Por momentos, la Argentina de Javier Milei parece funcionar bajo una lógica religiosa antes que política. El déficit fiscal dejó de ser una variable económica para transformarse en un credo. Todo se sacrifica en su nombre: obras públicas paralizadas, hospitales sin insumos, fuerzas de seguridad con recursos limitados, proyectos estratégicos congelados y ministerios obligados a sobrevivir con presupuestos asfixiados.
El reciente recorte del 2% en los gastos operativos de todos los ministerios no representa solamente una poda administrativa. Es, sobre todo, una declaración ideológica: el Estado debe doler.
La medida fue presentada por el Gobierno como otro paso heroico hacia el equilibrio fiscal, una suerte de batalla épica contra décadas de despilfarro. Pero detrás del relato libertario de eficiencia y austeridad empieza a emerger una realidad bastante menos glamorosa. En los pasillos oficiales ya no se habla solamente de “motosierra”; se habla de parálisis. De expedientes que no avanzan. De contratos básicos que no pueden sostenerse. De áreas enteras funcionando al límite del colapso administrativo.
Y lo más significativo: se habla de tensión. Porque incluso dentro del oficialismo comienza a hacerse difícil defender un ajuste permanente cuando la gestión cotidiana se vuelve inviable. Funcionarios de segunda y tercera línea admiten en privado que el recorte no distingue entre “grasa militante” y funciones esenciales. Todo entra en la licuadora. La lógica es lineal: si hay que mostrar superávit, se corta. Después se verá.
El problema es que “después” siempre llega. En infraestructura, por ejemplo, el impacto ya es visible. Obras viales detenidas, mantenimiento mínimo en rutas nacionales, proyectos energéticos ralentizados y provincias que quedaron libradas a su suerte.
En muchas regiones del país, la paralización no es una abstracción contable: son empleos perdidos, caminos destruidos y economías regionales desconectadas.
En salud, el panorama es todavía más delicado. Hospitales nacionales denuncian faltantes, retrasos en compras y dificultades para sostener programas básicos. La ecuación libertaria parece reducir todo a una planilla de Excel donde un medicamento y una fotocopiadora ocupan la misma categoría: gasto.
Pero la realidad tiene la desagradable costumbre de no ajustarse a los dogmas. Un respirador no es ideología. Una ambulancia no es marxismo cultural. Una vacuna no es “casta”.
En defensa y seguridad ocurre algo parecido. Mientras el discurso presidencial insiste en la necesidad de combatir el narcotráfico y reforzar el orden, las áreas responsables enfrentan restricciones operativas crecientes. Hay menos margen para mantenimiento, logística y equipamiento. Es el extraño fenómeno de un gobierno que promete fortaleza estatal mientras le recorta músculo al propio Estado.
La contradicción empieza a hacer ruido incluso entre quienes acompañan el rumbo económico. Porque una cosa es celebrar el orden fiscal y otra muy distinta es administrar un país como si fuera una start-up en liquidación.
Sin embargo, en el corazón político del Gobierno parece existir una prioridad mucho más importante que la gestión: la preservación del relato moral.
Y ahí aparece Manuel Adorni.
El vocero presidencial se convirtió hace tiempo en algo más que un portavoz. Es una pieza simbólica del mileísmo. El rostro televisivo de la cruzada libertaria. El hombre encargado de explicar, justificar y muchas veces ridiculizar cualquier cuestionamiento al Gobierno. Mientras hospitales reclaman recursos y ministerios se ven obligados a recortar funciones esenciales, el aparato oficial mantiene una defensa férrea sobre Adorni pese a las crecientes dudas y cuestionamientos que lo rodean.
Porque mientras el ciudadano escucha diariamente que “no hay plata”, empiezan a multiplicarse las versiones, denuncias y sospechas sobre propiedades, fondos, movimientos patrimoniales y relaciones difíciles de explicar alrededor del entorno oficialista.
Y aunque muchas de esas informaciones todavía transiten el terreno de la investigación periodística o judicial, el problema político ya existe: el discurso anticasta comenzó a resquebrajarse por el peso de sus propias inconsistencias.
La gran fortaleza narrativa de Milei era moral antes que económica. No se presentaba solamente como alguien dispuesto a ajustar; se presentaba como alguien distinto. Alguien incorruptible. Un outsider que venía a barrer privilegios, terminar con los kioscos y exponer a quienes se enriquecieron históricamente desde el poder.
Pero cuando el sacrificio siempre recae sobre los mismos mientras ciertos nombres parecen blindados, la narrativa pierde potencia. Y peor aún: empieza a parecerse demasiado a aquello que prometía combatir. Ese es hoy el dilema central del oficialismo.
Porque el problema no es únicamente el ajuste. La sociedad argentina, acostumbrada a las crisis cíclicas, incluso puede tolerar niveles importantes de sufrimiento económico si percibe un horizonte claro o una ética coherente detrás del sacrificio. Lo que resulta mucho más difícil de aceptar es la sensación de arbitrariedad moral.
No hay plata para universidades, pero sí para sostener estructuras comunicacionales gigantescas.
No hay plata para medicamentos, pero sí para campañas permanentes en redes sociales.
No hay plata para obra pública, pero abundan los operadores digitales dedicados a defender cada movimiento presidencial como si se tratara de una misión sagrada.
El mileísmo construyó gran parte de su identidad sobre la demonización de “la casta”, una categoría deliberadamente difusa donde entraban políticos tradicionales, sindicalistas, empresarios prebendarios y periodistas críticos. El problema de las categorías demasiado amplias es que tarde o temprano terminan alcanzando a los propios.
Y hoy la pregunta empieza a aparecer incluso entre antiguos simpatizantes libertarios: ¿qué diferencia real existe entre los privilegios de ayer y ciertas opacidades de hoy?
La respuesta oficial suele consistir en una mezcla de negación, ataque y épica. Todo cuestionamiento es interpretado como una conspiración del sistema. Todo periodista crítico es un operador. Toda investigación es una maniobra. El resultado es un clima político cada vez más agresivo, más cerrado y más parecido a aquello que el propio Milei decía combatir en campaña.
Mientras tanto, puertas adentro del Gobierno, el malestar crece. Hay ministros que ya ni siquiera discuten la orientación general del programa económico; discuten la posibilidad material de gobernar. Porque gestionar implica recursos mínimos. Implica capacidad operativa. Implica prioridades racionales. Y cuando el único indicador que parece importar es el déficit cero, el resto de las funciones estatales se transforman en daños colaterales aceptables.
La situación genera una paradoja curiosa: un gobierno que llegó prometiendo eficiencia empieza a enfrentar problemas de funcionamiento básico. Y en política, los relatos suelen resistir hasta que chocan contra la vida cotidiana.
Es difícil sostener el discurso heroico del ajuste cuando una ruta destruida provoca accidentes. Es difícil romantizar la motosierra cuando faltan insumos médicos. Es difícil seguir hablando de libertad mientras las estructuras públicas esenciales pierden capacidad de respuesta.
Pero quizás el mayor problema para Milei no sea económico sino simbólico. Porque los gobiernos pueden sobrevivir a recesiones, conflictos internos e incluso errores graves de gestión. Lo que rara vez sobrevive es a la pérdida de coherencia entre lo que dicen y lo que hacen.
El mileísmo construyó poder denunciando privilegios. Ahora deberá demostrar que no vino simplemente a administrarlos con otro uniforme ideológico.
Julio César Coronel
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