La siniestralidad no solo se trata del comportamiento de los conductores, también las políticas estatales de prevención, control, educación, y justicia. Respecto a este último, en varias provincias funcionan las fiscalías especializadas, que buscan el tratamiento y relevamiento de los delitos que se produzcan en incidentes viales o de tránsito para la obtención de estrategias de prevención e investigación que puedan implementarse. Además, da celeridad a los procesos para que no prescriban.
Desde el 2021 funciona en la provincia de Salta la oficina Provincial de Incidentes y Seguridades Viales. Unos meses más tarde se incorporó al sistema de Denuncia Web “Incidentes Viales” para los delitos en ocasión de incidentes viales y contra la seguridad vial.
Se trata de una herramienta para el abordaje especializado de la problemática vial, que trabaja en la persecución penal estratégica, prevención vial y perspectiva vial. En forma conjunta con el Ministerio Publico Fiscal, atiende además los requerimientos de las víctimas y la articulación con todos los actores intervinientes en la problemática mediante la formulación de propuestas para el diseño de políticas públicas preventivas.
Esta herramienta facilita al ciudadano la formulación de denuncias y su posterior intervención e investigación por parte de la Fiscalía Penal pertinente, sin necesidad de concurrir a ninguna dependencia policial.
En Santiago del Estero, la investigación de siniestros viales (accidentes de tránsito) generalmente recae en la Policía de la Provincia, específicamente en sus divisiones de tránsito y criminalística, en colaboración con la Dirección General de Emergentología y Accidentología (SEASE) del Ministerio de Salud en la atención de las víctimas y la recolección de datos iniciales.
Rara vez los homicidios culposos en siniestros viales alcanzan una condena de prisión en la provincia, ya que estos hechos son considerados como “delitos menores” por la justicia, por lo que carecen de prioridad ante los tribunales. La psicóloga y activista Pía Lesgart, que también integró el Grupo 1a de DD. HH del Comité Consultivo de la Agencia de Seguridad Vial y a la ONG dentro de la Asociación Iberoamericana de Víctimas Contra la Violencia Vial, en diálogo con LA COLUMNA planteó la idea sobre los casos de las víctimas por siniestros viales y el accionar de la justicia.
Justamente la creación de fiscalías especializadas es el punto a trabajar para pensar en un futuro con mayor seguridad en todos los sentidos. Generalmente los fiscales ante hechos de accidentes de tránsito, presentan una requisitoria de elevación a juicio, pero esas causas en ocasiones llegan, el sistema solo fija juicios de las personas que están detenidas y por delitos graves, no por los conocidos como “delitos menores”, que en muchos casos prescriben.
Con foco en las ciudades que ya plantearon una unidad de instrucción fija para el fenómeno de la siniestralidad vial, la profesional que trabajó en Rosario (Santa Fe) y el país en respuesta a la imperiosa necesidad de transformar la dolorosa realidad que afecta a las víctimas de siniestros viales, así como a sus familiares, apunta a la seguridad de manera colectiva y con mejor funcionamiento de la justicia.
¿Existe en alguna parte del país fiscalías que aborden los siniestros viales?
Existen experiencias en Mendoza, La Pampa, Mar del Plata y Salta.
En España hace mucho tiempo que funciona un espacio particular para estas situaciones. Tienen indicios de cómo defender la siniestralidad vial.
Aquí las experiencias mostraran los beneficios a largo plazo, pero si tenemos las realidades de otros países, para tener presente lo positivo de instalar la fiscalía.
¿Cuáles serían esos beneficios si se instruyen estas fiscalías?
En principio es descender considerablemente los índices de siniestralidad vial. Por ejemplo, en España tenían muchísimas víctimas y lograron descender a la cuarta parte.
Obviamente dentro de un plan integral. No tiene que ver con la justicia, pero es una pata importante.
Por otra parte, la celeridad de los procesos judiciales. Vimos un caso que llevó 14 años en darle la condena. Consideramos que tantos años esperando es mucho. Lo que permitirá la instalación de fiscalías con profesionales especialidad en la temática, es tener celeridad en los procesos.
También lograr que los criterios sean homogéneos. Quiere decir que si te toca un fiscal no debas tener una condena diferente de otro. Unificación será lo más importante.
¿Depende siempre de la arbitrariedad del fiscal?
Depende de lo ágil del defensor a que las condenas no se apelen. Siempre esperamos que las condenas por siniestros viales sean aplicadas, que no solo queden en los procesos. Que no haya diferencia de criterios. En algunos casos se resuelven por otras vías donde no llegan a juicio. Hay provincias que tienen legajos, pero no llegan al final.
La mayoría de los casos demora entre 6 a 8 años. Es un tiempo muy importante, entre el juicio y la espera de la condena.
También hay casos que estuvieron a punto de prescribir. A veces por el mal funcionamiento de la justicia, por errores, se archivan causas.
¿Cuáles son los otros factores que influyen para que persista la siniestralidad vial?
Es una problemática muy compleja. Entender que solo influye un factor, no es adecuado. Es una serie de determinantes, entre ellos tiene que ver la educación que parte por los ciudadanos, de la justicia que si alguien viola una norma no pasa nada y mira a otro lado, y la promoción de la salud que es pública.
¿Qué responsabilidad tienen los peatones y cuáles los conductores?
La seguridad vial es colectiva. En este sentido debemos apelar a la conciencia, el conocimiento de las normas. Trabajar sobre las conductas.
Hay que repensar en nosotros y modificar la movilidad diaria. Todos podemos contribuir para que el tránsito sea menos violento y seguro.
Por su parte, la responsabilidad de los conductores es controlar su funcionalidad, como son las herramientas de seguridad del vehículo, por ejemplo, que la moto la vendan con el casco y no aparte. No es que no pase nada si no lo llevó, si tengo accidente eso también impactará en la salud pública. Llevarlo puesto es parte de la solución, pero no soluciona completamente.
Son también actores fundamentales la Cámara del Comercio Automotor. Vemos la pandemia y el uso del barbijo. Desde un discurso bien instalado todos lo llevamos puesto. Lo habíamos entendido. Cuando logremos dimensionar que todos los años se lleva 6 mil vidas jóvenes, tendremos conciencia.
