La apertura de sesiones ordinarias del Congreso Nacional vuelve a colocar en el centro de la escena a uno de los pilares esenciales del sistema democrático argentino: el Parlamento.
En un contexto político atravesado por una fuerte polarización, por urgencias económicas profundas, de larga data, todavía irresueltas y por una latente desconfianza social hacia la dirigencia, este acto institucional adquiere una relevancia que va mucho más allá del discurso presidencial y del ritual protocolar que lo rodea.
No es un dato menor que, en la Argentina actual, la discusión sobre el rol del Congreso, de los legisladores y del equilibrio de poderes se haya vuelto tan intensa como necesaria.
En tiempos donde se exalta la velocidad de las decisiones, la centralización del poder y la idea de que el disenso es un obstáculo, resulta imprescindible reivindicar el valor de la deliberación parlamentaria, del debate democrático y de los consensos construidos dentro de la ley.
Mientras antes el Congreso fue una mera escribanía, y durante el año pasado el oficialismo era una minúscula porción dentro de ese ámbito, hoy las cosas se han igualado, no hay supremacía de ninguno y todo pende de un hilo, a mano de una negociación cercana.
La apertura de sesiones no es una concesión del Poder Ejecutivo al Legislativo. Es, por el contrario, una obligación constitucional y una señal política que debería reafirmar una verdad básica: en una República, nadie gobierna solo.
Mal que le pese al presidente, solo expone su programa, pero es el Congreso el que representa a la Nación en su pluralidad y el que tiene la responsabilidad de discutir, modificar, aprobar o rechazar las iniciativas que marcarán el rumbo del país.
La Argentina atraviesa un momento de profundas transformaciones económicas y sociales, la motosierra es un hecho, la eliminación de organismos y el fin de prebendas, viene acompañado por un clima de confrontación política permanente.
En ese escenario, el Congreso se encuentra bajo una doble presión: por un lado, la demanda ciudadana de respuestas rápidas frente a problemas estructurales, la inflación que se resiste a bajar, la falta de inversión, la ausencia de creación de empleo genuino; por otro, la tentación de reducir el debate legislativo a una mera formalidad, subordinada a la lógica del Ejecutivo o a la confrontación estéril entre bloques.
Sin embargo, la historia democrática argentina demuestra que cuando el Parlamento es debilitado, ninguneado o desacreditado, no se fortalece la gobernabilidad: se erosiona la calidad democrática, así sucedió durante el largo interregno del kirchnerismo en sus diferentes facetas.
Pero ya sabemos, el Congreso no es una traba para el cambio; es el ámbito donde el cambio debe adquirir legitimidad, legalidad y sustentabilidad en el tiempo.
La apertura de sesiones legislativas es, entonces, una instancia clave para reordenar prioridades y responsabilidades. Allí se expresa el rumbo del gobierno, pero también se pone a prueba la madurez del sistema político en su conjunto.
Oficialismo y oposición quedan interpelados por igual: unos, a gobernar sin avasallar; otros, a ejercer el control sin caer en la negación sistemática.
Así las cosas, es imprescindible comprender que, en el debate público actual, el concepto de equilibrio de poderes aparece muchas veces distorsionado. Se lo presenta como una rémora del pasado o como una excusa para frenar decisiones “urgentes”. Nada más alejado del espíritu republicano. El equilibrio de poderes no es un lujo institucional, es una garantía contra los abusos, los errores irreversibles y las decisiones tomadas de espaldas a la sociedad.
Es por ello que el Congreso tiene la responsabilidad de legislar, pero también de controlar. Y controlar no es obstruir, es cuidar el interés público. Del mismo modo, disentir no es conspirar, es ejercer un derecho democrático.
La apertura de sesiones debería ser, en ese sentido, un punto de partida para un vínculo más sano entre los poderes del Estado, basado en el respeto mutuo y en el cumplimiento estricto de las reglas constitucionales.
No debemos olvidar que cuando el Parlamento renuncia a su rol, la democracia se empobrece. Cuando el Ejecutivo desconoce o deslegitima al Congreso, la República se resiente. Y cuando la Justicia es arrastrada a la disputa política, el sistema entero entra en zona de riesgo. Y sabemos, la Argentina ya conoce las consecuencias de esos desequilibrios y no puede darse el lujo de repetirlos.
En el contexto actual, hablar de diálogo y consenso puede sonar a consigna gastada. Sin embargo, pocas veces fue tan urgente recuperar su sentido profundo.
Gobernar en democracia implica persuadir, negociar y ceder. Ningún espacio político, por más votos que haya obtenido, representa por sí solo a la totalidad de la sociedad.
Y en ese contexto, es relevante considerar que el Congreso es el ámbito natural para canalizar esas diferencias. Allí conviven proyectos de país distintos, miradas ideológicas contrapuestas y representaciones territoriales diversas. Pretender que ese espacio funcione sin conflicto es ingenuo; aceptar que funcione sin diálogo es peligroso.
Por todo ello, las grandes reformas estructurales que la Argentina necesita -en materia económica, laboral, social, educativa o institucional- solo pueden sostenerse en el tiempo si surgen de acuerdos amplios.
Las leyes impuestas sin consenso suelen ser efímeras; las construidas con diálogo, en cambio, trascienden gobiernos y coyunturas.
En este punto, la responsabilidad del oficialismo es central, pero no exclusiva.
Gobernar no es arrasar con las minorías, sino integrarlas al debate. Y la oposición, por su parte, tiene la obligación de ejercer un control firme pero constructivo, evitando que la crítica permanente se convierta en un fin en sí mismo.
Queda claro entonces que el Congreso debe constituirse como reflejo del país real, así la composición del Parlamento argentino nos muestra, con todas sus tensiones, la diversidad del país. La Cámara de Diputados expresa la voluntad popular; el Senado, la voz de las provincias y el federalismo. Esa combinación es una fortaleza, no una debilidad.
Cada legislador lleva al recinto no solo una pertenencia partidaria, sino también una historia, un territorio y una realidad social concreta. Y así, cuando el Congreso funciona sin ataduras, sin atajos, sin zancadillas, esas voces se traducen en leyes. Cuando se paraliza, esas realidades quedan sin representación efectiva.
Por ello, reivindicar la labor parlamentaria implica también exigir calidad institucional: debates serios, proyectos bien fundamentados, respeto por las minorías y transparencia en la toma de decisiones. La sociedad demanda resultados, pero también reglas claras y previsibilidad democrática.
La historia argentina ofrece ejemplos valiosos de legisladores que entendieron el Parlamento como una herramienta de transformación y no como una trinchera.
Alfredo Palacios demostró que, desde una banca, se podían ampliar derechos y cambiar realidades. Ricardo Balbín enseñó que la oposición podía ser firme sin ser destituyente. Arturo Illia dejó como legado una ética pública basada en el respeto institucional.
Y más acá en el tiempo, ya con la recuperación democrática, el Congreso fue protagonista de consensos fundamentales que permitieron reconstruir el Estado de Derecho.
Aquella experiencia debería servir de guía en el presente: aun en contextos adversos, la política puede estar a la altura de su responsabilidad histórica.
La apertura de sesiones legislativas no debería reducirse a una foto ni a un intercambio de gestos. Es una oportunidad para reafirmar un compromiso democrático que hoy aparece tensionado. Un compromiso con la palabra, con la ley y con el diálogo.
En tiempos de discursos extremos, defender el Parlamento es defender la democracia.
En tiempos de urgencias, respetar las instituciones es una inversión a futuro.
La Argentina necesita cambios, sí, pero necesita aún más que esos cambios se construyan dentro del marco republicano.
Porque cuando el Congreso debate con responsabilidad, la democracia se fortalece. Y cuando el diálogo reemplaza a la imposición, la política vuelve a cumplir su razón de ser: representar, transformar y construir un país posible para todos.
Julio César Coronel
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