaria del electorado conforme a las reglas vigentes, pero, una vez asumido el cargo, pasa a representar institucionalmente al conjunto de la Nación. No todos los argentinos deben compartir sus decisiones ni se supone que el presidente deba hablar con una neutralidad imposible, como si careciera de ideas, convicciones o preferencias ideológicas, la política es, por definición, un espacio de diferencias y disputas legítimas.
Pero la investidura presidencial introduce una responsabilidad que no desaparece cuando el mandatario sube a un escenario partidario, participa de una entrevista o utiliza las redes sociales. La palabra presidencial tiene un peso distinto del que posee la expresión de cualquier ciudadano, dirigente opositor o militante político, sus efectos pueden proyectarse sobre las instituciones, las relaciones internacionales y la propia sociedad.
El presidente puede disentir con un gobernador, cuestionar a un legislador, reprocharle a un periodista una información o confrontar con un actor que expresa una posición política diferente. Puede hacerlo con severidad, con argumentos contundentes y hasta con una ironía que incomode, pero la reiteración de insultos, agravios personales y acusaciones de criminalidad que, cuando se pronuncian sin la debida fundamentación, desplazan el debate desde las conductas hacia la descalificación de las personas.
Llamar corrupto a un adversario no equivale a demostrar un acto de corrupción. Calificar de delincuente a un presidente extranjero no reemplaza la necesidad de identificar hechos, pruebas y responsabilidades. Y utilizar la palabra dictador para desacreditar a un gobernante democrático exige, cuanto menos, explicar con rigor cuáles son los hechos que justificarían semejante caracterización.
La libertad de expresión ampara la crítica política, incluso aquella que puede resultar áspera, injusta o profundamente ofensiva, pero esa protección no convierte automáticamente cada acusación en una afirmación verdadera ni elimina la responsabilidad política por las consecuencias de lo que se dice.
Un presidente tiene derecho a expresarse. La sociedad, por su parte, tiene el derecho de preguntarse si lo hace con la prudencia, la responsabilidad y la altura institucional que su función requiere. Por otro lado, las visitas presidenciales al extranjero no son viajes personales, aunque el mandatario conserve durante ellas su personalidad, sus preferencias y su libertad de expresión. Son, también, actos que se desarrollan bajo la mirada de otros Estados y que proyectan una determinada imagen de la Argentina.
Por eso, cuando Milei viaja a España y utiliza una intervención pública para atacar a Pedro Sánchez, o cuando sostiene una confrontación verbal con Lula da Silva en medio de las tensiones políticas brasileñas, corresponde formular una pregunta elemental: ¿es conveniente que el presidente argentino intervenga de esa manera en las disputas políticas internas de otros países?
Un jefe de Estado no está impedido de expresar sus preferencias ideológicas ni de mantener relaciones políticas con dirigentes extranjeros que compartan su visión del mundo, las afinidades entre gobiernos, partidos y movimientos son parte habitual de la vida internacional.
Tampoco sería razonable exigirle a Milei que renunciara a sus convicciones liberales o que ocultara sus discrepancias con el socialismo. Puede defender sus ideas en cualquier foro, explicar por qué considera equivocadas determinadas políticas económicas y sostener que otro modelo de sociedad produciría mejores resultados.
El problema aparece cuando la defensa de una concepción política se transforma en una intervención personal destinada a deslegitimar a quien gobierna otro país y a favorecer abiertamente a sus adversarios. ¿Es esa la mejor manera de representar los intereses argentinos? ¿Qué beneficio concreto obtiene nuestro país cuando su presidente convierte una visita internacional en una tribuna de confrontación con el mandatario del Estado que lo recibe o con un socio regional fundamental?
Brasil no es un país distante ni secundario para la Argentina. La relación bilateral tiene dimensiones comerciales, industriales, energéticas, financieras, fronterizas y estratégicas. Las diferencias entre sus presidentes no eliminan la interdependencia entre ambas sociedades. Una disputa personal puede proyectarse sobre negociaciones que requieren continuidad, previsibilidad y capacidad de diálogo.
España, por su parte, mantiene vínculos económicos, culturales, históricos y humanos de enorme importancia para nuestro país. Las inversiones, los intercambios comerciales, la cooperación institucional y los lazos entre ambas sociedades no deberían quedar subordinados a una enemistad personal entre dirigentes.
Naturalmente, no corresponde afirmar que cada insulto produce necesariamente una pérdida comercial o una ruptura diplomática, esas consecuencias deben demostrarse. Tampoco sería sensato ignorar que la reiteración de agravios puede dificultar interlocuciones, deteriorar la confianza y reducir los espacios de cooperación.
La diplomacia no exige hipocresía, pero sí inteligencia política. Y la inteligencia política consiste, precisamente, en comprender que no todo lo que uno piensa debe decirse en cualquier lugar, de cualquier manera y en cualquier momento.
Una verdad, aun cuando pueda acreditarse, no pierde su importancia por ser expresada con prudencia, por el contrario, muchas veces gana fuerza cuando se presenta con argumentos y sin estridencias.
Si el presidente considera que existen hechos de corrupción que comprometen a un dirigente extranjero, puede señalar las investigaciones correspondientes, describir las conductas que cuestiona y explicar las razones de su posición, lo que debería evitar es sustituir la argumentación por la condena personal anticipada. Porque una cosa es denunciar y otra, muy distinta, es utilizar la investidura presidencial para convertir una acusación en una sentencia pronunciada desde un escenario político.
Julio César Coronel
