Por Carlos María Borges, corredor inmobiliario (MP.054 Santiago del Estero)
Un tema preocupante y altamente complicado hasta que el Gobierno Nacional determine si estos comentarios nacidos desde los medios de comunicación son ciertos y a que puntualmente se refiere.
Cuando se habla de desregulación implica que algo está regulado, lo cual en relación a la profesión del corredor inmobiliario no es verdad y en cuanto al mercado inmobiliario, tampoco. Si lo que el gobierno nacional intenta es proteger a los ignotos devenidos en corredores inmobiliarios, sin haber obtenido el título universitario y sin estar matriculado otorgarles el poder de ejercer, no solo está desprotegiendo a una sociedad, sino causando un grave problema al mercado de bienes raíces desconociendo que el Código Penal establece claramente la pena para todo aquel que ejerce ilegalmente una profesión y que afecta la seguridad jurídica en las transacciones inmobiliarias.
Quien ejerce lo hace por haber estudiado la carrera universitaria (tecnicatura/ Licenciatura). Está matriculado en el colegio de una determinada jurisdicción y es quien, en definitiva, le permite ejercer, controlarlo y sancionarlo, pues es el Estado mismo quien delego en los colegios profesionales esa facultad, a través de leyes provinciales y nacionales las que dan la certeza de quiénes puede ejercer la profesión, los requisitos, obligaciones y derechos.
Si no son los Colegios y Cámaras los que certifican la igualdad de condiciones, la idoneidad y el profesionalismo de quien ejerce. Desde este punto de vista, ¿quién, al parecer del Gobierno, será el que lo Certifique? ¿Qué organización nacional con origen internacional está detrás de esta movida para que, reitero, cualquier advenedizo ejerza sin certificación de legalidad, idoneidad y capacidad esta profesión y solo con un cursito/charla de tres meses como “agente inmobiliario” intervenga en un ya bastante complicado mercado de bienes raíces?
Si de lo que se trata, como expresa el Estado Nacional con el “no hay plata” es pretender cerrar los Colegios y Cámaras, pues esa conducta denota una ignorancia total de quienes lo asesoran. Pues ningún Colegio, como tampoco un corredor público inmobiliario le cuesta un centavo al Estado que lo representa, a través de los diversos colegios, quitándole un enorme peso de encima y garantizando el ejercicio de diversas profesiones gratuitamente para él.
Además, es imperioso saber que es una profesión totalmente desregulada. Pues quien desea adquirir o vender un inmueble o rentarlo puede hacerlo por motus propio, no es obligatoria la intermediación inmobiliaria, como si lo es si cualquier ciudadano desea presentar un escrito judicial, la única manera es a través de un abogado, o una escritura pública a través exclusivo de un Notario, o un plano solamente a través de un Ingeniero/MMO/Arquitecto, o un problema de salud a través de un médico. El no hacerlo por esta vía y permitirlo a sabiendas es lisa y llanamente usurpación de título y, como en muchos casos sucedidos, de médicos, abogados, notarios, corredores, martilleros y otros, la cárcel es su merecida condena.
Son las organizaciones que nuclean a las franquicias a través de CAMESI y CIA las promotoras de esta perversa idea que bajo la idea de bajar costos de honorarios permitiría ejercer a cualquier foráneo, sin conocimientos certificados, intermediar sin garantizar una operación percibiendo como en una toma y daca una “cometa”.
Modernizar el sistema “dicen” que sería manosear una propiedad a través de diversas plataformas y con exótico coach especialista en el verso.
Cómo trabaja una franquicia a diferencia de una empresa inmobiliaria es lo necesario conocer. Para adquirirle, por ejemplo, la del globito multicolor o C21, el ignoto devenido en corredor (agente inmobiliario) debe comprarla. Pagar un canon de mantenimiento, amoblarla y publicitar con los colores y todo lo atinente a la firma de la franquiciadora, abonarle un porcentaje de cada operación y, como si fuera poco, son obligatorios varios cursitos anuales, una multi reunión, todo para darle “seriedad “a su negocio comercial. Y, por supuesto, todo es dinero constante y sonante para las franquicias mediante ese acoso económico. De allí tanta publicidad que asombra a los que ignoran como es sometido cada franquiciante.
En contrario quien ejerza “por derecha” la profesión, percibe honorarios por su gestión como cualquier profesional que estudió una carrera, se matricula debidamente en el Colegio/Cámara de su jurisdicción y queda, como expliqué, obligado y sometido a cumplir las leyes en vigencia.
Es necesario reiterar que el ejercicio ilegal de cualquier profesión está penado por la ley. Si bien hay colegios y cámaras que no hacen lo debido, se especializan en hacer caja con sus matriculados y además, que poco o nada defienden al que ejerce legalmente, no da derecho al Estado a que cualquier extraño pueda ejercer el corretaje inmobiliario sin control alguno.
Parecería que el Gobierno Nacional trata de nivelar para abajo, de convertir a los profesionales legales en advenedizos ilegales y viceversa, de convertir el mercado inmobiliario en una selva donde cualquiera con más poder económico, sin control y credibilidad haga lo que se le dé la gana.
Es tiempo de que, quienes defienden la legalidad de la profesión que ha costado años de lucha en formación, capacitación, en demostrar credibilidad y confianza al mercado, se pongan de pie de una buena vez. No cesen en demostrar verdaderamente a quienes defienden y dejen de lado acuerdos espurios con el solo fin de “sumar voluntades en sus cuadros directivos”.
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