Se cumplen doscientos años de la jura de Bernardino Rivadavia como presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata, y el aniversario invita menos a la celebración que a una reflexión incómoda, por una decisión que marcaría a fuego la historia económica y política del país: el empréstito con la banca Baring Brothers de Londres, origen de una deuda externa que, con distintos nombres y acreedores, aún hoy define buena parte de la vida nacional.
En 1824, apenas dos años después de asumir, Rivadavia firmó un préstamo por un millón de libras esterlinas con el poderoso banco inglés. El objetivo declarado era tan razonable como seductor: construir un puerto moderno en Buenos Aires, instalar una red de agua corriente y fundar tres ciudades en el interior de la provincia. Obras públicas estratégicas, pensadas para sentar las bases materiales del progreso, el orden y la civilización, palabras que en aquel entonces funcionaban como contraseña de pertenencia al mundo “moderno”.
El problema no fue solo el qué, sino el cómo. Y, sobre todo, el para quién.
De aquel millón de libras prometido, una porción significativa jamás pisó el Río de la Plata. Entre comisiones, intermediarios, descuentos anticipados y maniobras financieras opacas, el Estado recibió mucho menos de lo pactado. Lo que sí llegó —la deuda— lo hizo completo, con intereses, penalidades y una cláusula implícita: la dependencia.
Las obras proyectadas quedaron inconclusas o directamente no se realizaron. El puerto moderno tardaría décadas en materializarse, la red de agua fue parcial y las ciudades prometidas se perdieron en los papeles. Sin embargo, la deuda siguió su curso, acumulándose, refinanciándose y trasladándose de generación en generación, hasta terminar de pagarse recién en 1904.
Un negocio ruinoso para un país en formación y un excelente antecedente para los acreedores externos.
La lectura benévola presenta el empréstito como un error de juventud institucional, un tropiezo lógico de un Estado que recién comenzaba a caminar. Pero dos siglos después, esa explicación resulta insuficiente. El empréstito de Rivadavia no fue solo un mal negocio: fue el acto fundacional de un modelo.
Un modelo en el que el desarrollo se financia hacia afuera, las decisiones estratégicas se toman lejos del territorio y las consecuencias las paga una sociedad que nunca fue consultada. Un modelo en el que la deuda no es una herramienta excepcional, sino un mecanismo permanente de condicionamiento político y económico.
Rivadavia encarnó como pocos el ideario ilustrado importado de Europa. Su admiración por Inglaterra y Francia no era solo cultural, sino política y económica. El problema fue asumir que el progreso solo podía llegar de la mano del capital extranjero, aun al costo de resignar autonomía.
La paradoja es evidente: en nombre de la soberanía y la modernización, se firmó un acuerdo que ató al país a intereses externos durante casi un siglo. En nombre del futuro, se comprometió el presente. Y en nombre de la civilización, se inauguró una relación desigual que aún hoy condiciona decisiones fundamentales.
A 200 años de aquella jura presidencial, el empréstito con la Baring Brothers no es solo un hecho histórico: es un espejo. Un recordatorio de que muchas discusiones actuales —la deuda, el rol del Estado, la dependencia financiera, la negociación con acreedores— no son nuevas, sino recurrentes.
La diferencia es que hoy ya no se puede alegar ingenuidad. El país conoce de sobra las consecuencias de endeudarse sin control, sin planificación real y sin beneficios tangibles para la mayoría. Y, sin embargo, el ciclo se repite.
Tal vez el legado más persistente de Rivadavia no sea su proyecto institucional fallido ni su breve presidencia, sino haber inaugurado una tradición peligrosa: la de confundir modernización con endeudamiento y progreso con subordinación.
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