La cifra de 31.000 hectáreas en lo que va del años mo es un número aislado, es el síntoma de un problema estructural que demanda decisiones políticas urgentes, mayor control ciudadano y un cambio de rumbo hacia un modelo de desarrollo que incluya a la naturaleza como protagonista y no como víctima.
En el corazón del Gran Chaco argentino, uno de los pulmones verdes más relevantes de Sudamérica, una noticia volvió a encender las alarmas: se detectó la deforestación ilegal de más de 31.000 hectáreas en la provincia de Santiago del Estero. La magnitud del daño coloca al distrito como uno de los más golpeados por la tala indiscriminada en el país y abre interrogantes sobre la capacidad de control y la presión económica que se ejerce sobre los bosques nativos.
La cifra no es menor. Para ponerla en perspectiva, equivale a más de 40.000 canchas de fútbol o casi la superficie completa de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Son áreas que hasta hace pocos meses albergaban quebrachales centenarios, algarrobos, fauna silvestre en peligro y comunidades campesinas que dependen de esos recursos para vivir.
Santiago del Estero es, desde hace años, la provincia argentina que lidera los tristes rankings de deforestación. La expansión de la frontera agropecuaria, principalmente para el cultivo de soja y la cría de ganado, ejerce una presión constante sobre sus bosques. Si bien existe desde 2007 la Ley Nacional de Bosques Nº 26.331, que establece un ordenamiento territorial para categorizar las zonas según su valor de conservación (desde las intangibles hasta las que pueden ser transformadas), la realidad demuestra que la norma es sistemáticamente violada.
Los 31,000 hectáreas deforestadas ilegalmente no son un evento aislado, sino la suma de numerosos desmontes, grandes y pequeños, que se ejecutan sin la autorización ambiental requerida. Esto implica la tala o el desmonte químico (con herbicidas) en áreas categorizadas como Amarillas (de mediano valor de conservación, donde solo se permiten actividades sostenibles) o, incluso, en zonas Rojas, de alto valor de conservación, donde la protección debería ser máxima. La metodología suele ser la misma: se avanza con maquinaria pesada sin permisos, aprovechando la vastedad del territorio y la escasa capacidad de control por parte de las autoridades provinciales.
MAPA DEL DESMONTE
La deforestación se concentra en el norte y centro-oeste provincial, en departamentos como Copo, Alberdi y Moreno, donde las grandes extensiones de bosque chaqueño han sido históricamente el blanco de empresas agropecuarias y proyectos ganaderos. Allí, las topadoras abren claros que pronto se convierten en campos de soja, algodón o pasturas para la cría intensiva de ganado.
Según especialistas, más del 70% de la deforestación detectada en el último año fue ilegal, es decir, realizada en zonas categorizadas como de “conservación” o “uso sostenible” por la Ley Nacional de Bosques. Esto significa que no contaban con permisos de cambio de uso del suelo o que se avanzó en superficie mucho mayor a la autorizada.
La Ley 26.331 de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental de los Bosques Nativos, sancionada en 2007, estableció una normativa clave: las provincias debían ordenar su territorio en categorías (rojo, amarillo y verde) para definir qué áreas podían conservarse estrictamente, cuáles permitían actividades controladas y cuáles estaban habilitadas para uso agropecuario.
Santiago del Estero fue una de las primeras provincias en adherir. Sin embargo, organizaciones socioambientales denuncian que el desmonte ilegal avanza por falta de controles efectivos, corrupción y presiones económicas. “En muchos casos, los desmontes ocurren en zonas rojas o amarillas. La ley se cumple solo en los papeles, mientras en el terreno las topadoras arrasan día y noche”, señalan desde Greenpeace.
El impacto de esta deforestación no es solo un tema de árboles talados. Los bosques chaqueños cumplen un rol fundamental en la regulación climática, el almacenamiento de carbono y la protección de los suelos contra la desertificación. Además, son el hábitat de especies emblemáticas como el oso hormiguero, el tatú carreta, el puma y cientos de aves.
La pérdida de bosque también afecta directamente a las comunidades campesinas e indígenas que dependen de estos ecosistemas para la recolección de frutos, la apicultura, la ganadería a baja escala y la obtención de leña. En muchos casos, estas comunidades son desplazadas violentamente para abrir paso a emprendimientos agroindustriales.
“Nos quedamos sin monte, y sin monte no hay vida. El algarrobo nos da la harina, el quebracho nos da sombra y el monte es nuestra farmacia. Ahora tenemos calor, polvo y sequía”, explica Juana, integrante de una organización campesina del departamento Alberdi.
DENUNCIAS
El gobierno provincial reconoció en su momento la existencia de desmontes ilegales, aunque sostiene que ha intensificado los controles. Sin embargo, las ONGs y movimientos campesinos aseguran que las multas son bajas en relación con la ganancia que genera expandir la frontera agrícola, por lo que los infractores prefieren pagar las sanciones y continuar desmontando.
En paralelo, se registraron denuncias judiciales contra empresas agropecuarias y contratistas de maquinaria que operan en la zona. Algunos de estos casos incluso fueron elevados a la Corte Suprema, que en fallos anteriores ya había advertido sobre la responsabilidad del Estado en garantizar la protección de los bosques nativos.
La situación en Santiago del Estero no es un fenómeno aislado. La deforestación en el Gran Chaco —que abarca también parte de Salta, Chaco y Formosa, además de Bolivia y Paraguay— convierte a la región en uno de los focos de pérdida de bosques más graves del planeta, detrás del Amazonas.
Los científicos remarcan que esta pérdida se vincula directamente con el cambio climático, al liberar a la atmósfera grandes cantidades de dióxido de carbono acumuladas en los árboles y al reducir la capacidad del suelo para retener agua. Esto agrava las sequías, las olas de calor y las inundaciones, fenómenos que afectan con fuerza creciente a la población local.
El caso de las 31.000 hectáreas deforestadas refleja la tensión permanente entre dos modelos: el del agronegocio expansivo, que busca ampliar su frontera productiva, y el de la conservación y uso sostenible de los recursos, que garantiza derechos de las comunidades y equilibrios ambientales.
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