El 26 de octubre de 1813, la Asamblea del Año XIII, dispuso la supresión de los títulos y distintivos de nobleza, en consonancia con el espíritu de igualdad que inspiraba el nacimiento de una nueva nación. Aquella decisión no fue un simple gesto simbólico, expresaba la voluntad de dejar atrás una sociedad organizada sobre privilegios heredados y jerarquías que colocaban a unos hombres por encima de otros por razones de nacimiento.
Más de dos siglos después, cabe preguntarnos si aquella aspiración conserva plena vigencia o si, bajo las formas de una democracia constitucional, hemos permitido el nacimiento de una nueva aristocracia, ya no fundada en títulos nobiliarios, sino en los privilegios que otorga el ejercicio del poder.
Hoy no hay coronas ni escudos de nobleza que deban retirarse de las fachadas, sin embargo, en ocasiones, basta observar la parafernalia que rodea a determinados funcionarios para advertir una preocupante distancia entre quienes gobiernan y aquellos en cuyo nombre lo hacen. Automóviles oficiales, secretarios, comitivas, custodia desproporcionada, vuelos en primera clase y toda una estructura de comodidades que, cuando excede lo estrictamente necesario para cumplir una función pública, parece destinada a alimentar una sensación de superioridad.
El problema no reside en que un funcionario cuente con los medios indispensables para ejercer sus responsabilidades con seguridad y eficacia. El Estado debe proteger a quienes lo representan cuando las circunstancias lo requieren, y determinadas funciones justifican gastos y recursos específicos. La cuestión es otra, cuando esas necesidades legítimas se transforman en privilegios, cuando el servicio público comienza a confundirse con un beneficio personal y cuando el funcionario termina creyendo que la investidura lo convierte en alguien diferente del ciudadano al que debe servir.
La democracia no consagra señores ni reconoce vasallos ni mucho menos establece categorías de ciudadanos según la importancia del cargo que ocupan. El gobernante recibe una responsabilidad temporal, no una distinción de nobleza; administra recursos que pertenecen a la comunidad, no una fortuna propia; ejerce una autoridad sometida a la Constitución y las leyes, no una prerrogativa personal.
Existe una tentación recurrente en el ejercicio del poder, rodearse de signos de importancia, acostumbrarse a las deferencias, aceptar como naturales las comodidades que otros no pueden permitirse y terminar confundiendo el respeto debido a la institución con la admiración obligatoria hacia quien circunstancialmente la conduce. Es allí donde la cuestión deja de ser presupuestaria y adquiere una dimensión moral y republicana.
El privilegio no siempre comienza con grandes fortunas o actos de corrupción, a veces empieza con pequeños gestos de diferenciación, con la convicción de que ciertas reglas son para los demás, con la naturalización de un trato especial que, repetido a lo largo del tiempo, termina construyendo una distancia casi aristocrática entre el funcionario y la sociedad.
La austeridad republicana no exige gobernantes privados de toda comodidad ni convierte la pobreza personal en una virtud política, exige, sencillamente, sentido de la medida, transparencia y conciencia de que cada recurso público debe encontrar una justificación razonable, y comprender que el cargo no constituye un premio, sino una obligación.
La Asamblea del Año XIII quiso desterrar los signos de una sociedad de privilegios. Nuestra democracia debería aspirar a algo más profundo que la eliminación de sus símbolos, a impedir que aquella mentalidad sobreviva bajo nuevas apariencias.
Las democracias no se debilitan únicamente cuando se vulneran las leyes, se desgastan cuando sus representantes olvidan que son iguales ante la ciudadanía, cuando convierten el servicio en privilegio y cuando comienzan a comportarse como si el poder les perteneciera. Los hombres y las mujeres que gobiernan no son semidioses. Son ciudadanos investidos temporalmente de una responsabilidad pública.
Acaso la mejor manera de honrar aquella decisión de 1813 sea recordarles, una y otra vez, que en una República nadie nace para mandar sobre los demás, se gobierna por mandato del pueblo y para servirlo.
