El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó el procesamiento del contador santiagueño Ernesto Raúl Habra, involucrado en una defraudación millonaria con la impresión de boletas partidarias y falsos candidatos, a través del armado de agrupaciones políticas que captaban fondos públicos para la campaña electoral.
El juez Alejo Ramos Padilla ordenó el procesamiento de los apoderados de cuatro partidos políticos que se presentaron en las últimas elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). Las listas a las que representaban aparecieron con candidatos falsos, ya sea porque habían fallecido o porque nunca habían dado su consentimiento su consentimiento para la integración de las mismas, en absoluta ignorancia de cómo habían llegado sus datos a formar parte de las fuerzas políticas.
Si bien un mes antes de la contienda electoral, el juez había desaprobado la participación de siete fuerzas políticas, aceptó las de cuatro frentes que estaban en periodo de “observación por anomalías”. No obstante, en la investigación posterior se determinaron “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”. La intención de estas artimañas era “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
Los involucrados son los representantes de los partidos Encuentro Republicano Federal, Justicia y Dignidad Patriótica, Proyecto Joven y Esperanza del Pueblo, a quienes la justicia investiga en una causa penal que surgió a raíz de la falta de rendición de cuentas de campañas políticas, lo que derivó en un negocio de la impresión de votos. El caso salió a la luz en agosto del año pasado, luego de las PASO, cuando el magistrado denunció los altos costos económicos y logísticos que implicó la participación de cientos de listas partidarias que no tenían ninguna representatividad.
En tal sentido, el magistrado expuso en un oficio enviado a la Cámara Nacional Electoral las contradicciones de un proceso que pretende facilitar la democracia interna de los partidos, pero se convirtió en un mecanismo de financiamiento irregular.
Si bien se trataba de una investigación realizada en Buenos Aires, los alcances de la misma llegaron a la provincia, pues involucra a un contador santiagueño, más precisamente a Ernesto Raúl Habra, quien aparece vinculado a decenas de partidos que participaron de las PASO.
Aunque muchos ignoraron la situación, LA COLUMNA se hizo eco de esta situación en la edición 1563, publicada el 2 de noviembre del año pasado, titulada “VOTOS S.A”.
Sin embargo, para entender la historia hay que volver la vista atrás y armar un rompecabezas que ocultaría negocios millonarios y que tienen a Habra en el ojo de la tormenta.
| EL MECANISMO |
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Desde Ruido, una red nacional de periodistas de investigación, expertos en datos abiertos y referentes de organizaciones civiles, para las Paso de 2023 el Estado argentino estimaba girar al conjunto de agrupaciones políticas de todo el país 10.931 millones de pesos, una El monto no es definitivo: quedan pendientes reclamos judiciales, por lo que puede variar en algunos millones. El destino de esa fortuna fue financiar la impresión de casi 3.744 millones de boletas en todo el país.
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LA HISTORIA
Dos días antes de últimas las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias, realizadas el 13 de agosto de 2023, en base a las investigaciones del juez Ramos Padilla, el diario La Nación publicó un extenso informe titulado “El entramado de 20 partidos que une a un grupo que hace negocios millonarios con la impresión de boletas”. El mismo analizó la situación de un “sistema de creación de partidos políticos que se llevan miles de millones de pesos del Estado en esta campaña sin necesidad de sacar ni el 1% de los votos, aunque participaron en el armado de frentes que tuvieron éxito electoral”.
Allí se reveló también que “un mismo grupo de personas crea sellos partidarios, los presta a terceros para que puedan anotarse como candidatos y gestiona el dinero estatal para la impresión de boletas, que nadie corrobora si se usó o no para ese fin”.
Además, “la trama incluye facturas a nombre de empresas que no existen o de firmas pertenecientes a los mismos apoderados”.
En este negociado se destacaron los nombres del santiagueño Ernesto Raúl Habra y el rosarino Alejandro Bonacci, (Ver recuadro adjunto) quienes aparecían vinculados a más de 20 partidos que compitieron en las PASO, donde tienen cargos de responsabilidad asumidos a su nombre o de familiares y amigos. Las fuerzas políticas a las que representan, para lograr la impresión de las boletas, contrataron a la planta “DWP”, en Rosario, cuyos dueños son el propio Bonacci y la esposa de Habra.
El informe indicaba que ambos también estuvieron involucrados en los armados de figuras importantes, como José Luis Espert, Amalia Granata, Cintia Fernández, Guillermo Moreno, Bárbaro y Alejandro y César Biondini, entre otros, según consta en registros de campaña de elecciones anteriores, rendidos a la Cámara nacional.
De modo tal que Habra y Bonacci otorgaron personería y, a cambio, gestionaron los millones de pesos de las boletas. En algunos casos lo lograron y aparecen en las rendiciones facturas hechas por sociedades fantasma; en otros se lo habrían impedido.
MODUS OPERANDI
Es así que se pudo determinar cuál sería el modus operandi de esta organización. Para gestar esta red, los implicados necesitaron datos personales necesarios para rellenar los avales y candidatos, pues todo partido necesita gente para existir. Para ello, fueron acumulando bases de información personal de muchos individuos que jamás se enteraron que aparecían como candidatos de una lista electoral, mientras que los pocos que lo supieron se presentaron ante la justicia para explicar su situación. Pero también se adosaron los datos de personas fallecidas e incluso de muertas o extranjeros. Esos documentos incluyen el nombre de los padres de tales personas, requisito obligatorio para inscribir a alguien en un sello partidario.
El primer cúmulo de datos habría sido obtenido a través de la compra de una base de datos de las obras sociales hace más 20 años. En cambio, existen quienes copian el negocio, pero no tuvieron facilidades de acceder a este tipo de filiaciones, tienen la paciencia de leer los avisos fúnebres en los diarios y se alegran al encontrar entradas como: “Con profundo dolor, lamentamos la partida de nuestro hijo X. Su mamá, Z y su papá, Y”. De este modo se apropian de sus identidades, pues conseguir los números de sus documentos de identidad era una tarea más fácil.
Todo esto es posible por una ley electoral intrincada, que permite crear listas con cierta destreza y habilidad. De modo tal que no resulta tan difícil tener un partido político, porque el número de avales que se requieren es muy bajo (entre 900 y 4000 personas, identificadas solo con su firma y número de DNI), pero la ejecución es mañosa. Sólo alguien con experiencia logra tener su propio partido. Por eso las figuras de relevancia recurren a ellos para sortear los obstáculos de la burocracia.
EL NEGOCIADO
Para entender de qué manera es posible hacer negocios con los partidos políticos, hay que precisar que cada uno de ellos tiene un “dueño”, o sea una persona física que aparece como “apoderado” del mismo, quien es el representante del partido a todos los fines establecidos por el Código Nacional Electoral, que muchas veces es el mismo que ostenta el cargo “responsable económico financiero” de la agrupación.
De manera tal que los dueños de los partidos son quienes reciben el dinero para la impresión de las boletas. Así es que cada dos años perciben un flujo multimillonario. Fue así siempre, pero en las elecciones de 2017 hubo un punto de quiebre, y todo esto quedaría sin efecto a partir de la Ley de Boleta Única de Papel, sancionada el pasado 1° de octubre en el Congreso de la Nación.
El incentivo del dinero para la impresión de votos habría incidido en el aumento de la cantidad de listas que se presentaron en las PASO de 2023, que creció 400% respecto de los comicios anteriores.
En este punto hay que señalar que la implementación del sistema de las primarias obligatorias es un invento argentino, que comenzó en 2009, en el primer gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con la creación de la Ley N° 26.571, que establece qué partidos están habilitados a presentarse a las elecciones nacionales, que son aquellos que obtengan al menos 1,5% de los votos válidos totales por categoría.
De modo tal que para las PASO podían presentarse libremente todas las agrupaciones políticas que reunieran los requisitos establecidos, lo que hacía que los votantes se encontraran en el cuarto oscuro con una variedad de partidos, de muchos de los cuales desconocían su existencia y hasta a sus principales representantes.
Así es que, en 2015, en las PASO que derivaron en el triunfo de Mauricio Macri, se disparó la oferta electoral. En julio de 2015, el frente UNEN, que lideraba Elisa Carrió, presentó un recurso de amparo para que el Estado nacional financie la impresión de boletas para todas sus listas que competían en la interna.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación hizo lugar al amparo y le ordenó al Gobierno nacional que cada lista interna debía recibir la misma cantidad de dinero que sus competidoras dentro y fuera del partido. De manera tal que un partido x –que no llegaba al piso del 1,5% de votantes- recibía un monto similar a aquel que resultaba ganador, superándolo en millones de votos.
El negocio estaba ahí, en tener partidos propios y recibir el dinero que le daba el estado nacional.
| FALSOS CANDIDATOS |
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La causa se inició en paralelo a las elecciones primarias nacionales de agosto del año pasado. Cuando los partidos políticos presentaron sus listas, la justicia corroboró que los candidatos cumplan con los requisitos. Así se detectaron casos de postulantes que estaban muertos y se inició un expediente penal. En la investigación realizada por el juez Ramos Padilla declararon 228 personas que aparecían como candidatas en las listas de los cuatro partidos a diputados nacionales y a Parlamentarios del Mercosur.
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ATANDO CABOS
Aunque había denuncias radicadas en el fuero electoral de la provincia de Buenos Aires, la ley indica que la justicia no puede actuar hasta que el cuestionamiento sobre las rendiciones de gastos de la campaña tenga sentencia firme. Son años de idas y vueltas entre los tribunales de alzada, y recursos que eternizan los procesos.
Sin embargo, fue posible vincular a quienes están a la cabeza de estos negocios a través de dos clases de documentos:
- Los primeros son las presentaciones formales ante la Justicia Electoral, pues en los cargos clave, como el de apoderado y responsable económico financiero, es posible encontrar a los protagonistas de esta red y a sus esposas, familiares y empleados.
- El segundo tipo son las facturas de la impresión de boletas. En el análisis surgen las mismas razones sociales que habrían sido contratadas para la impresión en las elecciones de 2015, 2017, 2019, 2021. Los CUIT y domicilios remiten a personas que están fuera del país, estudiantes y jubilados. En 2023, las facturas presentadas –de los partidos en la mira- pertenecían a DWP, según la primera rendición oficial.
- La Red Ruido junto a la Fundación Connectas realizaron un informe titulado “Impresión de votos: la multimillonaria caja negra de la política argentina”, publicado el 16 de octubre de 2023, donde analizan en detalle cómo funciona este negociado y destaca el rol de algunas agrupaciones políticas que “desplegaron una industria floreciente: la de los sellos electorales”.
NEGOCIO EN EXPANSIÓN
Por su parte, la Red Ruido junto a la Fundación Connectas realizaron un informe titulado “Impresión de votos: la multimillonaria caja negra de la política argentina”, publicado el 16 de octubre de 2023, donde analizan en detalle cómo funciona este negociado y destaca el rol de algunas agrupaciones políticas que “desplegaron una industria floreciente: la de los sellos electorales”.
Así, señalan que en las Paso participaron en todo el país 1.818 listas que postularon a 24.144 precandidatos, tanto en la jurisdicción federal –las categorías de presidente y vicepresidente y parlamentarios del Mercosur– como en las 24 provincias, donde se eligieron diputados nacionales, parlamentario regional del Parlasur y senadores nacionales (en ocho provincias).
Sobre ese universo de precandidatos se montó el despilfarro de fondos y el negocio para algunos. En cada elección, la Justicia electoral le exige a cada partido garantizarle a los electores un mínimo de 50 votos (boletas) por cada urna dispuesta en los centros de votación, ubicados en las escuelas. Este año se habilitaron 104.577 urnas en el país.
Por una cuestión material, la única auditoría posible desde el Estado es sobre esa pequeña muestra de votos exigida. Si el resto de las boletas efectivamente se imprimieron, nadie lo controla.
Para dar un ejemplo del descontrol que representa el sistema electoral argentino: en el tramo presidencial, el único que se vota en todo el país, participaron 27 listas de precandidatos (solo cinco pasaron a las generales). Recibieron financiamiento público para imprimir las boletas del tramo presidencial por 2.714,6 millones de pesos (4,5 millones de dólares), monto con el cual debieron haber impreso 929,6 millones de boletas para todo el país. Una cifra físicamente imposible de colocar en los espacios dispuestos para votar en las escuelas.
Entonces, el mecanismo de esta trampa es recibir fondos para imprimir millones de boletas, pero apenas entregar a la Justicia electoral las 50 que irán en cada urna, y algunas más para mejorar el simulacro.
De hecho, de las 1.818 listas que se presentaron en todo el país, sólo 235 compitieron el 22 de octubre en todo el país y para todas las categorías, apenas el 13% del total. Y de los 24.144 precandidatos, sólo 1.507 fueron consagrados candidatos.
Estas listas recibieron fondos públicos para imprimir 787.627.560 boletas. En otras palabras: sólo el 20 por ciento de las boletas impresas fueron de agrupaciones competitivas. Pese a esto, la cifra del despilfarro sigue siendo astronómica.
| El señor de los sellos |
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(Fuente: “Impresión de votos, la multimillonaria caja negra de la política argentina”, por Ruido y Connectas) |
Como este insólito sistema requiere la impresión de boletas en cantidades industriales, no son pocos los que han visto allí un buen negocio. Y más si son del ámbito de la política, como es el caso de José Bonacci. Exconcejal de la ciudad de Rosario y desde 2021 aliado de Javier Milei, decidió hace dos años comprar su propia imprenta, DWP, ubicada en esa localidad de la provincia de Santa Fe.
CUÁNTO DEVOLVIERON
De igual manera, Ruido señaló que, aunque la ley prevé que las listas reintegren el dinero sobrante de la impresión de boletas, esto prácticamente no ocurre.
Dos meses después de las Paso, sólo una agrupación había reintegrado al Estado argentino fondos que no utilizó en la impresión de sus votos para las PASO. Se trata del espacio confesional Nueva Unión Celeste, una fuerza política que tiene como bandera su rechazo a la interrupción legal del embarazo.
En este partido no había discusión interna, pero -por la ley electoral argentina- igual deben competir para alcanzar el 1,5 % de los votos de su distrito, que habilita a la agrupación a disputar las bancas del Congreso Nacional. Nueva Unión Celeste presentó precandidatos para los tramos senadores nacionales, diputados nacionales y Parlasur regional, todas candidaturas para la provincia de Buenos Aires, la más importante del país.
Por esas tres categorías, el partido “celeste” (el color que identifica a quienes rechazan el aborto) recibió 114,8 millones de pesos, de los cuales reintegró 40,5 millones de pesos.
Así, utilizaron 74,3 millones de pesos de los fondos públicos. Pese a la devolución del dinero, el despilfarro es inevitable: la agrupación logró solo 64.188 votos en las tres categorías, frente a los 17 millones de votos que se imprimieron.
| Qué pasó entre Ivo Cutzarida, Antonio Ríos y Ernesto Habra |
| En 2017, cada frente bonaerense que se inscribió en la Justicia electoral para competir en los comicios recibirá la suma de 2.8 millones de pesos por lista. Si presenta candidatos a senadores y diputados, el monto se duplica y, en algunos casos, puede alcanzar cifras millonarias. La alianza Unión Federal es uno de los ejemplos: por la presentación de 13 nóminas debía recibir más de 70 millones de pesos para la impresión de boletas, pero la CNE constató irregularidades y frenó el pago. Tal es así que en dos expedientes se argumenta que al frente le faltó acreditar que las autoridades partidarias competentes de los partidos Popular (María Trinidad Muñoz, esposa de Habra) y Dignidad Popular (Ernesto Raúl Habra) habían decidido participar en la alianza. Por este frente se presentaban como candidatos el cantante Antonio Ríos y al actor Ivo Cutzarida, dentro de las 13 listas para la categoría de diputados nacionales y 13 listas para la de senadores: por ello, sólo para la impresión de boletas el Estado debía darle poco más de 72 millones de pesos. Habra, en carácter de apoderado del frente, había apelado el fallo. El gasto millonario del Estado para la impresión de las boletas de los partidos políticos había sido cuestionado a raíz de los 20 millones de pesos que se destinarán para la fuerza del dirigente de extrema derecha Alejandro Biondini, referente del frente Patriota Bandera Vecinal, que recibirá así casi la misma suma que percibirán todos juntos Cambiemos, Unidad Ciudadana, 1 País y el Frente Justicialista para imprimir boletas de sus candidatos a diputados y senadores nacionales por la provincia de Buenos Aires. |
| Pime Electoral |
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La Cámara Nacional Electoral impidió que el frente Unión Federal, que llevaba como candidatos al actor Ivo Cutzarida y al cantante de cumbia Antonio Rios, participe de las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y reciba $72 millones del Estado para la impresión de boletas. |
El 10 de julio de 2017, Visión Santiago publicó una noticia titulada “El apoderado del Frente de Mirolo causado de encabezar una Pyme electoral”, que aludía directamente contra Ernesto Raúl Habra.
A MODO DE EJEMPLO
El informe de La Nación brindó precisiones con respecto a distintas listas, candidatos y montos a recibir en las últimas PASO, que son esclarecedores. Por ejemplo:
- “Liber.ar”, que se presentó originalmente con tres listas internas, una de las cuales llevaba a Julio Bárbaro como candidato, iba a recibir 540 millones de pesos.
- “Principios y Valores”, que integraba Guillermo Moreno en una de sus cinco listas internas, recibiría cerca de $700 millones y tiene entre sus apoderados al santiagueño Ernesto Habra. Las boletas de este partido también fueron impresas en “DWP”.
- “Proyecto Joven”, que anotó tres candidatos a presidente a las primarias, podría recibir hasta $1000 millones para cubrir la impresión de sus boletas (más que Juntos por el Cambio o Unión por la Patria). Aunque rindieron en la justicia electoral la impresión de una parte con DWP, el juez Ramos Padilla procesó a su apoderado. En este caso, Bonacci tuvo un papel fundamental en la asistencia al armado del partido.
| Ningún partido superó el piso de los votos |
| Según el magistrado, el objetivo de quienes crearon estas listas con candidatos falsos era constituir partidos para obtener los fondos públicos que el Estado, por ley, brinda a las agrupaciones para la impresión de boletas y para la campaña y que son millonarios. En el caso de estos partidos con un agravante. Cada uno presentó entre tres y cinco listas internas para competir. La ley establece que el financiamiento público es por cada lista y no por partido. Por lo que, a más listas, más plata. Pero esto no es todo, sino que ninguno de los partidos superó el piso de votos en las PASO para acceder a las generales. Asimismo, la resolución judicial indica que, a Proyecto Joven se le asignaron 352.050.020,32 de pesos; a Justicia y Dignidad Patriótica 124.224.124,30 de pesos. Mientras que, a Esperanza del Pueblo y Encuentro Republicano Federal, de Habra, no se le dieron fondos porque las listas fueron rechazadas para presentarse en las PASO. “Teniendo en cuenta la falsedad de las precandidaturas y los órganos partidarios mencionados, en los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados”, concluyó Ramos Padilla. |
Otros partidos, alianzas y frentes involucrados con este círculo son:
- Proyecto Joven, encabezado por Yamil Salerno (socio de Bonacci) y Mempo Giardinelli (escritor).
- Encuentro Republicano Federal, integrado a la junta electoral de Juntos por el Cambio, de la mano de Pichetto (que lo intervino por estas irregularidades).
- Partido Popular
- Unite
- Partido del Campo Popular
- Partido Esperanza del Pueblo
- Justicia y Dignidad Popular
- Unir (de Alberto Asseff)
| LAS ADVERTENCIAS NO OÍDAS |
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Según el informe de Ruido, en mayo 2023, cinco meses antes de las PASO, la Cámara Nacional Electoral (CNE) advirtió sobre la utilización para otros fines de los fondos públicos destinados a la impresión de las boletas que se utilizan en las elecciones nacionales, y ordenó a los auditores judiciales en las provincias que refuercen los controles. Determinó que los pagos a las imprentas sólo podrían realizarse por medio de cheque cruzado o transferencia bancaria, sistemas que permiten tener la trazabilidad del dinero. Además, solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos que preste colaboración para detectar irregularidades. |
El informe precisaba que esos partidos también contaban con un repertorio de fuerzas políticas locales, principalmente en Buenos Aires y Santa Fe y, en menor medida, en Catamarca, Santiago del Estero y Córdoba. Así es que surgió la información que ligaba en este entramado a por lo menos 20 sellos que suelen presentar tres o más líneas internas.
OPERATORIA
Además, la operatoria involucra varios puntos oscuros:
* La primera, imprimir boletas de menos y facturar la cantidad máxima.
* La segunda: que las imprentas en muchas oportunidades se quedan con un porcentaje y retornan dos o tres meses después el monto al apoderado o responsable del partido político.
* Quedan debiendo IVA, pero lo toman a cuenta y postergan hasta entrar en un plan de pagos. Los desembolsos se suelen hacer con cheques al portador, que giran y pueden ser cobrados por cualquiera.
A la par de todo esto, no hay que olvidar que las últimas PASO fueron especiales, y que los protagonistas vieron una oportunidad única. Esto ocurrió porque fue la primera vez en la historia que una boleta tuvo ocho cuerpos en la provincia de Buenos Aires. Mide 92 centímetros e iba a medir aún más, antes de que el juez Ramos Padilla citara a los partidos políticos a una audiencia para resolver achicar el ancho de cada cuerpo en 0,5 centímetros, a lo que se opuso, por ejemplo, el partido de Moreno.
El costo de un cuerpo estimado por la Dirección Nacional Electoral es de $2,92. En el caso de DWP SRL, el plan era también imprimir con un alto margen de ganancia. Así es que planeaban tener una ganancia de $1.
Sin embargo, la relación entre los socios se habría quebrado, ya que Bonacci, que se encarga de la gestión diaria de la empresa, habría dejado de transferir ingresos a los Habra.
LA RELACIÓN HABRA-BONACCI
Las investigaciones descubrieron que Bonacci y Habra tuvieron una relación estrecha durante años. En otros comicios, la división de roles era clara. El primero se hacía cargo de la rendición de boletas y el segundo, de los sellos.
Por eso, los cientos de documentos analizados llevaron, por un lado, a Rosario y, por el otro, a Santiago del Estero, de donde ellos son oriundos respectivamente.
En 2021 hubo un giro cuando un contrato de cesión de una imprenta los une: DWP SRL, ubicada en Ayolas 241 bis, La Tablada, Rosario, pleno barrio controlado por el narcotráfico. Sin embargo, el lugar permanecía cerrado, sin el más mínimo atisbo de trabajo.
Entre las PASO y generales de las legislativas del año pasado, Habra y Bonacci decidieron adquirir su propio negocio de impresión. Como dueños figuran oficialmente Bonacci y María Trinidad Muñoz Cardinale, esposa de Habra.
TERCERAS PERSONAS
El detallado informe precisa que los partidos que representaban refirieron CUIT que pertenecen a personas como:
- Fabiana Wagmaker Da Silva o, como la llamaron ficticiamente en las presentaciones de rendición de campaña, Amazonas Gráfica y Publicidad. Esta mujer, exnovia de uno de los integrantes del grupo, es de nacionalidad brasileña y vive cerca de la frontera con Venezuela. En su domicilio comercial, en Chacabuco 2214 piso 2 B, Rosario, no hay nada ni nadie.
- Rocío Celeste Sanabria, de 33 años, (también llamada Editorial Cruz del Sur, una empresa inexistente) es ahora empleada de una de las Pymes del grupo de Bonacci, y facturaba millones en elecciones anteriores. Su dirección comercial, en San Lorenzo 4351 (2000), es en realidad la casa de Nilda, una señora mayor, jubilada, que no tiene idea del tema.
Cuánto reciben las agrupaciones para imprimir los votos. (Fuente: Ruido)
JUSTICIA ELECTORAL
En 2023 la cuerda se tensó con la Justicia Electoral. Tal es así que María Servini de Cubría, en el orden nacional y en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alejo Ramos Padilla en la provincia de Buenos Aires y otros jueces, por ejemplo, en Neuquén, se pusieron más firmes con la aprobación de listas. Muchas, como la de Bárbaro, fueron dadas de baja en varios distritos. En ciertos casos se debe a que Habra y Bonacci no les dieron las boletas necesarias para la oficialización, un trámite indispensable para el visto bueno en la carrera electoral.
De esta manera, se habría llevado a cabo un negociado millonario que involucraría directamente a Ernesto Raúl Habra. El santiagueño sería uno de los principales responsables de esta organización.
DROGAS EN EL ALLANAMIENTO
A la par de las investigaciones periodísticas, el Dr. Alejo Ramos Padilla continuó con su tarea, en el marco de una de las causas electorales instruidas por la justicia federal de la ciudad de La Plata. La intención del magistrado era encontrar documentación en contra del contador Ernesto Habra, que respaldaran el supuesto desvío de fondos que habría recibido irregularmente de parte de distintos partidos políticos.
Por ello, informó a las autoridades locales que había pedido la prórroga de jurisdicción y dispuso que, el pasado 26 de abril pasado, efectivos de la Policía Federal de Santiago del Estero allanaran dos viviendas pertenecientes al contador, ubicadas en la calle Misiones al 300 -barrio Centro- y Andrés Rojas –barrio Autonomía-, sitios donde se pensaba secuestrar información que sirviera como evidencia de su accionar.
Pero los uniformados se encontraron con algo más a lo esperado. Efectivamente, grande fue su sorpresa cuando encontraron, en la vivienda del barrio Autonomía, decenas de plantas de marihuana. En realidad, hallaron una habitación acondicionada como vivero para el cuidado de más de 60 plantines de cannabis sativa, frascos con marihuana y cogollos listos para usar.
Frente a ello, los efectivos informaron de la situación al juez Guillermo Molinari, el que ordenó la detención de los hijos de Habra, quienes tienen un grupo musical. Aun así, recuperaron su libertad pues explicaron que ellos cultivan las plantas para uso medicinal.
De todos modos, el contador deberá presentarse ante las autoridades locales y platenses para prestar declaración con respecto a los hallazgos encontrados en las viviendas de su propiedad.
PROCESAMIENTO
El 19 de agosto pasado, la justicia electoral bonaerense, a cargo de Ramos Padilla, procesó a cuatro apoderados de listas políticas que en las elecciones 2023 habrían presentado como candidatos a personas ya fallecidas o que no habían prestado su consentimiento. Los acusa de los supuestos delitos de defraudación a la administración pública y falsedad ideológica de documento público.
Así es que el magistrado procesó a Ernesto Raúl Habra (apoderado de Encuentro Republicano Federal), Sergio Jesús Medrano (apoderado de Justicia y Dignidad Patriótica), Yamil Eloy Salerno (apoderado de Proyecto Joven) y Matías Mauricio Burgos (apoderado de Esperanza del Pueblo) por “maniobras fraudulentas desplegadas por un conjunto de apoderados y autoridades partidarias que consistió en la conformación de partidos políticos sin representación ni vocación política real”.
La medida judicial indica que tales apoderados llevaron a cabo esta estrategia durante las elecciones 2023 para “acceder a las herramientas de financiamiento que legítimamente corresponden a las agrupaciones para su funcionamiento y participación en la contienda electoral”.
Lo más insólito de todos los datos que brinda el fallo es que los partidos apuntados habrían llevado como precandidatos a personas que estaban fallecidas desde hacía ya más de diez años, sumado a gente que no tenía idea de que su nombre estaba en la boleta.
Estos hechos no fueron casos aislados. Al contrario, la justicia descubrió 170 casos de candidatos que desconocían que sus nombres formaban parte de una lista electoral.
“En los casos de los partidos aquí involucrados, existen elementos para concluir que la multiplicidad de listas internas presentadas no se vinculaba con una vocación real de dirimir internas partidarias, sino de multiplicar ilegítimamente los recursos que la Dirección Nacional Electoral les asignaría a los partidos involucrados”, indicó la resolución emitida por Ramos Padilla.
Además del allanamiento de los domicilios de los procesados, el juez determinó el embargo de sus bienes por montos de entre 480 a 50 millones de pesos, se les prohibió la salida del país y se congelaron sus cuentas bancarias.
Mientras tanto, la investigación judicial en la ciudad de La Plata continúa. Ernesto Raúl Habra estaría involucrado en una verdadera trama que ocultaría negocios millonarios con la impresión de boletas partidarias. La historia continúa…
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