La solicitud de una pena de 18 años de prisión para el exjuez federal de Mendoza Walter Ricardo Bento no constituye únicamente un episodio judicial de alto impacto mediático. Se trata, en realidad, de un acontecimiento de enorme gravedad institucional que vuelve a poner en evidencia una problemática estructural que atraviesa al Estado argentino y a su sistema de administración de justicia: la penetración de la corrupción en los niveles más altos del Poder Judicial.
El Ministerio Público Fiscal ubicó a Bento como jefe de una asociación ilícita dedicada a la venta sistemática de beneficios procesales desde el propio Juzgado Federal N.º 1 de Mendoza, un órgano que, lejos de ser un espacio marginal, tenía competencia penal y electoral en una de las provincias más relevantes del país.
La acusación no se limita a hechos aislados o excepcionales, sino que describe un entramado criminal complejo, estable en el tiempo y organizado, cuyo centro operativo fue nada menos que un juzgado federal de la Nación.
Que el epicentro de una organización delictiva haya sido una sede judicial constituye un agravante de máxima entidad. No solo por el daño concreto causado a las víctimas directas o al erario público, sino por el impacto simbólico que ello tiene sobre la credibilidad del sistema democrático.
Cuando la ley se transforma en mercancía y las decisiones judiciales se subordinan al pago de sobornos, el Estado de Derecho deja de ser una promesa de igualdad ante la ley y se convierte en una ficción selectiva.
La función judicial no es un empleo más dentro de la estructura estatal.
Un juez encarna, en su figura, la garantía última de los derechos, la imparcialidad del Estado y la vigencia efectiva de la Constitución.
La ética judicial no es, por lo tanto, una exigencia abstracta o meramente moral: es un presupuesto indispensable para la existencia misma de la justicia.
En el caso de Walter Bento, la fiscalía destacó que no existían atenuantes vinculados a la necesidad económica, la inexperiencia o la falta de formación. Por el contrario, se trataba de un magistrado con trayectoria, conocimiento técnico y plena conciencia de la ilegalidad de sus actos.
El único móvil identificado fue el afán de lucro, una codicia sostenida y reiterada en el tiempo, ejercida desde una posición de poder institucional.
La gravedad se profundiza al considerar que la operatoria ilícita se montó sobre el funcionamiento regular del juzgado, aprovechando el trabajo honesto de empleados y funcionarios que cumplían sus tareas de buena fe.
Es decir, la corrupción no se manifestó como un desorden visible, sino como una perversión silenciosa del sistema, capaz de convivir con la apariencia de legalidad.
La seguridad jurídica no depende únicamente de la existencia de leyes claras, sino de la certeza de que quienes deben aplicarlas lo harán con independencia, imparcialidad y honestidad.
Cuando un juez federal —y más aún uno con competencia electoral— es condenado por integrar una asociación ilícita, la confianza social sufre un daño profundo y duradero.
La ciudadanía deposita en los jueces una expectativa fundamental: que sus conflictos serán resueltos conforme a derecho y no según la capacidad económica o las conexiones de las partes.
Cada caso de corrupción judicial erosiona esa expectativa y alimenta una percepción de desigualdad estructural, donde la justicia aparece como un privilegio negociable y no como un derecho universal.
En este sentido, la solicitud de inhabilitación absoluta y perpetua para Bento no responde a un ánimo punitivo excesivo, sino a la necesidad de preservar la integridad institucional del Estado.
La reinserción en funciones públicas de quien utilizó el cargo para delinquir resulta incompatible con cualquier estándar razonable de ética republicana.
Queda suficientemente claro que el caso Bento no es un hecho aislado ni una anomalía inexplicable. Forma parte de un patrón más amplio en el que las redes de corrupción, muchas veces vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado, logran infiltrar distintas reparticiones del Estado, incluyendo aquellas que deberían combatirlas.
La historia reciente ofrece ejemplos elocuentes. En Corrientes, el exjuez federal Carlos Soto Dávila fue condenado por favorecer a organizaciones dedicadas al tráfico de drogas. En Salta, el caso de Ricardo Sola Torino evidenció vínculos entre el poder judicial y estructuras criminales. En Orán, Raúl Reynoso fue destituido y condenado por delitos similares, en una región especialmente afectada por el narcotráfico.
Estos antecedentes demuestran que la corrupción judicial no responde a desviaciones individuales sin contexto, sino a fallas sistémicas que requieren respuestas integrales.
El problema no se agota en castigar a los culpables, sino que exige revisar los mecanismos de control, selección, monitoreo y rendición de cuentas dentro del Poder Judicial.
El proceso judicial contra Bento, que se extendió por más de 130 audiencias y reunió un volumen probatorio significativo, cumple una función que va más allá de la determinación de responsabilidades penales. Representa también un acto de reparación simbólica frente a una sociedad que reclama transparencia y justicia.
La acusación detalló un circuito de sobornos que habría movilizado al menos 1,7 millones de dólares, a través de pagos en efectivo, vehículos y operaciones inmobiliarias. Estos datos no solo ilustran la magnitud económica del daño, sino la profundidad del entramado delictivo que operó durante años sin ser detectado o detenido a tiempo.
Que un tribunal oral federal haya dictado un veredicto unánime de culpabilidad y que la fiscalía haya solicitado una pena severa constituye una señal relevante, aunque insuficiente por sí sola.
La lucha contra la corrupción judicial requiere continuidad, voluntad política y un compromiso sostenido con la ética pública.
La condena de Walter Ricardo Bento no cerrará el capítulo de la corrupción judicial en la Argentina. Pero sí puede marcar un punto de inflexión si es leída como lo que realmente es: una advertencia sobre los riesgos de naturalizar prácticas ilegales en el corazón del Estado y una oportunidad para reconstruir la confianza ciudadana.
La justicia no puede ser cómplice del delito sin perder su razón de ser.
Cada juez que traiciona su función debilita el pacto democrático y refuerza la idea de que la ley es una herramienta al servicio de los poderosos.
Enfrentar esta realidad con honestidad intelectual y decisión política es una condición indispensable para recuperar la credibilidad, la seguridad jurídica y la vigencia efectiva del Estado de Derecho.
Por Julio César Coronel
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