Hay una imagen que desde hace siglos representa a la Justicia: una mujer con los ojos vendados, una balanza en una mano y una espada en la otra. La venda simboliza la imparcialidad; la balanza, la igualdad ante la ley; la espada, la capacidad de sancionar. Sin embargo, en la Argentina contemporánea pareciera que esa representación necesita una modificación.
La venda continúa allí, pero no siempre cubre los ojos. La balanza parece inclinarse según las circunstancias. Y la espada, lejos de caer con igual firmeza sobre todos, unas veces desciende con velocidad fulminante y otras permanece suspendida durante años.
No es una percepción exclusiva de analistas políticos ni de especialistas en derecho. Es, probablemente, una de las pocas coincidencias que atraviesa a una sociedad profundamente dividida.
Cambian los gobiernos, cambian los nombres propios, cambian las ideologías, pero persiste una sensación que erosiona silenciosamente la legitimidad institucional, la Justicia argentina parece tener dos velocidades.
Hay expedientes que avanzan con la rapidez de una investigación de urgencia. Se producen allanamientos, requerimientos de documentación, declaraciones testimoniales y medidas probatorias en cuestión de días o semanas.
En otros casos, aun cuando los hechos adquieren una extraordinaria repercusión pública y existen abundantes elementos para justificar una investigación intensa, el tiempo judicial parece detenerse. Los expedientes envejecen, los funcionarios cambian de destino, los testigos olvidan, la opinión pública pierde interés y la sociedad termina acostumbrándose a convivir con la sospecha sin llegar nunca a una respuesta definitiva.
Ese fenómeno constituye uno de los mayores problemas institucionales de la Argentina. Porque el verdadero daño no consiste únicamente en la eventual impunidad. El daño comienza mucho antes, cuando los ciudadanos dejan de creer que el sistema funciona con los mismos criterios para todos.
La corrupción posee una característica singular. No es un delito que solamente afecte al patrimonio del Estado. Cada peso desviado significa menos hospitales, menos escuelas, menos rutas, menos seguridad y menos oportunidades.
La corrupción no roba únicamente dinero; roba confianza. Y cuando la confianza desaparece, también comienza a resquebrajarse la legitimidad de las instituciones.
Por esa razón, la rapidez con la que actúa la Justicia no constituye un detalle procesal. Forma parte de la propia esencia del Estado de Derecho. Una investigación oportuna no solo beneficia a la sociedad. También protege a quien resulta investigado.
Si existen responsabilidades, deben determinarse en un plazo razonable. Si no existen, corresponde despejar cuanto antes cualquier sospecha. La demora prolongada termina siendo perjudicial para todos.
En los últimos meses esa discusión volvió a instalarse con fuerza a partir de dos casos paradigmáticos de enorme repercusión y trascendencia pública.
Por un lado, la investigación relacionada con el jefe de gabiente Manuel Adorni avanzó con notable celeridad. En poco tiempo se impulsaron diversas medidas de prueba, se requirió documentación y el legajo adquirió una dinámica intensa, propia de una investigación que procura esclarecer rápidamente los hechos denunciados.
Esa velocidad, en sí misma, no merece reproche. Por el contrario, constituye el modelo al que deberían aspirar todas las investigaciones cuando existen elementos suficientes para avanzar. El interrogante aparece cuando esa intensidad se compara con otros procesos.
El caso del exintendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde produjo uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años.
Las imágenes difundidas desde un lujoso yate en Marbella junto a la volupstuosa modelo Sofía Clerici recorrieron el país en cuestión de horas. Aquellas fotografías no acreditaban por sí mismas la comisión de un delito. Las imágenes nunca reemplazan la prueba judicial. Pero sí generaron y siguen haciéndolo múltiples interrogantes razonables sobre la evolución patrimonial de un funcionario cuya trayectoria solo transcurrió esencialmente en el ámbito público.
La magnitud del impacto político fue inmediata. Insaurralde presentó su renuncia, el episodio ocupó durante semanas la agenda nacional y se iniciaron investigaciones destinadas a determinar si existía correspondencia entre su patrimonio declarado y el nivel de vida que exhibían esas imágenes.
Sin embargo, mientras el escándalo ocupaba las portadas, el expediente judicial parecía avanzar con una lentitud difícil de explicar para el ciudadano común. Pasaron meses. Luego años. Recién ahora la causa registra nuevos impulsos procesales significativos, entre ellos pedidos de declaración indagatoria. Esa diferencia temporal alimenta inevitablemente una pregunta incómoda: ¿por qué algunas investigaciones judiciales parecen correr una carrera de velocidad y otros una de resistencia? La respuesta fácil consiste en atribuirlo todo a la política. La respuesta responsable exige un análisis más profundo.
La Justicia trabaja con pruebas, no con titulares periodísticos. Cada expediente posee particularidades, distintos volúmenes documentales, diferentes estrategias de investigación y garantías constitucionales que deben respetarse. Es cierto. Pero también resulta cierto que el principio del plazo razonable constituye una garantía para todos los involucrados y una exigencia del propio sistema republicano.
La demora excesiva no fortalece las garantías; las debilita. Una investigación interminable termina convirtiéndose en una forma de denegación de justicia.
La sociedad argentina ha naturalizado un fenómeno peligroso, las causas por corrupción parecen tener más relación con los calendarios electorales que con los calendarios judiciales. Algunas aceleran cuando cambia el clima político. Otras se congelan cuando desaparecen de la agenda pública.
Esa percepción, aun cuando no siempre refleje lo que ocurre dentro de los tribunales, produce un enorme costo institucional. Porque la confianza ciudadana se construye tanto con decisiones justas como con apariencias de imparcialidad.
Existe además otra consecuencia menos visible. Cuando la Justicia demora años en resolver investigaciones de enorme trascendencia, el mensaje que recibe la dirigencia política es profundamente nocivo.
El costo judicial de una eventual conducta irregular aparece como remoto, incierto y, muchas veces, inexistente. La prevención general desaparece. La ejemplaridad también.
No hay democracia sólida sin una Justicia independiente. Pero tampoco la hay sin una Justicia eficiente. La independencia sin eficacia puede terminar convirtiéndose en un privilegio corporativo. La eficacia sin independencia, en cambio, deriva en persecución. El verdadero desafío consiste en equilibrar ambas exigencias.
La Argentina necesita fiscales y jueces que investiguen con la misma intensidad cualquiera sea el signo político del funcionario involucrado. Que aceleren cuando la prueba lo exige y no cuando la coyuntura mediática lo reclama. Que archiven rápidamente aquello que no puede sostenerse y que impulsen con igual firmeza aquello que merece llegar a juicio.
Cierto es, que la duda existencial es sí se cumple con la manda constitucional de una justicia imparcial e independiente, o si bien existe una justicia que debe favores políticos y que tiene vasos comunicantes con la política.
Va de suyo, que la corrupción seguirá existiendo mientras existan seres humanos administrando recursos públicos. Ningún país ha logrado erradicarla completamente. Lo que distingue a las democracias maduras no es la ausencia de corrupción, sino la certeza de que quien abuse del poder será investigado con independencia, juzgado en un plazo razonable y absuelto o condenado según las pruebas. Ese es el punto central.
El mayor patrimonio de una República no reside únicamente en su Constitución ni en sus leyes. Reside en la confianza de sus ciudadanos. Y esa confianza se resquebraja cuando la sociedad percibe que la Justicia no camina al mismo ritmo para todos.
La ley puede admitir distintas interpretaciones. Lo que no debería admitir es distintas velocidades. Ni dudas por la entereza moral y ética de sus fiscales y jueces.
Porque cuando la Justicia acelera selectivamente o se demora sin explicaciones convincentes, deja de ser solamente un poder del Estado. Comienza a convertirse en un factor más de la crisis de credibilidad que desde hace décadas erosiona a la Argentina.
Y una República puede soportar crisis económicas, turbulencias políticas e incluso profundas divisiones sociales. Lo que difícilmente pueda resistir durante mucho tiempo es que sus ciudadanos pierdan la convicción de que todos comparecen ante la misma Justicia y que esta resulta ser un bien incorruptible y valioso.
Julio César Coronel
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