En 2001, Luis Juárez Villegas, quien había sido ministro de Economía en uno de los gobiernos de su tío, el exgobernador Carlos Juárez, fue acusado de abusar sexualmente de una de sus hijas. Pasó más de una década hasta recibir su condena. Uno de los casos más controvertidos de la justicia santiagueña, que motivó la Intervención Federal a la provincia.
En 2004, el “Doble Crimen de La Dársena” fue el factor fundamental de la Intervención Federal de Santiago del Estero, un hecho significó el fin del caudillo Carlos Arturo Juárez y de su esposa, Mercedes Aragonés, quien ese momento era la gobernadora de la provincia. Si bien las marchas por los asesinatos de Leyla y Patricia fueron la caja de resonancia de cientos de reclamos que ponían en evidencia un malestar colectivo de larga data, existieron otras causas que determinaron el arribo de Pablo Lanusse y sus colaboradores a la provincia. Una de ellas fue conocida como el “caso Juárez Villegas”, impulsada por la entonces senadora Diana Conti.
El poder y el rol de la justicia fueron las variables de ajuste de un hecho que debió tratarse como un caso penal, pero terminó envuelto en un verdadero escándalo judicial, que tuvo como víctima a una niña de 3 años, a su padre –el abusador-, su madre –una luchadora- e involucró incluso a la Iglesia y mantuvo en vilo a gran parte de la sociedad santiagueña.
EL CASO JUÁREZ VILLEGAS
Esa historia que clamaba por el accionar de la justicia se inició en septiembre de 2001, con la presentación de la denuncia en contra del ingeniero Luis Alberto Juárez Villegas por abuso sexual de una de sus hijas, según lo denunciara su exesposa, una reconocida arquitecta.
Ellos habían contraído matrimonio en mayo de 1996, después de seis meses de noviazgo, pero al poco tiempo de la convivencia comenzaron las desavenencias en la pareja. En septiembre del año siguiente nació su primera hija, sin embargo, los problemas de la pareja continuaron. En enero de 1999, ella se fue de la casa con su bebé, en ese momento de un año y tres meses, y se alojó en la residencia de su madre.
En aquel momento, el hombre retiraba a la menor todas las tardes y la devolvía con su mamá en horas de la noche, pero cuando mediaban discusiones esa entrega se demoraba. Sin embargo, luego de cuatro meses de separación, la mujer volvió junto a Juárez Villegas.
En octubre de 1999, cuando ella tenía dos meses y medio de gestación de su segunda hija, se produjo otra fuerte discusión y el hombre se llevó a la niña.
Ante esta situación la mujer acudió al Juzgado de Menores, a cargo de María Eugenia Castro de Pizzolitto, para recuperarla, hasta que la Defensoría de Menores fijó régimen de visitas provisorio. A pesar de la intervención judicial, la mujer afirmó que debió “soportar violencia aun estando embarazada”.
“CÓMPLICE DE LA JUSTICIA”
En noviembre de ese mismo año, ella interpuso una demanda de divorcio contencioso en el Juzgado de Familia de II Nominación, que tenía a cargo la Dra. Lidia Alicia Gómez de Bulacio. La mujer aseguró que los incidentes violentos habrían proseguido. Se quejó porque la asistente social asignada para custodiar a sus hijas en las visitas “no reflejó en sus informes, con veracidad, lo que veía y se convirtió en cómplice de él (Juárez Villegas), y porque “hubiera podido evitar muchos episodios lamentables”.
Fue entonces cuando la mujer denunció a Juárez Villegas ante el Juez de Crimen de III Nominación, Dr. Pedro Ibañez, por no cumplir con la cuota alimentaria provisoria, salvo en cuatro o cinco meses en que se embargó su sueldo como funcionario de la Municipalidad de La Banda, pero el hombre abandonó ese cargo y suspendió los aportes.
Por aquel entonces, el abogado de la mujer, Dr. Julio Víctor Navarro, dijo que Juárez Villegas se justificó ante el juez al decir que era insolvente, por lo que advirtió que había una “insolvencia fraudulenta porque se escudaba en ella para evadir sus obligaciones”.
En su momento, la arquitecta comentó que “la justicia, representada por la jueza de Familia, no tomaba conciencia de todo lo que reclamaba, sin detenerse a analizar los acontecimientos que se sucedían, cada vez con mayor frecuencia y gravedad”.
Es más, señaló que “no reprimían su comportamiento, como si diera lo mismo comportarse bien o mal, lo premiaban con concesiones, le ampliaban los horarios de visitas. Yo me mantenía reticente ante ello, a pesar de su incumplimiento y su violencia que, lamentablemente, perjudicaba a mi hija, quien era testigo principal”.
A su entender, la magistrada de Familia “nunca tuvo en cuenta la parte psicológica”. Es más, cuando se acercaba el parto de la segunda bebé, la jueza decidió que su hija mayor “pasara todo el día con el padre”, pese a la existencia de certificados psicológicos que recomendaban evitar esa circunstancia.
LO PEOR
Por ese entonces, la mujer comenzó a observar indicios y testimonios de la niña que la llevaron a creer que soportaba ataques a su integridad cuando su padre la retiraba. Se lo dijo a la jueza, pero aseguró que ésta le aconsejó no denunciarlo formalmente y le prometió que “ella manejaría el tema”. Insólitamente y en contraposición a lo conversado, la magistrada le amplió los horarios de visita a Juárez Villegas, “le dio vacaciones y los relatos de mi hija se agravaron”, comentó oportunamente la mamá de la nena.
“Sus reclamos de ayuda se hicieron cada vez más insistentes y cargados de detalles que lo hacían creíbles. Yo comencé a indagar y a creer, me costó muchísimo asumir todo esto”, agregó.
Según la arquitecta, las dos psicólogas de tribunales “se lavaron las manos”, y tuvo que recurrir a una terapeuta psicológica, ante quien la niña exteriorizó su problema. Tras consultar a varios profesionales se organizó una sesión fílmica que sería presentada en la justicia. El informe final fue firmado por la psicóloga María Cavagnis, donde corroboró desórdenes de conducta con basamento en delitos contra su intimidad.
La mujer contó que el pediatra que atendía a su hija habría detectado lesiones físicas, y la derivó a una ginecóloga infantil, a quien la niña le confesó lo que estaba viviendo.
La primera denuncia contra Juárez Villegas se efectuó en el año 2001, ante el Juzgado de Familia de la Dra. Gómez de Bulacio, donde también se tramitaba el divorcio de la pareja. La magistrada suspendió el régimen de visitas a su padre como medida cautelar. Pero días después la jueza le concedió un permiso especial de visita a su progenitor por tratarse del cumpleaños de la niña.
LA IGLESIA Y LA HUÍDA
Cuando la Cámara de Apelaciones anuló la medida cautelar que impedía el contacto de las niñas con su padre, la mujer entendió que la justicia no comprendía los alcances del sufrimiento de su hija y tomó la difícil decisión de huir de la provincia con sus niñas.
El 12 de abril de 2002 llegó a Jujuy, donde tuvo la protección de la Prelatura de Humahuaca, que les dio alojamiento en La Quiaca. Pero Juárez Villegas habría seguido sus pasos con policías provinciales y federales y una orden de captura, que luego fue desestimada por un juzgado de San Salvador de Jujuy.
Fue entonces cuando la mujer y sus hijas huyeron -con la protección de los sacerdotes Jesús y Pedro Olmedo- a Santa Catalina, un pueblito limítrofe con Bolivia.
Mientras tanto, el ingeniero se habría alojado en un hotel de La Quiaca con un nombre ficticio (Jorge Estrada), haciéndose pasar por un misionero. El 13 de mayo de 2002, un millar de pobladores de La Quiaca -movilizados por los sacerdotes- hicieron una marcha de repudio frente al hotel donde estaba Juárez Villegas, e incluso la policía de esa localidad llegó a detener al hombre por averiguación de antecedentes.
Paralelamente, por esos días, el sacerdote Sergio Lamberti, titular de la Secretaría Diocesana para los Derechos Humanos del Obispado de Santiago del Estero, elevó una nota al Superior Tribunal de Justicia, advirtiendo que las medidas judiciales afectarían “los derechos de la integridad psicofísica de las menores y de la madre”.
EL REGRESO
Por su parte, una tía de las niñas, hermana de la mujer que había huido, denunció el abuso sexual contra su sobrina ante el juez del Crimen de Quinta Nominación, Dr. José Antonio Uñates.
Frente a los ribetes del escándalo generado en Jujuy, el magistrado dictó una medida cautelar preventiva, que prohibía a Juárez Villegas el contacto con sus hijas, garantizando la protección a ellas y su mamá, mientras se sustanciaba la investigación de su denuncia. La medida fue objetada por los abogados del acusado ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal.
El ingeniero fue repudiado por la Iglesia de La Quiaca, luego de haber partido con un exhorto del juez Rodolfo Trejo para gestionar el traslado de su expareja. Sin embargo, esa orden fue rechazada por el juez penal de Jujuy, Mario Juárez Almaraz, que se declaró incompetente.
Frente a ello, la mujer y sus hijas regresaron, custodiadas por familiares y una comisión de la Comisaría de la Mujer y el Niño.
Por su parte, Juárez Villegas negó todas las acusaciones en su contra y le adjudicó a su exesposa una maniobra “con fines políticos, urdida por la Universidad Católica” -donde ella se desempeñaba como docente- para quedarse con las menores.
El abogado del hombre indicó posteriormente que la demora sufrida por su cliente en la Comisaría jujeña había sido producto de que el obispo de esa provincia, Jesús Olmedo, había llamado a una movilización en repudio del acusado, por lo que fue retirado de su hotel por la policía, pero por razones de seguridad.
La denuncia penal contra el exministro fue cajoneada, hasta que, a fines de 2003, “un juez subrogante pidió que se le tomara declaración testimonial a los profesionales que habían validado el relato sobre el abuso sexual de la nena. Esos testimonios desembocaron luego en el pedido de indagatoria y la detención de Juárez Villegas. Pero estuvo preso apenas cuatro meses y logró que le bajaran la calificación del delito”, relataba Mariana Carbajal en un informe publicado en Página 12.
Ante la falta de respuestas de la justicia, la mujer llegó a denunciar el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en la Defensoría del Pueblo de la Nación. Esta última institución elaboró un contundente informe “sobre las violaciones a los derechos humanos y las maniobras de espionaje a opositores y a la Iglesia en territorio juarista”, que incluyó el “caso Juárez Villegas”. Precisamente, fue uno de los fundamentos del pedido de intervención a la provincia de la entonces senadora Diana Conti, a comienzos de 2004, impulsado por el gobierno de Néstor Kirchner, que pondría fin al régimen de los Juárez.
Mientras tanto, en Santiago del Estero, el caso fue pasando por distintos jueces, algunos de los cuales terminaron renunciando para evitar ser sometidos a un juicio político.
El 15 de junio de 2004, el Dr. Raúl Romero, juez del Crimen de Primera Nominación, imputó a Juárez Villegas por el delito de “abuso sexual calificado” en perjuicio de su hija.
Tras la declaración indagatoria, el 17 de junio de ese año, el magistrado le dictó el procesamiento y ordenó su detención. Luego le denegó la eximición de prisión. Sin embargo, el sobrino del exgobernador estuvo solo cuatro meses detenido, pues había conseguido que la calificativa fuera reducida a “abuso simple”.
EL JUICIO
Recién el 19 de agosto de 2014, durante mucho más de una década después de la primera denuncia, comenzó el juicio contra Luis Alberto Juárez Villegas, a cargo de la Cámara Penal de III Nominación, integrada por los Dres. José Luis Guzmán, Margarita Piazza de Montoto y Angélica Peralta de Aguirre,
Durante el debate, se abrió un duro cuestionamiento al desempeño de Ministerio Público Fiscal, conformado por las Dras. Erika Leguizamón y Olga Gay de Castellanos, quienes habrían actuado privilegiando el planteo de la defensa del acusado y considerando todos sus fundamentos cuando existían elementos para rechazar la estrategia.
Tal es así que el defensor del Pueblo adjunto para la Protección de los Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago del Estero, Luis Santucho, quien actuaba como observador en el debate oral, junto a la Subsecretaría de la Familia, Niños y Adolescentes de la Provincia, mostró su preocupación por el accionar de las fiscales, quienes también solicitaron que no se tome como prueba el testimonio de una psicóloga que -a pedido del propio Juárez Villegas- le realizó una pericia apenas fue denunciado, y detectó su perfil de abusador en dibujos y en la entrevista.
Uno de los fundamentos utilizados por la defensa del asesor legal de Juárez Villegas fue que la profesional había violado el secreto profesional al testimoniar sobre el caso. Esta psicóloga había advertido claramente, mediante peritajes diversos, que el perfil abusador del denunciado era evidente.
Por otro lado, cabe recordar que la justicia santiagueña utilizó en este caso, por primera vez, la Cámara Gesell, la cual fue realizada a la menor en un recinto de la Universidad
Católica de Santiago del Estero, donde se colocó sonido, video y audio.
El juicio contó con los testimonios de la niña acusada, quien a esa altura ya tenía 17 años, lo que no dejó dudas de que no fabulaba y no había sido manipulada por su madre para acusar a su padre, como siempre sostuvieron Juárez Villegas y su defensa, apelando al falso Síndrome de Alienación Parental, un pretexto a través del cual los abusadores argumentan que las madres les “lavan el cerebro” a los niños en casos de divorcios conflictivos, para perjudicar a los padres.
LA CONDENA
Finalmente, el viernes 26 de septiembre de 2014, Luis Alberto Juárez Villegas fue condenado, por la Cámara Penal de Juicio Oral de III Nominación, a 6 años de prisión por el abuso sexual simple de su hija mayor, cuando la pequeña tenía alrededor de 3 años. Además, el hombre también fue condenado a pagarle a su hija una indemnización por daño moral de 500 mil pesos. El tribunal le revocó además la excarcelación y dispuso su inmediata detención.
En agosto de 2016, el tribunal de Alzada, conformado por vocales Alfredo Pérez Gallardo, María Sayavedra de Mitre y Luis Juárez Quiroga, debía revisar la condena aplicada en contra de Alberto Juárez Villegas, luego del planteo presentado por la defensa del condenado.
Frente a ello, la defensa del ingeniero elevó el caso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, buscando frenar la decisión del tribunal local. Sin embargo, el 28 de marzo de 2017, la Procuración General de la Nación indicó que “este proceso resulta ajeno a la competencia originaria de la Corte”. Por lo cual, el caso fue desestimado.
El organismo del máximo tribunal de justicia, en sus fundamentos, indicó que “el actor, quien se encuentra privado de su libertad hace más de dos años y medio -según dice, de manera arbitraria- en el servicio penitenciario de la Provincia de Santiago del Estero, deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional y esa provincia”.
El ingeniero pretendía “el cese del estado de incertidumbre en que se encuentra respecto de las garantías a la libertad provisoria e integridad fisica, de las condiciones de detención y de ser juzgado en un plazo razonable, con fundamento en la Constitución Nacional y los instrumentos internacionales”. Además, consideraba que “se encuentra en una situación de denegación de justicia a más de dos años de aquella sentencia”.
De igual manera, la Procuración señaló que “el respeto del sistema federal y de las autonomías provinciales, requieren que se reserve a los jueces locales el conocimiento y la decisión de las causas que versen, en lo sustancial, sobre aspectos propios del derecho provincial”.
En igual sentido, el organismo nacional puntualizó que “tampoco se logra individualizar ni concretar los hechos y las omisiones de carácter antijurídico en que habrían incurrido las autoridades nacionales de los que se derive un daño para el actor”.
Luego del juicio y de las sucesivas denegatorias por su cese de prisión, Luis Alberto Juárez Villegas cumplió su condena en el Penal de Varones de Santiago del Estero. Sin embargo, pasó más de una década para llegar a su sentencia. Las dilaciones pusieron a la justicia santiagueña en el ojo de la tormenta y fue duramente cuestionada. Fue uno de los casos más controvertidos de la provincia.
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