Los Centros de Acceso a la Justicia fueron diseñados para brindar atención legal primaria y descentralizar el trabajo del sistema judicial. Pese a que solo generarían un gasto público del 0,01%, el Gobierno decidió el cierre de 81 de ellos.
Desde el año 2016 al 2022, los Centros de Acceso a la Justicia receptaron más de 1.300.000, como forma de atención legal primaria. Se trata de instituciones muy útiles a la hora de acercar a las comunidades más vulnerables un espacio para ingresar al ámbito judicial de manera efectiva. En perjuicio de esto, el Gobierno Nacional ordenó que se cerraran 81 centros, en el marco de su plan de déficit cero, con lo que quedaría solo uno por provincia.
Santiago del Estero cuenta con dos de ellos; uno en la ciudad Capital y otro en Campo Gallo (Departamento Alberdi). El 10 de junio se publicó en el Boletín Oficial una la resolución ministerial que ordena la disolución de estos CAJ para privilegiar la atención remota. Con ello, se desmantela un sistema de atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas más vulnerabilizadas enfrentan a la hora de acceder a la justicia.
Es por eso que organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia ponen énfasis en la pérdida que significa la reducción de este servicio.
“Desde hace 15 años, los CAJ se extienden como una política federal a lo largo de todo el país que acerca respuestas a toda la ciudadanía, pero en particular a los grupos en situación de riesgo. El foco está, justamente, en barrios populares y/o parajes rurales, lugares que históricamente han tenido mayores barreras para acceder a sus derechos”, sostiene la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
Y detalla que su misión, como dispositivos es ofrecer atención legal primaria: es decir, servicios que se ocupen específicamente de las necesidades jurídicas cotidianas de las comunidades vulnerabilizadas: acceder a documentación personal, asesoramiento en temas de familia o trabajo, asistencia a víctimas de delitos, entre otras cuestiones.
“Es la primera línea de atención, situada en los territorios, que permite remover barreras históricas vinculadas a la distancia entre aquellas personas más vulnerabilizadas y las respuestas estatales que requieren”, sostiene.
En este sentido, argumenta que las instituciones tradicionales del sector justicia “no se ocupan —o llegan muy tarde, de manera fragmentada y a través de caminos largos, rígidos, sinuosos, costosos y generalmente poco efectivos— de dar respuestas a muchos de los problemas que afrontan las comunidades más necesitadas”. “Frente a esto, contar con centros descentralizados, con un abordaje territorial, que puedan acompañar a las personas integralmente en la resolución de las necesidades que atraviesan es fundamental”, añade.
CIERRES
Según información oficial del Ministerio de Justicia brindada como respuesta a un pedido de acceso a la información realizado por ACIJ, en lo que va del año se habían cerrado seis Centros (pasando de 109 a 103). Poco después, se publicó en el Boletín oficial una resolución del Ministerio de Justicia que resuelve que quedará sólo un Centro por provincia y se privilegiará la atención remota, lo que vulnera un primer principio de la atención legal primaria vinculado a descentralizar y derribar las barreras geográficas que las personas enfrentan. Al mismo tiempo, no da cuenta de la necesidad de acompañamiento que las personas más vulnerabilizadas enfrentan ni de las barreras tecnológicas.
0,01% DE GASTO
En simultáneo al anuncio del Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo emitió un comunicado que desconoce, por un lado, las premisas más básicas del acceso a la justicia y, por otro, algunos hechos evidentes como que en la Argentina no hay Defensor del Pueblo desde hace 15 años o que los Centros de Asistencia a Víctimas de Delitos (CENAVID) funcionan justamente en los CAJ o de forma remota a través de atención telefónica.
En el mismo comunicado, se hace referencia al costo que esta política tiene para el país. Desde la asociación, plantean que “no es posible constatar la cifra de 8 mil millones de pesos a la que hace mención el Ministerio de Justicia sobre el costo de mantenimiento de los CAJ”. “Sin embargo, es necesario destacar que, si ese fuera el número correcto, correspondería solo al 0.01% del gasto público. En términos comparativos, equivale, por ejemplo, al 8% de los beneficios fiscales que se le otorgaron a la empresa Mercado Libre en 2023 o al 0,18% de lo que Argentina pagó en servicios de la deuda externa hasta el momento”.
A la vez, destacan que el acceso a la justicia de las comunidades y el uso del derecho por parte de las personas en situación de mayor vulnerabilidad genera mejores resultados económicos en general, evitando la pérdida de recursos y el agravamiento y escalamiento de los problemas que enfrentan. “Se habla en la actualidad sobre que invertir en Acceso a la Justicia es justamente eso una inversión que termina reduciendo los costos del Estado. De ahí que organismos como la OCDE por ejemplo alienten este tipo de dispositivos”, remarcan.
Ante la resolución del Ministerio de Justicia, la preocupación por la situación actual es transversal. De ahí que organizaciones de la sociedad civil y distintas personas e instituciones comprometidas con el acceso a la justicia coinciden en la pérdida que significa la reducción del servicio de los CAJ. Consideran que, en la actual situación de crisis socioeconómica estas políticas territoriales y centradas en las personas resultan un instrumento fundamental para el efectivo acceso a la justicia.
Además de ACIJ, firmaron el comunicado las siguientes organizaciones: Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Centro de Estudios Legales y Sociales, Capibara, Xumek, Red Argentina de Abogacía Comunitaria, Curas Villeros, Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en derechos humanos y estudios sociales y el Observatorio de justicia sanitaria y climática.
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