El gobierno de Javier Milei presentó este viernes una denuncia judicial por los presuntos delitos de «extorsión» y «defraudación al Estado» contra 14 organizaciones sociales en relación al manejo de planes sociales, en función de las 16.150 llamadas que se recibieron a la línea 134, 1.200 de las cuales «se podrían relacionar directamente» con ese delito.

Así lo informó esta mañana el vocero presidencial, Manuel Adorni, en conferencia de prensa en Casa Rosada, en la que precisó que identificaron a 14 organizaciones sociales -entre ellas el Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa y el Movimiento Evita- entre los participantes de la jornada de protesta del pasado miércoles, que confluyó en Plaza de Mayo.

En ese marco, Adorni reveló que el gasto por el despliegue del operativo de seguridad con motivo de la marcha de protesta realizada en la vía pública ese día ascendió a 60 millones de pesos: «Esa será la factura que se le pasará a los movimientos sociales», dijo. 

El portavoz precisó que en la marcha del pasado miércoles a la Plaza de Mayo, en el marco de la aplicación del protocolo de orden público, «se identificaron 14 organizaciones sociales que estuvieron involucradas».

Y detalló que se trata del «Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa , el Movimiento Evita, la J William Cooke, el Movimiento MTR 12 de Abril, Cuba MTR, Libres del Sur, Darío Santillán, La Dignidad, Frente de Organizaciones en Lucha, Torrres, el MTE, el Movimiento Patria Justa».

Sin embargo el Gobierno cometió un grave error: el Movimiento Evita no participó de la protesta.

Cabe preguntarse entonces que tan rigurosa es la información que está manejando el gobierno para determinar quiénes deben «pagar el costo» del operativo de seguridad y quiénes no.