Una causa federal investiga un presunto esquema de caza ilegal, tráfico de fauna y exportación irregular de trofeos. La investigación alcanzó establecimientos de Buenos Aires y Santiago del Estero, donde fueron hallados animales vivos en cautiverio, restos de especies protegidas y miles de piezas de taxidermia.
La investigación judicial sobre una presunta red dedicada a la caza furtiva y el tráfico de fauna silvestre en Argentina volvió a poner el foco sobre Santiago del Estero. El expediente, que involucra procedimientos realizados en distintas provincias, describe un sistema que habría ofrecido a turistas extranjeros paquetes completos de cacería: alojamiento, traslados, guías, armas, captura de animales y posterior gestión de los llamados “trofeos de caza”.
Según la investigación, los establecimientos vinculados al esquema se encontraban en la provincia de Buenos Aires y en Santiago del Estero, donde los procedimientos permitieron encontrar animales vivos mantenidos en condiciones precarias y restos de distintas especies. La causa es tramitada por la Justicia Federal y tuvo intervención de la Policía Federal Argentina y organismos ambientales.
El caso tomó especial dimensión por la cantidad y variedad de elementos secuestrados. En un operativo informado oficialmente en 2024, la Policía Federal comunicó el secuestro de más de 200 pieles, unas 20.000 piezas de taxidermia, astas y cuernos, además de armas y documentación vinculada con la investigación. También fueron recuperados más de 30 animales vivos, entre ellos búfalos de agua, ciervos del pantano y ñandúes. En Santiago del Estero fueron rescatados un puma y dos pecaríes de collar que estaban en cautiverio.
El circuito de la caza y los “trofeos”
De acuerdo con la reconstrucción judicial difundida durante la investigación, los potenciales clientes eran principalmente extranjeros. El servicio comenzaba incluso antes de llegar a los campos: los cazadores podían ser recibidos en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y trasladados posteriormente hacia los establecimientos de caza.
Los paquetes incluían alojamiento, alimentación y guiadas. También se investigó la provisión o ingreso irregular de armas para los visitantes. Una vez realizada la cacería, el esquema incorporaba otro eslabón: la preparación de los restos mediante taxidermia y su posterior traslado y exportación como trofeos.
La investigación reciente describió talleres donde se preparaban cueros, cráneos y otras partes de animales para su conservación, embalaje y eventual salida del país. Entre los elementos encontrados hubo cráneos, garras, colmillos y restos de distintas especies. También se detectaron piezas correspondientes a fauna exótica.
Uno de los aspectos bajo análisis judicial es la documentación utilizada para acreditar el origen de determinados ejemplares. Según información difundida sobre la causa, existirían sospechas de permisos de caza falsificados o con datos que no coincidían con los registros migratorios de los turistas. También fueron señaladas armas equipadas con silenciadores y miras telescópicas, elementos cuyo uso fue cuestionado en el expediente.
Santiago del Estero, uno de los puntos de la investigación
La participación de establecimientos santiagueños constituye uno de los aspectos centrales para la provincia. Los procedimientos permitieron documentar el hallazgo de fauna viva mantenida en cautiverio y destinada, según la hipótesis investigativa, a facilitar determinadas prácticas de cacería.
Entre los animales rescatados hubo un puma y pecaríes de collar. Los ejemplares fueron trasladados con la colaboración de inspectores de la Dirección General de Bosques y Fauna de Santiago del Estero y posteriormente liberados en la zona de la Reserva Natural de las Sierras de Guasayán, de acuerdo con la información oficial publicada
Investigaciones periodísticas posteriores señalaron que los establecimientos vinculados con la causa se encontraban en zonas como Santo Domingo y Guampacha. También fueron mencionados empresarios y guías relacionados con los cotos investigados. Las defensas de algunos de los involucrados, sin embargo, sostuvieron que sus actividades se encontraban dentro de la legalidad y cuestionaron la interpretación de los vínculos comerciales y de los procedimientos.
Este punto resulta relevante para comprender la diferencia entre caza deportiva regulada y caza furtiva. En Santiago del Estero existen temporadas, licencias, permisos, zonas habilitadas y cupos específicos. La normativa provincial vigente para 2026, por ejemplo, establece especies vedadas y requisitos para la actividad cinegética, mientras que determinadas especies no pueden ser cazadas durante la temporada.
Por lo tanto, la existencia de establecimientos dedicados a la caza deportiva no implica por sí misma una actividad ilegal. Lo que investiga la Justicia en este expediente son presuntas maniobras que habrían excedido las autorizaciones correspondientes, incluyendo la depredación de especies protegidas, el uso de medios prohibidos y la documentación irregular.
Miles de piezas y una investigación que llegó a los tribunales
La dimensión del procedimiento quedó reflejada en los elementos secuestrados. La información oficial consignó más de 200 pieles y unas 20.000 piezas de taxidermia, además de armas, vehículos y documentación. Otras investigaciones periodísticas contabilizaron posteriormente 7.971 taxidermias, cuernos y pieles vinculadas a los tres cotos y depósitos inspeccionados en el marco de la causa. Las cifras corresponden a diferentes relevamientos y momentos del expediente, por lo que no deben interpretarse necesariamente como inventarios equivalentes.
La investigación también incorporó material publicado en sitios web, redes sociales y foros especializados. Allí se promocionaban servicios de cacería destinados a clientes internacionales y se exhibían fotografías de animales abatidos.
El expediente tiene como uno de sus principales investigados al empresario y cazador Jorge Noya, junto con otras personas vinculadas a la actividad. En 2024, Noya quedó bajo prisión preventiva domiciliaria, según los antecedentes difundidos sobre la causa. Posteriormente, los procesamientos fueron apelados y el expediente pasó a revisión de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.
En septiembre de 2026, una investigación periodística sobre la causa informó que la Cámara Federal modificó parcialmente las imputaciones: descartó el delito de asociación ilícita, pero confirmó el procesamiento por depredación de fauna silvestre agravada, al considerar las características organizadas de la actividad y la utilización de más de tres personas y armas o medios prohibidos. También se mantuvieron imputaciones vinculadas con la provisión ilegal de armas para algunos de los acusados. condena definitiva y deberán ser resueltos conforme avance el proceso.
Un problema que excede a la caza
El caso expone una problemática que combina fauna silvestre, armas, turismo internacional, taxidermia y comercio transfronterizo. La investigación sostiene que el atractivo para determinados clientes no terminaba con la cacería: el negocio incluía la conservación y posterior traslado de partes de los animales.
Para Santiago del Estero, el expediente adquiere una dimensión particular porque involucra ambientes donde sobreviven especies características del monte chaqueño. La presencia de fauna silvestre dentro de establecimientos privados y la posibilidad de que animales sean capturados o utilizados para facilitar una cacería plantean además un desafío de control para los organismos provinciales y nacionales.
La diferencia entre una actividad cinegética autorizada y la depredación ilegal depende de permisos, especies, cupos, temporadas, zonas, armas utilizadas y trazabilidad de los ejemplares. Cuando alguno de esos elementos es falsificado o vulnerado, el problema deja de ser una cuestión administrativa y puede convertirse en un delito ambiental.
La causa continúa bajo análisis judicial. Las imputaciones y procesamientos no equivalen a una condena definitiva y deberán ser resueltos conforme avance el proceso. Mientras tanto, el caso dejó un dato concreto para Santiago del Estero: parte de la investigación sobre una presunta estructura internacional de caza y tráfico de fauna tuvo como escenario establecimientos de la provincia y derivó en el rescate de animales que habían sido mantenidos en cautiverio.
El expediente vuelve así a colocar en discusión la necesidad de fortalecer los controles sobre la caza deportiva, el transporte de fauna, la taxidermia y la exportación de trofeos, especialmente cuando los circuitos comerciales conectan establecimientos rurales con turistas extranjeros y mercados internacionales.
Más Leídas
