El debate en torno a la reforma del Código Penal, que actualmente se discute en el Congreso argentino, vuelve a poner en el centro de la escena una tensión histórica del derecho penal: ¿más castigo implica más seguridad?
Impulsado por Javier Milei y Patricia Bullrich y acompañado por sectores que reclaman respuestas rápidas frente al delito, el proyecto exhibe un marcado sesgo punitivista, con un endurecimiento generalizado de las penas, tanto en figuras ya existentes como en nuevos tipos penales que se incorporan al sistema.
El mensaje político es claro: frente a una sociedad atravesada por el miedo, la violencia y la percepción de impunidad, la respuesta del Estado parece ser el aumento del castigo.
Sin embargo, la pregunta de fondo, que rara vez se aborda con la profundidad necesaria, es si el incremento de las penas realmente contribuye a disminuir los índices delictivos o si, por el contrario, se trata de una respuesta simbólica que no ataca las verdaderas causas del problema.
El endurecimiento penal no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de la Argentina. En contextos de crisis social, inseguridad y desconfianza institucional, los gobiernos tienden a recurrir al derecho penal como herramienta de contención simbólica.
El aumento de penas ofrece una respuesta inmediata, fácilmente comunicable y políticamente rentable: transmite la idea de orden, autoridad y control.
El proyecto en discusión sigue esa lógica. Prácticamente todas las figuras delictivas ven incrementados sus mínimos y máximos de pena, se reducen márgenes de discrecionalidad judicial y se restringen beneficios.
La premisa implícita es que el delincuente actúa tras un cálculo racional y que, ante la amenaza de una sanción más severa, desistirá de delinquir y, para el gobierno, el que las hace las paga.
Sin embargo, esta premisa ha sido largamente cuestionada por la criminología y por la experiencia empírica. La evidencia muestra que la severidad de la pena tiene un impacto mucho menor que la certeza de la sanción. En otras palabras, no es cuán dura es la pena lo que disuade el delito, sino la probabilidad real de que el delito sea investigado, juzgado y sancionado en tiempo razonable.
Lo que la gente no sabe, y la política no advierte por el momento, es que el verdadero cuello de botella es el procedimiento penal. Aquí aparece una de las principales falencias del debate actual.
El problema central del sistema penal argentino no reside tanto en el Código Penal -el llamado “código de fondo”- sino en los códigos procesales y en la práctica judicial cotidiana.
El procedimiento penal ofrece hoy múltiples alternativas que, si bien nacieron con el loable objetivo de garantizar derechos y evitar arbitrariedades, en la práctica muchas veces se traducen en dilaciones excesivas, causas eternas y una sensación social de impunidad.
Suspensiones de juicio a prueba, excarcelaciones amplias, sobreseimientos tempranos, recursos interminables y criterios dispares entre jurisdicciones conforman un escenario donde la respuesta penal llega tarde o directamente no llega.
Endurecer las penas en el Código Penal sin revisar de manera integral el funcionamiento del sistema procesal equivale a endurecer una puerta que permanece abierta. El castigo más severo pierde todo efecto disuasivo si el delincuente percibe que las posibilidades de ser efectivamente condenado son bajas o remotas.
A este diagnóstico se suma un dato estructural ineludible: la Argentina no cuenta con la cantidad ni la calidad de establecimientos penitenciarios necesarios para sostener un sistema penal más severo.
El aumento de penas implica, inevitablemente, más personas privadas de la libertad y por más tiempo, en un sistema carcelario que ya se encuentra colapsado.
Las cárceles argentinas, en su mayoría, no cumplen con la manda constitucional de resocialización, no castigo. El hacinamiento, la violencia intramuros, la falta de acceso efectivo a educación, trabajo y salud, y la precariedad edilicia convierten a muchos establecimientos en verdaderas escuelas del delito. En ese contexto, el encierro prolongado no solo no reduce la reincidencia, sino que muchas veces la potencia.
Endurecer el sistema penal sin una política penitenciaria seria y sostenida es, en los hechos, producir más exclusión y más violencia, tanto dentro como fuera de los muros.
Pero el análisis estaría incompleto sin mencionar un elemento clave del sistema penal argentino: la formación y la cosmovisión de buena parte del Poder Judicial. Durante décadas, el pensamiento penal de Eugenio Raúl Zaffaroni y sus discípulos tuvo una fuerte influencia en universidades, tribunales y doctrinas judiciales.
Esa corriente, con matices y aportes indudables, tiende a ver al delincuente principalmente como una víctima del sistema social, económico y cultural.
Desde esa perspectiva, el delito aparece menos como una conducta reprochable y más como una consecuencia inevitable de la desigualdad. En la práctica, esta mirada se traduce muchas veces en una aplicación extremadamente laxa del derecho penal, con una desconfianza estructural hacia el castigo y la prisión.
El resultado es una tensión permanente: un Código Penal que se vuelve cada vez más duro convive con operadores judiciales que, en muchos casos, interpretan la ley desde una lógica minimalista. Esta contradicción no se resuelve con más penas, sino con un debate profundo sobre el rol del derecho penal, la función de la justicia y el equilibrio entre garantías y responsabilidad.
Entonces, la pregunta resulta atinada, ¿más penas, menos delito? La evidencia dice que no. Los países que lograron reducir de manera sostenida los niveles de delincuencia no lo hicieron aumentando penas, sino fortaleciendo la educación, la inclusión social, la prevención, la eficiencia policial y la certeza del castigo.
El delito no se combate solo en los tribunales. Se combate mucho antes, en la escuela, en el acceso al trabajo, en la posibilidad de proyectar un futuro. Sociedades con mejores niveles educativos, sistemas de salud accesibles, empleo digno y movilidad social ascendente presentan, en general, menores índices de criminalidad.
El aumento de penas puede satisfacer una demanda social inmediata, pero no modifica las condiciones estructurales que alimentan el delito. En muchos casos, incluso, las agrava.
Nada de esto implica negar el derecho de la sociedad a vivir segura ni minimizar el sufrimiento de las víctimas. Por el contrario, una política criminal seria debe partir del reconocimiento de que el Estado tiene una responsabilidad indelegable en materia de seguridad.
Esa responsabilidad no se agota en el Código Penal. Exige fuerzas policiales profesionales, bien formadas, bien pagas, equipadas y respetuosas de la ley. Exige inteligencia criminal, investigación eficiente y presencia estatal en los territorios más vulnerables. Exige coordinación entre Nación, provincias y municipios.
Un Estado ausente en lo social y torpe en lo institucional no se vuelve eficaz por el solo hecho de aumentar penas.
Así las cosas, la disminución sostenida de la delincuencia no vendrá de la mano del endurecimiento penal, sino de una estrategia integral que aborde el problema desde sus raíces. Educación de calidad para todos, oportunidades reales de desarrollo, acceso a la salud, políticas de empleo y un sistema judicial que funcione con previsibilidad y eficacia.
El derecho penal debe ser la última ratio, no la herramienta central de política pública. Cuando el Estado fracasa en garantizar condiciones mínimas de vida digna, y luego responde solo con castigo, el resultado suele ser más violencia, no menos.
El proyecto de reforma del Código Penal, tal como está planteado, parece responder más a una lógica de urgencia política más que a un análisis integral del sistema penal.
Endurecer penas sin reformar el procedimiento, sin invertir en el sistema penitenciario, sin revisar la cultura judicial y sin fortalecer las políticas sociales es, en el mejor de los casos, una solución parcial; en el peor, una ilusión peligrosa.
La seguridad no se construye con slogans ni con códigos más duros. Se construye con instituciones que funcionen, con un Estado presente y eficiente, y con una sociedad que ofrezca oportunidades reales de progreso. Todo lo demás es castigo sin solución.
Julio César Coronel
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