Desde hace años los campesinos vienen denunciando que bandas armadas irrumpen en sus tierras, los atacan y destruyen todo a su alrededor, como una forma de resolver los conflictos por la posesión de los territorios. En esta ocasión, un empresario cordobés junto a decenas de hombres armados irrumpió en un campo a los tiros, al mejor estilo del lejano oeste. Historias de nunca acabar.
Las viejas películas del lejano oeste, aquellas de cowboys e indios, eran una muestra elocuente de la violencia que reinaba a principios del siglo pasado. Los conflictos se resolvían a los tiros. Ganaba el más fuerte, el más rico o el que era más rápido desenfundando la pistola. Los débiles y aquellos que no tenían o no sabían cómo defenderse tenían que agachar la cabeza y someterse a los designios del poderoso del momento. Frente a ese panorama, naturalizado y entendido como una situación normal, la justicia brillaba por su ausencia o llegaba demasiado lenta. Con el paso de los años, todo ello fue quedando en el olvido o al menos es lo que parece. Parece, solo parece…
El territorio santiagueño, más precisamente el interior profundo, ese que parece infinito y se extiende más allá del horizonte, sufre desde hace años situaciones parecidas a lo que mostraban aquellos films. Los poderosos de turno quieren quedarse con las tierras que los campesinos poseen, en las que viven desde tiempos inmemoriales y no dudan en asolarlos para obligarlos a abandonar sus territorios.
Bandas armadas. Topadoras. Alambres cortados. Avasallamiento. Amenazas. Denuncias y contra denuncias. Empresarios ávidos de usurpar las tierras ocupadas ancestralmente por comunidades originarias. Es un cuadro reiterado en distintos puntos de la provincia.
Frente a ello se presentan pobladores hartos de atropellos, nucleados en movimientos que defienden sus derechos. Sí, estos hombres y mujeres aprendieron a pelear por lo suyo, a no bajar los brazos, a luchar por su tierra.
Ya no tienen miedo, aunque saben que pueden perder la vida por el ataque de las bandas lideradas por sicarios enviados por terratenientes, tal como ocurriera con Cristian Ferreyra, asesinado el 16 de noviembre de 2011 cuando luchaba por defender su territorio del avance sojero. Si bien el autor material del crimen fue condenado a 10 años de prisión, el empresario Jorge Ciccioli, señalado como el autor intelectual, fue absuelto. Pero aquel integrante de la comunidad lule-vilela no fue el único que perdió su vida por defender su tierra. (Ver nota adjunta)
PERDER EL MIEDO
Aun así, los campesinos perdieron el miedo y no temen pararse frente a una topadora para detener las usurpaciones u oponerse a la avanzada de empresarios foráneos que intentan usurpar los suelos que ellos habitan desde siempre.
Ellos consideran que los poderosos cuentan con documentos apócrifos u obtenidos ilegalmente, merced al accionar de escribanos inescrupulosos. Sin embargo, para que los mafiosos de turno puedan hacer valer lo que consideran sus “derechos” sobre la tierra, necesitan enfrentarse a los legítimos poseedores. Para lo cual, no dudan en recurrir a las amenazas y amedrentamientos permanentes, al alambrado con custodia de grupos paramilitares que no dudan en invadir los territorios comunitarios.
Estas bandas armadas, generalmente integradas por personas de otros parajes e incluso otras provincias, no tienen escrúpulos a la hora de enfrentarse a los campesinos. Así, es común verlos llegar a distintas zonas, asolar todo lo que encuentran a su paso, quemar ranchos, voltear viviendas, quemar cercos y matar animales. Se instalan en casillas mientras van alambrando cientos de hectáreas, cerraron caminos vecinales, que no solo impiden el paso de las personas sino también de los animales que terminan muriendo de sed.
La problemática de tierras y la irrupción de bandas armadas es un tema demasiado frecuente, sin embargo, no dejan de sorprender los hechos que se conocen día a día, cada uno con condimentos parecidos a aquellas películas del lejano oeste, sobre todo por la utilización de armas de fuego para asustar a los más débiles.
A LOS TIROS
Cerca de la medianoche del pasado viernes 6 de diciembre, una banda armada irrumpió violentamente, exhibiendo armas de fuego, la estancia Tierra Brava, ubicada en el departamento Alberdi, al noreste de la provincia, a 80 kilómetros de Sacháyoj. La propiedad tiene casi 4.000 hectáreas, y sería propiedad de Eduardo Guzmán.
La fuerte tormenta ocurrido aquel día hizo que los caminos se tornaran intransitables, aunque la noche se presentaba calma. Rogelio Oviedo, el casero del predio, junto a otros cuatro empleados, estaban a punto de acostarse cuando se vieron sorprendidos por la llegada intempestiva de cinco camionetas todo terreno, a bordo de las cuales arribó una patota de más de veinte personas. Llegaron a los tiros y profirieron todo tipo de amenazas.
La banda habría estado liderada por el productor Luis Fernando Michelotti, oriundo de Villa del Totoral, Córdoba, quien mantendría un fuerte litigio por la propiedad con Guzmán.
La sorpresa inicial se transformó en gritos e intimidaciones por parte de los recién llegados, y en miedo y desconcierto por parte de los empleados del inmueble. Estos últimos habrían sido maniatados y sus ojos vendados. Luego, los obligaron a entregar sus celulares y bajo fuertes amenazas fueron forzados a dejar el lugar.
Sin embargo, Oviedo había escondido su celular y mientras huían de la estancia, pudo comunicarse con el encargado de la hacienda, Cristian Cancino, un ingeniero agrónomo chaqueño que no tardó en comunicarse con las autoridades policiales de la zona.
27 DETENIDOS
En la siesta del sábado 7, personal de la policía de la provincia logró capturar un total de 27 personas, quienes serían los integrantes de la banda armada que irrumpió en la estancia. La orden emanó de la jueza de Control y Garantía Dra. Pía Danielsen, quien caratuló la causa como “privación ilegítima de la libertad, lesiones, y usurpación en perjuicio de Oviedo y otros".
En primera instancia se llevó adelante un allanamiento en Campo Tierra Brava, ubicado en el área de competencia de la Subcomisaría de Sacháyoj, donde fueron secuestradas armas de fuego y detenidas 19 personas, entre las que se encontraba Michelotti, quien dijo ser el propietario del inmueble.
Las 18 personas restantes, en su mayoría, tienen domicilio en las ciudades Capital y La Banda. Según se pudo constatar, de estos detenidos solamente dos no registran antecedentes policiales. El resto carga con denuncias por lesiones calificadas, resistencia a la autoridad, robo con armas y homicidio en grado de tentativa.
En la oportunidad también se procedió al secuestro de una camioneta marca Toyota Modelo Hilux dominio KPG-985, con tráiler; dos escopetas, dos rifles, un cuchillo, machetes, hachas, una amoladora y $ 1.900.000 en efectivo.
En el operativo intervino personal de la Dirección General de Asuntos Judiciales, de la Dirección General Conflicto de Tierras, del Departamental N° 11 y miembros de la Unidad para Situaciones de Alto Riesgo (Usar) y del CGI.
Las fuerzas de seguridad informaron que durante el operativo se dieron a la fuga dos hombres. Uno de ellos fue identificado como Hugo Rojo, domiciliado en la capital santiagueña, a bordo de una camioneta Volkswagen Amarok. Mientras que el otro –sin identificar- huyó a bordo de otro vehículo similar.
En un segundo procedimiento, realizado en la tarde del sábado, fueron demoradas otras 8 personas, en el puesto de control policial ubicado en La Invernada Norte (rutas 5 y 2), donde fueron retenidas además dos camionetas Volkswagen Amarok, dominio AD990FQ y AA214VC.
Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Celia Mussi, con conocimiento de la jueza Pía Danielsen, quedaron en calidad de detenidos y se procedió al secuestro preventivo de los rodados y herramientas de trabajo y otros elementos, ya que se sospecha que estarían involucrados con el procedimiento realizado horas antes en Campo Tierra Brava.
Las primeras investigaciones determinaron que los detenidos habrían sido contratados por Michelotti para sacar del predio a los cinco empleados de Guzmán. Todos ellos son considerados por las fuerzas policiales como individuos de alta peligrosidad, debido a sus antecedentes criminales. Por lo cual, fueron alojados en distintas dependencias con custodia reforzada.
Mientras tanto, se espera que algunos presten declaración testimonial al cierre de esta edición, y otros lo harían en las próximas horas.
NEGOCIO INMOBILIARIO
Si bien el caso de Tierra Brava tiene sus aristas particulares, la problemática de tierras tiene el mismo denominador en distintos puntos del dilatado territorio santiagueño, poniendo contra la espada y la pared a pobladores que viven en las tierras y no poseen los títulos.
Tal es así que las denuncias se multiplicaron en el ámbito judicial, pero también en Comunidades Campesinas Indígenas, una entidad con personería jurídica que se encargó de realizar el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas (Ley 26.160) con participación del Estado Provincial y Estado Nacional.
Para graficar la situación, Gustavo Vasallo, un dirigente campesino, supo decir que “hace años, las tierras de Santiago no valían tanto como ahora, no tenían un precio tan alto como el que tienen desde los últimos 20 años, por el avance de la frontera agropecuaria y lo que se encontró desde la tecnología por la soja. Los precios de los lotes han subido de manera escalofriante. Ante eso se presenta un negocio inmobiliario para muchos empresarios”. Frente a ello, distintos empresarios “han tomado como metodología entrar con bandas armadas, con personas armadas, amenazar a los pobladores, a los hijos”.
De modo tal que “en muchos lugares encuentras pobladores de varias generaciones, abuelos de 90 años, nacidos y criados en ese lugar. Por la ley veinteñal, alguien que ha estado en ese terreno desde hace 20 años, lo ha cuidado, lo ha trabajado, lo ha respetado, es el dueño. Para ello, el gobierno ha logrado hacer un plan para que las familias campesinas puedan acceder a los títulos”.
CRIMEN EN SAN FRANCISCO NORTE
Frente a un panorama desalentador, los pobladores no titubean a la hora de defender sus derechos ancestrales. Es lo que sucedió en abril pasado, en San Francisco Norte, un paraje ubicado a 60 kilómetros de Campo Gallo, cabecera del departamento Alberdi, al noreste de la provincia, cuando un poblador del lugar, reconocido como Fabián Martínez -aunque las fuerzas policiales lo identificaron como Luis Antonio Martínez- quien fuera asesinado en un confuso episodio por integrantes de una banda armada que estaba avasallando sus derechos posesorios.
El homicidio de Martínez ocurrió el 5 de octubre, aunque el conflicto habría iniciado un par de días antes, más precisamente el 28 de marzo, cuando “hombres, señalados como pertenecientes a "la Banda de los Padilla", comenzaron a cercar los campos”, informaron desde la agencia Tierra viva. “En esa zona rural, los campesinos del Mocase-VC crían a sus animales, que pastorean en predios compartidos”.
A la vez, señalaron que aquel día, “hubo una discusión entre los recién llegados y los campesinos que viven allí desde hace generaciones. Estos últimos realizaron la denuncia ante la policía, pero no obtuvieron respuestas”.
De modo tal que “el 5 de abril se terminó de alambrar el predio, pero muchos animales quedaron dentro del perímetro cercado”. Fue entonces cuando “los campesinos se acercaron a pedir por sus animales”.
En ese grupo estaba Martínez, quien “se dedicaba a la cría de aves de corral y fue a acompañar a sus vecinos”. Asimismo, “era miembro del Mocase-VC y padre de cuatro hijos”.
En un video en donde se ve que “los campesinos hablaban con el grupo que había cercado el campo, llegó Padilla, al grito de ‘¿No les he dicho que se vayan a la mierda?’. A continuación, empezó a golpear a los presentes”, indica la agencia noticiosa.
Frente a ello, el violento “sacó una escopeta. Martínez se interpuso y recibió dos balazos que lo mataron”.
OTRA BANDA ARMADA
“Una banda armada liderada por uno de los Padilla asesinó al compañero Fabián Martínez”, se titula el comunicado difundido por el MOCASE.
En el mismo se señala que “ya hay antecedentes de sobra sobre el accionar de esta ‘banda armada’ originaria del El Mojón, departamento Pellegrini”, y se preguntan si “¿alguna vez la justicia los va a investigar?”.
Es por ello que el Movimiento Campesino de Santiago del Estero “repudia el accionar de bandas armadas que terminó con otra muerte”.
A la vez, señalaron que “en la comunidad campesina indígena de San Francisco, departamento Alberdi, el embate agro asesino se cobró otra víctima en este caso de Fabián Martínez”.
En ese sentido señalaron que “Fabián murió defendiendo sus territorios y sus derechos de vivir en el lugar de origen”.
Por lo cual, brindaron “nuestra más sentida solidaridad para con la familia y la comunidad por este hecho tan lamentable”.
De igual manera, la organización sostuvo que “repudiamos está práctica sistemática violenta de bandas armadas que operan desde hace tiempo en los territorios campesinos y atenta contra el sistema de vida de las familias del monte profundo santiagueño”.
Por lo cual, “exigimos la aprehensión de los autores materiales del crimen” y “hacemos eco a las autoridades para que se investigue a fondo y se castigue con la máxima pena”.
Por último, enfatizaron que “no queremos más muertos por defender los territorios y la vida campesina. Por la tierra el agua y el monte”.
11 DETENIDOS
El informe policial indicó que “en forma inmediata se dirige personal de la Comisaria comunitaria número 18 (Campo Gallo) al lugar del hecho, constatando que se encontraba una persona sin vida, identificado como Luis Antonio Martínez, producto de heridas de arma de fuego”.
A raíz de ello “se preservó el lugar a la espera de la comisión comandada por la Dra. Erika Leguizamón (fiscal interviniente), Departamento Homicidios y Delitos complejos y la policía científica”.
Asimismo, explicaron que “el día del suceso se registró gran cantidad de lluvia y los caminos se encontraban intransitables por las grandes precipitaciones”. Fue así que la fiscal pudo llegar a la zona recién a las 19.30, más de 7 horas después del homicidio de Martínez, junto a los investigadores, quienes realizaron “todos los trabajos técnicos, científicos y demás diligencias, culminando a las 4.30 de la mañana siguiente”.
Durante la investigación, “se estableció que un grupo de personas numerosas que realizaban trabajos de alambrados en una propiedad tuvieron incidentes con la víctima y sus familias, entre los cuales se encontraba la personas que habría efectuado el disparo y terminó con la vida de Martínez”.
Asimismo, los peritos indicaron que “el autor y los demás partícipes del hecho se dan a la fuga en una camioneta color roja, siendo interceptado este rodado en la ciudad de Campo Gallo, secuestrando a la misma y deteniendo a 4 personas”.
Luego de ello, “una quinta persona fue encontrada a la vera de la ruta 5, cerca de la localidad de Donadeu, con heridas en la cabeza por lo que fue trasladado a un centro asistencial y fue allí donde se identificó como Exequiel Padilla (Jonathan), sindicado por testigos como el autor del homicidio”.
De igual manera, “cerca del mediodía del día siguiente, en la vera de la Ruta 92, se procedió a la detención de 6 personas más vinculadas al hecho de sangre”.
Por lo cual, “fueron 11 los detenidos por el sangriento hecho, y fueron alojados en distintas dependencias policiales de la provincia, mientras que uno de ellos todavía está internado en un centro médico de la ciudad de la Banda por las heridas que presenta”.
ANTECEDENTES DE LOS ATACANTES
En junio de 2012, el Mocase había difundido un comunicado donde señalaba que “bandas armadas atacaron brutalmente a pobladores del Depto. Pellegrini”, donde se hace mención a los integrantes de la banda armada que asesinaron a Martínez.
En aquella oportunidad, denunciaron “el atropello totalmente impune de una banda armada que está operando desde hace mucho tiempo en la comunidad de Ahí Veremos, departamento Pellegrini”, que “está comandada por Lictor Padilla, Saúl Cortada que, este último supuestamente, pertenece a la empresa Algarrobal Viejo S.A. y sus otros secuaces como Virino Garnica, Aroldo Oscar Herrera y los propios hijos de Padilla (uno de ellos sería el autor del homicidio de Martínez), reconocido por sus andanzas en varios lugares de la provincia como jefe de esta banda”.
A modo de ejemplo, señalaron que “los compañeros Mario Dante Paz, Humberto Evelio Jaime y Domingo Paz se encontraban trabajando en el lote comunitario, del cual son poseedores ancestralmente, fueron atacados a golpes de palos y con armas de fuego donde varias veces les hicieron disparos a sus pies, amenazándolos de muerte y diciéndoles que les quemarán sus casas, la emboscada fue provocada por Padilla y Cortada y 12 personas más”.
A la vez, el comunicado indicaba que “los compañeros se defendieron como pudieron y se tuvieron que retirar del lugar, a don Jaime le quitaron los postes que estaba extrayendo de su lote, los campesinos legítimos dueños, tienen permiso otorgado por la Dirección de Bosques de la Provincia, porque están inscriptos en el Registro de Productor Forestal de tercera categoría con resolución Nº 026”. El permiso es, en el marco legal de la ley Nº 6.841, sobre Conservación y Uso Múltiple de las Áreas Forestales.
Asimismo, precisaron que “no es la primera vez que sucede este hecho de violencia con esos grupos armados que ya están casi un año instalados sembrando terror en esa comunidad”.
JUEZ ALARCÓN
En el mismo sentido, aquel comunicado del Mocase señalaba que “existe una medida cautelar, que salió del Juzgado de Crimen de Tercera Nominación a cargo del juez, Darío Alarcón. La medida ha sido dictada por situación de enfrentamiento y riesgo para la vida de las personas, también, con el sentido de que las familias puedan seguir trabajando y la empresa Algarrobal Viejo cese con los trabajos”
A la vez, indicaron que “la medida estuvo en suspenso por largo tiempo y el juez sabía que la situación por el alto grado de conflicto, muchas vidas estaban en peligro. Aun así, Alarcón se hizo el distraído”.
Por lo cual, consideraban que “esta medida judicial como tantas otras es burlada por quienes representan esta empresa, violándola cuantas veces se les ocurra”, sobre todo por “la pandilla armada que lidera Lictor Padilla”.
Por ello, reclamaron que la justicia estuvo “ausente, lejana, tardía, descomprometida”. De modo tal que “así está, la situación en esa comunidad, con estos delincuentes a sueldo, la comunidad ya perdió su paz y tranquilidad”.
Razón por la cual, “le exigimos al Superior Tribunal de Justicia, que investigue seriamente y desarticule esa banda armada que lidera el ex policía “mafioso” Lictor Padilla”.
Si bien no se conoce en qué situación se encuentra ahora la comunidad de Ahí Veremos, sin embargo, quienes fueron considerados los integrantes de aquella banda armada serían los mismos que integran la fuerza paramilitar que acabó con la vida de Martínez.
PÉRDIDA DE BOSQUE NATIVO
Desde “Tierra viva” señalaron que “en los últimos años, empresarios del agronegocio han recurrido al mecanismo de contratar personas con situaciones problemáticas (adicciones y antecedentes de violencia), entregarles armas y llevarlos a las tierras campesinas-indígenas que pretenden usurpar”. En esas circunstancias, teniendo en cuenta los dichos de MOCASE-Vía Campesina, “se produce el robo o la matanza de animales, las amenazas y los enfrentamientos que terminan en asesinatos”.
En ese sentido, señalaron que “en septiembre pasado, familias campesinas del departamento Figueroa -que pertenecen a la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT)- se vieron envueltas en un tiroteo debido a este accionar de las empresas y sus intermediarios”.
A la vez, señalan que “las cifras evidencian la persecución de las familias que producen alimentos sosteniendo las formas tradicionales y la armonía con el monte nativo”. Por lo tanto, los campos que se usan para la cría o la recolección de frutos del monte entre varias familias se clasifican como "explotaciones agropecuarias sin límites definidos" en el Censo Nacional Agropecuario. Esto es así porque esos campos no están alambrados. Entre el censo de 2002 y el de 2018 se perdieron 5.600 explotaciones agropecuarias sin límites definidos (pasaron de 10.119 a 4.519).
Es más, el informe destaca que “Alberdi, donde asesinaron a Martínez (y ahora se produjo el ataque de la banda armada liderada por el empresario cordobés), es uno de los departamentos más afectados por el desmonte en Santiago del Estero. En la provincia existen 7.108.203 hectáreas de monte nativo, cuyas especies autóctonas son el quebracho colorado, el quebracho blanco, el algarrobo y el vinal”.
Según datos del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, “entre 2012 y 2018, la pérdida de bosque nativo en Chaco, Salta, Formosa y Santiago del Estero fue de un millón de hectáreas, de las cuales un 28 por ciento corresponden a la modificación de uso de la tierra con fines agropecuarios”.
Si bien la justicia tendría esclarecido el ataque de la banda armada en Tierra Brava y también el crimen de Fabián Martínez, aún queda mucho por investigar, ya que no es la primera vez que ocurren hechos similares. La irrupción de estos grupos paramilitares atacando a campesinos que protegen sus derechos ancestrales de posesión, no son una novedad y parecieran no tener fin.
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