Una denuncia interna por una presunta maniobra millonaria en la venta de vehículos 0 kilómetro puso bajo la lupa a empleados, directivos y los mecanismos de control de una concesionaria clave para el mercado automotor. El supuesto perjuicio pasó de $300 millones a una estimación de $5.600 millones. Con múltiples versiones en juego, la investigación tiene más preguntas que respuestas.
Lo que comenzó como una denuncia interna por un supuesto desfalco en una concesionaria de automóviles terminó convirtiéndose, apenas un mes después, en una de las investigaciones económicas más complejas de los últimos años en Santiago del Estero. En el centro de la escena quedó Fürth Automotores, pero alrededor de la empresa comenzaron a aparecer nombres, documentos, vehículos que no coincidirían con los registros, pagos que presuntamente no ingresaron a las cuentas oficiales, clientes que aseguran haber entregado dinero sin recibir los comprobantes correspondientes y una pregunta que atraviesa todo el expediente: ¿se trató de la actuación individual de algunos empleados o de una estructura mucho más amplia?
La respuesta todavía no existe. Precisamente, la ausencia de una conclusión definitiva es lo que mantiene abierto el caso.
La historia comenzó a tomar forma pública a mediados de julio. El 15 de ese mes, el entonces gerente general, Gerardo Caro, presentó una denuncia que puso en marcha la investigación judicial. Hasta ese momento, dentro del ambiente automotor santiagueño ya circulaban versiones sobre problemas en la empresa. La explicación inicial hablaba de un supuesto “estrés financiero” derivado de la caída de las ventas. Pero la revisión interna habría encontrado una diferencia difícil de explicar: mientras el sistema informático registraba alrededor de 700 unidades disponibles para la venta, el stock físico era considerablemente menor.
A partir de ese momento, Fürth Automotores, concesionaria oficial Volkswagen en Santiago del Estero, quedó en el centro de una investigación judicial por una presunta defraudación que, según estimaciones expuestas durante las primeras audiencias, superaría los $300 millones. La empresa, con 17 años de trayectoria en la provincia, tiene su actividad concentrada en la venta de vehículos, financiación, planes de ahorro y atención corporativa.
En esa primera etapa, la mirada se concentró sobre Matías Llado, entonces jefe de Ventas. La empresa lo desvinculó y su abogado, Miguel Torres, presentó un pedido de eximición de prisión. La defensa cuestionó desde el comienzo que toda la responsabilidad pareciera concentrarse sobre su representado y sostuvo que una operatoria de semejante dimensión no podía desarrollarse sin conocimiento o participación de niveles superiores de la organización.
Pero mientras la discusión judicial recién comenzaba, los reclamos de los clientes empezaron a multiplicarse.
CLIENTES DAMNIFICADOS
Los testimonios incorporados a la causa describieron situaciones diversas, aunque con algunos elementos que se repetían: pagos que no habrían sido registrados, ausencia de recibos oficiales, transferencias a cuentas personales y vehículos cuya documentación no coincidía con la situación denunciada por sus compradores.
Uno de los casos mencionados fue el de una empleada del Juzgado Federal, quien adquirió un vehículo y, ante la falta de recibos, afirmó haber transferido dinero directamente a Llado.
Otros compradores aseguraron haber pagado decenas de millones de pesos por camionetas que luego no aparecían correctamente asentadas en el sistema de la concesionaria. También surgieron reclamos de agencieros del interior de la provincia, que afirmaban haber enviado importantes sumas de dinero y no haber recibido las unidades comprometidas.
Uno de los casos difundidos refiere a un intermediario que habría transferido varios millones de pesos y reclamaba diez camionetas 0 kilómetro. La información sobre esos reclamos todavía debe ser incorporada y acreditada en cada expediente particular.
El abogado Lucas Cabañas aparece representando a un grupo de presuntos damnificados y anticipó nuevas presentaciones judiciales. Según las publicaciones que reconstruyeron el caso, representa a seis personas, entre ellas cuatro agencieros.
Los investigadores no descartan que la cantidad de posibles damnificados podría crecer.
RECIBOS DE PAGO
Uno de los puntos que la investigación intenta esclarecer es precisamente el circuito documental. ¿Cómo podía un cliente tener en sus manos un comprobante que acreditaba el pago mientras el sistema de la empresa continuaba mostrando una deuda?
La hipótesis fiscal sostiene que existirían operaciones en las que los fondos no habrían ingresado a las cuentas de Fürth pese a que los clientes aseguraban haber cancelado sus obligaciones. También se investiga la existencia de recibos no oficiales y vehículos entregados sin que la documentación interna reflejara correctamente la operación. Este punto es clave porque permite entender por qué el caso dejó de ser considerado un simple problema contable.
La investigación pasó a intentar reconstruir el recorrido de cada peso y de cada vehículo. Y para eso fueron solicitados registros del sistema informático, usuarios, clientes, modificaciones, anulaciones, autorizaciones, auditorías y filmaciones del sector de cajas. Las cámaras, los sistemas informáticos y la documentación comercial pueden convertirse así en piezas decisivas.
CÁMARAS DE SEGURIDAD Y ALLANAMIENTOS
La investigación judicial también incorporó registros de cámaras de seguridad. Según lo expuesto por el fiscal Diego Cortés en una audiencia, en uno de los episodios analizados se habría observado la entrega de dólares en el sector de cajas y, posteriormente, el retiro de ese dinero. Esos registros se convirtieron en una de las evidencias que la Fiscalía comenzó a analizar junto con teléfonos celulares, documentación contable y movimientos bancarios.
El 17 de julio llegaron los primeros allanamientos. Fueron cuatro procedimientos simultáneos: en las oficinas de la concesionaria y en domicilios de Llado y otros empleados. Se secuestró documentación y dispositivos electrónicos que pasaron a formar parte de la investigación. La hipótesis que comenzó a tomar fuerza apuntaba a posibles ventas de vehículos que no habrían quedado registradas correctamente en el sistema interno.
Dos días después, la Justicia rechazó el pedido de eximición de prisión de Llado. La resolución dejó abierta la posibilidad de una futura detención y profundizó la disputa entre la defensa y la Fiscalía sobre quiénes debían ser investigados. El expediente ya no parecía circunscribirse a un empleado.
Hay otro dato que adquiere relevancia: según expuso el fiscal Diego Cortés, Llado es sobrino de uno de los socios accionistas, José Figueroa. Ese vínculo familiar, por sí mismo, no implica responsabilidad alguna, pero forma parte del contexto que la Justicia deberá considerar al reconstruir la estructura interna de la empresa.
LA AUDITORÍA
Uno de los puntos de inflexión fue la decisión de Fürth Automotores de encargar una auditoría interna con profesionales provenientes de Buenos Aires. El objetivo era revisar operaciones comerciales y administrativas, documentación, stock de vehículos, pagos, planes de ahorro y movimientos realizados durante los últimos años.
La auditoría indicó que todo comenzó a partir de un escenario financiero complejo y de inconsistencias detectadas en el funcionamiento interno de la empresa. Caro habría solicitado revisar la cantidad de vehículos que figuraban disponibles para la venta. Y allí apareció una de las primeras imágenes fuertes de la causa: las computadoras mostraban alrededor de 700 unidades, pero el control físico habría encontrado una cantidad considerablemente menor. La diferencia fue suficiente para activar controles adicionales.
El contador de la firma, identificado como Hoyos, habría advertido indicios de salida de vehículos que no figuraban registrados. Según lo expuesto ante la Justicia, incluso habría declarado ante una escribana sobre una reacción de Llado frente a esas diferencias y sobre un supuesto ofrecimiento de dinero para incorporar vehículos al sistema. Esa versión forma parte de la evidencia que deberá ser valorada judicialmente y contrastada con el resto de las pruebas.
DE DENUNCIANTE A DENUNCIADO
La auditoría comenzó con la participación del propio Gerardo Caro, pero el 1° de agosto la empresa decidió desvincularlo de su cargo al frente de la Gerencia General. El dato resultó particularmente significativo porque, hasta entonces, el exgerente había sido quien aparecía como denunciante y había señalado inicialmente a Llado.
A partir de allí, la investigación adquirió otra dimensión. Tal es así que la propia empresa presentó una denuncia contra Caro y solicitó su detención, atribuyéndole presuntas irregularidades vinculadas con la entrega de unidades y con fondos que no habrían ingresado a las cuentas oficiales de Volkswagen.
Sin embargo, la Justicia rechazó el pedido de detención. Más adelante, un segundo planteo también encontró resistencia judicial. Caro, mientras tanto, pasó de denunciante a denunciado y comenzó a sostener públicamente que se intentaba convertirlo en un “chivo expiatorio”.
La investigación parecía avanzar ahora en dos direcciones contrapuestas: la empresa y su querella señalaban al exgerente; Caro, en cambio, reclamaba investigar a los propietarios, a otros directivos y a los mecanismos de control de la concesionaria.
Así, quien había aparecido inicialmente como denunciante pasó a convertirse también en una figura que la defensa pidió investigar. Eso no significa que Caro sea responsable de un delito. Significa que su papel, al igual que el de otros integrantes de la estructura empresarial, forma parte de las preguntas que la causa deberá responder.
LA TERCERA PIEZA: LA CAJERA
El 6 de agosto apareció otro nombre central: Graciela Moyano, una empleada que llevaba 17 años trabajando en el área de cajas.
La Justicia ordenó tres allanamientos simultáneos y Moyano fue detenida en la propia sede de Fürth. Según la hipótesis fiscal, habría recibido pagos de clientes que luego no eran imputados en el sistema de la empresa. La Fiscalía también incorporó como elemento de prueba registros de cámaras que mostrarían la recepción de dinero y una posterior entrega.
Al día siguiente, durante su indagatoria, la cajera decidió abstenerse de declarar. La acusación sostenía que las maniobras podían remontarse al menos hasta 2024 y que su función como cajera le otorgaba un lugar relevante dentro del circuito de registración de pagos.
Pero su defensa comenzó a plantear otra pregunta: ¿cómo podría una empleada de caja sostener durante años una operatoria de semejante magnitud sin que intervinieran quienes tenían responsabilidades superiores de autorización, supervisión, auditoría y control?
El planteo abrió nuevamente el interrogante sobre la estructura completa de la concesionaria.
EL SOCIO ACCIONISTA
En la trama también aparece José Figueroa, mencionado por el fiscal como socio accionista de la concesionaria y señalado, además, como tío de Llado. Su posición introduce otra dimensión: la diferencia entre quienes ejecutan operaciones cotidianas y quienes tienen responsabilidades societarias o de conducción.
Hasta dónde llegaban los controles de la conducción. Qué información recibían los responsables de la empresa. Cómo se autorizaba la entrega de vehículos. Qué mecanismos existían para verificar que el dinero recibido ingresara efectivamente a las cuentas oficiales. Son preguntas que adquieren especial importancia cuando aparecen operaciones millonarias y vehículos que, según la hipótesis investigativa, habrían salido del circuito habitual.
La Justicia todavía debe establecer si esas irregularidades fueron consecuencia de una maniobra individual, de fallas de control o de una eventual participación más amplia.
DEMASIADAS DUDAS
El 12 de agosto ocurrió otro giro decisivo. La Cámara de Apelaciones confirmó la decisión que había rechazado la eximición de prisión de Llado. Con ese fallo, la Fiscalía quedó habilitada para solicitar su detención. Horas después, el exjefe de Ventas se presentó voluntariamente acompañado por su abogado y quedó detenido por orden del juez Héctor Salomón.
Ese mismo día, la empresa amplió la denuncia y aportó nuevas irregularidades detectadas durante la auditoría. Entre ellas aparecieron operaciones en las que un vehículo habría sido documentado inicialmente a nombre de una persona y posteriormente registrado a nombre de otra.
Una modalidad semejante habría sido detectada en planes de ahorro: beneficiarios que habían abonado numerosas cuotas pero no contaban con dinero para licitar, frente a lo cual aparecía un tercero que aportaba los fondos y terminaba quedándose con el vehículo mientras la documentación continuaba vinculada al adjudicatario original.
La pregunta ya no era solamente cuánto dinero había desaparecido. También era necesario reconstruir qué vehículos fueron vendidos, quiénes los pagaron, quiénes aparecen como titulares, qué dinero ingresó a la empresa, qué dinero siguió otro recorrido y quién tenía capacidad efectiva para autorizar cada operación.
Y allí apareció uno de los grandes enigmas de la causa: la dimensión real del perjuicio.
¿300 MILLONES O 5.600 MILLONES?
Durante las primeras audiencias, el fiscal había estimado provisoriamente el perjuicio en más de $300 millones. Esa cifra, sin embargo, fue cuestionada desde distintos sectores a medida que avanzaba la auditoría.
El propio Caro, ya desvinculado, aseguró públicamente que el desfalco podría alcanzar los $5.600 millones. Su explicación se basó, según sostuvo, en operaciones que no estarían registradas en los sistemas de la empresa, vehículos pendientes de entrega y obligaciones con clientes y agencieros que no formarían parte de los registros conocidos. Se trata, por ahora, de una estimación formulada por el exgerente y no de una cifra judicialmente establecida.
Sin embargo, la diferencia entre ambos números resulta reveladora de la dimensión del problema, pues el monto definitivo todavía no está determinado y podría modificarse a medida que avance el análisis de la documentación.
De hecho, la auditoría continúa, al igual que la investigación sobre los más de 300 vehículos inicialmente puestos bajo sospecha.
VERSIONES ENFRENTADAS
El 14 de agosto, Llado declaró durante más de tres horas. Su defensa sostuvo que el exjefe de Ventas explicó cómo se manejaban los fondos, quién impartía las órdenes y cómo se decidían determinadas entregas de vehículos.
Uno de los puntos centrales de su versión fue que algunas unidades que aparecían como no canceladas en el sistema igualmente eran entregadas por instrucciones de la gerencia. También afirmó que el manejo del dinero estaba bajo la órbita de Caro y que empleados eran enviados a financieras con importantes sumas de dinero. La versión de Llado coloca el foco, nuevamente, sobre la conducción de la empresa.
Caro, en cambio, había sostenido que la denuncia inicial surgió precisamente cuando detectó irregularidades y que comunicó la situación al propietario José Figueroa. También cuestionó los controles internos y externos de la concesionaria y pidió investigar si existieron fallas o eventuales maniobras destinadas a sostener una apariencia de normalidad financiera.
Dos protagonistas. Dos relatos. Una misma empresa. Y una Justicia que ahora debe contrastar cada una de esas versiones con documentos, registros bancarios, comunicaciones, cámaras de seguridad, testimonios y resultados de la auditoría.
SIN RESPUESTAS
A un mes de aquella denuncia inicial, el caso Fürth ya no puede ser explicado solamente a partir de la eventual conducta de un jefe de Ventas o de una empleada de caja. Hay demasiadas preguntas abiertas.
¿Durante cuánto tiempo se produjeron las presuntas irregularidades? ¿Cuántos vehículos están realmente involucrados? ¿Qué ocurrió con los fondos que no ingresaron a las cuentas oficiales? ¿Existieron órdenes superiores? ¿Qué controles funcionaron y cuáles fallaron? ¿Cómo se explican las diferencias entre el stock registrado y el stock real? ¿Quién autorizaba las entregas? ¿Qué ocurrió con los planes de ahorro? ¿Por qué aparecieron vehículos con titulares diferentes? ¿Hubo participación de otras personas?
Quizás, la pregunta más importante: ¿cuál fue el verdadero circuito del dinero?
La investigación ya incorporó declaraciones de empleados, clientes y agencieros; pericias sobre teléfonos y dispositivos electrónicos; informes bancarios; documentación secuestrada en allanamientos y los primeros resultados de la auditoría interna. La Fiscalía también comenzó a profundizar el análisis de los planes caídos, las unidades no entregadas y las operaciones que presentan inconsistencias.
La defensa de Moyano, incluso, pidió que se investigue el papel de Volkswagen Argentina y sus sistemas de auditoría, supervisión y control sobre la concesionaria. El planteo busca determinar hasta dónde llegaban las responsabilidades internas y externas en materia de fiscalización. Por eso, el caso Fürth todavía no tiene un desenlace. Tiene, en cambio, una trama cada vez más extensa.
Lo que empezó como un supuesto agujero económico de cientos de millones de pesos terminó poniendo bajo la lupa a empleados, jefes, gerentes, propietarios, controles internos, auditorías, clientes y hasta los mecanismos de supervisión de una de las principales concesionarias del mercado automotor santiagueño.
La Justicia deberá determinar qué parte de cada acusación puede probarse y qué parte pertenece a la disputa entre quienes hoy intentan despegarse de la responsabilidad.
Por ahora, hay una certeza: el verdadero tamaño del agujero todavía no se conoce.
Y detrás de esa cifra desconocida hay algo más que números. Hay vehículos pagados y no entregados, clientes que reclaman respuestas, agencieros que esperan unidades, empleados que quedaron involucrados en una disputa que excede sus funciones y una empresa que deberá explicar cómo pudo llegar a una situación en la que sus propios registros, su stock y sus movimientos financieros comenzaron a contar historias diferentes.
El caso Fürth recién está entrando en la etapa en la que esas historias deberán ser confrontadas. Y será esa reconstrucción -más que cualquier acusación cruzada- la que finalmente permitirá saber qué ocurrió.
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