Una investigación judicial expone un presunto entramado delictivo que habría operado desde el interior de la Policía Federal Argentina, con un mecanismo que incluía el desvío de droga en procedimientos oficiales, su reingreso al circuito ilegal y un sistema de administración de ganancias que combinaba efectivo, billeteras virtuales y posibles maniobras de lavado. La trama oculta de la red narco policial.
Por momentos, la escena parece sacada de una ficción policial: una fuerza federal irrumpiendo en la sede de otra, allanamientos simultáneos, escuchas, dinero en efectivo, droga que desaparece y vuelve a aparecer en el circuito ilegal. Pero no es ficción. Es una de las causas más sensibles y complejas que hoy atraviesa a Santiago del Estero, con integrantes de la Policía Federal Argentina en el centro de una investigación por narcotráfico.
La historia comenzó a gestarse en silencio, lejos de los grandes titulares y de la exposición mediática que hoy la rodea. Durante meses, quizás años, pequeñas irregularidades, detalles que no cerraban del todo y procedimientos que dejaban más preguntas que respuestas fueron acumulándose en los márgenes de la rutina policial. No eran hechos aislados, pero tampoco lo suficientemente evidentes como para detonar una investigación de alto impacto. Al menos, no al principio.
En Santiago del Estero, donde las estructuras de seguridad suelen moverse bajo códigos internos y con una lógica de funcionamiento muchas veces hermética, la posibilidad de que integrantes de una fuerza federal como la Policía Federal Argentina quedaran bajo sospecha por vínculos con el narcotráfico parecía, hasta hace poco, una hipótesis difícil de sostener públicamente. Sin embargo, lo que comenzó como una serie de inconsistencias terminó por abrir una de las causas judiciales más delicadas de los últimos tiempos en la provincia.
No se trata únicamente de un expediente penal más. El caso interpela de lleno a una de las instituciones centrales del sistema de seguridad: aquella encargada, precisamente, de investigar y combatir delitos complejos como el narcotráfico. Por eso, el impacto trasciende lo judicial. Hay, en el fondo, una tensión mucho más profunda que atraviesa todo el proceso: la delgada línea que separa el ejercicio del poder de su posible desvío.
A medida que la investigación avanzó, lo que en un primer momento parecía una irregularidad administrativa fue adquiriendo otra dimensión. Las sospechas empezaron a ordenarse bajo una hipótesis más inquietante: la existencia de una estructura interna que habría operado con lógica propia, aprovechando recursos, información y cobertura institucional para intervenir en el circuito ilegal de drogas. En otras palabras, no se trataba solo de “errores” o “desprolijidades”, sino de un posible mecanismo sistemático.
La reconstrucción de esa trama expone una dinámica compleja, donde se entrecruzan roles, intereses y niveles de responsabilidad. Si algo pone en evidencia esta causa es que los hechos no pueden leerse de manera lineal. Hay capas superpuestas: operativos oficiales, droga secuestrada, diferencias en los registros, vínculos externos y movimientos de dinero que, en conjunto, configuran un escenario mucho más amplio que el de un delito puntual.
El punto de quiebre llegó cuando esas inconsistencias dejaron de ser tolerables. Cuando la sospecha se volvió evidencia y obligó a la justicia a intervenir con decisión. A partir de allí, se activó una investigación que avanzó con sigilo, pero también con contundencia, hasta desembocar en allanamientos, detenciones y una causa que hoy sigue creciendo.
En ese contexto, el caso de los policías federales acusados de integrar una red narco no solo revela un posible entramado delictivo, sino que también jaquea a la institución policial, los mecanismos de control, las responsabilidades jerárquicas y los límites del sistema.
Justamente es en ese cruce, entre lo que se esperaba de una fuerza de seguridad y lo que hoy se investiga, donde se construye el verdadero peso de esta historia. Una historia que recién empieza a desplegar todas sus aristas y que, con cada avance judicial, deja al descubierto una realidad tan compleja como inquietante.
ORIGEN
El origen de la presunta organización no puede entenderse como un hecho abrupto o aislado. Por el contrario, todo indica que se trató de un proceso gradual, casi imperceptible en sus primeras etapas, que se fue consolidando al amparo de la rutina operativa y de ciertas zonas grises dentro del funcionamiento institucional. En ese sentido, la causa que hoy instruyen el juez Guillermo Molinari y el fiscal Pedro Simón permite reconstruir, al menos en parte, cómo se habría gestado esta trama.
Según la hipótesis judicial, el punto de partida no fue una gran maniobra, sino pequeñas desviaciones en procedimientos concretos. Operativos de rutina, secuestros de droga, controles en rutas o allanamientos que, en apariencia, seguían el curso habitual. Sin embargo, en algunos de esos procedimientos comenzó a detectarse un patrón: la cantidad de estupefacientes incautados en el terreno no coincidía con la que luego era asentada en las actas oficiales.
Ese tipo de irregularidad, en un primer momento, pudo haber sido interpretado como una desprolijidad administrativa o un error en la cadena de custodia. Pero con el correr del tiempo, y a medida que se repetía en distintos operativos, empezó a adquirir otro significado. La reiteración transformó la sospecha en indicio, y el indicio en una posible metodología.
En ese contexto, los investigadores comenzaron a delinear una hipótesis más estructurada: que un grupo de efectivos de la Policía Federal Argentina habría desarrollado un mecanismo para retener una parte de la droga secuestrada antes de su registración formal. Esa porción -que nunca ingresaba al circuito judicial- quedaba fuera de control institucional y, presuntamente, era reintroducida en el mercado ilegal a través de contactos previamente establecidos.
En este punto, la clave es que el supuesto esquema no requería grandes movimientos ni estructuras externas complejas. Por el contrario, se apoyaba en el conocimiento del propio sistema: cómo se documentan los procedimientos, cómo se manejan los tiempos, qué controles existen y cuáles pueden eludirse. Esa familiaridad con el funcionamiento interno habría sido, según los investigadores, una de las principales fortalezas de la organización.
PUNTO DE QUIEBRE
Con el tiempo, ese mecanismo inicial habría evolucionado hacia una estructura más definida, con roles diferenciados. Algunos efectivos intervenían directamente en los operativos; otros, en la logística posterior; y los civiles vinculados al grupo se encargaban de la comercialización y del manejo del dinero. Así, lo que comenzó como una posible maniobra aislada terminó configurando una asociación ilícita con cierto grado de organización y permanencia en el tiempo.
El quiebre llegó cuando las inconsistencias dejaron de poder explicarse dentro de los márgenes de lo tolerable. Uno de los episodios más significativos, que aparece como bisagra en la causa, fue un procedimiento realizado en octubre de 2024, en El Mojón, departamento Pellegrini, en el norte provincial. Allí, la diferencia entre la droga efectivamente secuestrada y la registrada oficialmente resultó demasiado grande como para pasar inadvertida. Ese desfasaje no solo llamó la atención de los investigadores, sino que permitió comenzar a reconstruir hacia atrás otros procedimientos con características similares.
A partir de ese momento, la investigación tomó otro ritmo. Se incorporaron intervenciones telefónicas, tareas de seguimiento y análisis patrimonial. La participación de Gendarmería Nacional Argentina fue clave en esta etapa, no solo por su capacidad operativa, sino también por tratarse de una fuerza externa a la estructura bajo sospecha.
LA CAÍDA
El avance de la investigación fue silencioso, pero sostenido. Durante meses, se acumularon pruebas, se cruzaron datos y se delineó un mapa de relaciones que, poco a poco, fue confirmando la hipótesis inicial. Así se llegó al operativo del 28 de marzo pasado, que marcó la caída de la presunta banda.
Hubo allanamientos en la sede de la fuerza, en viviendas particulares y en distintos puntos de la provincia. El saldo inicial fue contundente: seis policías federales y dos civiles detenidos, cifra que luego se amplió hasta alcanzar una decena de imputados.
Ese día, los allanamientos simultáneos, incluida la propia sede de la Policía Federal en Santiago del Estero, tuvieron un fuerte impacto simbólico. No solo por las detenciones, sino por lo que representaban: una fuerza federal siendo investigada y desarticulada por otra, en el marco de una causa por narcotráfico.
La detención de efectivos y civiles vinculados al caso no significó el cierre de la investigación, sino el inicio de una nueva etapa. A partir de allí, la Justicia comenzó a profundizar en el análisis de la estructura, los vínculos externos, el circuito del dinero y las posibles responsabilidades jerárquicas.
EL MOJÓN: LA DIFERENCIA
El procedimiento realizado en El Mojón, en el departamento Pellegrini, aparece hoy como uno de los puntos más sensibles y reveladores de toda la investigación. No fue el primero en el que se detectaron irregularidades, pero sí el que terminó de romper el equilibrio precario que hasta ese momento había permitido que las inconsistencias pasaran relativamente inadvertidas. A partir de ese episodio, la causa dejó de moverse en el terreno de las sospechas para ingresar de lleno en el de las evidencias.
El operativo fue realizado en una zona estratégica del norte provincial, atravesada por rutas que históricamente han sido utilizadas como corredores para el transporte de estupefacientes. En ese contexto, un operativo de control derivó en la interceptación de dos vehículos que, según la versión oficial inicial, transportaban mercadería ilegal y una cantidad relativamente “moderada” de droga. El procedimiento, en apariencia, no difería de otros tantos realizados en la región: secuestro, detención de los involucrados y traslado de lo incautado para su posterior judicialización.
Sin embargo, desde el comienzo hubo elementos que no terminaban de encajar. Las primeras declaraciones de los detenidos, sumadas a datos recogidos en el lugar, hablaban de un cargamento mucho mayor al que luego fue consignado en las actas. Mientras el informe oficial mencionaba alrededor de ocho kilos de cocaína, otras fuentes, incluyendo testimonios y registros indirectos, ubicaban la cifra cerca de los dieciocho kilos.
Esa diferencia, de casi diez kilos, no era menor. En términos económicos, representaba un volumen millonario. Pero, más importante aún, implicaba una alteración sustancial en la cadena de custodia de la evidencia, un punto crítico en cualquier causa vinculada al narcotráfico. Allí es donde el caso adquiere otra dimensión: ya no se trataba solo de un posible delito, sino de una maniobra que comprometería la integridad misma del proceso judicial.
ATANDO CABOS
Los investigadores comenzaron entonces a reconstruir minuciosamente lo ocurrido en El Mojón. No solo el momento del secuestro, sino también cada uno de los pasos posteriores: quiénes intervinieron, cómo se realizó el conteo, dónde se almacenó la droga, qué registros se confeccionaron y en qué momento se produjo el supuesto desfasaje. Esa reconstrucción permitió detectar zonas de opacidad, lapsos sin documentación clara y decisiones operativas que, lejos de disipar dudas, las profundizaban.
En paralelo, se analizaron comunicaciones entre los efectivos involucrados, movimientos posteriores al operativo y posibles contactos con terceros. Es en ese cruce de información donde la hipótesis de una maniobra deliberada comenzó a ganar fuerza. Según la línea investigativa, la droga no registrada habría sido apartada antes de su formalización, quedando fuera del circuito legal y disponible para su posterior comercialización.
El caso de El Mojón no solo aportó un volumen concreto de evidencia, sino que también permitió identificar un patrón. A partir de allí, los investigadores comenzaron a revisar otros procedimientos anteriores con una nueva mirada, buscando similitudes en la operatoria: diferencias en los pesos, inconsistencias en las actas, tiempos poco claros entre el secuestro y la registración. Lo que en un inicio parecía un episodio aislado empezó a encajar dentro de una lógica más amplia.
FUERZA ALLANADA
Los allanamientos marcaron el momento más visible de toda la investigación. Después de meses de trabajo silencioso, cruces de información, intervenciones telefónicas y reconstrucción de procedimientos, la causa dio un salto cualitativo cuando el juez Guillermo Molinari ordenó una serie de operativos simultáneos que apuntaron directamente al corazón de la estructura bajo sospecha.
No se trató de irrupciones aisladas. La lógica fue la de un despliegue coordinado, ejecutado con precisión para evitar filtraciones y garantizar el efecto sorpresa. En ese esquema, el rol de Gendarmería Nacional Argentina fue central: no solo por su capacidad operativa, sino porque, al tratarse de una fuerza externa, ofrecía una garantía de imparcialidad frente a una investigación que involucraba a miembros de la Policía Federal Argentina.
Uno de los datos más impactantes, y simbólicamente más fuertes, fue que entre los objetivos de los allanamientos se encontraba la propia delegación de la Policía Federal en Santiago del Estero. La imagen de una fuerza federal siendo allanada en el marco de una causa por narcotráfico no solo tuvo un peso institucional enorme, sino que también dejó en evidencia la profundidad de la sospecha.
NÚCLEO OPERATIVO
En paralelo, se realizaron procedimientos en domicilios particulares de los efectivos involucrados, en propiedades vinculadas a los civiles que formarían parte de la red y en algunos espacios que, según la investigación, habrían sido utilizados como puntos de resguardo o redistribución de la droga. En esos lugares se secuestraron elementos clave: teléfonos celulares, documentación, dinero en efectivo, vehículos y, en algunos casos, sustancias que ahora forman parte de las pericias.
A partir de esos allanamientos, la investigación pudo consolidar una estructura que, hasta entonces, aparecía fragmentada. La hipótesis judicial comenzó a delinear roles más definidos dentro de la presunta organización.
En primer lugar, se ubica el núcleo operativo, integrado por efectivos de la Policía Federal que participaban directamente en los procedimientos. Según la acusación, eran quienes tenían el control inicial sobre la droga secuestrada. Su función no solo implicaba intervenir en operativos, sino también manejar los tiempos y las condiciones en las que esa evidencia era registrada formalmente. Es en ese punto donde la fiscalía sospecha que se producía la “retención” de parte del material incautado.
Luego aparece un segundo nivel, vinculado a la logística. Aquí se incluyen tanto efectivos como posibles colaboradores externos que habrían facilitado el traslado, ocultamiento y posterior reingreso de la droga al circuito ilegal. Este es un eslabón clave, porque conecta el momento del desvío con el destino final de la sustancia.
En un tercer plano, la investigación ubica a los actores civiles. Son quienes, según la hipótesis, se encargaban de la comercialización y del manejo del dinero. En este nivel aparecen conexiones con redes preexistentes, lo que refuerza la idea de que no se trataba de un esquema improvisado, sino de una articulación entre sectores con distintos grados de experiencia en el circuito narco.
También hay un aspecto que la Justicia analiza con especial atención: el posible rol de mandos medios o superiores dentro de la estructura. Si bien esta línea aún está en desarrollo, los investigadores buscan determinar si existió algún tipo de conocimiento, encubrimiento o incluso participación indirecta por parte de niveles jerárquicos más altos. Este punto es clave, porque podría ampliar el alcance de la causa.
Los allanamientos no solo permitieron detener a varios de los sospechosos, sino que también abrieron nuevas líneas de investigación. El análisis del contenido de los teléfonos secuestrados, por ejemplo, podría revelar comunicaciones, contactos y movimientos que ayuden a reconstruir con mayor precisión el funcionamiento interno de la organización.
QUIÉN ES QUIÉN
En el estado actual de la causa, la delimitación de roles surge principalmente de la hipótesis fiscal y de los primeros elementos recolectados en la investigación. Es importante aclarar que se trata de imputaciones en proceso, sujetas a revisión judicial, y que en varios casos aún no hay una atribución definitiva de funciones. Sin embargo, del análisis del expediente se desprende un esquema con niveles diferenciados y funciones relativamente claras.
En la cúspide de la presunta organización aparece el subinspector escribiente Roberto René Chazarreta, quien, según los investigadores, habría ocupado un rol de coordinación general. No solo por su jerarquía dentro de la Policía Federal Argentina, sino también por su capacidad de articular los distintos momentos del circuito: desde los operativos hasta el destino final de la droga. Su figura es señalada como la de un posible organizador o referente interno del grupo, con ascendencia sobre otros efectivos.
Dentro del núcleo policial operativo se ubican varios efectivos que, de acuerdo con la causa, participaban directamente en los procedimientos:
- Cabo Santiago Buenvecino: habría cumplido funciones vinculadas a la intervención en operativos y control de procedimientos, es decir, en el momento inicial del secuestro de droga.
- Sargento Gabriel Alejandro Arce: aparece también ligado a tareas operativas, con participación en controles y actuaciones en terreno.
- Cabo Gabriel Maximiliano Domínguez y Cabo Primero Martín Miguel Valcanera: habrían tenido un rol similar, integrando el grupo que ejecutaba los procedimientos y, según la sospecha, intervenía en el momento clave donde se producía el desvío de parte de la droga.
En este primer nivel, la función central era el control de la escena: manejar el secuestro, el conteo y la registración inicial. Es allí donde la fiscalía ubica el punto crítico del supuesto mecanismo.
LOS OTROS
En un segundo plano dentro de la estructura policial aparecen:
- Sargento primero Hugo Orlando Abrigo
- Cabo Francisco Alfredo Beltrán, quien ya fue excarcelado por no existir pruebas en su contra.
A estos efectivos se les atribuyen funciones más ligadas a la logística interna y apoyo en el circuito posterior al operativo, es decir, en el traslado, resguardo o articulación de los movimientos posteriores a la incautación. No obstante, en el caso de Beltrán, su situación procesal es más débil hasta el momento, lo que incluso derivó en su excarcelación.
En cuanto a los cargos específicos dentro de la fuerza, si bien la investigación menciona que varios de los imputados revestían la condición de suboficiales y agentes operativos, también se señala que algunos de ellos tenían responsabilidades intermedias dentro de la delegación local, lo que les otorgaba margen de maniobra en los procedimientos. La causa aún profundiza en la estructura jerárquica para determinar si hubo niveles superiores comprometidos o si el esquema se limitaba a mandos medios y operativos.
En el plano civil, la organización habría tenido un engranaje clave para sostener su funcionamiento.
- Claudio Marcelo Tévez es señalado como uno de los nexos con el circuito de comercialización, es decir, quien recibía o facilitaba la distribución de la droga en el mercado ilegal.
- Natalia Noemí Arce, por su parte, aparece con un rol central en el manejo económico: administración del dinero, resguardo de efectivo, uso de cuentas y posibles operaciones financieras.
Además, dentro del esquema ampliado de la causa, surge la figura de Ramón del Jesús Gómez, identificado como un actor externo relevante, presuntamente vinculado a la distribución de la droga en el circuito narco local, lo que refuerza la idea de que la organización no operaba de manera aislada, sino conectada con redes preexistentes.
Finalmente, también figura como imputada Lourdes Monserrat Suárez, aunque su participación específica aún se encuentra bajo análisis y, al igual que en otros casos, la Justicia evalúa el grado de conocimiento y vinculación efectiva con las maniobras investigadas. En las últimas horas se supo que fue excarcelada junto a con Beltrán.
MODUS OPERANDI
El mecanismo era tan simple como sofisticado, porque es allí donde la investigación deja de centrarse en nombres propios para exponer un mecanismo que, según la hipótesis judicial, no solo era reiterado, sino también funcional, adaptable y difícil de detectar en su fase inicial.
Lo primero que surge al reconstruir esa operatoria es que no se trataba de un esquema improvisado. Por el contrario, el presunto funcionamiento de la banda se apoyaba en un conocimiento profundo del sistema: sus tiempos, sus controles, sus debilidades y, sobre todo, sus zonas menos visibles. Ese saber, propio de quienes integraban la Policía Federal Argentina, habría sido el principal insumo para sostener la maniobra.
El punto de partida eran los operativos oficiales. Controles en rutas, allanamientos o procedimientos vinculados al narcotráfico que, en principio, respondían a tareas legítimas de prevención o investigación. Allí se producía el primer momento clave: el secuestro de la droga.
Según la acusación, es en esa instancia donde comenzaba a operar el mecanismo. Antes de que el material incautado ingresara formalmente al circuito judicial; es decir, antes de ser pesado, documentado y registrado en actas, una parte de la sustancia era separada. No se trataba de una sustracción total, sino de un “recorte” cuidadosamente calculado. Ese detalle no es menor: dejar una cantidad registrada permitía sostener la apariencia de legalidad del procedimiento, mientras que el excedente quedaba fuera de control institucional.
Ese primer movimiento era, probablemente, el más delicado. Requería coordinación, control de la escena y manejo de los tiempos. También implicaba reducir al mínimo la posibilidad de testigos externos o registros que pudieran evidenciar la diferencia. De acuerdo con la investigación, esta etapa se habría repetido en distintos procedimientos, lo que sugiere no solo una práctica consolidada, sino también cierta confianza en la capacidad de sostenerla.
POR ETAPAS
Una vez separado ese “remanente”, comenzaba la segunda fase: el traslado y resguardo. Aquí es donde la operatoria se volvía más difusa, pero también más compleja. La droga que no había sido registrada debía ser retirada del circuito oficial sin dejar rastros. Para eso, la organización habría utilizado distintos mecanismos: desde el traslado en vehículos no identificados hasta el almacenamiento en domicilios particulares o lugares considerados “seguros”.
En esta etapa, la intervención de otros integrantes, tanto efectivos como civiles, resultaba clave. El material ya no estaba bajo el paraguas institucional, por lo que su manejo exigía otro tipo de logística, más cercana a la dinámica del narcotráfico tradicional.
La tercera fase era la comercialización. Según la hipótesis judicial, la droga desviada era reintroducida en el mercado ilegal a través de contactos previamente establecidos. Aquí aparece la articulación con actores externos, algunos de ellos con antecedentes en el circuito narco. Esta conexión es fundamental para entender el alcance del esquema: no se trataba solo de una maniobra interna, sino de un engranaje que se integraba a redes ya existentes.
El dinero generado por esas operaciones constituía otra pieza central del mecanismo. La investigación sugiere que los ingresos no se manejaban de manera improvisada. Por el contrario, habría existido un circuito relativamente organizado para su administración. Parte del efectivo se guardaba físicamente, mientras que otra porción se movía a través de transferencias, cuentas de terceros o herramientas digitales, en un intento por diversificar y dificultar su trazabilidad.
Un aspecto particularmente relevante es que el esquema parecía sostenerse en la fragmentación. Cada etapa implicaba actores distintos, con niveles de información acotados. Esa compartimentación no solo reducía riesgos, sino que también dificultaba la reconstrucción completa del circuito en caso de filtraciones o sospechas.
El caso de los policías federales acusados de narcotráfico deja al descubierto una de las caras más incómodas del sistema: la posibilidad de que quienes deben combatir el delito terminen formando parte de él. No se trata solo de una banda, ni de un grupo de individuos. Es, en definitiva, una historia sobre poder, impunidad y grietas institucionales.
Hoy, con la causa abierta y múltiples líneas de investigación en curso, las preguntas Se mutiplican: ¿Hasta dónde llegaba la red? ¿Hubo más involucrados? ¿Fallaron los controles internos?
Las respuestas, por ahora, continúan en incógnita. Pero algo ya es claro: el escándalo no solo golpea a una fuerza de seguridad, sino que pone en tensión la confianza pública en las instituciones encargadas de garantizar la ley.
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