La confianza en una institución educativa se pone a prueba cuando una familia denuncia acoso. Proteger a los chicos exige escuchar, intervenir y aceptar que la respuesta del colegio también sea examinada.Cuando una familia denuncia que su hijo está siendo hostigado, necesita saber cómo estará protegido al día siguiente. Esa debería ser la primera preocupación del colegio. Si la conversación gira alrededor del daño que el reclamo podría ocasionarle a la institución, las prioridades se han invertido. La trayectoria educativa merece respeto, pero no puede utilizarse para desestimar lo que un alumno está contando. La confianza depositada en una escuela aumenta su responsabilidad de responder. El caso de hostigamiento a una adolescente de Catamarca, conocido tras un viaje de egresados a Bariloche, volvió a poner bajo examen la respuesta adulta. El Ministerio de Educación provincial abrió un sumario para examinar la actuación del colegio, que sostuvo haber intervenido con rapidez al conocer los hechos. Las responsabilidades deben esclarecerse. Mientras eso ocurre, el debate público permite formular una pregunta que alcanza a cualquier institución: ¿cómo se comprueba que las medidas adoptadas protegen a quien pidió ayuda?
Una denuncia puede generar temor a perder prestigio, matrícula o el reconocimiento de la comunidad. Es comprensible que una conducción se preocupe por las consecuencias de una crisis. El problema aparece cuando esa preocupación organiza la respuesta: se explica por qué algo no pudo haber ocurrido antes de averiguar qué sucedió, se subraya la trayectoria del establecimiento o se cuestiona la manera en que la familia hizo el reclamo. El sufrimiento del alumno queda desplazado. También puede resultar difícil revisar la conducta de un estudiante querido, de buen rendimiento o perteneciente a una familia conocida. Sin embargo, ninguna de esas características permite descartar una agresión. Investigar exige escuchar versiones, reconstruir los hechos y atender las diferencias de poder entre los involucrados. Una institución que concede más credibilidad a unas familias que a otras debería preguntarse qué está enseñando sobre la igualdad y el respeto.
¿CÓMO SE RESGUARDA?
La confidencialidad es indispensable para resguardar a los chicos. Deben protegerse sus identidades, sus historias y cualquier información sensible. Al mismo tiempo, la familia afectada necesita conocer qué medidas de cuidado se adoptaron, quién las coordina y cuándo serán revisadas. La reserva sobre los datos de otros alumnos no impide explicar cómo se protegerá al propio. Pedir discreción puede ser razonable; condicionar la ayuda al silencio de quienes reclaman resulta inaceptable. La ausencia de denuncias tampoco demuestra que una escuela esté libre de hostigamiento. Puede haber bienestar, pero también miedo a contar o desconfianza en la respuesta. Un estudio longitudinal con 1266 estudiantes que habían sufrido acoso, publicado en Scandinavian Journal of Psychology, encontró que percibir una actitud docente contraria al hostigamiento y compañeros dispuestos a defender a las víctimas se asociaba con una mayor probabilidad de contárselo a un adulto. Antes de celebrar que nadie se queja, corresponde preguntar si los alumnos sienten que pueden hablar.
Por eso, evaluar una intervención exige mirar qué ocurre después de la primera reunión. El colegio debería comprobar si las agresiones se repiten, si el alumno cuenta con un adulto accesible y si puede participar de las actividades sin quedar expuesto. La familia necesita una devolución y una fecha de seguimiento. Un acta permite dejar constancia; su valor depende de que ayude a sostener decisiones y verificar resultados. El expediente puede estar completo mientras el problema continúa. Cuando existen indicios de riesgo, la protección debe comenzar mientras se investigan los hechos. Escuchar a los involucrados por separado, reforzar la supervisión y acordar formas seguras de pedir ayuda son medidas que permiten actuar sin anticipar culpabilidades. Las decisiones deben ser proporcionales y revisables. La incertidumbre exige una intervención cuidadosa; no justifica que el alumno vuelva, sin acompañamiento, a las condiciones que motivaron la denuncia.
Las posibles represalias merecen una atención específica. Presionar a una familia para que retire su reclamo, descalificarla por insistir o dificultar la participación de su hijo exige una revisión. No toda decisión posterior a una denuncia constituye una represalia, pero el colegio debe poder explicar sus motivos. Una institución confiable ofrece canales para cuestionar su actuación y permite que las familias los utilicen sin convertir ese ejercicio en una falta de lealtad. Cuando la respuesta del colegio es insuficiente o su propia actuación está cuestionada, hace falta una instancia externa. La supervisión educativa debe poder contrastar versiones y controlar las medidas. La familia necesita saber adónde acudir y quién dará continuidad al reclamo. Pedir que todo se resuelva dentro del establecimiento pierde sentido si ese mismo circuito ya fracasó. Reconocer la necesidad de revisión forma parte de la responsabilidad de conducir una escuela.
He planteado en otras notas que la escuela no siempre alcanza a frenar el acoso. Eso obliga a construir una red que funcione. La ley nacional 26.892 contempla el fortalecimiento de equipos especializados y la articulación con los servicios de protección de derechos. Los docentes necesitan formación, tiempo y respaldo de sus autoridades. Salud debe intervenir cuando corresponda. Esa articulación tiene que precisar qué hará cada uno, para que la derivación a otro profesional no deje al alumno sin cuidado cotidiano. La investigación ofrece razones para actuar. Una revisión de Campbell Collaboration que reunió cien evaluaciones encontró que los programas escolares pueden reducir el acoso, aunque sus efectos son modestos y variables. Esto exige elegir intervenciones con sustento y comprobar su aplicación. Una charla o una campaña pueden abrir una conversación; necesitan continuidad, participación de las familias y decisiones que se sostengan cuando el caso deja de ocupar la atención pública.
Esa respuesta también debe alcanzar a quien hostiga. Ante conductas persistentes o graves, considero que las escuelas deberían solicitar a la familia una evaluación por profesionales de salud mental infantojuvenil. La Academia Estadounidense de Psiquiatría Infantil y Adolescente recomienda una evaluación integral cuando el hostigamiento continúa. Comprender los factores que sostienen la agresión permite orientar el abordaje. Ejercer bullying no demuestra por sí solo un trastorno mental, y esperar una consulta no puede demorar la protección de quien lo sufre.
TRABAJO EN GRUPO
El trabajo con el grupo es igualmente necesario. Importa saber quiénes participan, cómo circulan las humillaciones y qué obstáculos encuentran quienes intentan pedir ayuda. Los compañeros necesitan adultos disponibles, canales protegidos para informar y medidas que prevengan nuevas intimidaciones. La escuela debe revisar también sus propias respuestas: qué conductas tolera, qué bromas deja pasar y cómo interviene cuando un estudiante pierde su lugar entre los demás. Sus mensajes sobre convivencia se vuelven creíbles en esas decisiones. Si la salida propuesta consiste únicamente en que el alumno hostigado cambie de curso, falte a ciertas actividades o se vaya del colegio, corresponde examinar a quién se le está trasladando el costo. Algunas modificaciones pueden ser necesarias para protegerlo, y su opinión debe ser escuchada. Pero requieren justificación y seguimiento. Que una familia encuentre alivio al irse no demuestra que la institución haya corregido las condiciones que permitieron el daño. Reparar exige revisar qué señales se pasaron por alto y qué decisiones resultaron ineficaces. También requiere reconocer el daño sin obligar al alumno a aceptar disculpas, reconciliarse o dar el episodio por cerrado. El colegio debe poder explicar qué aprendió y qué cambió, preservando la intimidad de los involucrados. Una respuesta así permite que la comunidad evalúe su compromiso a partir de hechos, incluso cuando la institución tuvo que admitir errores.
Las escuelas están en el ojo de la tormenta porque las familias necesitan respuestas que puedan comprobar. Su prestigio debería sostenerse en la capacidad de escuchar un reclamo incómodo, cuidar a quien está en riesgo y corregir lo que falló. Cada vez que se exige silencio para conservar una buena imagen, se les pide a los chicos que paguen el precio de esa apariencia. La reputación de un colegio debe construirse sobre la seguridad de sus alumnos.
Dra. Florencia Sanabria. Médica Pediatra y Psiquiatra Infantil
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