La Justicia analiza cómo una organización habría administrado y blanqueado fondos provenientes de la droga, combinando efectivo, transferencias digitales y actividades comerciales. Embargos millonarios y un marcado desfasaje patrimonial refuerzan la hipótesis de un esquema económico estructurado.
Según la hipótesis que manejan el juez Guillermo Molinari y el fiscal Pedro Simón, la organización no solo habría tenido un mecanismo aceitado para apropiarse de parte de la droga incautada, sino también un circuito relativamente estructurado para transformar ese activo en dinero, administrarlo y, en la medida de lo posible, integrarlo al sistema formal.
En ese entramado, uno de los nombres que aparece con mayor peso es el de Natalia Noemí Arce, señalada como una pieza clave en la administración de los fondos. De acuerdo con la investigación, su rol no se limitaba a una función secundaria, sino que formaba parte del engranaje central del circuito económico de la organización.
Uno de los primeros niveles de ese manejo era el efectivo. Parte del dinero proveniente de la comercialización de la droga se mantenía fuera del sistema bancario, en billetes, resguardados en domicilios particulares. En ese contexto, la presencia de una caja fuerte no es un dato menor: habla de volúmenes importantes de dinero y de la necesidad de protegerlo físicamente, pero también de mantenerlo al margen de cualquier registro formal que pudiera delatar su origen.
Sin embargo, el efectivo por sí solo tiene límites. Es difícil de movilizar en grandes cantidades, riesgoso de almacenar y complejo de justificar. Por eso, la investigación apunta a que la organización habría complementado ese circuito con herramientas más dinámicas, como las transferencias digitales y el uso de billeteras virtuales.
El uso de plataformas digitales introduce un elemento contemporáneo en el esquema. A diferencia del sistema bancario tradicional, estas herramientas permiten una mayor fragmentación de los movimientos, la utilización de cuentas a nombre de terceros y una circulación más ágil del dinero. Pequeñas transferencias, múltiples cuentas, operaciones cruzadas: todo ello configura un escenario que, si bien deja rastros, dificulta su seguimiento inmediato.
En este punto, la Justicia intenta reconstruir no solo los movimientos, sino también la lógica detrás de ellos. ¿Se trataba de simples transferencias entre conocidos o de un esquema pensado para diluir el origen del dinero? ¿Había una planificación en la elección de las cuentas y los montos? Son preguntas que aún están en análisis, pero que resultan centrales para determinar si existió una maniobra de lavado en sentido estricto.
El tercer nivel del circuito es, precisamente, el más complejo: la posible inserción del dinero en la economía formal. Aquí aparece la hipótesis de que parte de los fondos habría sido canalizada a través de actividades comerciales. Un local, un emprendimiento o cualquier estructura que permita justificar ingresos pueden funcionar como vehículo para “blanquear” dinero de origen ilícito.
APARIENCIA DE LEGITIMIDAD
En la causa, se investiga puntualmente un comercio vinculado a algunos de los imputados, donde se habría detectado un movimiento económico que no se condice con la actividad declarada. Este tipo de operatoria responde a una lógica conocida: mezclar dinero legal con ilegal para dificultar su trazabilidad y darle apariencia de legitimidad.
Pero más allá de los mecanismos específicos, lo que preocupa a los investigadores es el crecimiento patrimonial de los involucrados. Vehículos de alta gama, propiedades, gastos elevados, adquisiciones que no encuentran respaldo en los ingresos formales declarados. Ese desfasaje es, en muchos casos, el primer indicio de que detrás de una actividad aparentemente lícita puede haber otra fuente de financiamiento.
El análisis patrimonial, en este sentido, se vuelve una herramienta clave. No solo permite cuantificar el posible beneficio económico del delito, sino también identificar activos que podrían ser objeto de decomiso en una eventual condena. Es decir, no se trata solo de probar el delito, sino también de recuperar lo obtenido a partir de él.
Hay, además, un elemento que atraviesa todo este circuito y que refuerza su complejidad: la combinación de métodos. La coexistencia de dinero en efectivo, transferencias digitales y posibles estructuras comerciales sugiere una estrategia de diversificación. No poner todos los recursos en un solo canal, distribuir riesgos, dificultar la reconstrucción completa del recorrido del dinero.
En definitiva, el aspecto económico de la causa no es un capítulo accesorio, sino uno de sus ejes centrales. Porque es allí donde se traduce, en términos concretos, el alcance de la operatoria. Y también porque, en muchos casos, es el dinero el que termina hablando cuando los protagonistas callan.
Hoy, mientras la investigación avanza, el desafío de la Justicia es seguir ese rastro sin perderse en su complejidad. Reconstruir cada movimiento, identificar cada conexión y, finalmente, determinar si detrás de ese circuito financiero existió —como se sospecha— un esquema de lavado que permitió transformar el delito en patrimonio.
EMBARGOS PREVENTIVOS
Los embargos dispuestos en la causa por el juez Molinari alcanzan cifras millonarias y afectan tanto a los efectivos policiales como a los civiles involucrados. Si bien los montos varían según el grado de imputación y el rol atribuido a cada uno, en algunos casos se ubican en valores que superan ampliamente las decenas de millones de pesos. La lógica detrás de esta decisión es clara: inmovilizar bienes y recursos que podrían tener origen ilícito o que, eventualmente, servirían para responder ante una condena.
Este punto se vincula directamente con el dinero en juego.
La reconstrucción económica de la causa permite dimensionar el alcance potencial del esquema. Si se toma como referencia el episodio de El Mojón, donde la diferencia entre lo secuestrado y lo declarado rondaría los diez kilos de cocaína, el cálculo económico es contundente. En el mercado ilegal, ese volumen puede traducirse en cientos de millones de pesos, dependiendo de la pureza, el fraccionamiento y la etapa de comercialización.
Pero ese no sería un hecho aislado. La hipótesis de la fiscalía sostiene que la maniobra se habría repetido en distintos procedimientos, lo que multiplica exponencialmente el monto total involucrado. Si se considera un patrón de desvío sistemático, aunque sea parcial, en varios operativos, el volumen económico podría escalar a cifras muy superiores, difíciles de precisar en esta etapa, pero claramente significativas.
A eso se suma el análisis patrimonial de los imputados. Vehículos, propiedades, movimientos de dinero y niveles de gasto que no se condicen con los ingresos formales son parte de los elementos que la Justicia está evaluando para determinar si existió un enriquecimiento ilícito vinculado a estas maniobras.
En ese contexto, los embargos no solo cumplen una función cautelar, sino que también funcionan como un indicador indirecto de la magnitud del caso. No se trata de sumas simbólicas, sino de montos que buscan cubrir —al menos en parte— el posible beneficio económico obtenido a partir de la actividad investigada.
En definitiva, el dinero en juego configura una radiografía del momento actual de la causa. Muestran una investigación en plena evolución, con responsabilidades aún en discusión, pero con un eje económico cada vez más claro: el de una operatoria que, de confirmarse, no solo habría implicado un delito grave, sino también un circuito de ganancias que hoy la Justicia intenta desarmar pieza por pieza.
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