Un juez federal de La Plata ordenó el allanamiento de las viviendas del contador Ernesto Raúl Habra involucrado en una trama que escondería negocios millonarios con la impresión de boletas partidarias.
Para sorpresa de todos, durante los operativos la policía descubrió un vivero de marihuana y sustancias prohibidas.
En vísperas de la Autonomía Santiagueña, la justicia federal de Santiago del Estero recibió un pedido de prórroga de jurisdicción, de parte de sus pares de La Plata, por lo que se solicitaban llevar adelante sendos allanamientos, en el marco de una causa donde se investigan los montos recibidos por partidos políticos para la impresión de boletas partidarias.
Tal es así que el juez platense Alejo Ramos Padilla dio otro paso en el avance de una causa penal que investiga la rendición de cuentas de campañas políticas y el negocio de la impresión de votos, que salió a la luz en agosto del año pasado, a través de las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO). En ese sentido, el magistrado denunció los altos costos económicos y logísticos que implicó la participación de cientos de listas partidarias que no tenían ninguna representatividad.
En tal sentido, el magistrado expuso en un oficio enviado a la Cámara Nacional Electoral las contradicciones de un proceso que pretende facilitar la democracia interna de los partidos, pero se convirtió en un mecanismo de financiamiento irregular.
Si bien se trata de una investigación realizada en Buenos Aires los alcances de la misma llegaron a la provincia, pues involucra a un contador santiagueño, más precisamente a Ernesto Raúl Habra, quien aparece vinculado a decenas de partidos que participaron de las PASO. LA COLUMNA se hizo eco de esta situación en la edición 1563, publicada el 2 de noviembre del año pasado, titulada “VOTOS S.A”.
Para entender la historia hay que volver la vista atrás y armar un rompecabezas que ocultaría negocios millonarios y que tendrían a Habra en el ojo de la tormenta.
Dos días antes de las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, realizadas el 13 de agosto de 2023, el diario La Nación publicó un extenso informe titulado “El entramado de 20 partidos que une a un grupo que hace negocios millonarios con la impresión de boletas”. El mismo analizó la situación de un “sistema de creación de partidos políticos que se llevan miles de millones de pesos del Estado en esta campaña sin necesidad de sacar ni el 1% de los votos, aunque participaron en el armado de frentes que tuvieron éxito electoral”.
Allí se reveló también que “un mismo grupo de personas crea sellos partidarios, los presta a terceros para que puedan anotarse como candidatos y gestiona el dinero estatal para la impresión de boletas, que nadie corrobora si se usó o no para ese fin”.
Además, “la trama incluye facturas a nombre de empresas que no existen o de firmas pertenecientes a los mismos apoderados”.
En este negociado se destacó el nombre del santiagueño Ernesto Raúl Habra, quien junto a Alejandro Bonacci, aparece vinculados a más de 20 partidos que compitieron en las PASO, donde tienen cargos de responsabilidad asumidos a su nombre o de familiares y amigos. Pero las fuerzas políticas a las que representan contrataron para imprimir las boletas a la planta DWP, en Rosario, cuyos dueños son el propio Bonacci y la esposa de Habra.
Así es que el informe, realizado por Camila Dolabjian, indica que estos profesionales de los sellos de goma también han estado involucrados en los armados de figuras importantes como José Luis Espert, Amalia Granata, Cintia Fernández, Guillermo Moreno, Bárbaro y Alejandro y César Biondini, entre otros, según consta en registros de campaña de elecciones anteriores, rendidos a la Cámara nacional.
De modo tal que Habra y Bonacci otorgaron personería y, a cambio, han gestionado los millones de pesos de las boletas. En algunos casos lo lograron y aparecen en las rendiciones facturas hechas por sociedades fantasma; en otros se lo habrían impedido.
Es así que La Nación pudo determinar cuál sería el modus operandi de esta organización.
Para gestar esta red, los implicados necesitaron datos personales necesarios para rellenar los avales y candidatos. Un partido necesita gente para existir. Para ello, fueron acumulando bases de información personal de individuos que jamás se enteran que integran una lista electoral (aunque a veces lo hacen y se han presentado ante la justicia), personas muertas o extranjeros. Esos documentos incluyen el nombre de los padres de la persona, dato obligatorio para inscribir a alguien en un sello.
El primer cúmulo de datos habría sido obtenido a través de la compra de una base de las obras sociales hace 20 años. Otros que copian el negocio, pero no cuentan con el dinero suficiente, tienen la paciencia de leer los avisos fúnebres en los diarios y se alegran al encontrar entradas como: “Con profundo dolor, lamentamos la partida de nuestro hijo X. Su mamá, Z y su papá, Y”.
Todo esto es posible por una ley electoral intrincada. No es difícil tener un partido, porque el número de avales que se requieren es muy bajo (entre 900 y 4000 personas), pero la ejecución es mañosa. Sólo alguien con experiencia logra tener su propio partido. Por eso las figuras de relevancia recurren a ellos para sortear los obstáculos de la burocracia.
Para entender de qué manera es posible hacen negocios los dueños de los partidos, la investigación precisó que el punto de partida es el dinero de las boletas. Cada dos años perciben un flujo multimillonario. Fue así siempre, pero en las elecciones de 2017 hubo un punto de quiebre.
La cantidad de listas que se presentaron a las PASO creció 400% respecto de los comicios anteriores. Un dato interesante y que nada tiene que ver con la implementación del sistema -invento argentino- de las primarias obligatorias. Habían comenzado una década atrás, pero recién en las legislativas del gobierno de Mauricio Macri se disparó la oferta electoral. El desencadenante fue un fallo de la Corte Suprema que dispuso que cada lista interna debe recibir la misma cantidad de dinero que sus competidoras dentro y fuera del partido.
Así es que el informe tiene precisiones con respecto a distintas listas, candidatos y montos recibidos. Por ejemplo, precisa que:
Liber.ar, que se presentó originalmente con tres listas internas, una de las cuales llevaba a Julio Bárbaro como candidato, iba a recibir $540 millones.
“Principios y Valores”, que integraba Guillermo Moreno en una de sus cinco listas internas, recibirá cerca de $700 millones y tiene entre sus apoderados al santiagueño Ernesto Habra. También imprimen en DWP.
“Proyecto Joven”, que anotó tres candidatos a presidente a las primarias, puede recibir hasta $1000 millones para cubrir la impresión de sus boletas (más que Juntos por el Cambio o Unión por la Patria). Ya rindieron en la justicia electoral la impresión de una parte con DWP. Bonacci asistió con el armado del partido.
Otros partidos, alianzas y frentes involucrados con este círculo se encuentran:
Proyecto Joven, encabezado por Yamil Salerno y Mempo Giardinelli
Encuentro Republicano Federal, integrado a la junta electoral de Juntos por el Cambio, de la mano de Pichetto (que lo intervino por estas irregularidades)
Partido Popular,
Unite,
Partido del Campo Popular
Partido Esperanza del Pueblo
Justicia y Dignidad Popular
Unir (de Alberto Asseff)
El informe precisó que también tienen un repertorio de fuerzas políticas locales, principalmente en Buenos Aires y Santa Fe y, en menor medida, en Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba. Así es que se obtuvo información que liga a este entramado a por lo menos 20 sellos que suelen presentar tres o más líneas internas.
Según lo estableció el diario, Bonacci y Habra tuvieron una relación estrecha durante años. En otros comicios, la división de roles era clara. El primero se hacía cargo de la rendición de boletas y el segundo, de los sellos.
Por eso, los cientos de documentos analizados por La Nación llevaron a, por un lado, Rosario y, por el otro, a Santiago del Estero, de donde ellos son oriundos respectivamente. En 2021 hubo un giro cuando un contrato de cesión de una imprenta los une definitivamente: DWP SRL, ubicada en Ayolas 241 bis, La Tablada, Rosario, pleno barrio controlado por el narcotráfico. Pero el lugar permanece cerrado, sin el más mínimo atisbo de trabajo.
Entre las PASO y generales de las legislativas, Habra y Bonacci decidieron adquirir su propio negocio de impresión. Como dueños figuran oficialmente Bonacci y María Trinidad Muñoz Cardinale, esposa de Habra.
Según indica el informe de La Nación. algunos ya están en la mira de la Justicia. Hay denuncias radicadas en el fuero electoral de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la ley indica que la justicia no puede actuar hasta que el cuestionamiento sobre las rendiciones de gastos de la campaña tenga sentencia firme. Son años de idas y vueltas entre los tribunales de alzada, y recursos que eternizan los procesos.
Fue posible vincular a quienes están a la cabeza de estos negocios a través de dos clases de documentos. Los primeros son las presentaciones formales ante la Justicia Electoral. En los cargos clave, como el de apoderado y responsable económico financiero, es posible encontrar a los protagonistas de esta red y a sus esposas, familiares y empleados.
El segundo tipo son las facturas de la impresión de boletas. En el análisis surgen las mismas razones sociales que habrían sido contratadas para la impresión en las elecciones de 2015, 2017, 2019, 2021. Los CUIT y domicilios remiten a personas que están fuera del país, estudiantes y jubilados. Este año las facturas son todas de DWP, según la primera rendición oficial a la que accedió La Nación.
El detallado informe precisa que los partidos que representaban refirieron CUIT que pertenecen a personas como:
Fabiana Wagmaker Da Silva o, como la llamaron ficticiamente en las presentaciones de rendición de campaña, Amazonas Gráfica y Publicidad. Esta mujer, exnovia de uno de los integrantes del grupo, es de nacionalidad brasileña y vive cerca de la frontera con Venezuela. En su domicilio comercial, en Chacabuco 2214 piso 2 B, Rosario, no hay nada ni nadie.
Rocío Celeste Sanabria, de 33 años, (también llamada Editorial Cruz del Sur, una empresa inexistente) es ahora empleada de una de las Pymes del grupo de Bonacci, y facturaba millones en elecciones anteriores. Su dirección comercial, en San Lorenzo 4351 (2000), es en realidad la casa de Nilda, una señora mayor, jubilada, que no tiene idea del tema.
La operatoria involucra varios puntos oscuros:
* La primera, imprimir boletas de menos y facturar la cantidad máxima.
* La segunda: que las imprentas en muchas oportunidades se quedan con un porcentaje y retornan dos o tres meses después el monto al apoderado o responsable del partido político.
* Quedan debiendo IVA, pero lo toman a cuenta y postergan hasta entrar en un plan de pagos. Los desembolsos se suelen hacer con cheques al portador, que giran y pueden ser cobrados por cualquiera. A la vez, el informe precisa que un dato no menor es que Bonacci y Habra son dueños de radios comunitarias en todo el país.
A la par de todo esto, el diario puntualizó que las últimas PASO fueron especiales, y que los protagonistas vieron una oportunidad única. Esto ocurre porque es la primera vez en la historia que una boleta tiene ocho cuerpos en la provincia de Buenos Aires. Mide 92 centímetros e iba a medir aún más, antes de que el juez Ramos Padilla citara a los partidos políticos a una audiencia para resolver achicar el ancho de cada cuerpo en 0,5 centímetros, a lo que se opuso, por ejemplo, el partido de Moreno.
El costo de un cuerpo estimado por la Dirección Nacional Electoral es de $2,92. En el caso de DWP SRL, el plan era también imprimir con un alto margen de ganancia. Así es que planeaban tener una ganancia de $1.
Sin embargo, la relación entre los socios se habría quebrado, ya que Bonacci, que se encarga de la gestión diaria de la empresa, habría dejado de transferir ingresos a los Habra.
DWP tuvo algunos problemas. El 25 de julio de 2023 salieron cuatro cheques rechazados por falta de fondos. No es menor. Quien incurre en este tipo de actos es pasible de multas, cierres de cuenta e inhabilitaciones, de acuerdo con la ley. El monto total (que podría ser mayor por falta de actualización del sistema) asciende a $1.758.309.
Por otra parte, Habra habría comenzado a incumplir obligaciones asumidas con diferentes partidos. Por ejemplo, no se apersonó para cumplir con los trámites de Encuentro Republicano Federal a La Plata, para integrar la alianza electoral de Juntos por el Cambio en ese distrito. Esa fue la razón por la que Miguel Ángel Pichetto decidió intervenir el partido, según fuentes cercanas al excandidato a vicepresidente de Macri. Al parecer, Habra mezcló papeles en muchos casos y desapareció.
Fue entonces cuando el santiagueño cayó enfermo. Se descompensó y se agravaron problemas cardíacos previos. El vacío le dio entrada a sus otros socios, que aprovecharon su ausencia y se mejoraron su posición con partidos originalmente armados por él.
Además, se supo que Habra está involucrado en un proceso iniciado por el juez Ramos Padilla a partir de la rendición de cuentas de la campaña de Espert, en 2021. Las facturas fueron a nombre de otras empresas y empleados de Bonacci, que tiene varias remiserias. La principal se llama Logística Primera SA, que también funciona en Rosario.
A la vez, el informe precisa que en 2023 la cuerda se tensó con la Justicia Electoral. Tal es así que María Servini de Cubría, en el orden nacional y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla en la provincia de Buenos Aires y otros jueces, por ejemplo, en Neuquén, se pusieron más firmes con la aprobación de listas. Muchas, como la de Bárbaro, fueron dadas de baja en varios distritos. En ciertos casos se debe a que Habra y Bonacci no les dieron las boletas necesarias para la oficialización, un trámite indispensable para el visto bueno en la carrera electoral.
De esta manera, y según la investigación realizada por La Nación, se habría llevado a cabo un negociado millonario que involucraría directamente a Ernesto Raúl Habra. El santiagueño sería uno de los principales responsables de esta organización.
A la par de las investigaciones periodísticas, el Dr. Alejo Ramos Padilla continuó con su tarea, en el marco de una de las causas electorales instruidas por la justicia federal de la ciudad de La Plata. La intención del magistrado era encontrar documentación en contra del contador Ernesto Habra, que respaldaran el supuesto desvío de fondos que habría recibido irregularmente de parte de distintos partidos políticos.
Por ello, informó a las autoridades locales que había pedido la prórroga de jurisdicción y dispuso que efectivos de la Policía Federal de Santiago del Estero allanaran dos viviendas pertenecientes al contador, ubicadas en la calle Misiones al 300 -barrio Centro- y Andrés Rojas –barrio Autonomía-, sitios donde se pensaba secuestrar información que sirviera como evidencia de su accionar.
Pero los uniformados se encontraron con algo más a lo esperado. Efectivamente, grande fue su sorpresa cuando encontraron, en la vivienda del barrio Autonomía, decenas de plantas de marihuana. En realidad, hallaron una habitación acondicionada como vivero para el cuidado de más de 60 plantines de cannabis sativa, frascos con marihuana y cogollos listos para usar.
Frente a ello, los efectivos informaron de la situación al juez Guillermo Molinari, quien ordenó la detención de los hijos de Habra, quienes tienen un grupo musical. Aun así, recuperaron su libertad pues explicaron que ellos cultivan las plantas para uso medicinal.
De todos modos, el contador deberá presentarse ante las autoridades locales y platenses para prestar declaración con respecto a los hallazgos encontrados en las viviendas de su propiedad.
Mientras tanto, la investigación judicial en la ciudad de La Plata continúa. Todo parecía indicar que Ernesto Raúl Habra estaría involucrado en una verdadera trama que ocultaría negocios millonarios con la impresión de boletas partidarias. La historia continúa.
Dr. Alejo Ramos Padilla |
“Delicada problemática”El juez federal de La Plata con competencia electoral Alejo Ramos Padilla advirtió a la Cámara Nacional Electoral (CNE) sobre “la proliferación de líneas internas en agrupaciones políticas con escaso margen de representatividad”, lo que resulta oneroso y complica el desarrollo de los comicios. "La proliferación de listas internas que no cuentan con una representación política real no fortalece el principio de participación electoral y además de perjudicar la gestión del proceso electoral afecta la calidad de la participación de los verdaderos actores del proceso político, a quienes el sistema electoral debe colocar en las mejores condiciones para poder llevar adelante la contienda”, sostiene el oficio enviado a la Cámara. El juez recordó que la Cámara había restringido la adjudicación de fondos mediante la interpretación de una ley que "garantiza a cada lista interna el financiamiento estatal para imprimir el equivalente a una boleta por elector". Ello -agregó el tribunal- "podría traducirse en una significativa multiplicación de las listas internas oficializadas por las agrupaciones políticas y conducir a resultados irrazonables, significando una afectación claramente irracional de los siempre limitados recursos disponibles del Estado". Aunque la Cámara decidió entonces restringir el aporte de recursos estatales para la impresión de boletas de cada una de las líneas internas partidarias, la Corte Suprema nacional revirtió el criterio en 2020, ante una presentación del partido Alianza Frente Patriota Bandera Vecinal. Según Ramos Padilla, “estas son las primeras elecciones presidenciales en las que rigió el criterio de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en cifras récord de listas internas y candidaturas". Las primarias, agrega el documento, “contaron con un número inédito de 31 agrupaciones que compitieron a nivel nacional, más de 1.600 listas partidarias, y la oficialización de casi 40.000 precandidaturas que se tradujeron en boletas de 8 cuerpos y 10 categorías para el distrito bonaerense”. El juez resaltó que "para los 35 cargos a diputados/as nacionales por el distrito se presentaron 24 agrupaciones políticas con un total de 30 listas internas, y sólo cuatro agrupaciones lograron superar el 1.5% de los sufragios válidamente emitidos, el piso electoral exigido para acceder a la instancia de elección general". Aunque la CNE había restringido el aporte de recursos estatales para la impresión de boletas, la Corte Suprema de la Nación revirtió el criterio en 2020- Cifras similares se registraron para los cargos de senadores nacionales y legisladores del Parlasur. También destacó los casos de "agrupaciones que para algunas categorías presentaron hasta cinco listas internas, que aún sumadas no llegaron a obtener el 0,1% de los votos válidamente emitidos, o el de agrupaciones con cuatro listas internas que obtuvieron un total menor al 0,02%". Según explicó el magistrado, además de las erogaciones presupuestarias en materia de boletas que ello implica, la proliferación de listas internas impactó significativamente en cada una de las actividades que componen el proceso electoral: la oficialización de las candidaturas; la aprobación de los modelos de boletas y la recepción, fiscalización y sellado de más de cuatro millones de ellas. Ramos Padilla puso a consideración de la CNE "esta delicada problemática" a fin "de que pueda constatar si estas circunstancias también fueron detectadas en otros distritos y, en caso de entenderlo adecuado, se informe cuanto corresponda a la Corte Suprema de la Nación”. |
Qué pasó entre Ivo Cutzarida, Antonio Ríos y Ernesto Habra |
En 2017, cada frente bonaerense que se inscribió en la Justicia electoral para competir en los comicios recibirá la suma de 2.8 millones de pesos por lista. Si presenta candidatos a senadores y diputados, el monto se duplica y, en algunos casos, puede alcanzar cifras millonarias. La alianza Unión Federal es uno de los ejemplos: por la presentación de 13 nóminas debía recibir más de 70 millones de pesos para la impresión de boletas, pero la CNE constató irregularidades y frenó el pago. Tal es así que en dos expedientes se argumenta que al frente le faltó acreditar que las autoridades partidarias competentes de los partidos Popular (María Trinidad Muñoz, esposa de Habra) y Dignidad Popular (Ernesto Raúl Habra) habían decidido participar en la alianza. Por este frente se presentaban como candidatos el cantante Antonio Ríos y al actor Ivo Cutzarida, dentro de las 13 listas para la categoría de diputados nacionales y 13 listas para la de senadores: por ello, sólo para la impresión de boletas el Estado debía darle poco más de 72 millones de pesos. Habra, en carácter de apoderado del frente, había apelado el fallo. El gasto millonario del Estado para la impresión de las boletas de los partidos políticos había sido cuestionado a raíz de los 20 millones de pesos que se destinarán para la fuerza del dirigente de extrema derecha Alejandro Biondini, referente del frente Patriota Bandera Vecinal, que recibirá así casi la misma suma que percibirán todos juntos Cambiemos, Unidad Ciudadana, 1 País y el Frente Justicialista para imprimir boletas de sus candidatos a diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. |
Pyme electoral |
El 10 de julio de 2017, Visión Santiago publicó una noticia titulada “El apoderado del Frente de Mirolo causado de encabezar una Pyme electoral”, que aludía directamente contra Ernesto Raúl Habra. La publicación destaca que los principales medios nacionales dieron cuenta de la decisión de la justicia electoral de frenar el pago de $72 millones destinados a un Frente que buscaba competir en la provincia de Buenos Aires y que, según Clarín, sería una de las típicas “Pymes” electorales que se inscriben únicamente para recibir fondos del Estado. En el fallo se menciona a Raúl Ernesto Habra como apoderado de la alianza. Habra es santiagueño, conocido en el ambiente político por presuntas maniobras de “alquiler” de sellos partidarios y en las elecciones de este año, es también apoderado e integrante del Frente 1Pais en Santiago del Estero. La Cámara Nacional Electoral impidió que el frente Unión Federal, que llevaba como candidatos al actor Ivo Cutzarida y al cantante de cumbia Antonio Rios, participe de las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y reciba $72 millones del Estado para la impresión de boletas. En su fallo del 25 de junio pasado, el juez Culotta argumentó que los partidos que pretendían conformar el frente habían cometido varias irregularidades a la hora de presentar la documentación necesaria para la inscripción de alianzas. El apoderado del frente, el santiagueño Ernesto Raúl Habra, apeló la decisión del magistrado ante la Cámara Nacional Electoral, que rechazó el recurso este viernes. En Santiago del Estero, Habra también es apoderado del Frente 1Pais que lidera en la provincia Pablo Mirolo. Dicha alianza se halla integrada por tres partidos: Renovador Democrático, Movimiento Libres del Sur y Unión por la Libertad, siendo este último uno de los sellos que alquilaría Habra. |